Imprimir nota Imprimir nota Enviar nota Enviar nota

La competencia de un funcionario es expresa

Uno de los pilares del servicio público es el ejercicio reglado de competencias, es decir, una autoridad no puede hacer algo que la Constitución o la ley no le permitan. Ello es regla directa de la actual Constitución:

"Artículo 121, C.P..- Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas a las que le atribuye la Constitución y la ley."

También debe tenerse en cuenta el inciso 1 del artículo siguiente:

"Inc. 1, Artículo 122, C.P..- No habrá empleo que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento."

La jurisprudencia constitucional ha advertido desde hace mucho tiempo que un funcionario solamente puede hacer lo que la ley le permite:

"Las funciones que en un Estado de Derecho se desempeñan por los servidores públicos, son una actividad que en manera alguna puede ser arbitraria, ni dejarse librada al capricho del funcionario, sino que, siempre se trata de una actividad reglada, cuyo desempeño exige el sometimiento estricto a la Constitución, la ley o el reglamento." (Sentencia C-175/01, Corte Const.)

En Colombia entonces no es posible qe un funcionario haga algo si no tiene habilitación expresa para hacerlo. Así lo formula la Corte Constitucional:

“…esta Corporación ha definido el derecho fundamental al debido proceso, como la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los individuos, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la Constitución y la Ley” (Auto 072A de 2006, Corte Constitucional)

Es clara la jurisprudencia administrativa en el sentido de afirmar que la falta de competencia es causal por sí sola de ilegalidad del acto:

“Considera esta Sala imperioso precisar ahora que la ilegalidad, por falta de competencia, para proferir un determinado acto administrativo no se puede purgar a través del “privilegio de decisión previa”, porque si bien éste supone la toma de decisiones por parte del Estado sin necesidad de contar con el consentimiento de los afectados o con la anuencia previa del juez, éstas sólo pueden ser adoptadas en ejercicio de una competencia establecida en la ley. Así, el privilegio de lo previo no constituye el fundamento de la competencia; por el contrario ésta es un presupuesto necesario de aquél. De otra manera, se desconocerían los artículos 122 de la Constitución Política -según el cual no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento- y 84 del C.C.A, en cuanto dispone que la acción de nulidad contra los actos administrativos puede fundarse en el hecho de que los mismos hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes.” (CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, Consejero ponente: ALIER EDUARDO HERNANDEZ ENRIQUEZ, Bogotá, D.C., abril catorce (14) de dos mil cinco (2005), Radicación número: 25000-23-26-000-1995-01250-01(14583), Actor: INGESA INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS ASOCIADOS LTDA., Demandado: FONDO ROTATORIO VIAL DISTRITAL – FOSOP)

Resulta alarmante que a pesar de la claridad meridiana de la jurisprudencia actual y de los textos constitucionales, existan autoridades públicas que insistan en ejercer funciones que no le corresponden, con el riesgo de verse sometidos a acciones disciplinarias o incluso penales. Un caso relativamente frecuente es el cobro coactivo de cuotas pensionales de extrabajadores por parte de entidades territoriales, siendo que cobro coactivo existe solamente para cobro de deudas a favor de la entidad, y esas cuotas pensionales son a favor de terceros, tal como consta en sentencia del Consejo de Estado de 2001, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejero ponente: ROBERTO MEDINA LÓPEZ, Radicación número: 86001-00-00-000-1999-1375-01, Demandado: MUNICIPIO DE MOCOA, Actor: FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL PUTUMAYO). Se cita de la sentencia:

“JURISDICCIÓN COACTIVA – Nulidad procesal originada en falta de facultad jurisdiccional coactiva / PENSIÓN DE JUBILACIÓN – Improcedencia de cobro de cuotas partes de mesada por jurisdicción coactiva

Estando en la oportunidad procesal para decidir sobre las excepciones de mérito propuestas por la entidad ejecutada, contra el mandamiento de pago proferido por el Tesorero Departamental del Putumayo, se observa que la ejecutante carece de facultad jurisdiccional coactiva para el cobro del crédito de que se trata, configurándose por lo tanto la causal de nulidad consagrada en el artículo 140 numeral 1. del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º numeral 80 del D.E. 2282 de 1989. Si bien es cierto que la deuda objeto del mandamiento ejecutivo analizado es un recurso del Fondo de Pensiones Territorial del Departamento del Putumayo, que corresponde recaudar al Tesorero (artículo 5º, parágrafo, del Decreto Departamental 00394 de 1995) no es una renta departamental y por lo tanto no puede ser cobrada por jurisdicción coactiva, invocando el artículo 6º de la Ley 84 de 1915, pues se trata de un fondo creado en los términos previstos en el artículo 151 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto Reglamentario 1296 de 1994, para administrar los recursos destinados al pago de pensiones.

JURISDICCIÓN COACTIVA – Autoridades administrativas titulares de la facultad / EJECUCIÓN POR JURISDICCIÓN COACTIVA – Titularidad
Dentro de las autoridades administrativas que tienen jurisdicción coactiva otorgada por expresas normas legales podemos enumerar las siguientes:1) Las entidades públicas en general respecto de los créditos derivados de sanciones de multa impuestas a funcionarios públicos o por responsabilidad patrimonial por daños ocasionados por culpa grave o dolo de dichos funcionarios en ejercicio de sus funciones (Artículo 79 del C.C.A.); 2) Los ministerios, departamentos administrativos, organismos adscritos y vinculados, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Registraduría Nacional del Estado Civil, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivos los créditos exigibles a favor de las mencionadas entidades y de la Nación (Ley 6ª de 1992, artículo 112); 3) La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Decreto 624 de 1989 o Estatuto Tributario, artículos 824 a 843); 4) Los empleados encargados de la recaudación de las rentas departamentales, para hacer efectivo el cobro de los créditos a favor del tesoro departamental (Ley 84 de 1915, artículo 6º); 5) Los alcaldes, para hacer efectivas las obligaciones a favor de los municipios, pudiendo delegar dicha facultad en los tesoreros municipales (Ley 136 de 1994, artículo 91, lit. d) num. 6.); 6) Las entidades administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida (Ley 100 de 1993, artículo 57; 7) Las empresas oficiales prestadoras de servicios públicos domiciliarios (Ley 142 de 1994, artículo 130); 8) Las contralorías departamentales, distritales y municipales (Ley 42 de 1993, artículos 71, 90 y s.s.); 9) Los funcionarios de valorización del orden nacional, departamental, municipal o distrital (Decreto Legislativo 1604 de 1966, Art. 14, Decreto 1222 de 1986, Art. 183 y Decreto 1333 de 1986 artículo 241).

