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Un vistazo al Nuevo Código Contencioso Administrativo

Se ha publicado la Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" (Diario Oficial 47.956 de 18/01/2011, página 1), que reemplaza al Decreto 01 de 1984 y sus modificaciones.

Conforme su propio articulado, entrará a regir "… regir el dos (2) de julio del año 2012" (inc. 1, art. 308), pero no afectará ni las actuaciones ni los procedimientos en curso.

"Artículo 308, L. 1437. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior."

No debe olvidarse que es un código, por tanto, las normas que expresamente no aparecen en su texto dejan de tener vigencia, bajo reglas de hermenéutica que todo operador jurídico debería conocer (para una introducción al tema, ver mi nota "La derogación consecuencia de la expedición de Códigos y regímenes integrales").

Muchas cosas del nuevo código resultan familiares a quienes ya hemos trabajado en el terreno de lo contencioso administrativo, y se observa un intento de reorganizar los temas.

El nuevo código contiene dos partes solamente: la primera sobre procedimiento administrativo, y la segunda sobre la organización de la jurisdicción contencioso administrativa, presente a partir del artículo 103.

Las formas de iniciar la actuación administrativa no varían. Este Código incluye un apartado de deberes y derechos de las personas, obligando a las autoridades a plazos mínimos de atención al público. El medio para peticiones y quejas se extiende a todos los medios disponibles (fax, correo electrónico, etc.). Llama la atención reglas como aquella, necesarísima, que prohibe que el público sea atendido por personal no capacitado (num. 7, art. 9) y el deber de las autoridades de decidir conforme el precedente judicial aplicable (que puede ser invocado mediante el procedimiento especial del art. 102) y, además, de decidir de forma uniforme., quedando un aparte para el trámite de impedimentos y recusaciones funcionales, lo mismo que de los conflictos de interés. De esto último queda un caso que vale la pena mencionar, el concepto previo:

"Artículo 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación. Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por:

(…)

11. Haber dado el servidor consejo o concepto por fuera de la actuación administrativa sobre las cuestiones materia de la misma, o haber intervenido en esta como apoderado, Agente del Ministerio Público, perito o testigo. Sin embargo, no tendrán el carácter de concepto las referencias o explicaciones que el servidor público haga sobre el contenido de una decisión tomada por la administración.

(…)"

Parece que la opinión académica, es decir, en ejercicio docente, queda cobijada por esta hipótesis.

El título II de esta parte primera se ocupa del derecho de petición, incluyendo el que se ejerce frente a entidades privadas, siempre que esté relacionado con el ejercicio de derechos fundamentales, y sujeto a reglas como las del derecho de petición frente a entidades públicas (art. 32) y se crea también el derecho de petición de usuarios (art. 33). Esta figura no es creación legal, ya venía reconociéndose en la jurisprudencia constitucional (por ejemplo Sentencia T-707/08, Corte Const.).

En el Título III de la parte primera se presenta el procedimiento administrativo, remitiendo al procedimiento común, aunque restringe el inicio de actuaciones administrativas de oficio a que lo sea por escrito. Otra vez se repiten reglas ya presentes en el actual CCA, pero se agregan importantes aclaraciones como el conflicto de competencia administrativo o la obligación de consultas previas en ciertos casos, o el procedimiento administrativo sancionatorio. Así, resulta particularmente importante la figura de la sanción por no suministro de información (art. 51). En este título se dedica un capítulo completo al uso de medios electrónicos; aunque estos temas ya estaban tratados en la Ley 527 de 1999, nunca fue correctamente comprendido ni aún por los jueces. Crea la ley la figura de la "sede electrónica".

"Artículo 60. Sede electrónica. Toda autoridad deberá tener al menos una dirección electrónica.

La autoridad respectiva garantizará condiciones de calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad de la información de acuerdo con los estándares que defina el Gobierno Nacional.

Podrá establecerse una sede electrónica común o compartida por varias autoridades, siempre y cuando se identifique claramente quién es el responsable de garantizar las condiciones de calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. Así mismo, cada autoridad usuaria de la sede compartida será responsable de la integridad, autenticidad y actualización de la información y de los servicios ofrecidos por este medio."

Más adelante en este título, se introduce un capítulo sobre notificaciones y otro sobre recursos, ampliando el plazo a 10 días para la presentación de recursos.

Las reglas sobre silencio administrativo se conservan básicamente, lo mismo que las reglas sobre conclusión del procedimiento administrativo.

En lo que tiene que ver con revocatoria directa, se agregan algunas consideraciones para revocación de actos particulares y concretos.

En lo que tiene que ver con cobro coactivo, se crea un procedimiento más claro para su desarrollo.

Finalmente, aparece en esta parte primera la figura de la "Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades" (art. 102), por la cual un intereado puede pedir la aplicación de un precedente jurisprudencial a su caso particular.

La segunda parte del Código Contencioso Administrativo se ocupa de la organización de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, aclarando los temas de competencia, por ejemplo excluyendo el conocimiento de los debates de origen laboral "entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales" (num- 4, art. 105). Se definen las competencias de los diferentes jueces corporativos e individuales, junto con reglas de quorum y, en fin, las reglas usuales cuando se define la operación de una jurisdicción.

Aprovecha el Código y regula las acciones de grupo y de cumplimiento, y declara expresamente el "Control por vía de excepción" (art. 148), es decir, la posibilidad de inaplicar un acto administrativo ilegales o inconstitucionales, pero solamente con efectos inter partes.

A partir del Título V, y luego de tratar temas como la fijación de competencias por los diversos factores, se ocupa el nuevo CCA sobre el proceso contencioso administrativo, introduciendo aspectos nuevos como el trámite en audiencias (como la audiencia inicial del art. 180, etc.). En cada etapa del proceso hay un momento de saneamiento de nulidades, que luego no podrán ser alegadas por las partes.

Tal como se dijo antes, se trata de un esquema basado en el esquema anterior (no podía ser de otra manera, ya que los procedimientos siguen esquemas básicos de pruebas, incidentes, etc.), pero es interesante resaltar la posibilidad expresa del aporte de dictámentes por las propias partes (art. 219).

Entre los recursos se introduce el "Recurso Extraordinario de Unificación de Jurisprudencia " a partir del art. 256.

"Artículo 256. Fines. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia tiene como fin asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida y, cuando fuere del caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos procesales."

Lo mismo que se introdujo la figura de la extensión de jurisprudencia frente a la Administración del art. 102, se fija el procedimiento para hacerla efectiva (art. 269 y siguientes).

Lo mismo que con el anterior CCA, queda un apartado especial para las acciones electorales.

En el Título XI, se introduce un plan de descongestión, con el ambicioso fin de

"…llevar hasta su terminación todos los procesos judiciales promovidos antes de la entrada en vigencia de la presente ley y que se encuentren acumulados en los juzgados y tribunales administrativos y en el Consejo de Estado" (parte final del inc. 1, art. 304)

La remisión al Código Procedimiento Civil se repite, e igualmente bajo la previsión de la compatibilidad de las normas.

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