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El escabroso fraude al Estado mediante acciones judiciales es la demostración del grado de degradación en que se halla el país. En una nota pasada comenté una de las sentencia de tutela de la Corte Constitucional sobre el asunto (ver nota "Abuso y fraude en acción de tutela: el caso de exfuncionarios de TELECOM (I)"). En esta ocasión, debo comentar otra sentencia de la Corte Constitucional sobre el mismo tema, en la cual se observa cómo se pusieron en riesgo más de cinco mil millones de pesos de los colombianos.

Se trata de la Sentencia T-135A/10 de la Corte Constitucional. El caso demuestra cómo existen funcionarios judiciales a quienes no les importan las reglas constitucionales vigentes. Ocurrió que varios exfuncionarios de TELECOM en Córdoba, todos con la misma apoderada, demandaron al Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom (PAR) por presunta violación de derechos laborales, al ser separados del servicio con ocasión de la liquidación de TELECOM sin que se les hubiera levantado el fuero sindical. Uno de los tutelantes ya había demandado en acción de tutela, por lo cual fue rechazada su acción por temeridad, pero los demás iniciaron acciones a pesar de que ya habían pasado varios años desde que la liquidación de TELECOM había terminado (infracción al principio de inmediatez, clic aquí para un ejemplo) o que no se había atendido el principio de subsidiariedad de la acción de tutela (clic aquí para un ejemplo) ni el del respeto al precedente (ver mi nota "El precedente en el derecho colombiano"), ninguno de los cuales fue respetado por los jueces de conocimiento. En primera instancia el juez de conocimiento había decidido:

"El Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero, mediante fallo de julio 29 de 2009, concedió el amparo de tutela, al considerar que los accionantes no pueden acudir a la jurisdicción ordinaria, pues la empresa Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR será liquidada y culminará su existencia jurídica en diciembre 31 de 2009, siendo así la acción de tutela procedente.

Añadió que la actuación del PAR vulnera los derechos fundamentales de los accionantes por lo que resulta “imperioso aplicar con urgencia una medida por medio de la cual se garantice el amparo y protección de los derechos fundamentales de los accionantes por ser estos trabajadores aforados”, de esa manera ordenó el “embargo de cuentas corrientes nacionales que posea el P. A. R. PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES… en los bancos de esta ciudad, hasta por la suma de $5.080.335.964, suma aproximada de la obligación que tiene la empresa para con los mandantes” (fs. 811 y 812 ib.)." (Sentencia T-135A/10, Corte Constitucional)

Advierte la Corte Constitucional al comenzar a estudiar los temas de la sentencia, en especial en relación con la función constitucional de la acción de tutela:

"Esta acción está instituida desde el ordenamiento superior para garantizar la protección de los derechos fundamentales, cuando quiera que resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares. No obstante, demanda importantes características de procedibilidad como, para el caso, la subsidiariedad y la inmediatez.

En relación con la primera, la acción de amparo solamente puede intentarse cuando no existen o han sido agotados otros mecanismos judiciales de defensa, que sean idóneos y eficientes, a menos que se demuestre la inminencia de un perjuicio irremediable, caso en el que procedería como mecanismo transitorio (artículo 86, inciso 3° Const.)." (Sentencia T-135A/10, Corte Constitucional)

Agrega más adelante:

"En relación con la inmediatez, al ser declarado inexequible el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991 (sentencia C-543 de octubre 1° de 1992, M. P. José Gregorio Hernández Galindo), no subsiste un término de caducidad para la interposición de la acción de tutela; no obstante, ha considerado esta corporación que su incoación debe efectuarse dentro de un término razonable, aspecto que deberá ser ponderado por el juez constitucional en cada caso concreto." (citado de la misma sentencia)

Cuando la Corte Constitucional entra a examinar cada uno de los casos, procede a confirmar la decisión respecto del rechazo por temeridad de una de las tutelas y ordena investigar a la apoderada por el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991. En cuanto a los demás, nota que en un caso uno de los tutelantes voluntariomente dio por terminado proceso laboral por el mismo asunto, que otros no iniciaron acción ordinaria en tiempo, que otro perdió proceso donde ventiló las mismas pretensiones, que otros tutelantes sufrieron fallo adversos en procesos de levantamiento de fuero sindical, que otro de los tutelantes fue despedido con permiso judicial, que otro ya había ganado un proceso con las mismas pretensiones indemnizatorias, y que otro tenía un proceso ordinario en curso. En fin.

Por ello ocurre lo siguiente:

"5.3. De todo lo anterior se concluye que esta acción de tutela resulta improcedente en todos los casos, dado que los actores no cumplieron los requisitos de subsidiaridad e inmediatez, y no se evidenció razón alguna para aplicar excepción en su observancia.

En consecuencia, será revocada la sentencia dictada el 21 de agosto de 2009 por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, que confirmó la proferida el 29 de julio del mismo año por el Promiscuo Municipal de San Antero; sólo se confirmará lo atinente a la temeridad declarada en el caso del señor Freddy Habit Cacabelo Candia y, en todo lo demás, será decretada la improcedencia de la acción de tutela.

Así mismo, se revocará la medida adoptada por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero, confirmada por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, respecto al embargo “hasta la suma de $5.080.335.964, suma aproximada de la obligación que tiene la empresa para con los mandantes”, determinación a todas luces arbitraria, pues este tipo de medida preventiva debe esta reservada para los casos que requieran tal garantía, frente a real amenaza y riesgo contra derechos fundamentales. Mal puede convertirse la acción de tutela en un medio de engendramiento de embargos para el pago de inexistentes acreencias laborales.

Además, se ordenará la devolución a Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom, PAR de todos los valores que hubiese erogado como consecuencia de los fallos referidos, todo en un término no superior a 7 días, contados desde la notificación del presente fallo.

Adicionalmente, esta Sala compulsará copias con destino a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba y a la Dirección Nacional de Fiscalías, con el fin de determinar si existe comportamiento anormal de los funcionarios judiciales, los accionantes y de su apoderada." (citado de la misma sentencia)

Quiero advertir que casos como el anterior no son únicos en Colombia, aunque rara vez son del calibre del acabado de comentar (se trató de un caso similar al de FONCOLPUERTOS, ver por ejemplo Sentencia T-126/97, Corte Const.).