Archivo de May, 2007

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El bucle local o bucle de abonado

Thursday, May 31st, 2007

Para un estudio de la desagregación de bucle de abonado, puede leerse el estudio “Acceso de Banda Ancha sobre Bucle de Abonado” en la biblioteca virtual de la CRT de Colombia. Allí se define de la siguiente manera el bucle local:

“Bucle de abonado o Bucle local: es el circuito físico sobre un par hilos de cobre trenzado entre el Punto de Terminación de la Red, PTR, en el predio del abonado y el “lado de calle” del Distribuidor General o su equivalente en la central telefónica local.” (del Glosario del documento)

Y dice más adelante:

“A la red de acceso (o red de abonado) de los sistemas de telefonía fija se le denomina comúnmente bucle local o bucle de abonado. Este bucle local está constituido, en la mayoría de los casos, por un par de hilos de cobre que va desde el punto de terminación de la red ““PTR- (o punto de conexión) en el predio del abonado, hasta el distribuidor general ““DG- en la central local
a donde éste pertenece.” (del CAPíTULO 1 ““ LA INFRAESTRUCTURA)

El bucle de abonado es enormemente importante para la prestación de nuevos servicios de telecomunicaciones, tanto del operador dueño de la red como de operadores entrantes.

“El acceso a los medios de transmisión (par de cobre) se puede hacer mediante la venta o el arrendamiento del bucle de cobre (naturalmente incluyendo la demás infraestructura directamente involucrada) por parte del propietario del mismo, es decir, el operador de la red de Telefonía Pública Básica Conmutada, TPBCL, de la ciudad o población en donde se proyecta prestar el servicio de banda ancha. Generalmente, a este tipo de operador que tradicionalmente ha venido desarrollando progresivamente su red telefónica con base en un monopolio para la prestación de este servicio, se le denomina operador establecido o con el anglicismo “incumbente” (incumbent en inglés). En Colombia, como en muchos otros países se les denomina Operadores con Posición Dominante (o con Posición de Dominio), abreviado OPD, (…).

A la empresa de prestación de servicios de telecomunicaciones que está interesada en suministrar un nuevo servicio, en este caso de banda ancha, se le denomina Operador Entrante, sin importar si es nuevo en el mercado o establecido en la prestación de otro tipo de servicios.” (del CAPíTULO 3 – EL ACCESO AL BUCLE LOCAL EN LA PRíCTICA)

Al acceso de terceros a un bucle de abonado, se le denomina “desagregación del bucle de abonado”.

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Derecho de la competencia en Estados Unidos

Wednesday, May 30th, 2007

En Estados Unidos las máximas autoridades en derecho de la competencia (denominada en general “leyes antimonopolio”) son la Comisión Federal de Comercio FTC, a través del Buró de Competencia BC,  y la División de Antimonopolio (Antitrust Division) del Departamento de Justicia.

Las principales leyes antitrust en Estados Unidos son:

Ley Sherman (1890): relacionada principalmente con protección contra monopolios, incluyendo la tipificación de delitos por tal causa.

Ley Clayton: ley civil, relacionada principalmente con fusiones.

– La ley de la Comisión Federal de Comercio: creó la Comisión Federal de Comercio en 1914 (el mismo año de la ley Clayton) y penas por la infracción a competencia en el comercio interestatal. Existe también legislación a nivel estatal, como la Massachusetts Antitrust Act, o el artículo 22 de la General Business Law del Estado de Nueva York.

Es importante anotar que la regulación moderna nace justamente a causa de la necesidad de reglamentar los abusos industriales, con la Interstate Commerce Act (1887) , que a la postre crea la primera agencia reguladora del mundo: la Interstate Commerce Commission ICC, destinada a controlar las tarifas del transporte de carga en ferrocarriles. Esta agencia dejó de existir en 1995.

Para un comentario introductorio sobre las leyes antitrust en Estados Unidos, puede leerse el artículo ” Antitrust Enforcement and the Consumer” en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Para un estudio a fondo, vale la pena leer los documentos “Antitrust and Regulation” o “Antitrust” en el site de la NBER. Más adelante se propone un enlace en español.

Relata acerca de sus funciones el BC:

“Las funciones y objetivos del Buró de Competencia son:

Examinar las fusiones y las adquisiciones de empresas y disputar aquellas que provocarían aumentos de precios, menos opciones o lentitud en los avances de la innovación.
Investigar los comportamientos anticompetitivos que se presentan en el mercado, incluyendo la monopolización y los acuerdos entre competidores.
Promover la competencia de las industrias o sectores que tienen un alto impacto sobre los consumidores, como por ejemplo la atención médica, el mercado de bienes inmuebles, combustibles y alta tecnología.
Suministrar información sobre temas relacionados a la competencia y al análisis de mercado a los consumidores y a los encargados de elaborar las políticas correspondientes. ” (http://www.ftc.gov/bc/index_es.shtml)

La División Antitrust del Departamento de Justicia ejerce sus funciones mediante acciones judiciales civiles, o incluso criminales, si es el caso, al amparo de la famosa ley Sherman de 1890. 

La Comisión Federal de Comunicaciones FCC tiene una Wireline Competition Bureau. Esa misma agencia, produce anualmente un reporte de competencia en el mercado de servicios móviles (se trata de los Commercial Mobile Radio Services (CMRS) Competition Reports).

En telecomunicaciones, la ley de 1996 tiene como característica principal su énfasis en la competencia. 

Para un resumen sobre la legislación Antitrust en Estados Unidos, sugiero el resumen “ANOTACIONES SOBRE EL DERECHO ANTIMONOPOLISTICO EN LOS ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMERICA”
 del dr. Alfonso Miranda, director del Centro de Estudios de Competencia CEDEC de la Universidad Javeriana.

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Negociaciones electrónicas en Colombia

Tuesday, May 29th, 2007

En Colombia no es técnicamente apropiado hablar de legislación de “comercio electrónico”, sino de intercambio electrónico de datos IDE, por ello la ley 527 de 1999 tiene como encabezado “por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones”. El comercio electrónico es solamente una de las posibilidades del intercambio electrónico de datos.

La ley 527 de 1999 hunde sus raíces en la ley modelo de UNCITRAL (CNUDMI, Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional) de comercio electrónico (ver “1996 – Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico con la Guía para su incorporación al derecho interno, junto con su nuevo artículo 5 bis aprobado en 1998“),  y llevó el valor de los mensajes de datos más allá de las previsiones de la ley modelo. Sin embargo, hay antecedentes importantes en la legislación colombiana, como el artículo 95 de la ley 270 de 1996 “Estatutaria de la administración de justicia”:

“ART. 95.””Tecnología al servicio de la administración de justicia. El Consejo Superior de la Judicatura debe propender por la incorporación de tecnología de avanzada al servicio de la administración de justicia. Esta acción se enfocará principalmente a mejorar la práctica de las pruebas, la formación, conservación y reproducción de los expedientes, la comunicación entre los despachos y a garantizar el funcionamiento razonable del sistema de información.

