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Una de los requisitos del derecho de petición es que pueda ser respondido

Sin duda la Constitución Política de Colombia garantiza el derecho del ciudadano a dirigir peticiones respetuosas a las autoridades (art. 23 C.P.), sin embargo, eso no puede entenderse en el sentido de que se pueda preguntar lo que no puede ser respondido por la complejidad del asunto, o que pueda esperarse respuesta de fondo cuando la misma es imposible de producir. Como se ha sostenido desde hace años en la jurisprudencia constitucional, "…para la jurisprudencia y la doctrina constitucional no existen derechos absolutos…" (Sentencia C-355/94, Corte Const.); el derecho de petición, en efecto, no es un derecho absoluto.

Los requisitos del derecho de petición se encuentran en el art. 5 del Código Contencioso Administrativo:

"ARTÍCULO 5, C.C.A.. Toda persona podrá hacer peticiones respetuosas a las autoridades, verbalmente o por escrito, a través de cualquier medio.

Las escritas deberán contener, por lo menos:

1. La designación de la autoridad a la que se dirigen.

2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o apoderado, si es el caso, con indicación del documento de identidad y de la dirección.

3. El objeto de la petición.

4. Las razones en que se apoya.

5. La relación de documentos que se acompañan.

6. La firma del peticionario, cuando fuere el caso.

Si quien presenta una petición verbal afirma no saber o no poder escribir y pide constancia de haberla presentado, el funcionario la expedirá en forma sucinta.

Las autoridades podrán exigir, en forma general, que ciertas peticiones se presenten por escrito. Para algunos de estos casos podrán elaborar formularios para que los diligencien los interesados, en todo lo que les sea aplicable, y añadan las informaciones o aclaraciones pertinentes.

A la petición escrita se podrá acompañar una copia que, autenticada por el funcionario respectivo, con anotación de la fecha de su presentación y del número y clase de los documentos anexos, tendrá el mismo valor legal del original y se devolverá al interesado. Esta autenticación no causará derecho alguno a cargo del peticionario."

¿Pero qué pasa si la Administración, dado el propósito, contenido o alcance de la petición, no puede responder? Sencillo, no se responde de fondo porque es imposible, y con ello no viola el derecho de petición del interesado, aunque la regla general en materia de derechos de petición es que deben ser respondidos de fondo:

"La Constitución Política establece en el artículo 23: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”. De tal suerte, el derecho fundamental de petición consiste no sólo en la facultad de la persona de formular una petición respetuosa ante las autoridades, sino también en el derecho a recibir de ellas una respuesta rápida y de fondo. Por consiguiente, “[l]a respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.”" (Sentencia T-400/08, Corte Const.)

(Un comentario aparte pero relacionado con el tema: Puede desde luego ocurrir que la respuesta se da, pero el que no puede cumplir es el interesado, lo cual hace inútil el derecho de petición en cuanto no satisface la necesidad perseguida, como ocurre en el Auto 009/10, Corte Const.)

Un caso en el cual la Administración no podía responder de fondo un derecho de petición, está contenido en la Sentencia T-1075/03 de la Corte Constitucional:

"La administración, se ve eximida de la carga de dar una respuesta de fondo si la impredictibilidad del sentido correcto de la respuesta hace altamente complejo dar contestación precisa de dicha petición. Por ejemplo en el caso de las consultas sobre la futura política legislativa del Gobierno, o la ulterior política de Gobierno en términos generales. Esto se debe determinar en cada caso por parte del funcionario y estará sujeto al control del juez de tutela, o el juez de lo contencioso administrativo, el cual podrá evaluar si, en efecto, la naturaleza de tal consulta hacía muy compleja una respuesta de fondo. La Sala de revisión denegará la tutela al derecho de petición toda vez que (i) si bien ejerció legítimamente su derecho fundamental, (ii) la naturaleza de lo consultado hace que la no respuesta de fondo del Ministro a varias de sus consultas se encuentre legitimada y no constituya violación de los derechos fundamentales del accionante." (Sentencia T-1075/03, Corte Const.)

