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Las personas suelen perder sus cédulas con alguna frecuencia. El problema es que esas cédulas pueden utilizarse al cometer delitos, y el peor escenario es que los investigadores no verifiquen la identidad del portador de ese documento de identificación, y terminen condenando al titular de la cédula pero no al delincuente. Hace poco, la Corte Constitucional resolvió un caso de esas características.

Se trata de la Sentencia T-014/11 de la Corte Constitucional. En ella, se debatió el caso de un ciudadano que perdió su cédula. Años después, un delincuente fue capturado por un delito de hurto, y la presentó como propia, y por desgracia en el proceso nadie se tomo el trabajo de verificar la verdadera identidad del delincuente. Para empeorar las cosas, la Registraduría Nacional del Estado Civil nunca remitió la tarjeta alfabética para cotejo dactiloscópico de las huellas.

En el trámite de instancia, aunque se reconoce la suplantación, se alegó la improcedencia de la acción de tutela.

“Dentro del proceso, la Sala Penal del Tribunal de Medellín estableció que en principio la jurisprudencia había sido clara en señalar que la acción de tutela resulta improcedente en los casos que exista otro mecanismo de defensa judicial. No obstante lo anterior, mencionó la existencia de pronunciamientos constitucionales en los cuales se reconocía la procedencia de la acción de tutela cuando se contara con elementos suficientes para advertir que se estaba frente a un caso de suplantación y frente a un perjuicio irremediable.

Continuó advirtiendo la Sala que en virtud de los elementos aportados por el accionante y aquellos incluidos dentro del proceso penal, todo parecía indicar que sí se presentaba un caso de suplantación de identidad. A su vez, sostuvo que dentro del proceso también se encontró probado el perjuicio irremediable causado al accionante, en tanto que le fue vedada la oportunidad de ejercer su derecho político al voto en las elecciones del 14 de marzo, y fue truncada su oportunidad de conseguir empleo en virtud de su condición de sindicado. No obstante lo anterior, advirtió que la acción de tutela no era el mecanismo idóneo para resolver dicha controversia, ya que el accionante aún contaba con el recurso de revisión. Por esta razón, la Sala únicamente concedió la protección transitoria a los derechos del accionante, según ya se mencionó. “ (citado de la sentencia)

Al momento de abordar la revisión de la acción de tutela, la Corte Constitucional revisa la jurisprudencia sobre procedencia de la misma frente a providencias judiciales, reconociendo tal posibilidad aunque en forma excepcional. Luego se ocupa de la vía de hecho por defecto fáctico, es decir, por falta de elementos probatorios.

“11. Dicho defecto fáctico en el ejercicio de la autoridad judicial, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, puede presentarse en una dimensión negativa y en una dimensión positiva. Se entiende que se configura la dimensión negativa del defecto fáctico cuando la autoridad judicial no practica o valora una prueba, o la valoración de la misma se hace de forma arbitraria, irracional y caprichosa, lo que en últimas implica una imposibilidad para comprobar los hechos. Por otra parte, la dimensión positiva, se configura cuando la valoración o apreciación de una prueba por parte del juez conlleva a una conclusión, pero el acervo probatorio no debía ser admitido o valorado, como en el caso de las pruebas indebidamente recaudadas” (citado de la sentencia)

A continuación trata el tema de la acción de tutela en los casos de suplantación en procesos penales, lo que demuestra que no se trata de un evento aislado. Lo primero que trae a cuento es una tesis de la Corte Suprema de Justicia que sostiene que para ello existen mecanismos ordinarios.

“En materia de protección de derechos fundamentales relacionados con situaciones de suplantación de personas o de homónimos esta Corporación ha sostenido que existen otros mecanismos de defensa judicial diferentes a la acción de tutela, como son en su orden: la petición directa al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad competente y la acción de revisión.” (texto de sentencia de la Corte Suprema, citado en la sentencia en comento)

Esa tesis se anuncia como adoptada por la Corte Constitucional, si bien igualmente se indica que en sentencia T-1218 de 2008, se decidió que ese no era el caso, cuando la suplantación era evidente y no requería mayor análisis, por tanto, en tales eventos la tutela sí era procedente.