Los juzgados, tribunales y corporaciones judiciales podrán utilizar cualesquier medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el cumplimiento de sus funciones.

Los documentos emitidos por los citados medios, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales.

Los procesos que se tramiten con soporte informático garantizarán la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce así como la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carácter personal que contengan en los términos que establezca la ley.” (respecto de este artículo, ver la sentencia C-037/1996).

Al menos dos sentencias de la Corte Constitucional tratan en forma principal de la ley 527 de 1999: la C-662 de 2000 y la C-831 de 2001.

La ley 527 de 1999 al poco tiempo fue modificada por la ley 588 de 2000 “por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la actividad notarial”, en cuyo  artículo 1 se lee:

“Artículo 1°. Notariado y competencias adicionales. El notariado es un servicio público que se presta por los notarios e implica el ejercicio de la fe pública o notarial.

Parágrafo 1°. Las notarías y consulados podrán ser autorizados por la Superintendencia de Industria y Comercio como entidades de certificación, de conformidad con la Ley 527 de 1999.

Parágrafo 2°. Las notarías y consulados podrán transmitir como mensajes de datos, por los medios electrónicos, ópticos y similares a los que se refiere el literal a) del artículo 2° de la Ley 527 de 1999, a otros notarios o cónsules, copias, certificados, constancias de los documentos que tengan en sus archivos, así como de los documentos privados que los particulares quieran transmitir con destino a otros notarios y cónsules o personas naturales o jurídicas. Dichos documentos serán auténticos cuando reúnan los requisitos técnicos de seguridad que para transmisión de mensajes de datos que establece la Ley 527 de 1999.”

Otras leyes que se refieren a la ley 527 de 1999, aplicándola, son las siguientes:

  • Ley 795 de 2003 “por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones” (art. 6)
  • Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal” (art. 275, por ejemplo)
  • Ley 962 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”, art. 6.:

“Artículo 6°. Medios tecnológicos. Para atender los trámites y procedimientos de su competencia, los organismos y entidades de la Administración Pública deberán ponerlos en conocimiento de los ciudadanos en la forma prevista en las disposiciones vigentes, o emplear, adicionalmente, cualquier medio tecnológico o documento electrónico de que dispongan, a fin de hacer efectivos los principios de igualdad, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, moralidad y eficacia en la función administrativa. Para el efecto, podrán implementar las condiciones y requisitos de seguridad que para cada caso sean procedentes, sin perjuicio de las competencias que en esta materia tengan algunas entidades especializadas.

La sustanciación de las actuaciones así como la expedición de los actos administrativos, tendrán lugar en la forma prevista en las disposiciones vigentes. Para el trámite, notificación y publicación de tales actuaciones y actos, podrán adicionalmente utilizarse soportes, medios y aplicaciones electrónicas.

Toda persona podrá presentar peticiones, quejas, reclamaciones o recursos, mediante cualquier medio tecnológico o electrónico del cual dispongan las entidades y organismos de la Administración Pública.

En los casos de peticiones relacionadas con el reconocimiento de una prestación económica en todo caso deben allegarse los documentos físicos que soporten el derecho que se reclama.

La utilización de medios electrónicos se regirá por lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y en las normas que la complementen, adicionen o modifiquen, en concordancia con las disposiciones del Capítulo 8 del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo, artículos 251 a 293, del Código de Procedimiento Civil, y demás normas aplicables, siempre que sea posible verificar la identidad del remitente, así como la fecha de recibo del documento.

Parágrafo 1°. Las entidades y organismos de la Administración Pública deberán hacer públicos los medios tecnológicos o electrónicos de que dispongan, para permitir su utilización.

Parágrafo 2°. En todo caso, el uso de los medios tecnológicos y electrónicos para adelantar trámites y competencias de la Administración Pública deberá garantizar los principios de autenticidad, disponibilidad e integridad.

Parágrafo 3°. Cuando la sustanciación de las actuaciones y actos administrativos se realice por medios electrónicos, las firmas autógrafas que los mismos requieran, podrán ser sustituidas por un certificado digital que asegure la identidad del suscriptor, de conformidad con lo que para el efecto establezca el Gobierno Nacional.”

Un caso interesante de aplicación de la ley 527 de 1999, es la reglamentación de reuniones virtuales de concejos municipales. Elló ocurrió con el decreto 2255 de 2002, decreto de conmoción interior que fue objeto de examen por la Corte Constitucional en la sentencia C-008 de 2003. Decretos ordinarios de la ley 527 de 1999 son:

  • Decreto 1747 de 2000 “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 527 de 1999, en lo relacionado con las entidades de certificación, los certificados y las firmas digitales”
  • Decreto 2170 de 2002 “por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993, se modifica el Decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999″

Sobre este tema, sugiero leer el artículo “ FUNDAMENTOS DEL MARCO JURíDICO DEL COMERCIO ELECTRí“NICO, LA CONTRATACIí“N  Y LA EMPRESA ELECTRí“NICA” del dr. Nelson Remolina Angarita, en la Revista de Derecho Comunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Universidad de los Andes, Revista No. 2. Septiembre de 2006.

Finalmente, hace relativamente poco se dio una sentencia de tutela relacionada con la aplicación de la ley de intercambio electrónico de datos y la administración de justicia: la sentencia T-686 de 2007.

Para un análisis comparativo de la legislación a nivel de la CAN (Pacto Andino), sugiero el documento “Legislación sobre Comercio Electrónico en los Países Miembros de la Comunidad Andina” de María Gabriela Sarmiento, realizado bajo patrocinio de la UIT (clic aquí para ir a los anexos del documento).

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Gobierno colombiano reglamenta declaraciones y pagos tributarios a través de medios electrónicos

Tuesday, May 29th, 2007

El Ministerio de Hacienda de Colombia reglamentó el el artículo 579-2 del Estatuto Tributario, cuya materia está indicada en el primer considerando del decreto:

“Que el artículo 579-2 del Estatuto Tributario prevé la presentación de declaraciones y pagos tributarios a través de medios electrónicos, tema reglamentado inicialmente por el decreto 408 de 2001, el cual fue objeto de modificaciones parciales a través de los Decretos 4694 de 2005 y 1849 de 2006.”

Se trata del decreto 1791 de 2007, con el cual se realizan

“…precisiones sobre la presentación virtual de declaraciones a través de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN y, la transacción de pago realizada sobre la información suministrada por los mismos servicios” (tercer considerando del decreto)

Hay que advertir que la DIAN y el Ministerio de Hacienda no siguen, para esta reglamentación,  la ley colombiana de intercambio electrónico de datos, es decir, la ley 527 de 1999, “por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones”. Esas entidades siguen normas propias derivadas del Estatuto Tributario.

