No se debe amenazar a nadie, puede ser delito. Existe sentencia de casación de la Corte Suprema de Justicia de Colombia al respecto emitida en 2026. Es un proceso penal contra una persona, quien fue inicialmente condenada y luego absuelta por el delito de amenazas agravadas tras publicar mensajes violentos en Twitter contra varios periodistas invocando a grupos paramilitares para silenciarlos. La Fiscalía y las víctimas impugnaron la absolución argumentando que el tribunal de segunda instancia interpretó erróneamente la ley al exigir que las amenazas tuvieran una posibilidad real de ejecución y se produjo la condena efectiva. Finalmente, la sentencia plantea un debate jurídico sobre los límites de la libertad de expresión, el impacto del acoso digital y la protección legal del gremio periodístico en contextos de polarización.
Hace poco en Colombia, por fin, se sancionó el exceso en el ejercicio del derecho a la protesta social, que muchos de izquierda consideran ilimitado y válido así provoque muertes . Fue un caso por uno de tantos bloqueos a campos de Ecopetrol. Veamos qué pasó.
He propuesto una campaña #AfirmarNoEsDemostrar que debería tomarse como bandera permanente en países como Colombia, en los cuales todo se apoya prácticamente en meras especulaciones presentadas como verdades verificadas, incluyendo mensajes de gobierno que atentan con el deber de ceñirse a los hechos o a inferencias serias. Un caso reciente son las acusaciones permanentes al Consejo Nacional Electoral por parte del presidente de la república, quien cuando se manifiesta como presidente no puede alegar libertad de expresión pura y simple puesto que está sujeto al artículo 121 Constitucional sobre la sujeción a la ley en todas las actuaciones. El presidente ha incurrido en más de una ocasión en uso de información falsa (por ejemplo) pero este es un caso de afirmaciones que requieren sustento. Esta vez el Tribunal Administrativo de Cundimarca (TAC) decidió actuar ante afirmaciones sobre supuesto fraude electoral en Colombia.
El 25 de marzo de 2026, el Tribunal Superior de Los Ángeles emitió un veredicto que modifica el marco de interpretación sobre la responsabilidad civil de las empresas tecnológicas. Un jurado determinó la responsabilidad de Meta Platforms y YouTube por negligencia en el diseño de sus interfaces, otorgando una indemnización total de $6 millones de dólares a la demandante.
En la teoría clásica del Derecho Internacional Público, solemos enseñar que existe una frontera infranqueable: de un lado están los Tratados (vinculantes, ratificados y soberanos) y del otro el «Soft Law» (recomendaciones, declaraciones y resoluciones no obligatorias). Sin embargo, en la práctica jurídica contemporánea, esa frontera es una ficción técnica. Existe un fenómeno de ingeniería jurídica que todo abogado y analista de sistemas debe conocer: el Efecto de Cristalización.
El 8 de enero de 2026 fue promulgada la Ley 2564, una normativa que introduce cambios significativos en el ordenamiento jurídico colombiano respecto a la protección de niños, niñas y adolescentes (NNA) en el ecosistema digital. Esta ley modifica y adiciona artículos a la Ley 1616 de 2013 (Ley de Salud Mental), estableciendo un marco de prevención y atención frente a los riesgos derivados del uso de tecnologías de la información.
En el marco de la preparación para los comicios de 2026 —Congreso, Presidencia y Vicepresidencia—, la Procuraduría General de la Nación ha emitido la Directiva No. 013 de 2025. Es un recordatorio del ethos del servidor público, quien no puede subordinar el interés particular (o partidista) al ejercicio imparcial de la función estatal. La circular se puede consultar en este enlace.
Conviene desglosar los límites que el órgano de control ha trazado para evitar que el aparato del Estado se convierta en una extensión de las campañas políticas.
1. El marco conceptual: Neutralidad vs. Participación
La Directiva no prohíbe el ejercicio del sufragio ni la afiliación política (derechos ciudadanos fundamentales), pero establece un cerco sanitario alrededor de la función pública. El principio rector es la neutralidad. El servidor público no es un agente de opinión cuando actúa investido de autoridad; es un ejecutor del interés general.
2. El catálogo de prohibiciones (Lo que no es negociable)
La Procuraduría es enfática en señalar conductas que constituyen faltas disciplinarias gravísimas, tales como:
Uso del cargo para proselitismo: Utilizar la autoridad para favorecer o atacar causas políticas.
Presión sobre subalternos: El acoso o la inducción a particulares o subordinados para apoyar candidatos bajo la amenaza de represalias o la promesa de beneficios.
Desvío de recursos: El uso de bienes, información reservada o tiempo laboral para actividades de partidos.
Influencia indebida: Ofrecer beneficios desde la administración para alterar la voluntad del electorado.
3. La Fuerza Pública y el veto absoluto
Es imperativo recordar que, bajo el ordenamiento colombiano, los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo no solo tienen prohibido intervenir en debates políticos, sino que carecen de la función del sufragio. Esta restricción busca evitar la politización de las armas, una lección que la historia «arkhaios» nos ha enseñado con sangre.
