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Derecho de petición ante entidades privadas

Consta en la Constitución Política:

"artículo 23.- Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales."

Este es el llamado derecho de petición. Hay abundante jurisprudencia constitucional sobre el tema, sin embargo, llama poderosamente la atención el hecho de que todavía existan discusiones frente a su aplicabilidad frente a entidades privadas, siendo que existe jurisprudencia de la Corte Constitucional muy temprana sobre el tema (es decir, jurisprudencia muy cercana a la entrada en operación de la misma), en concreto, la sentencia T-507 de 1993, en la cual se indicó que el derecho de petición es procedente contra entidades privadas que prestan servicios públicos. Recientemente, la Corte Constitucional volvió a ocuparse del punto de derecho de petición ante entidades privadas en la Sentencia T-251/08. El debate se relacionaba con la entrega de copias de contratos de trabajo de la parte tutelante, negada por la parte demandada, antes empleadora de aquella. En primera instancia se concedió el amparo, medida revocada en segunda instancia. Avocada la sentencia por la Corte Constitucional, antes de decidir, repasó el problema jurídico en la jurisprudencia en particular lo referente a la indefensión, entre lo cual cabe destacar:

"En atención a laconsideración anterior, la jurisprudencia constitucional ha reconocido demanera general la procedencia de la acción de tutela como mecanismo judicialválido para obtener amparo judicial de derechos fundamentales, cuando quieraque éste sea empleado por un trabajador con el objetivo de corregir aquellas trasgresiones que sean llevadas a cabo por parte del empleador dentro de la relación laboral que se encuentra a la base de su vínculo." (citado de la sentencia)

Esa situación de indefensión se extiende más allá de la culminación de la relación laboral:

"En sentencia T-374 de 1998 la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional resolvió una solicitud de amparo presentada por un trabajador que había prestado sus servicios a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, quien interpuso dos derechos de petición mediante los cuales había solicitado a la entidad el reconocimiento de su pensión legal de jubilación. En dicha oportunidad el problema jurídico de fondo planteado a la Corte consistía en que al momento de interponer la acción de tutela el demandante no se encontraba laborando para la Federación, razón por la cual la procedibilidad de la acción se encontraba en duda debido a la supuesta inexistencia de la condición de subordinación de la cual dependía la viabilidad de la iniciación de la tutela contra particulares. Al respecto, la Sala señaló que los principios de justicia, dignidad, equidad y demás postulados que, según el artículo 53, presiden el derecho del trabajo, imponen una conclusión diferente, pues bajo el influjo de tales máximas el empleador no podría de manera legítima “abstenerse arbitrariamente de responderle acerca de si tiene o no derecho a una reclamación laboral suya, ya sea por salarios, prestaciones o derechos, legales o extralegales, y aun invocar ante los jueces, para persistir en su displicente actitud ante el solicitante, un supuesto derecho "a guardar silencio" acerca del reclamo”. A juicio de la Sala, dado que el reconocimiento de este tipo de prestaciones depende de la voluntad del empleador, respecto del cual aún se presenta una situación de debilidad, al menos en este asunto específico, resulta procedente la acción." (citado de la sentencia)

La Corte Constitucional estudia si la pretensión de obtención de copias puede obtenerse en proceso, en lugar de recurrir a la acción de tutela, a lo cual responde negativamente la corporación, declarando finalmente procedente la tutela.

"Por las razones ampliamente anotadas en esta providencia, los accionantes se encuentran en estado de indefensión frente a su antiguo empleador en el contexto específico de la solicitud presentada, en la medida en que, en primer lugar, no cuentan con instrumentos judiciales mediante los cuales puedan requerir de manera eficiente el cumplimiento de la obligación legal contenida en el artículo 57.7 del Código Sustantivo del Trabajo; según la cual los patronos han de ofrecer este tipo de información, relacionada con el contrato de trabajo, una vez ha concluido la relación laboral. En segundo término, como ha sido señalado hasta ahora, la Sala encuentra evidente que una decisión contraria a la solicitud de los Ciudadanos no sólo traería consigo una irremediable violación del derecho de petición sino que, por la misma vía, supondría la violación de otros derechos fundamentales de quienes actúan en el proceso como demandantes, tal como ocurre con sus derechos al trabajo, la seguridad social, el acceso a la justicia entre otros.

En consecuencia, esta Sala de Revisión habrá de amparar el derecho de petición de los accionantes y ordenará a la entidad demandada dar respuesta de fondo a la solicitud por ellos elevada el día 27 de abril de 2007, debiendo para tal efecto expedir copia de los documentos requeridos y llevar a cabo la certificación solicitada." (citado de la sentencia)

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