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Sanciones de plano son inconstitucionales (caso afiliaciones EPS)

Monday, May 28th, 2007

Un tema que nunca termina de superarse en materia de derechos fundamentales en Colombia, es el problema de las sanciones de plano, es decir, impuestas sin ningún aviso previo al interesado ni menos sin darle la oportunidad de defenderse, las cuales ocurren a diario y por lo visto sin importar la reiterada jurisprudencia constitucional que se produce, una de cuyas últimas reiteraciones es la Sentencia T-242/07 de la Corte Constitucional del pasado 29 de marzo, aunque hace años hay decisiones expresas sobre el asunto:

“Si la reglamentación no establece un determinado procedimiento para desafiliar a quien se encuentre afiliado a múltiples Empresas Promotoras de Salud, las reglas previstas por el artículo 50 del Decreto 806 de 1998 sugieren la necesidad de seguir un procedimiento en el que la entidad compruebe, en cada caso, las razones de la múltiple afiliación y no las autoriza para cancelar el contrato automática y unilateralmente. De otra parte, el procedimiento a seguir por las Empresas Promotoras de Salud debe garantizar como mínimo los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política. En tal sentido, la entidad debe comunicar al afiliado la situación de múltiples afiliaciones y darle la oportunidad de explicar las razones por las que aparece en diferentes Empresas Promotoras de Salud. El derecho al debido proceso y el derecho a la defensa son garantías constitucionales imprescriptibles, inherentes e inalienables. En el caso sub judice si la Empresa Promotora de Salud COOMEVA S.A. hubiera procedido con respeto de la Constitución Política y le hubiera brindado la oportunidad al señor de adjuntar la información necesaria para demostrar que sus vínculos con el Seguro Social habían terminado en noviembre de 1999, los hechos que motivan esta acción de tutela se hubieran evitado.” (Sentencia T-1313/01, Corte Const.)

En esa ocasión, agregó algo muy importante la Corte Constitucional:

“Por último, la Corte especifica que si la Entidad Promotora de Salud elegida por el usuario considera que existe una causal para no concederle la condición de afiliado, la E.P.S. debe tramitar la debida afiliación y acompañar al solicitante hasta que se haga efectivo el cambio de entidad. Máxime, cuando la normatividad que reglamenta la Ley 100 de 1993 es tan dispendiosa, compleja y de difícil conocimiento para el común de los usuarios del servicio.” (Sentencia T-1313/01, Corte Const.)

No es un tema privativo de seguridad social en salud, sino que es un problema de la forma en que actúan quienes se encuentran en el papel de autoridades. 

Consta en la Constitución Colombiana:

“ART. 29, C.P..””El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”

Hay casos particularmente graves, relacionados con la interrupción intempestiva de prestación de servicios básicos de salud, a causa de presuntas afiliaciones dobles de usuarios del sistema general de salud. Es el caso de la Sentencia T-242/07 de la Corte Constitucional, que se ocupa justamente de un ciudadano quien, a pesar de pagar cumplidamente sus aportes de salud, le fue suspendido el servicio médico.

El resumen de los hechos es bastante fácil:

“En los soportes probatorios respectivos allegados al expediente, el estado del accionante en SALUDCOOP corresponde al de “Retirados por negociación multiafiliado”. Al momento de solicitar una cita médica, fueron enterados de que estaban desamparados en materia de salud. Ello implica, que no tienen autorizada ninguna clase de servicios, no obstante estar cancelando puntualmente el valor de los aportes de su cotización, los cuales han sido recibidos por la EPS, tal como aparece demostrado con los documentos de pago aportados a la demanda. Al accionante y a su grupo familiar, nunca se les puso de presente la posible existencia de una doble afiliación, ni se les notificó que serían retirados del sistema. La entidad accionada no respondió los requerimientos del juez de tutela para intervenir en este proceso y por ello se dan por ciertas las afirmaciones del accionante en los términos de su libelo.” (Sentencia T-242/07 , Corte Constitucional )

Y advierte la Corte Constitucional:

“En el presente caso se dan los mismos supuestos fácticos que en el caso resuelto por la sentencia T-1313 de 2001. En efecto, el accionante Humberto Cabrera Zamora es una persona a la que (i) nunca se le notificó el inició de un proceso (ii) que llevó a que se le cancelara su afiliación al Sistema de Seguridad en Salud (a Saludcoop en este caso) (iii) unilateralmente, sin darle la oportunidad de defensa. Por ende, la Sala decide reiterar la jurisprudencia constitucional, en consecuencia, se revocará el fallo de instancia que negó el amparo solicitado y se concederá la tutela al derecho al debido proceso del accionante, dejando sin efecto jurídico alguno la decisión de cancelar la afiliación del señor HUMBERTO CABRERA ZAMORA a Saludcoop EPS..” (citado de la sentencia)

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Un caso ilustrativo de lo que no debe ser un registrar

Thursday, May 24th, 2007

Un registrar (o sea una compañía que registra nombres de dominio atendiendo previamente un trámite de acreditación ante ICANN) es una entidad que desarrolla una importantísima actividad de internet en nombre del interés general, pero, ¿qué pasa cuando un registrar no sigue las buenas prácticas que se esperan? Pueden crearse importantes problemas para los registrants (los que han registrado dominios), ya que quedan en riesgo de perder el control sobre los mismos, sin mencionar las dificultades que tendrán para acceder a las direcciones a donde apuntan esos nombres de dominio. Tal es la situación que se ha presentado con RegisterFLY, compañía que alega albergar dos millones de nombres de dominio y que tiene importantes problemas con ICANN (la nota más reciente sobre el asunto en el site de ICANN es del 22 de mayo) y, especialmente, con sus clientes.

El 28 de marzo de 2007, ICANN anunció haber retirado la acreditación a RegisterFly.

Es un caso que sirve de reflexión sobre los problemas que pueden presentarse en la gestión de dominios (clic aquí para un testimonio de un quejoso).

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Sanción a operador celular por desatención de quejas (Sentencia del Consejo de Estado)

Thursday, May 24th, 2007

Mediante sentencia de 3 de mayo de 2007, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente 2500023240002001 01195 01, ponente dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, se decidió acción de nulidad y restablecimiento del derecho del operador de telefonía móvil celular Comunicación Celular COMCEL S.A. COMCEL contra la Superintendencia de Industria y Comercio, negando las pretensiones de aquella.

Por ser una sentencia de interés para el sector, procedo a realizar una breve reseña exclusivamente académica. Lamentablemente, el texto de la sentencia, a la fecha de esta nota, no está disponible en medio magnético, pero para ella utilizo fotocopia informal de la misma.