Esa sentencia tiene que ver con un derecho de petición presentado el 17 de enero de 2003 al entonces Ministro del Interior y de Justicia, con el fin de absolver diversas consultas algunas de las cuales, en parecer del accionante, no fueron respondidas. Algunas de las preguntas eran de tipo hipotético, y en ellas no quiso adentrarse la autoridad destinataria del derecho de petición, a más que señaló que varias de las preguntas tenían móviles políticos. Por último, debe mencionarse que la acción de tutela se ejerció luego de varias comunicaciones insistiendo en respuestas de fondo.

El problema jurídico fue planteado así por la Corte Constitucional:

"En la presente ocasión, corresponde a la Sala determinar:

a) Si existe algún límite al contenido del derecho de petición o a las materias consultadas en ejercicio de éste diferente a los documentos de reserva; y

b) Si debido a la naturaleza de algunas peticiones, por la imposibilidad de una respuesta cierta y precisa, es viable contestar indicando que no se absolverán de fondo." (Sentencia T-1075/03, Corte Const.)

Luego de un análisis sobre el derecho de petición y su alcance, recordó la Corte Constitucional la diferencia entre derecho de petición en la modalidad de consulta y la solicitud de información.

"En virtud del principio hermenéutico del efecto útil se debe entender que este derecho a formular consultas implica algo diferente a la solicitud de información – aunque en la resolución de la consulta ésta puede ser suministrada- y a la expedición de copias – aunque también la absolución de ésta pueda comprender el suministro de copias de algunos documentos -. Se diferencia también de la petición en interés particular para el reconocimiento de un derecho en virtud de que mientras éste tiene una respuesta que sí vincula a la administración por constituir un acto administrativo, la consulta, como la norma lo dispone, no tiene carácter vinculante.

Establecida esta diferencia se puede afirmar que en ejercicio del derecho de consulta se puede solicitar a la administración que exprese su opinión, desde el punto de vista jurídico, sobre determinado asunto de su competencia, recalcando siempre que estos conceptos no son vinculantes, puesto que no se configuran como actos administrativos." (Sentencia T-1075/03, Corte Const.)

Llega a la siguiente conclusión:

"No existe límite temático al derecho de consulta aparte del constituido por la competencia del funcionario preguntado y el carácter reservado del tema sobre el cual se desea conocer el concepto." (citado de la misma sentencia)

Pero agrega:

"Existe la obligación de dar respuesta cierta y precisa en todo caso. Naturalmente, hay ocasiones en que el alcance de la respuesta depende de la capacidad de la administración en las circunstancias del caso. Esto en virtud de que la pluralidad de factores que pueden influir en una consulta elevada a la administración, en determinadas ocasiones, hace complejo dar una respuesta cierta precisa y definitiva. Sin embargo, vale la pena dejar en claro que la administración no se exime de dar una respuesta en la cual señale que la naturaleza del tema consultado conlleva ciertas dificultades con repercusiones a la hora de dar contestación.

Por último, es necesario indicar que este derecho de consulta se ve comprendido por los parámetros del artículo 23 constitucional. En esta medida, se podrán elevar consultas en interés particular o general." (Sentencia T-1075/03, Corte Const.)

Recordó la Corte Constitucional el caso en que se pidió una información que había desaparecido de la entidad.

"Se puede presentar una petición en la cual la administración no esté en capacidad de responder, por ejemplo, cuando se solicita información acerca de un documento que ha desaparecido. En la sentencia T-412/98, Magistrado Ponente Hernando Herrera Vergara, se estudió un caso en el cual el accionante solicitaba la protección de su derecho de petición, puesto que la entidad accionada no le había suministrado el certificado de tiempo de trabajo después de pasado un lapso considerable. Por su parte, la entidad demandada señalaba que lo solicitado por el accionante era altamente complejo de satisfacer, toda vez que se había dado un extravío de los archivos donde se encontraría tal información." (Sentencia T-1075/03, Corte Const.)

En esa sentencia de 1998, como dato de interés, señaló la Corte Constitucional la inutilidad del desistimiento de acción de tutela cuando ella se encuentra en revisión ante la Corte Constitucional. En la misma se declaró que el derecho de petición no puede obligar a lo imposible:

"Sinembargo, ha de recordarse que la Corte también ha precisado que, ni el derecho de petición, ni la acción de tutela, tienen la virtualidad de obligar a las autoridades a lo imposible, como así lo indicó en la Sentencia T-464 de 1.996." (citado de la sentencia Sentencia T-412/98, Corte Const.)