Cuando la Corte Constitucional arriba al análisis del caso concreto, señala que la última es la situación  que se presenta, de modo que la tutela es procedente.

Una vez claro que el accionante fue víctima de una suplantación, se entra a analizar el segundo requisito para que la acción de tutela pierda su carácter de subsidiariedad. Teniendo en cuenta que el accionante reside en la ciudad de Bogotá y, que la sentencia fue proferida en la ciudad de Medellín, requerir que el accionante interponga la acción de revisión implica una carga desproporcionada para él, pues esto implicaría un desplazamiento de una ciudad a otra para rectificar el error en el que incurrió el Estado. Por tanto, se entiende que dicha situación refuerza la necesidad de que la acción de tutela sea entendida como una acción principal y no accesoria para proteger sus derechos fundamentales.

15.3. Inmediatez: En el caso bajo estudio, se entiende que el accionante cumplió con el requisito de inmediatez. Si bien la sentencia condenatoria fue expedida el 6 de agosto de 2009, el accionante no tuvo conocimiento de ésta sino hasta el 14 de marzo de 2010, fecha en la cual el accionante pretendió ejercer su derecho al voto en las elecciones parlamentarias, cuando se le informó que estaba inhabilitado para ejercer sus derechos y funciones públicas. Así, se entiende que el 14 de marzo de 2010 es la fecha en la cual el accionante tuvo conocimiento de la vulneración de sus derechos y, por lo tanto la tutela bajo estudio que interpuso el 27 de mayo de 2010 cumple con el requisito de inmediatez.

15.4. Las irregularidades tienen un efecto decisivo en la sentencia: El peticionario alega presuntas irregularidades dentro del proceso, las cuales tienen un efecto decisivo en la sentencia y afectan los derechos fundamentales antes citados del accionante. Las irregularidades alegadas del acervo probatorio implican, como se vio, que de haberse hecho un estudio minucioso del mismo, el accionante no habría sido condenado como culpable dentro del proceso, ya que fue víctima de una suplantación. Adicionalmente, es menester reiterar que éste tampoco tuvo la oportunidad para alegar dentro del proceso que existía un error en la identificación, ya que nunca fue informado del mismo.” (citado de la sentencia)

Remata con lo siguiente:

“El Juez Penal ha debido evidenciar que dentro del proceso de investigación efectuado por la Fiscalía, la Registraduría Nacional del Estado Civil no envió, luego de ser requerida en dos oportunidades, la tarjeta decadactilar del ciudadano ERICSSON ERNESTO BOHÓRQUEZ ROJAS. Sin ésta, es claro que no fue posible realizar el cotejo de la tarjeta decadactilar del accionante con la tarjeta decadactilar tomada del individuo que fue capturado en flagrancia. La práctica del cotejo resultaba fundamental y, de haberse realizado, se hubiese revelado la suplantación de identidad. Por tanto, el Juez omitió decretar una prueba que era vital dentro del proceso, ya que sin ésta, no era posible establecer certeramente que el individuo que fue capturado era la persona que alegaba ser, por lo que no se efectuó la plena identificación de la persona vinculada al proceso. Por lo tanto, se constata la existencia un error manifiesto, evidente y claro en el acervo probatorio que tuvo incidencia en la decisión judicial adoptada. “ (citado de la sentencia)

La Corte Constitucional trae a cuento la Sentencia T-949/03 y la Sentencia T-1216/08. En ellas se concluyó que

“..en aquellos casos en los que una persona que ha sido víctima de suplantación y que a causa de ello fue condenada penalmente por la comisión de un delito, existe una clara vulneración de los derechos al buen nombre y a la honra de la persona que fue condenada” (citado de la sentencia)

En materia de habeas data, se reconoce la violación de este derecho, comoquiera que erróneamente se ha asociado el nombre del tutelante con un delito que no cometió. Se ordena por tanto dejar constancia en los procesos de la ausencia de relación del tutelante, con el delito, y al DAS vigilar la protección de datos.