COMCEL fue sancionado por Superindustria mediante las resoluciones 18946 y 32638 de 2000, confirmatoria de la primera, por el Superintendente Delegado para la Protección al Consumidor, e impuso una multa por poco más de treinta y dos millones de pesos colombianos (alrededor de dieciseis mil dólares, al cambio de la fecha), al tiempo que ordenaba reconocer unas reclamaciones a varios usuarios del servicio prestado; igualmente mediante la resolución 14316 de 2001, se negó reponer la decisión de no conceder apelación y la posibilidad expedir copias para tramitar recurso de queja.

COMCEL demandó todas las resoluciones, considerando que se había violado el debido proceso, dado que se fundó la sanción en una presunta falta de respuesta a unas reclamaciones que -según COMCEL- sí se contestaron, de modo que ni había lugar a reconocer silencio administrativo positivo, ni había en todo caso posibilidad de aplicar tal figura, visto el texto de los arts. 19 y 20 del D. 990/98 “por el cual de expide el reglamento de usuarios del servicio de telefonía Móvil Celular”, cuyo texto transcribo:

“Artículo 18, D. 990/98. Recepción. El operador deberá contar con un sistema eficiente de recepción y trámite de quejas y reclamos para la atención de sus suscriptores, que contemple aspectos relacionados con la prestación, utilización y facturación del servicio. Para este efecto, le informará al suscriptor el procedimiento y el lugar de atención.

Artículo 19. Del trámite de las quejas y reclamos. Los operadores de TMC están en la obligación de prestar a sus suscriptores y usuarios una atención eficiente, atenta y oportuna, en los lugares y en las condiciones que destinen para la atención de las mismas.
Las quejas y reclamos podrán presentarse verbalmente o por escrito. El operador debe dejar constancia de la misma y de la respuesta de conformidad con el contrato de concesión suscrito con el Ministerio de Comunicaciones.” (cito de mi copia de la norma según Diario Oficial, no del texto de la sentencia)

Adicionalmente, COMCEL alegó que el funcionario sancionador se basó en normas generales sobre protección al consumidor que aplicó equivocadamente, por ejemplo, al no comparar los bienes y servicios realmente ofrecidos con las características registradas por el proveedor de los mismos, como requisito para decidir sancionar, pero como igual el registro de bienes y servicios de operadores celulares no existe, no es posible aplicar la garantía mínima presunta, en ausencia de parámetros comparativos objetivos,  debiendo aplicar el art. 25 D. 3466/82 en lugar del 11, que parece aplicar la Superintendencia, en fin, en este extenso cargo COMCEL sostiene que no podía aquella entidad hacer efectiva garantía alguna.

Es particularmente interesante el siguiente cargo, el cuarto, que resume así el Consejo de Estado en la sentencia (cito parcialmente la parte relativa a debido proceso administrativo):

“Cuarto cargo. También fue violado el debido proceso al acumularse las diversas actuaciones administrativas, pues no se expidió una providencia que así lo dispusiera, lo que desconoció los arts. 29 del C.C.A. y 157 y 159 del C. de P.C., según los cuales una vez reunidos los expedientes el juez debe decidir sobre su acumulación, decisión que es necesario poner en conocimiento de los interesados a fin de que puedan ejercer oportunamente su derecho de defensa. Disponer la acumulación en forma secreta para las partes es violar los principios orientadores de las actuaciones administrativas, especialmente el de publicidad, según el cual las autoridades deben dar a conocer sus decisioness mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones que ordena la ley, así como el principio de contradicción, por virtud del cual los interesados tienen derecho a conocer y a controvertir por los medios legales las decisiones de las autoridades (artículo 3o del C.C.A.).

Además, el trámite que antecedió a la expedición de los actos acusados no observó el debido proceso, como quiera que cada una de las investigaciones luego acumuladas, no fueron abiertas mediante auto que así lo dispusiera, como tampoco se decretaron pruebas que permitieran concluir la violación al Estatuto del Consumidor.

Además, no se trataba de actuaciones de la misma naturaleza, razón por la cual no se podía acumular la verificación de la calidad e idoneidad de un bien o servicio ofrecido al público y, simultáneamente, la constancia de si en un determinado caso procede o no la solicitud para la efectividad de una garantía, ya que aquella tiene connotaciones puramente administrativas, y ésta característica de otro contenido que necesariamente deben ser tramitadas y falladas por separado.

En efecto, las consecuencias de la investigación sobre las condiciones de calidad e idoneidad desembocan en una sanción pecuniaria a favor del Estado y, en cambio, la efectividad de las garantías reconocer las pretensiones a favor de los quejosos, quienes son los únicos que se benefician” (páginas 10 y 11 de la sentencia, transcritos directamente de la fotocopia de la misma)

La  calidad de secreto del trámite en la forma en que fue adelantada la investigación, se afirma por el demandante por la aplicación del art. 29 C.C.A., que dice:

“ART. 29, C.C.A..””Formación y examen de expedientes. Cuando hubiere documentos relacionados con una misma actuación o con actuaciones que tengan el mismo efecto, se hará con todos un solo expediente al cual se acumularán, de oficio o a petición de interesado, cualesquiera otros que se tramiten ante la misma autoridad y tengan relación íntima con él para evitar decisiones contradictorias.

Si los documentos se tramitaren ante distintas autoridades, la acumulación se hará en aquella en que se inició primero una actuación. Si alguna se opone podrá acudirse, sin más trámite, al proceso de definición de competencias.
Cualquier persona tendrá derecho a examinar los expedientes en el estado en que se encuentren, y de obtener copias y certificaciones sobre los mismos, que se entregarán en plazo no mayor de tres (3) días. Con los documentos que, por mandato de la Constitución Política o de la ley, tengan carácter de reservados y obren dentro de un expediente, se hará cuaderno separado.” 

COMCEL asume, erradamente según el Consejo de Estado como se verá, que ese trámite debía seguir algún trámite especial, del cual debía dársele noticia de cierta manera so pena de violar el debido proceso. 

En el mismo cargo, critica COMCEL la falta de trámite de recurso de apelación respecto de un superintendente delegado alegada por la Superintendencia.

Por último, en otro cargo, se alegó incompetencia de la Superintendencia para conocer de muchas de las quejas, especialmente de aquellas donde estaba de por medio la prestación de servicio de telefonía pública básica conmutada.

El Consejo de Estado, luego de transcribir apartes de los actos administrativos acusados, se advierte que no hay duda de la clase de hallarse en presencia de multa administrativa, por lo cual esa corporación tiene la competencia del caso (p. 28 de la sentencia), y cita los artículos 4o, 19, 20 y 22 del D. 990 de 1998, el 53 del D.L. 1900/90, el art. 40 del Decreto 1130 de 1999 que (cito de la sentencia, p. 29) “…trasladó a la Superintendencia de Industria y Comercio la facultad sancionadora que recaía en el Ministerio de Comunicaciones respecto de los operadores de telefonía móvil celular”, de modo que la Superintendencia tenía toda la competencia para imponer la sanción.