En esa sentencia de 1996 en efecto se advierte:

"Una cosa es que resulte violado el derecho de petición cuando no se resuelve material y oportunamente acerca de la solicitud presentada y otra muy distinta que, ya respondido lo que la autoridad tiene a su alcance como respuesta, el peticionario aspire a que se le conceda forzosamente y de manera inmediata algo que resulte actualmente imposible. En este caso, el expediente se extravió y se adelantan las actividades necesarias para su reconstrucción, razón suficiente para que no se le hayan podido expedir las copias que solicita. El derecho de petición no ha sido vulnerado y, por tanto, no cabe la protección judicial, pues la acción de tutela no es procedente para alcanzar efectos fácticos que están fuera del alcance de la autoridad contra la cual se intenta." (citado de la sentencia Sentencia T-464 de 1.996, Corte Const)

Volviendo a la Sentencia T-1075/03, Corte Const., la misma trata igualmente de la relación entre derecho de petición y democracia participativa, para lo cual la Corte Constitucional menciona las sentencias T-377/00 y T-596/02

"Como se mencionó en la reiterada sentencia T-377/00, arriba citada, una de las funciones del derecho de petición es facilitar el ejercicio de la participación en la toma de las decisiones que afectan a los ciudadanos; es decir, en el desarrollo de su derecho – deber democrático de participación. " (Sentencia T-1075/03, Corte Const.)

Sobre los límites del derecho de petición, advirtió la sentencia:

"La norma constitucional que consagra el derecho de petición no establece límite temático a su ejercicio; tampoco lo hace ninguna norma de carácter legal. En esta medida, cualquiera puede ser el asunto tratado dentro del derecho de petición. Esto no es óbice para que en caso de que el funcionario que conozca de la solicitud no sea competente para responderla, la envíe a aquél que dentro de sus funciones deba asumir esta labor. Así lo ha señalado la Corte en su jurisprudencia." (citado de la misma sentencia)

Igualmente, señaló que el derecho de petición es autónomo y no requiere el ejercicio de otros mecanismos.

"Ni la Constitución ni la ley establecen como requisito para ejercer el derecho de petición tendiente a la consecución de información que éste sea el único mecanismo idóneo para conseguirla. Tampoco se deben agotar otros medios para obtener lo pedido para poder hacer uso del derecho de petición. Esto implica afirmar que el derecho de petición no tiene carácter subsidiario. Por tanto, es el titular del derecho quien decide ejercer este derecho para obtener la información o el reconocimiento del derecho buscados. " (Sentencia T-1075/03, Corte Const.)

Entonces ocurre una afirmación sobre algo importantísimo. Es frecuente que las entidades públicas, cuando tramitan proyectos de ley, remitan al debate en el Congreso de la República la solución de inquietudes planteadas por los ciudadanos. Pues bien, esta solución no es de recibo en nuestro ordenamiento constitucional.

"No es correcto el concepto jurídico indicado por los Consejos de la Judicatura, Seccional y Superior, según el cual al existir escenarios públicos de discusión para la materia no era procedente el derecho de petición, toda vez que este derecho no es de naturaleza subsidiaria y, por tanto, no se requiere agotar otros medios para ejercerlo." (Sentencia T-1075/03, Corte Const.)

Luego de todas esas reflexiones, llega a lo siguiente la Corte Constitucional frente al caso específico:

"(ii) No se vulneró el derecho de petición, porque en dos de las contestaciones generales del accionado -las cuales pretendían dar respuesta al cúmulo de peticiones presentadas- se señaló que, dentro de la medida de sus posibilidades y su competencia, había respondido en el mayor número de peticiones.

