Los tratados de constitución de organismos internacionales suelen incluir el principio de inmunidad de jurisdicción, es decir, de sustracción a las jurisdicciones nacionales. En reciente sentencia, la Corte Constitucional se ocupó de los alcances de dicho principio en Colombia.

Se trata de la Sentencia T-667 de 2011. En ella, la Corte Constitucional se ocupó de un derecho de petición de la hija de un conductor de un organismo internacional. Ante la muerte del funcionario, y para fines de derechos derivados de la calidad de descendiente, se pidieron diversos documentos como el contrato de trabajo, sin que la petición fuera respondida por el organismo. Ante el hecho de una acción de tutela, el organismo, perteneciente al sistema de Naciones Unidas, invocó la “Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas” de que trata la Ley 62 de 1973. Se lee en dicha convención:

“SECCION 2, ART. II. Las Naciones Unidas, así corno sus bienes y haberes en cualquier parte y en poder de cualquier persona, gozarán de inmunidad contra todo procedimiento judicial, a excepción de los casos en que renuncie expresamente a esa inmunidad. Se entiende, sin embargo, que esa renuncia no se aplicará a ninguna medida judicial ejecutoria.”

Interpuesta la acción de tutela, el organismo contestó solamente que

“toda solicitud de esta naturaleza debe ser dirigida al Representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades.” (citado de la sentencia)

En primera instancia, la acción de tutela fue denegada, aunque se invitó a la interesada a presentar su petición por conducto de la Cancillería Colombiana.

En la revisión de la sentencia por parte de la Corte Constitucional, esta se ocupó primero del derecho de petición en general, y luego pasa a estudiar el principio de inmunidad de jurisdicción.

“5.1.2 En este sentido, la Corte ha sostenido que el principio de inmunidad de jurisdicción debe ser entendido en concordancia con tres elementos: (i) el artículo 9 de la Constitución Política según el cual, las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en el reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por Colombia; (ii) la soberanía, independencia e igualdad de los Estados; y (iii) en el caso de los organismos y agencias internacionales, la necesidad de que los mismos gocen de independencia para el cumplimiento de su mandato. Así, en criterio de la jurisprudencia, los privilegios e inmunidades de los Estados y las agencias internacionales huéspedes en Colombia, “queda[n] supeditad[os] a que, efectivamente, propendan por la defensa de la independencia, igualdad y soberanía del organismo de derecho internacional de que se trate.” (citado de la sentencia)

Así, ese principio se entiende como garantía de la operación de los organismos en cuestión, pero no en detrimento de los derechos de los habitantes del territorio colombiano.

Pasa luego la Corte Constitucional a examinar dicho principio frente a diversos campos del derecho. En materia laboral, por ejemplo, menciona la sentencia T-932 de 2010. En esta sentencia se lee:

“En la actualidad es claro que cuando un Estado extranjero celebra un contrato laboral con un nacional o residente permanente del territorio nacional (acto jure gestionis), debe someterse irrestrictamente a las normas laborales internas ante el decaimiento de la tesis de la inmunidad absoluta de jurisdicción de los Estados en materia laboral y el advenimiento creciente de la inmunidad restringida en ese campo como práctica internacional. Quiero ello decir que, un Estado acreditante no puede alegar inmunidad por reclamos derivados del contrato de trabajo o de la ejecución de relaciones laborales. “ (citado de la Sentencia T-932/10)

En esa sentencia T-932 de 2010 se ordenó a la embajada de Venezuela, cancelar temporalmente una suma por pensión en tanto se resolvía un debate judicial.

En lo civil y lo administrativo, la Corte Constitucional recuerda la sentencia C-315 de 2004, relacionada con “La Convención sobre las Misiones Especiales” de las Naciones Unidas y su ley aprobatoria (hay un error en la mención de la sentencia, pues indica que la sentencia es la C-314, lo que es un error). Se dice en esa sentencia, entre otras cosas:

20- Finalmente, la presente convención establece límites a algunas de las prerrogativas, precisamente para evitar que éstas sean desproporcionadas y puedan afectar indebidamente los derechos de los habitantes del Estado receptor. En particular, en relación con la inmunidad de jurisdicción de los representantes del Estado y los miembros del personal diplomático en la misión especial, que podría eventualmente afectar el derecho de acceso a la justicia, el artículo 31, párrafo 2 de la Convención enumera importantes casos en los que dicha inmunidad no podrá ser alegada en asuntos civiles o administrativos. Así, dicha inmunidad no procede para (i) una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados en el territorio del Estado receptor, a menos que la persona de que se trate los posea por cuenta del Estado que envía para los fines de la misión; (ii) una acción sucesoria en la que la persona de que se trate figure, a título privado y no en nombre del Estado que envía, como ejecutor testamentario, administrador, heredero o legatario; (iii) una acción referente a cualquier actividad profesional o comercial ejercida por la persona de que se trate en el Estado receptor, fuera de sus funciones oficiales; y (iv) una acción por daños resultante de un accidente ocasionado por un vehículo utilizado fuera de las funciones oficiales de la persona de que se trate.

