La objeción de conciencia es un derecho fundamental, cuya regulación debe ser objeto de ley estatutaria en Colombia, asunto que ha sido dejado de lado por  la Corte Constitucional en aras de impedir que el personal médico lo ejerza en el caso del aborto, a diferencia de lo ocurrido en Europa para esos mismos casos; en otras ocasiones por fortuna la Corte Constitucional ha respetado ese derecho humano y ha aplicado  la Constitución. Me refiero a la hipótesis de objeción de conciencia a la prestación de servicio militar obligatorio en Colombia. De esto vamos a hablar.

Se trata de la sentencia T-357 de 2012. El caso se presentó con un Testigo de Jehová, quien alegó razones religiosas para no prestar el servicio militar obligatorio. La norma constitucional es la siguiente:

“ARTICULO 18, C.P.. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia.”

El servicio militar obligatorio en Colombia está regulado por la Ley 48 de 1993. Allí solamente se concede exención al servicio a personas con rango de sacerdote católico o análogo en otras confesiones.  Se lee allí:

“ARTICULO  28, L. 48/93. Exención en tiempo de paz. Están exentos del servicio militar en tiempo de paz, con la obligación de inscribirse y pagar cuota de compensación militar:

a) Los clérigos y religiosos de acuerdo a los convenios concordatarios vigentes. Así mismo los similares jerárquicos de otras religiones o iglesias, dedicados permanentemente a su culto;

(…)”

El tutelante se presentó ante la Brigada respectiva con certificación de una autoridad de su confesión religiosa que certificaba su calidad de Testigo de Jehová, Sin embargo, fue citado a contingente de bachilleres, puesto que –en parecer de la milicia- no acreditó las condiciones previstas en la L. 48/93, y que por tanto de no presentarse sería tratado como remiso.

Instaurada la acción de tutela, ella fue negada tanto en primera instancia como en la impugnación de esta.

En estudio del caso, la Corte Constitucional reconoce que el problema jurídico es este:

“2. Le correspondería a la Sala definir si el Ejército Nacional vulneró el derecho a la libertad de conciencia del accionante, al no pronunciarse sobre su solicitud de ser eximido de prestar el servicio militar, debido a su condición de ministro de la Iglesia Cristiana de los Testigos de Jehová.” (citado de la sentencia)

Para el momento de estudio de la tutela, el interesado ya había recibido su libreta militar, de manera que se consideró que se estaba en presencia de hecho superado, no obstante, la Corte Constitucional se pronunció sobre el asunto.

Lo primero que advierte es que los jueces de instancia habrían dejado de lado la sentencia C-728 de 2009, que se ocupó precisamente de la objeción de conciencia por motivos religiosos, entre otras cosas.

“La objeción de conciencia ha sido definida como la resistencia a obedecer un imperativo jurídico invocando la existencia de un dictamen de conciencia que impide sujetarse al comportamiento prescrito, por lo que la objeción de conciencia supone la presencia de una discrepancia entre la norma jurídica y alguna norma moral, siendo reconocido por la Corte que es posible objetar por razones de conciencia deberes laborales, educativos y profesionales, y con referentes normativos del bloque de constitucionalidad como el que se desprende de la Resolución 1989/59 adoptada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre objeción de conciencia al servicio militar, la cual se da, entre otras, “reconociendo el derecho de toda persona  a tener objeciones de conciencia  al servicio militar como ejercicio legítimo del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión enunciado en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles  y Políticos”.” (citado de la sentencia C-728 de 2009)

Agrega más adelante la misma sentencia:

“A partir de una lectura armónica de los artículos, 18 y 19 de la Constitución, al igual que del bloque de constitucionalidad, es posible concluir que de los mismos sí se desprende la garantía de la objeción de conciencia frente al servicio militar; y si bien la garantía constitucional a partir de la cual es posible plantear objeciones de conciencia al cumplimiento de distintos deberes jurídicos, requiere un desarrollo legislativo, la ausencia del mismo no comporta la ineficacia del derecho, el cual, en su núcleo esencial, puede hacerse valer directamente con base en la Constitución. Pero las  convicciones o creencias que den lugar a negarse a la prestación del servicio militar deben ser profundas, fijas y sinceras, para que sean de una entidad tal que realmente se encuentre amenazada la libertad de conciencia y de religión; No puede tratarse de convicciones o de creencias que tan sólo estén en el fuero interno y vivan allí, que no transciendan a la acción.” (citado de la sentencia C-728 de 2009)

Ello se trae a colación, visto que durante la acción de tutela la milicia había alegado que la objeción de conciencia a la prestación de servicio militar no estaba regulada. La respuesta de la Corte Constitucional, trayendo a cuento la la sentencia C-728 de 2009 y otros precedentes, es que ella obra por aplicación directa de la ley. Por ello, así se afirma por la misma Corte Constitucional, cabe la acción de tutela para la protección del derecho.

En cuanto a la falta de prueba relacionada con el artículo 28 de la Ley 48 de 1993, es decir, que el tutelante no demostró ser ministro ordenado de alguna confesión religioso, se advierte:

6.8 En cuanto a la carga demostrativa que, supuestamente, tenía el accionante en relación con su condición de ministro de la Iglesia Cristiana de los Testigos de Jehová, basta con decir que la solicitud de amparo que formuló no apuntaba a hacer efectiva la exención en tiempos de paz regulada en el artículo 28 de la Ley 48 de 1993[9], sino al reconocimiento de su derecho a ser eximido de prestar el servicio militar obligatorio, dados los principios religiosos que, aseguró, le impedían empuñar armas y atentar contra la vida de otro ser humano.
 
En esa dirección, los jueces de instancia no tenían porqué reprocharle la falta de pruebas sobre su condición de ministro ni sobre el tiempo que dedicaba a ejercer sus actividades como tal. Lo pertinente era verificar si las convicciones y creencias que refirió para sustentar su petición de ser eximido del servicio militar obligatorio eran los suficientemente profundas, fijas y sinceras como para considerar que, de no accederse a su solicitud, se amenazaría su libertad de conciencia y de religión.” (citado de la sentencia T-357 de 2012)

Entonces el asunto es de firmeza de convicciones.

“6.9 Se reitera, entonces, que el amparo del derecho a la objeción de conciencia frente a la prestación del servicio militar obligatorio depende de que las convicciones y creencias de quien la alegue determinen y condicionen su conducta, a través de manifestaciones externas y comprobables de su comportamiento que, además, sean profundas, fijas y sinceras.
 
Era en ese contexto que debía analizarse la condición de ministro a la que hizo referencia el accionante y los demás argumentos que expuso para ilustrar a los jueces de tutela sobre la firmeza y sinceridad de sus creencias.” (citado de la misma sentencia)

Así, la Corte Constitucional declara carencia actual de objeto y revoca las sentencias de instancia, reconociendo el derecho a la objeción de conciencia como desarrollo directo de la Constitución.

Tesis como esta no han operado solamente en materia de servicio militar obligatorio, sino también en otros ámbitos (ver mi nota “Un caso reciente en materia de libertad de culto en Colombia”, por ejemplo), salvo como ya dije en el caso de personal de salud frente al aborto.