Así, en respuesta del 13 de febrero de 2003, el Ministro dijo: “después de examinar con todo cuidado mis respuesta iniciales, he llegado a la conclusión de que ellas contienen lo que era de mi competencia decirle.”. Posteriormente, en escrito del 25 de marzo de 2003 señaló el Ministro que había contestado puntualmente todos sus derechos de petición, o de acuerdo a su leal saber y entender; lo que equivale a afirmar que dentro del límite de sus posibilidades como funcionario de la administración había dado toda la respuesta posible y que no le era viable profundizar más en la contestación o dar una respuesta que el accionante considerara suficiente.

Como se estudió en la parte considerativas, hay ciertas consultas frente a las cuales la administración puede dar tal contestación, debido a la complejidad en la concreción de una respuesta.

Analizando la naturaleza de las peticiones no respondidas, según lo indicado en la demanda, la Sala encuentra que el actuar del Ministro fue válido y no vulnera el derecho de petición del doctor Castro, puesto que las respuestas a las consultas que en concepto del peticionario no fueron contestadas de fondo eran de carácter imprevisible o aleatorio lo que implicaba un alto grado de dificultad en la concreción de una respuesta. Las siguientes son las preguntas que en consideración de la Sala entran en esta categoría.

a. Cuáles serían las sanciones que propondría el Gobierno para el consumo de sustancias alucinógenas. Esta petición correspondía al resultado de un proceso deliberativo y fluctuante que se debería dar dentro del Gobierno. Por tanto, no existía el deber de tener definida una posición y comunicarla en la contestación.

b. Se preguntó de qué manera se haría el escrutinio de la pregunta 17 referente a la prolongación de periodos de alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. Para el momento en que solicitud fue elevada no existía reglamentación. El Ministerio no podía aventurarse en una respuesta que iba a ser objeto de un proceso de reglamentación posterior.

c. El peticionario preguntó cómo se manejarían las vacancias, en particular las generadas por motivos de maternidad, renuncia voluntaria de la mitad o más de miembros de una corporación pública, a renuncias forzadas de las personas por enfermedad o presión de grupos ilegales, casos de suspensión en el ejercicio de las funciones por orden de autoridad judicial o disciplinaria, y situaciones de secuestro. Esta consulta era de compleja resolución, puesto que en caso de que se hubiera contestado, el Ministro se estaría anticipando a lo que en ejercicio de las facultades legislativas estableciera el Congreso. En este caso, no era exigible mandar la consulta al Congreso porque frente a una norma que eventualmente existiría, esta Corporación tampoco tenía competencia para pronunciarse.

d. Se elevó una consulta referente a la aplicación del sistema de la cifra repartidora cuando fuera una sola la lista que obtuviera el 50% del cuociente electoral. Este asunto podría haber sido de conocimiento de la organización electoral si tal hipótesis se hubiera presentado. En caso dado, el Ministro debería haber enviado la solicitud a tal entidad. Como la situación jurídica no se había presentado, no había nacido el deber de remitirlo a la autoridad competente. Por tanto, con el hecho de haber contestado, dentro de la respuesta genérica que no era competente, se satisfizo el derecho de petición.

e. Si se consideraba que aquellas personas que promovieran la abstención violaban un deber ciudadano, por qué no se les había señalado una sanción en la ley que convocaba a referendo. El accionado no podía dar otra respuesta puesto que los motivos no fueron expresados por Gobierno y Congreso al tratarse de un asunto que no fue parte del debate de aprobación de la ley.

f. El accionante preguntó cuál era el monto que el Gobierno iba a destinar para financiar a aquellas personas que apoyaran la votación del referendo y qué normas respaldaban tal decisión. Esta respuesta también estaba sujeta a la posición definitiva que tomara el Gobierno a una eventual financiación por tanto era altamente complejo exigir respuesta cierta. Al no conocerse, para el momento de la petición, si el Gobierno iba a apoyar a los que promovieran la votación, tampoco se podía exigir la determinación de un monto exacto.

Esto, como se señaló en la parte considerativa, eximía al Ministro accionado de dar una respuesta más comprensiva, habida cuenta de las circunstancias en que formuló las preguntas, pero no de informar acerca del límite fáctico de respuesta al accionado, como en efecto lo hizo dentro de las dos respuestas generales que cobijaban aquellas no respondidas." (Sentencia T-1075/03, Corte Const.)

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