Mediante la Ley 963 de 2005 “Por la cual se instaura una ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia” (DIARIO OFICIAL AÑO CXLI. N. 45963. 8, JULIO, 2005. PAG. 34) se crean los contratos de estabilidad jurídica para inversionistas extranjeros y nacionales, con el fin de mantener las reglas de juego ante la autoridad competente del inversionista frente a normas concretas. Esa ley fue reglamentada por el D. 2950 de 2005, modificado por el D. 133 de 2006 y el D. 1474 de 2008, y ha sido objeto de estudio en la Sentencia C-320/06, la C-242/06, la C-961/06 y la C-155/07.

La Corte Constitucional resume así este tipo de contratos:

“En virtud del contrato de estabilidad el Estado colombiano se compromete a garantizar el derecho de los inversionistas a la estabilidad jurídica pactada y, a su turno, los inversionistas se comprometen a invertir o ampliar una inversión existente, pero, dado que la finalidad del contrato busca satisfacer un interés público que debe ser protegido, en aras de la protección de ese interés el legislador puede imponerle limitaciones legítimas a la autonomía de la voluntad y expedir regulaciones especiales que también encuentran justificación en la circunstancia de que la Administración sea una de las partes contratantes. Pero además, el sometimiento del tribunal de arbitramento a las leyes colombianas responde a la regulación del contrato de estabilidad jurídica que promueve su celebración en Colombia y, sobre todo, su ejecución en el territorio nacional, ya que se trata “de promover inversiones nuevas y de ampliar las existentes en el territorio nacional”. En esas condiciones, la comentada exigencia, lejos de ser contraria a la Constitución, se ajusta íntegramente a sus mandatos, pues siendo regla de frecuente aplicación y de indudable razonabilidad que a los contratos se les aplique el régimen jurídico del lugar de su celebración o el del lugar de su ejecución, es apenas obvio que un tribunal de arbitramento llamado a dirimir las controversias derivadas de los contratos de estabilidad jurídica se rija por las leyes colombianas.” (citado de la Sentencia C-961/06, Corte Const.)

Se lee en el art. 1:

“Artículo 1°, L. 963/05. Contratos de estabilidad jurídica. Se establecen los contratos de estabilidad jurídica con la finalidad de promover inversiones nuevas y de ampliar las existentes en el territorio nacional.

Mediante estos contratos, el Estado garantiza a los inversionistas que los suscriban, que si durante su vigencia se modifica en forma adversa a estos alguna de las normas que haya sido identificada en los contratos como determinante de la inversión, los inversionistas tendrán derecho a que se les continúen aplicando dichas normas por el término de duración del contrato respectivo.

Para todos los efectos, por modificación se entiende cualquier cambio en el texto de la norma efectuado por el Legislador si se trata de una ley, por el Ejecutivo o la entidad autónoma respectiva si se trata de un acto administrativo del orden nacional, o un cambio en la interpretación vinculante de la misma realizada por autoridad administrativa competente. ” (he resaltado)

En esta aplica a quienes realicen inversiones nuevas o amplíen las existentes en el territorio nacional, por un monto igual o superior a la suma de siete mil quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (7.500 smlmv) en sectores como el de telecomunicaciones, y deseen suscribir dichos contratos, para lo cual elevan solicitud mediante ciertos requisitos que será evaluada por un Comité conforme lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo y según las directrices del documento CONPES 3366, aclarado mediante el CONPES 3406. Estos contratos, con duración permitida entre 3 y 20 años, suponen para el inversionista no solamente la garantía de la estabilidad, sino también el deber de realización de la inversión y el pago de una prima a cambio, so pena de terminación anticipada.

“Artículo 5°, L. 963/05. Prima en los contratos de estabilidad jurídica. El inversionista que suscriba un contrato de estabilidad jurídica pagará a favor de la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público- una prima igual al uno por ciento (1%) del valor de la inversión que se realice en cada año.

Si por la naturaleza de la inversión, esta contempla un período improductivo, el monto de la prima durante dicho período será del cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor de la inversión que se realice en cada año.”

Desde luego, estos contratos tienen limitaciones:

“Artículo 11, L. 963/05. Limitaciones a los contratos de estabilidad. Los contratos de estabilidad deben estar en armonía con los derechos, garantías y deberes consagrados en la Constitución Política y respetar los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano.

No se podrá conceder la estabilidad prevista en la presente ley sobre normas relativas a: el régimen de seguridad social; la obligación de declarar y pagar los tributos o inversiones forzosas que el Gobierno Nacional decrete bajo estados de excepción; los impuestos indirectos; la regulación prudencial del sector financiero y el régimen tarifario de los servicios públicos.

La estabilidad tampoco podrá recaer sobre las normas declaradas inconstitucionales o ilegales por los tribunales judiciales colombianos durante el término de duración de los contratos de estabilidad jurídica.”

Para ver la lista de contratos firmados ver “Contratos de Estabilidad Jurídica-Firmados” en el site del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde se observa -al momento de escribir esta nota- como contrato más reciente el Contrato de Estabilidad Jurídica EJ-8 de 2010 suscrito entre la Nación – Ministerio de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones y Comunicación Celular S.A. COMCEL S.A..

Para una sinopsis de los aspectos importantes de la ley, ver “ABC DE LEY DE ESTABILIDAD JURÍDICA” en el site de la Presidencia de la República de Colombia.

La figura de contratos de estabilidad no es nueva. Ya existían contratos de estabilidad tributaria, figura que fue derogada por el artículo 134 de la Ley 633 de 2000 (reforma tributaria de ese año). Sobre este tipo de contratos se discutió en algún momento frente al Consejo de Estado si podían ser afectados por normas de conmoción interior (ver sentencia en Radicación número: 11001-03-27-000-2003-0038-01(13862) de 2004).