SEGURIDAD SOCIAL – Jurisdicción coactiva / ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA – El ISS es la única entidad que tiene jurisdicción coactiva / PENSIÓN DE JUBILACIÓN – Titularidad del ISS para cobrar por jurisdicción coactiva créditos relacionados con pensiones / JURISDICCIÓN COACTIVA – Entidad administradora del régimen de prima media

En materia de seguridad social la jurisdicción coactiva solo ha sido otorgada a las entidades administradoras del régimen de prima media con prestación definida, por disposición del artículo 57 de la Ley 100 de 1993. De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 100 de 1993, reglamentado por el artículo 34 del Decreto 692 de 1994, en la actualidad, y desde el 1º de julio de 1995, el ISS es la única entidad autorizada para administrar el régimen de prima media con prestación definida.
El ISS es la única entidad que tiene jurisdicción coactiva para el cobro de sus créditos relacionados con pensiones, además, porque el artículo 24 de la Ley 100 de 1993 no instituye de manera general la jurisdicción coactiva a favor de las entidades administradoras de los diferentes regímenes. Por su parte el artículo 13 del Decreto 1161 de 1994, reglamentario de la norma anterior, ratifica lo antes expresado, al establecer que las entidades administradoras del régimen de prima media con prestación definida pueden iniciar los correspondientes procesos coactivos para hacer efectivos sus créditos."

El requisito de competencia previa es tan delicado, que no basta una atribución irregular para que se cumpla con el mismo, es decir, no basta por ejemplo que una norma de rango inferior a la ley atribuya una competencia que no tiene sustento de rango legal o constitucional para que se considere purgado el vicio, tal como se observa, por ejemplo, en la Sentencia T-027 de 2005 de la Corte Constitucional, en la cual se declaró que una empresa descentralizada no podía asumir funciones de cobro coactivo, así existiera decreto del nivel territorial que le atribuyera la competencia, cuando la ley le asignó la función al Alcalde o, vía delegación, a la Tesorería. Se dijo en la sentencia, entre otras cosas:

"Una interpretación sistemática de las normas jurídicas transcritas conduce a afirmar que ( i ) el legislador creó un tributo de carácter nacional a los espectáculos públicos con una destinación específica cual es el fomento del deporte; ( ii ) le fue atribuida, de manera general, a las entidades territoriales la competencia para ejercer un control y recaudo del impuesto sobre espectáculos públicos; en consecuencia, el municipio de Calima El Darién es competente para liquidar, fiscalizar y recaudar, de manera voluntaria o forzosa, el impuesto sobre el espectáculos públicos que se cause en su territorio; ( iii ) dentro de la estructura de la administración municipal, de conformidad con el artículo 91.6 de la Ley 136 de 1994, el Alcalde municipal es la autoridad competente para ejercer la correspondiente jurisdicción coactiva, encontrándose únicamente facultado por el legislador para delegar tal función en la tesorería municipal, la cual la ejercerá de conformidad con el Código Contencioso Administrativo y el Código de Procedimiento Civil; (iv) un Concejo Municipal carece de competencia para autorizar a un Alcalde Municipal para celebrar convenios administrativos con una entidad descentralizada que haga parte de la estructura de la administración municipal, como lo son los establecimientos públicos, cuyo objeto sea el recaudo del impuesto a espectáculos públicos de que trata la Ley 191 de 1995; y ( v ) en consecuencia, vulnera el derecho fundamental al debido proceso cualquier procedimiento de cobro coactivo por concepto del mencionado gravamen, que no sea adelantado directamente por el Alcalde municipal o, por delegación, la Tesorería municipal." (citado de la sentencia T-027 de 2005, Corte Const.)

En administración de justicia es lo que se llama competencia reglada.

"La protección del principio de legalidad que asume el superior al pretender corregir los errores del A quo no es posible si el juez no tiene competencia para ello. En efecto, en razón a que la función judicial es reglada, ella sólo puede ser ejercida por quienes la norma positiva les reconoce, no sólo jurisdicción sino competencia para ejercerla válidamente. Por lo tanto, si el superior "adquiere competencia sólo en función del recurso interpuesto por el procesado", no puede modificar para peor la sanción so pretexto de ejercer la función de control de legalidad." (Sentencia SU.1553/00, Corte Const.)

En resumen,

"…la competencia de los funcionarios administrativos más que discrecional es una competencia reglada, definida ésta por Agustín Gordillo, citado en sentencia C-071 de 1994, en el sentido que “el orden jurídico establece de antemano qué es específicamente lo que el órgano debe hacer en un caso concreto”. " (Sentencia C-564/00, Corte Const.)

Sugiero leer también mis notas "Las limitaciones normativas a las autoridades" y "La facultad discrecional y el deber de motivar".

Dejar réplica

Usted debe Ingresar para colocar un comentario.