El Consejo de Estado señala que los operadores deben responder quejas en los plazos previstos en el D. 990/98, pero que una cosa es dicha obligación al hecho de poder aplicar la figura del silencio administrativo positivo, visto el texto del art. 41 C.C.A.. Para responder acerca de el silencio administrativo positivo aplica a celulares, el Consejo de Estado se remite a lo previsto en la parte final del inc. 2o, art. 40 D.1130/90, por la cual la Superintendencia cuenta además de sus facultades propias para proteger consumidores de servicios públicos no domiciliarios, las que tiene la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y que están contenidas en la ley 142 de 1994, debe entenderse que el silencio positivo aplica, dado lo previsto en el art. 158 de esta norma.

Respecto a la aplicación de normas sobre protección al consumir al caso en concreto, el Consejo de Estado reitera jurisprudencia del 6 de agosto de 2004 de la misma sección, respecto de un caso en que COMCEL también era actor y la parte demandada era igualmente Superindustria:

“…en el régimen de protección al usuario de TMC se proyectaron los mismos criterios establecidos en el Decreto 3466 de 1982. De una parte, se señalaron como parámetros de calidad del servicio los estipulados en el contrato de concesión celebrado entre la Nación y el operador. De otra parte, se estableció un procedimiento de quejas y reclamos, se fijó el término de 15 días para resolverlos y se facultó al Ministerio de Comunicaciones (hoy SIC) para imponer multas en caso de incumplimiento del operador.” (citado de la sentencia, p. 36).

Los datos completos de la sentencia, no señalados en la providencia que se resume, y son los siguientes: CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIí“N PRIMERA, Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE, 6 de agosto de 2004, Radicación número: 25000-23-24-000-2001-0033-01(7836), Actor: COMUNICACIí“N CELULAR S.A., Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, Referencia: APELACIí“N SENTENCIA (clic aquí para bajar la sentencia).

Respecto a las presuntas violaciones al debido proceso, advierte el Consejo:

1. En cuanto a la violación por falta de formalidades en la acumulación de expedientes, se señala que el cargo carece de fundamente puesto que la acumulación “…no está revestida de formalidad alguna, contrario a lo sostenido por la demandante” (p. 37).

2. En cuanto a la violación de los arts. 157 y 159 C. de P.C., sobre el trámite para acumulación por falta de publicidad, ello carece de fundamento, comoquiera que por el inc. final del art. 29 C.C.A., cualquier persona puede examinar un expediente y obtener copia del mismo.

3. En cuanto a la falta de auto para abrir las investigaciones, el Consejo advierte que no se señaló norma alguna que, en concepto de la parte demandante, pudiera ser haber sido violada, de modo que no se pronuncia.

4. En cuanto a la presunta falta de pruebas respecto de la violación del estatuto del Consumidor, es claro que todo el debate giró sobre la falta de respuesta a unas quejas, de modo que debía COMCEL demostrar que tal demora no existió, allegando las pruebas, cosa que no hizo.

5. Respecto de la improcedencia de la efectividad de las garantías como concurrente de la multa, el Consejo recuerda que no hay norma que prohiba ambas sanciones, adicionalmente, la garantía es un acto de ejecución originado en el silencio positivo.

6. En cuanto a la falta de trámite de recurso de apelación, el Consejo de Estado recordó que ello fue simple consecuencia del art. 50 C.C.A., donde consta que no hay recursos respecto de actos de superintendentes, y que en este caso la facultad sancionatoria se la otorgó directamente la ley al superintendente delegado, luego no hay lugar a doble instancia.

En cuanto a la falta de competencia por tratarse presuntamente de un asunto de telefonía pública básica conmutada, se desecha el cargo por cuanto aquí se trataba de llamadas celulares facturadas en el servicio de telefonía pública básica conmutada, pero no de un caso de este servicio.

En cuanto a que la Superintendencia de Industria y Comercio no podía ordenar el reconocimiento a los reclamantes de lo pedido, como efectividad de la garantía, siendo esta presuntamente una decisión de tipo jurisdiccional, el Consejo advierte que ello no es de conocimiento de esa corporación, sino de la justicia ordinaria, visto el contenido de la ley 446 de 1998 (“por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”). Sin embargo, recuerda otra vez que ello en todo caso es un acto de ejecución, reiterando la jurisprudencia de agosto 6 de 2004 ya mencionada, y hace la siguiente cita de esa providencia:

“La Superintendencia de Industria y Comercio, en su acto sancionatorio, entendió que la atención oportuna a las reclamaciones de los usuarios es parte de la calidad del servicio de TMC.

En consecuencia, estimó que al declarar ocurrido el silencio administrativo positivo por la falta de respuesta a tales reclamaciones, estaba haciendo efectiva la garantía mínima presunta de calidad e idoneidad del servicio, «atendiendo a lo dispuesto en los artículos 11, 13 y 29 del Decreto 3466 de 1982»; y que esta decisión constituye ejercicio de la facultad jurisdiccional que le otorga el artículo 145 de la Ley 446.

“… 

“La Sala encuentra en dicho planteamiento una contradicción irreductible. En efecto: si, como sostiene la Superintendencia, la omisión del operador en decidir oportunamente un reclamo constituye «silencio administrativo positivo», este silencio es, según el artículo 41 CCA, un verdadero acto administrativo  (otorgamiento de lo reclamado) y, por lo tanto, las órdenes impartidas como consecuencia suya son meros actos de ejecución de dicho acto presunto, y como tales, también de naturaleza administrativa, y en ningún caso judicial.

“Además, según se precisó por extenso, las controversias judiciales sobre efectividad de la garantía mínima presunta conciernen a las características intrínsecas del producto o servicio, determinantes de su idoneidad y calidad, registradas ante la SIC por el productor o contenidas en las normas técnicas obligatorias, y, en el caso de la TMC, estipuladas en el contrato de concesión.

“Concluye entonces la Sala que la SIC no ejerció en este caso ninguna facultad jurisdiccional.” (p. 42)

Y agrega el Consejo de Estado en la sentencia que se comenta del 3 de mayo de 2007:

“Ahora bien, como en este caso la orden de hacer efectivas las garantías también fue consecuencia del silencio administrativo positivo que acertadamente consideró la Superintendencia que se configuró, pues, se insiste, el artículo 158 de la Ley 142 de 1994 constituye la norma expresa que atribuye tal efecto al hecho de no responder los operadores de telefonía móvil celular dentro del término legal las peticiones de sus usuarios, fuerza es concluir que en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio tampoco ejerció una facultad jurisdiccional”. (p. 43)

Finalmente la sentencia ratifica las condenas impuestas a COMCEL. Ruego al lector, como de costumbre, ir al texto completo de la sentencia para adquirir una percepción completa de la misma.

