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Como si no fueran suficientes las recientes reformas en materia de códigos y leyes, que ha provocado literalmente un alud normativo que sé que pocos estudian aunque muchos hacen cursos, ahora tenemos un “Código General del Proceso”. Es la Ley 1564 de 2012. Pero bueno, aquí está el Código General del Proceso, y usted debe formarse su propia opinión. Según el Ministerio de Justicia:

“El Código General del Proceso pretende reducir de manera significativa la duración de los procesos civiles, comerciales, de familia y agrarios.” (fuente, consultada en 13 de julio de 2012)

Según el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, que dedicó importantes esfuerzos a este nuevo código,

“El Proyecto de Código General del Proceso fue elaborado, buscando que los procesos tengan una duración razonable, sin detrimento  de las garantías de quienes acuden a la justicia como un medio de protección de sus derechos.   Pero no se trata de acelerar por la rapidez en sí misma, sino de lograr una proximidad real entre la presentación de la demanda  y la sentencia que salve al órgano judicial de la pérdida de confianza en él, por parte de la ciudadanía, lo cual conlleva a  un deterioro de la democracia. “ (fuente, consultada el 13 de julio de 2012)

La aplicación es esta, conforme la misma fuente:

“Este Código que reforma el Código de Procedimiento Civil, aplicable a los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios y, por remisión, a los procesos laborales, contencioso administrativos e incluso, en algunos temas puntuales, a los penales, permite la protección efectiva de los derechos subjetivos de los individuos, ya sea ante jueces, como ante autoridades administrativas y es referente para los procesos laborales, administrativos y de cualquier otra naturaleza, lo cual hace que éste sea un Código General del Proceso.” (fuente, consultada el 13 de julio de 2012)

Las implicaciones del nuevo código son enormes. Examinando el texto conciliado, según publica el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, tenemos previsiones como la siguiente:

“Artículo 103. Uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. En todas las actuaciones judiciales deberá procurarse el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos judiciales, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, así como ampliar su cobertura.

Las actuaciones judiciales se podrán realizar a través de mensajes de datos. La autoridad judicial deberá contar con mecanismos que permitan generar, archivar y comunicar mensajes de datos.

En cuanto sean compatibles con las disposiciones de este código se aplicará lo dispuesto en la Ley 527 de 1999, las que lo sustituyan o modifiquen, y sus reglamentos.

Parágrafo primero. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adoptará las medidas necesarias para procurar que al entrar en vigencia este código todas las autoridades judiciales cuenten con las condiciones técnicas necesarias para generar, archivar y comunicar mensajes de datos.

El Plan de Justicia Digital estará integrado por todos los procesos y herramientas de gestión de la actividad jurisdiccional por medio de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que permitan formar y gestionar expedientes digitales y el litigio en línea. El plan dispondrá el uso obligatorio de dichas tecnologías de manera gradual, por despachos judiciales o zonas geográficas del país, de acuerdo con la disponibilidad de condiciones técnicas para ello.

Parágrafo segundo. No obstante lo dispuesto en la Ley 527 de 1999, se presumen auténticos los memoriales y demás comunicaciones cruzadas entres las autoridades judiciales y las partes o sus abogados, cuando sean originadas desde el correo electrónico suministrado en la demanda o en cualquier otro acto del proceso.

Parágrafo tercero. Cuando este código se refiera al uso de correo electrónico, dirección electrónica, medios magnéticos o medios electrónicos, se entenderá que también podrán utilizarse otros sistemas de envío, trasmisión, acceso y almacenamiento de mensajes de datos siempre que garanticen la autenticidad e integridad del intercambio o acceso de información. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura establecerá los sistemas que cumplen con los anteriores presupuestos y reglamentará su utilización.” (fuente)

Son muchas las menciones de la Ley 527 de 1999, en la cual tuvo participación quien escribe esta nota. Se trata de un artículo muy ambicioso, e incluye el Plan de Justicia Digital, que deberá formularse.

Ese es un solo ejemplo. Hay que analizar el texto oficial de la norma, y examinar cuidadosamente las concordancias y derogatorias, sobretodo por la proximidad de la entrada en vigencia de nuevas normas procesales, y no solamente por la Ley 1437 de 2011, sino de normas muchísimo más cercanas en el tiempo como la Ley 1561 de 11 de julio último “Por la cual se establece un proceso verbal especial para otorgar títulos de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de pequeña entidad económica, sanear la falsa tradición y se dictan otras disposiciones”. Alguien podría alegar que no hay problema, que igual son normas todas que aplican hacia “adelante”, pero uno no puede olvidar que las normas de la ritualidad de los juicios se aplican de inmediato. Vayan por favor al art. 627 del nuevo Código General del Proceso, y verán que en materia de tránsito hay muchas reglas.

Deseo éxitos en el nuevo estudio de este código.