En el ejercicio del derecho y la función administrativa, la determinación exacta de los términos temporales y la fijación del momento en que una disposición adquiere fuerza vinculante no constituyen formalidades accesorias; representan garantías estructurales del debido proceso, la seguridad jurídica y el principio de legalidad. La falta de precisión en el cómputo de un plazo acarrea consecuencias definitivas: desde la pérdida de oportunidad de un recurso o la consolidación de la caducidad de una acción, hasta la transgresión de garantías fundamentales.
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