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Qué clase de privacidad se predica respecto de un computador

Wednesday, May 23rd, 2007

En el artículo “Hack My Son’s Computer, Please” de Wired, se estudia el caso de un padre que permite a la Policía “hackear” el computador de su hijo adulto.  La Policía, mediante una herramienta para saltar la seguridad de paswords en Windows, finalmente encontró que en ese computador se accedía a pornografía infantil. Es un artículo que vale la pena leer para actualizarse sobre el estado de la discusión en Estados Unidos sobre el acceso oficial a computadores privados. 

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Microsoft reclama violación de patentes por software libre

Wednesday, May 23rd, 2007

Microsoft, según la nota “Microsoft takes on the free world” de la Revista Fortune en CNNMoney.com, alega que una de las razones por las cuales el software libre es tan bueno, es porque viola patentes de esa compañía. En el caso de Linux, por ejemplo, tan popular que la mitad de las compañías del listado Fortune 500 lo usan, señala que se han violado 235 patentes. Esta situación augura un futuro legal muy complicado, ya que el software libre tiene aliados muy poderosos, como muestra la iniciativa Open Invention Network (OIN), compañía dedicada precisamente a la gestión de patentes de LINUX, y que alega estar lista para la batalla legal que venga.

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El sistema satelital Galileo está en problemas financieros

Wednesday, May 23rd, 2007

La Comisión Europea señala diversas soluciones para los problemas financieros del Sistema Satelital Galileo en su nota “El futuro de Galileo está en el aire”. Este sistema es un proyecto conjunto enormemente costoso de GPS europeo, lanzado por la Unión Europea y la Agencia Espacial Europea.

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Familiares de niños pueden interponer tutelas en favor de aquellos

Tuesday, May 22nd, 2007

En la Sentencia de acción de tutela T-625/08 la Corte Constitucional se ocupó del siguiente caso:

"En diligencia de declaración rendida ante el Juzgado Treinta y Siete Penal Municipal de Bogotá, el 25 de enero de 2008, la señora Myriam Liliana Pinilla de Morillo expresa que presenta la acción de tutela para que se le realice el tratamiento de quimioterapia de rescate a su nieta Stephania Tintinago Daza que fue ordenada por médicos del Hospital Universitario San Ignacio, dentro de los procedimientos para atender el cáncer que la aqueja.

Declara que no quiere quitarle la custodia a la madre de la menor, que no frecuenta a su nieta Stephania Tintinago Daza, y desconoce su estado de salud.

Que, pretende se ordene a la señora Catherine Daza Rodriguez autorice el tratamiento de quimioterapia de rescate a la niña con el fin de salvarle su vida." (citado de la sentencia)

Para la época en que la Corte Constitucional se ocupa del caso lamentablemente la niña ya había muerto de la enfermedad.

Al analizar la sentencia, la Corte señaló los siguientes problemas:

"…(i) la legitimación en la causa por activa cuando se agencian derechos de menores de edad; (ii) la procedencia de la acción de tutela contra particulares; (iii) los derechos de los niños, como sujetos de especial protección; (iv) la configuración de la carencia actual de objeto cuando muere el titular de los derechos que se pretenden amparar y, (v) la presunta vulneración de derechos en el caso concreto." (citado de la sentencia)

Sobre la legitimación se dijo:

"Por ello, exigirle a quien agencia a menores las motivaciones que le impiden al niño promover su propia defensa, estaría en contra de los postulados de orden constitucional, y generaría primacía del derecho formal sobre el derecho sustancial. En tal sentido, esta Corporación sostiene que tratándose de derechos de los niños, es posible que un tercero actúe en su nombre con el objeto de salvaguardar sus intereses fundamentales." (citado de la sentencia)

En materia de procedencia de acción de tutela contra particulares, se reiteró la posición afirmativa al respecto.

Una vez sucedida la muerte del titular de los derechos, la tutela torna improcedente. Dice la norma:

"La muerte del titular de derechos genera así la inoperancia de los mecanismos de protección y en el mismo sentido, la ineficacia de las actuaciones del Estado para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales por parte de quienes integran el conglomerado social, pues cualquier orden que se imparta pierde todo sentido y no garantiza salvaguarda judicial." (citado de la sentencia)

La Corte Constitucional señaló que la tutela habría sido procedente:

"La accionante expone que a su nieta, de aproximadamente 4 años de edad, le fue diagnosticado tumor de wilms bilateral, patología positiva para malignidad en ambos riñones – cáncer, por lo que ha sido tratada en el Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá. Que le ordenaron tratamiento de quimioterapia y posteriormente, debido a la agresividad de la enfermedad, le fue prescrita una quimioterapia de rescate, que no autorizó la madre de la menor, decisión con la que vulnera los derechos fundamentales a la salud y a la vida de ésta última.

En tal sentido, encuentra la Sala que procede la acción de tutela interpuesta por la señora Myriam Liliana Pinilla de Morillo como agente oficioso de su nieta Stephania Tintinago Daza, por ser esta una menor de edad, de aproximadamente 4 años, que se encuentra imposibilitada para ejercer su propia defensa, como se mencionó en las consideraciones jurídicas del caso.

Así mismo, se concluye que procede la acción contra la señora Catherine Daza Rodriguez, como particular, pues su menor hija se encuentra en estado de subordinación e indefensión con relación a ésta, por el nexo familiar que las une, lo que permite que un tercero enerve un amparo de tutela solicitando la protección de sus derechos.

Una vez identificados los hechos del amparo, y pese a la procedencia de la acción de tutela, para esta Sala es importante aclarar que conforme al memorial enviado por la señora Myriam Liliana Pinilla Morillo a esta Despacho, el 18 de junio de 2008, la menor Stephania Tintinago Daza falleció el 28 de febrero de 2008, como consecuencia de su crítico estado de salud de acuerdo a la información que reposa en el registro de defunción.

En efecto, esta Sala encuentra que existe una carencia actual de objeto que impide la protección de los derechos fundamentales de la menor, sin que del acervo probatorio y de los hechos se evidencie una vulneración de derechos fundamentales que haga imperante la necesidad de la revisión de fondo del caso concreto." (citado de la sentencia)

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¿Qué son “redes neurales”? ¿Qué son “computadores de ADN”?

Tuesday, May 22nd, 2007

El avance de la computación no es un asunto sin interés para el sector de las telecomunicaciones, comoquiera que las ciencias de la información y la tecnología de cómputo son bloques básicos para la construcción de la sociedad de la información, que ya tiene características de “continuum”. 