21- Por todo lo anterior, la Corte concluye que las inmunidades e inviolabilidades previstas por el tratado bajo revisión armonizan con la Carta. Con todo, podría argumentarse que la inmunidad de jurisdicción podría afectar gravemente en determinados casos el derecho de acceso a la justicia, pues impediría a los nacionales demandar a los miembros de las misiones diplomáticas que les hubieren podido ocasionar un daño. Sin embargo, la Corte considera que ese reparo no se encuentra justificado, no sólo porque esa inmunidad es un elemento esencial del derecho diplomático sino además por cuanto, en esos eventos, la persona puede obtener una reparación del Estado colombiano, ya que habría sido víctima de un daño antijurídico (CP art. 90). Así lo ha entendido el Consejo de Estado, con criterios que esta Corte comparte plenamente. En efecto, en sentencia del 25 de agosto de 1998 de la Sección Tercera, MP Jesús María Carrillo Ballesteros, Radicación número IJ-001, estudió la demanda de la señora Vitelvina Rojas Robles contra el Estado colombiano. Esa persona, debido a la inmunidad diplomática, no pudo demandar a la embajada de Estados Unidos por la muerte de su esposo y padre, quienes habían sido arrollados por un vehículo de esa embajada. El Consejo de Estado concedió la indemnización”  (citado de la sentencia C-315 de 2004)

En la misma sentencia C-315 de 2004, si bien se reconoce la exequibilidad de las exenciones tributarias, se advirtió:

“La Corte encuentra que esa armonización es posible, si se entiende que la concesión de esas exenciones a los tributos territoriales por medio de un tratado es posible, pero la Nación debe compensar a las entidades territoriales las pérdidas de sus ingresos que puedan derivar de dichas exenciones. En efecto, de esa manera se aseguran los ingresos de las entidades territoriales sin afectar indebidamente la promoción de las relaciones internacionales, con lo cual se logra una armonización de los artículos 226 y 294 de la Constitución.“ (citado de la sentencia C-315 de 2004)

En cuanto a la jurisdicción penal, en la Sentencia T-667 de 2011 que venimos comentando, se recuerda otra vez lo previsto en la misma convención objeto de la revisión en la sentencia C-315 de 2004:

“La citada Convención sobre las Misiones Especiales de las Naciones Unidas, incorporada al ordenamiento jurídico interno por la Ley 824 de 2003, también señala en su artículo 31 que los representantes de un Estado y los miembros del personal diplomático gozan de inmunidad penal en el Estado receptor. Frente a esta disposición, en la sentencia C-314 de 2004, la Corte no hizo ningún reparo.” (citado de la Sentencia T-667 de 2011, Corte Constitucional)

Eso, siempre y cuando no se interprete como impunidad.

“En suma, la jurisprudencia constitucional estima que el principio de inmunidad de jurisdicción restringida no es contrario a la Carta. En este sentido, dicho principio solo se justifica en la necesidad de garantizar que las misiones diplomáticas y los organismos de derecho internacional cumplan sus funciones con independencia, y en el respeto por la soberanía, independencia e igualdad de los Estados. Es por ello que dicho principio no es contrario a la intervención de las autoridades colombianas, cuando éstas persigan la protección de los derechos de los habitantes del territorio nacional. De ahí que el principio de inmunidad de jurisdicción no pueda tener como consecuencia la imposibilidad de acudir ante los jueces para obtener la protección debida, e incluso las reparaciones pecuniarias en razón al daño causado por una organización internacional.” (citado de la Sentencia T-667 de 2011, Corte Constitucional)

Con el anterior preámbulo, procede la Corte Constitucional a ocuparse de la acción de tutela frente a organismos internacionales.

Recuerda para empezar que de la materia se han ocupado la sentencia T-883 de 2005 (derecho de petición en contrato de consultoría), la sentencia T-917 de 2005 (contrato de arrendamiento con embajada) y la T-1029 de 2005 (acceso a documentos).  Pasa inmediatamente al caso concreto, y advierte:

En atención al contenido de la petición transcrita y a lo indicado por la actora en la acción interpuesta, esta Sala llega a una primera conclusión: de la respuesta a la petición presentada por Diana María Gamarra Velásquez depende la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social de su menor hija, pues con base en esa información la menor podrá reclamar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su padre, quien le proveía parte de su sustento económico.

En criterio de la Sala, esa situación encuadra en el supuesto jurisprudencial referido en precedencia según el cual, los organismos internacionales sí están obligados a dar respuesta directa a las peticiones respetuosas presentadas por los ciudadanos en el territorio nacional, cuando de la respuesta dependa la protección de derechos prestacionales de carácter laboral.” (citado de la sentencia T-667 de 2011)

Es decir,

“los privilegios e inmunidades otorgados por el Estado colombiano a los organismos internacionales no son absolutos. De hecho, en la sentencia T-883 de 2005 referida en el acápite cinco de esta sentencia, se indicó que “siempre existirá un espacio de interpretación sobre el alcance de la prerrogativa consagrada, toda vez que ese régimen no puede entenderse como una habilitación que ampara conductas arbitrarias y que pueden resultar lesivas de derechos consagrados y protegidos por el ordenamiento interno.”” (citado de la sentencia)

Entonces:

En consonancia con el mandato de la OACNUDH – Bucaramanga y el contenido de la petición presentada por Diana María Gamarra Velásquez ante esa oficina el 27 de diciembre de 2010, esta Sala llega a una tercera conclusión: la respuesta a la petición presentada por la accionante, dado que pretende obtener información para reclamar el reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes en cabeza de su menor hija, no amenaza o pone en riesgo la independencia y autonomía que requiere OACNUDH – Bucaramanga para el cumplimiento de sus funciones, según el mandato de la OACNUDH en Colombia reseñado.“(citado de la sentencia)

Así, se ordena al organismo proporcionar la información solicitada.