En lo que tiene que ver con computación, hay varias tendencias que deben tenerse presentes desde ahora, sin olvidar otras especialmente nuevas, aunque sí novedosas siempre (por ejemplo, la computación por clusters, la cual tiene ya años a cuestas funcionando, como la del proyecto Beowulf, para citar solamente un caso, clic aquí para más información). Quiero referirme aquí solamente a dos tendencias, las redes neurales y la computación basada en ADN.

Aquellos que somos aficionados a la computación y a las matemáticas, sabemos que hace años se habla de algo llamado “redes neurales”. Es una forma especial de computación que trata de copiar el comportamiento de las neuronas, incluyendo la forma de “aprendizaje”. Sobre esto, el artículo “What is a neural network and how does its operation differ from that of a digital computer? (In other words, is the brain like a computer?) ” de la prestigiosa revista científica Scientific American, es un texto excelente para aproximarse a ese tópico, pues se trata de la respuesta de un experto a la pregunta de un lego en la materia.

En cuanto a la computación con ADN, mejor dicho, de computadores de ADN, y que aún tiene mucho camino por recorrer, la propuesta consiste en el uso de ADN que obre directamente sobre células cancerosas, o con otra clase de enfermedad, para corregir la deficiencia. Sobre esto, la nota “DNA Computer Works in Human Cells. Simple biological computer may someday perform complex diagnoses of cancer and other diseases from inside individual cells” de la misma revista.

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Se busca crear la “Abogacía General del Estado” en Colombia

Friday, May 18th, 2007

Mediante proyecto de ley 202 de 2007 (Senado) “por la cual se crea la Abogacía General del Estado, se dictan normas para su funcionamiento y se determina su estructura y organización”, se quiere crear un “…ente encargado exclusivamente de defender los intereses del Estado, de proteger el patrimonio público y salvaguardar los recursos oficiales, cuyo director será el Abogado General del Estado” (art. 1).

Serían funciones de la Abogacía General del Estado:

“Artículo 5°. Funciones de la Abogacía General del Estado. La Abogacía General del Estado desarrollará las siguientes func iones:

a) Determinar las políticas, principios y normas que sobre defensa judicial y extra judicial, que deben regir en el país para todo el sector público;

b) Llevar el registro de la defensa judicial del Estado, para lo cual expedirá las normas necesarias;

c) Elaborar el informe general litigioso del Estado colombiano y presentarlo al Congreso de la República, para su conocimiento y análisis, en el último período de sesiones de cada año;

d) Expedir las normas para el registro y contabilización de las obligaciones derivadas de la actividad litigiosa a favor y en contra del Estado;

e) Emitir conceptos y absolver consultas relacionadas con la interpretación y aplicación de las normas que rigen la materia;

f) Adelantar los estudios e investigaciones que se estimen necesarios para el mejoramiento de la defensa judicial del Estado;

g) Imponer a las entidades a que se refiere la presente ley, a sus directivos y demás funcionarios, previas las explicaciones de acuerdo con el procedimiento aplicable, las medidas o sanciones que sean pertinentes, por infracción a las normas y órdenes expedidas por la Abogacía General del Estado.”

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La censura en internet según la Open Net Initiative

Friday, May 18th, 2007

La Open Net Initiative ONI es un proyecto dedicado a analizar las prácticas de vigilancia y filtrado. Es el resultado de la unión de esfuerzos de cuatro prestigiosas instituciones educativas: el Citizen Lab del Munk Centre for International Studies de la  University of Toronto, el Berkman Center for Internet & Society de Harvard Law School, el Advanced Network Research Group en el Cambridge Security Programme de la University of Cambridge, y el Oxford Internet Institute de la Oxford University.

Recientemente, la ONI acaba de presentar su informe sobre filtrado de sitios en diferentes países del mundo. Al respecto, leer la nota “La censura en Internet “aumenta”” de BBCMundo.

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Proyectos de ley relacionados con el sector comunicaciones

Friday, May 18th, 2007

Este es un inventario de proyectos de ley en curso relacionados con el sector comunicaciones de Colombia, sin incluir otros que ya se mencionaron en otras notas:

  1. Senado 161 de 2006 “Por el cual se establece el marco regulatorio de la actividad postal en colombia y se dictan otras disposiciones.” (Gaceta del Congreso 529 de 2006)
  2. Senado 157 de 2006 “Por medio del cual se reforma la Ley 142 de 1994, se elimina el cargo fijo de la estructura tarifaria de los servicios públicos domiciliarios.” (Gaceta del Congreso 502 de 2006)
  3. Senado 148 de 2006 “Por medio del cual se redefine el modelo institucional de regulación, vigilancia, financiamiento y control del servicio de televisión en Colombia y se dictan otras disposiciones.” (Gaceta del Congreso 477 de 2006)
  4. Senado 126 de 2006 “Por el cual se expiden normas en defensa de los usuarios de servicios publicos domiciliarios, se dicta un régimen especial par los predios compartidosm inquilinatos, mixtos y de multiusuarios y s establecen otras disposiciones.” (Gaceta del Congreso 382 de 2006).
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Proyectos de ley sobre teletrabajo y portabilidad numérica

Friday, May 18th, 2007

El Congreso de la República está trabajando, en lo que tiene que ver con el sector de las comunicaciones y entre otros proyectos, en dos proyectos de ley, ambos insertados en la Gaceta del Congreso 68 de 2007 del viernes 9 de marzo de 2007:

– Proyecto de ley 170 de 2006 Senado “por la cual se establecen normas para promover el Teletrabajo y se dictan otras disposiciones”, y

– Proyecto de ley 174 de 2006 Senado “por medio de la cual se modifica el artículo 40 del Decreto 25 de 2002, donde se fija la reglamentación sobre portabilidad numérica y se dictan otras disposiciones”.

El primero, “tiene por objeto promover y regular el Teletrabajo como un instrumento de generación de empleo y autoempleo mediante la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).” (art. 1). Como definiciones señala:

“Artículo 2°. Definiciones. Para la puesta en marcha de la presente ley se tendrán las siguientes definiciones:

Teletrabajo. Es una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades o prestación de servicios a través de medios telemáticos o tecnologías de la información en virtud de una relación de trabajo y permite su ejecución a distancia, es decir, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo.

Teletrabajador. Persona que desempeña actividades laborales a través de medios telemáticos por fuera de la empresa a la que presta sus servicios.”

El segundo, que curiosamente pretende modificar un decreto, es decir, una norma de menor jerarquía, quiere imponer la portabilidad numérica en Colombia en dos etapas, para lo cual aporta algunas reglas. En su art. 1, modifica el art. 40 D. 25/02, señalando, entre otras cosas, que “Los operadores de telecomunicaciones se obligan a prestar el servicio de Portabilidad Numérica, entendida esta como la posibilidad del usuario de conservar su número telefónico, aún en el evento de que cambie de un operador a otro que preste el mismo servicio de telecomunicaciones, de conformidad con los requerimientos preescritos por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones.”.

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Proyecto de ley sobre telemedicina en Colombia

Friday, May 18th, 2007

A la fecha está en curso en el Congreso de Colombia, el proyecto de ley 218 de 2007 Senado, “por la cual se desarrolla la Telemedicina en Colombia y se articula la plataforma de las Tecnologías de la Información y el Conocimiento”. Está publicado en la Gaceta 118 de 2007, y tiene como objeto “…mejorar la cobertura, la calidad, oportunidad y posibilidad de todos los colombianos de acceder a los servicios de salud, mediante el apoyo de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC), acordes y adaptadas a nuestras realidades de tecnología, conectividad y nivel científico” (art. 1, proyecto de ley).

Define así la telemedicina:

“Artículo 3º. Definición de Telemedicina. Se define como la asesoría y provisión de servicios de salud a distancia, en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, por profesionales de la salud, quienes utilizan para tal objetivo las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), acordes y adaptadas a nuestras realidades de tecnología, conectividad y su conocimiento científico, permitiéndoles intercambiar datos e imágenes diagnósticas, con el propósito de facilitar el acceso de la población que por sus condiciones personales (distancia, inseguridad, desplazamiento, pobreza, vulnerabilidad en seguridad social, dependencia de terceros, etc.), padezcan de enfermedades agudas, críticas, crónicas, discapacitantes y secuelares, independientemente de su área geográfica.”

Para mayor información sobre telemedicina, puede visitarse el Centro de Telemedicina de la Universidad Nacional de Colombia, el programa eHealth de la Unión Europea y el “Study on the use of advanced telecommunications services by health care establishments and possible implications for telecommunications regulatory policy of the European Union”.

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Proyecto de ley para licencia de locución

Friday, May 18th, 2007

Se encuentra en curso proyecto de ley “por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de locución en Colombia”. Responde a los siguientes números: Senado 228/07; Cámara 109/06, insertado en la Gaceta 368/2006.  El texto tal como está a la fecha se encuentra en la Gaceta 101 de 2007, donde también pueden leerse otros documentos relevantes sobre el trámite del proyecto. Allí consta que la licencia aplicaría para los siguientes fines:

“Artículo 1°. La locución en Colombia es una disciplina de formación profesional integral regulada y amparada por el Estado.

Artículo 2°. Para efectos de la presente ley, se entiende por locución la comunicación oral que transmite una persona para cumplir funciones de información social, difusión cultural, recreativa, comercial, científica y deportiva, a través de las ondas electromagnéticas (radio, televisión, cine, video).

Artículo 3°. La locución comprende las siguientes actividades:

a) Animador de programas radiales y de televisión;

b) Maestro de ceremonias (presentador);

c) Lector de noticias;

d) Narrador;

e) Entrevistador;

f) Animador comercial;

g) Comentarista;

h) Doblaje de películas y comerciales.”

Luego de reglamentar otros aspectos, el proyecto señala responsabilidades al Ministerio de Comunicaciones:

“Artículo 12. Corresponde al Ministerio de Comunicaciones con relación a la profesión de Locutor:

1. Llevar el Registro Nacional de Locutores.

2. Expedir la tarjeta profesional de locutores.

3. Inspeccionar la moralidad y legalidad del ejercicio de la profesión de locutor.

4. Auspiciar la asociación de los profesionales de la locución, secundar sus programas en cuanto contribuyan a enaltecer y dignificar la profesión y vigilar su funcionamiento.

5. Imponer las sanciones a que haya lugar conforme a la presente ley.

Artículo 13. Las juntas directivas de las agremiaciones o asociaciones de locutores que funcionen con personería jurídica y los delegados de las instituciones educativas autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional o por quien haga sus veces, que tengan en su programa de estudios la locución, serán entidades consultivas del Gobierno Nacional para asesorarlo en todo lo referente a la mejor aplicación de esta ley, especialmente en cuanto a la idoneidad y ética profesional.

Artículo 14. Señálese el 24 de marzo de cada año, como el Día del Locutor. Las juntas directivas de las agremiaciones de locutores, en concordancia con el Ministerio de Comunicaciones, serán las encargadas de coordinar la celebración de esta fecha cada año.”

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Prórroga de contratos de concesión en telecomunicaciones en el proyecto de reforma a la ley 80

Friday, May 18th, 2007

En el Proyecto de Ley 57 (Cámara) – 020 (Senado) de 2005 (Aprobado el 15 de mayo), “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos”, se incluye solamente un artículo relacionado específicamente con el sector de telecomunicaciones. Es el siguiente:

“Artículo 28. De la prórroga de los contratos de concesión para la prestación de servicios de telecomunicaciones y de televisión. El término de duración de las concesiones actuales y futuras para la prestación de los servicios y actividades de telecomunicaciones, incluidas las de televisión, será de diez (10) años prorrogables por lapsos iguales. En ningún caso habrá prórrogas automáticas ni gratuitas.”

Los datos del proyecto se encuentran en el site de la Secretaría del Senado de la República, aunque lamentablemente es un sitio bastante lento por momentos, a trávés de la opción “Antecedentes de Proyectos del Senado, desde el  20 de Julio del 2000″.

El texto del proyecto, tal como estaba a marzo de 2007, se encuentra en la Gaceta del Congreso 96 de 27/03/2007, donde además pueden leerse el Informe de ponencia para segundo debate al Proyecto de ley número 057 de 2006 Cámara, 020 de 2005 Senado, mediante la cual se modifica la Ley 80 de 1993, el pliego de modificaciones y otros  antecedentes de este importante proyecto de ley.

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Aplicación de normas y políticas de competencia en países de la Unión Europea

Thursday, May 17th, 2007

La Dirección General de Competencia de la Comisión Europea tiene como último Informe anual sobre la política de competencia el del año 2005, aunque lamentablemente no está disponible en español ( en español se consigue el estado de aplicación de normas de competencia el del año 2005), documento  que sugiero leer, junto con su suplemento, con el fin de acercarse al estado de políticas de competencia en la Comunidad Europea, especialmente teniendo en cuenta que el estatuto básico de Colombia sobre competencia, el decreto 2153 de 1992, hunde sus raíces en el Tratado de Roma.

En este mismo sentido, también es conveniente leer la guía “La política de la competencia de la UE y los consumidores” (en español, clic aquí).

Finalmente, una fuente importante de normatividad es el repertorio “Política de la competencia” en el site de EURLex. Las normas básicas sobre competencia en Europa, son los artículos 81 a 89 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea . En cuanto a síntesis de legislación en competencia, clic aquí.