4. Responsabilidad y consecuencias
El documento advierte que el incumplimiento de estas directrices puede derivar en la remoción del cargo o la pérdida de investidura. Además, la Directiva recuerda las sanciones penales (prisión y multas) para delitos como el favorecimiento de voto fraudulento o el ocultamiento de documentos electorales.
Resumen de hitos electorales 2026
Fecha
Elección
8 de marzo de 2026
Congreso de la República
31 de mayo de 2026
Presidencia y Vicepresidencia (1ª vuelta)
21 de junio de 2026
Segunda vuelta (si aplica)
La época electora es de mucho cuidado, así que una buena revisión de las normas aplicables puede evitar dolores de cabeza. Como he señalado en uno de mis videos u otras notas en este blog, ningún funcionario puede hacer lo que se le de la gana. Por ejemplo:
La competencia de un funcionario es expresa
Uno de los pilares del servicio público es el ejercicio reglado de competencias, es decir, una autoridad no puede hacer algo que la Constitución o la ley no le permitan. Ello es regla directa de la actual Constitución: "Artículo 121, C.P..- Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas a las que le atribuye la Constitución y la ley."
Por otra parte, dejo a consideración, como complemento, mi video sobre un delito en que se puede incurrir en esta época:
Mediante Auto Interlocutorio del Consejo de Estado de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, emitido en octubre de 2025, accedió asolicitud de medida cautelar de suspensión provisional. El ciudadano Andrés Eduardo Forero Molina demandó la nulidad del Decreto 0858 de 2025, que buscaba implementar el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo. El actor argumenta que el decreto es inválido porque el Gobierno Nacional excedió su potestad reglamentaria al invadir competencias reservadas exclusivamente al Congreso, como la regulación estructural del servicio público de salud y la asignación de funciones a entidades territoriales.
Como ejercicio, coloco un resumen procesado aunque no validado de la sentencia de segunda instancia en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez tal como es producido usando inteligencia artificial generativa (GenAI)., en concreto NotebookLM de Google. Lo dejo a disposición como ejercicio académico. No he usado técnicas avanzadas de prompting (prompt engineering), aunque sí reprocesé el resumen para incluir el uso del término «evento» que puede ser confuso para quienes no están familiarizados con el penal y hacer algunos ajustes, lo mismo que hice una validación de lógica interna que deberé explicar en otro momento. El documento base fue una versión de la sentencia proporcionada por una colega en un PDF que incluye el salvamento de voto y que luego encontré online en la fuente que señalo. Es posible que contenga errores como pasa con todo uso de GenAI, por ello consta esa advertencia dentro de la herramienta (captura parcial de pantalla):
La masa siempre ha sido usada para mantenerse en el poder o llegar a él, invocando valores superiores. Nadie provoca disturbios invocando que quiere robar el presupuesto público o defender sus bajos intereses, sino moviendo emociones ciegas,
Este es un caso de aplicación del principio de legalidad de las actuaciones de los funcionarios públicos para el evento en que, al amparo de una actuación sin competencia funcional, se hace reconocimiento de derechos. Sobre el principio de legalidad invito a ver mi video del tema.
«ARTICULO 32, L. 182/95. Acceso del Gobierno Nacional a los canales de televisión. El Presidente de la República podrá utilizar, para dirigirse al país, los servicios de televisión.
El Vicepresidente, los Ministros del Despacho y otros funcionarios públicos podrán utilizar con autorización del Presidente de la República, el Canal de Interés Público. Igualmente el Congreso de la República, la Rama Judicial y organismos de control, conforme a la reglamentación que expida para tal efecto la Comisión Nacional de Televisión.
PARAGRAFO. Cuando las plenarias de Senado o Cámara de Representantes consideren que un debate en la plenaria o en cualquiera de sus comisiones es de interés público, a través de proposición aprobada en las plenarias, solicitará a Inravisión la transmisión del mismo, a través de la cadena de interés público.»
En Nicaragua se ha propuesto reformar la constitución para otorgar poder absoluto al presidente de ese país y su esposa.
Nicaragua: Ortega presenta una reforma constitucional con la que él y su esposa tendrán el control absoluto sobre los poderes del Estado - BBC News Mundo
La pareja gobernante se convertiría en “coordinadora” de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
En Colombia existe actualmente un proyecto de ley para crear una nueva jurisdicción: la agraria. No es que en Colombia no exista jurisdicción que no conozca de asuntos agrarios, sino que se desea crear una especializada. El resumen de ese proyecto se puede leer en el Minagricultura en «ABC de la jurisdicción agraria y rural».
El proyecto de ley en texto completo puede leerse en este enlace del Ministerio de Justicia.
Se lee en la Constitución de Colombia que uno de los principios de la legislación laboral es la interpretación más favorable al trabajador en caso de duda (art. 53), recogido en el Código Sustantivo del Trabajo (art. 21) en previsiones que son eco de tratados internacionales como el artículo 19-8 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo OIT. Sin embargo, en la práctica, las relaciones laborales suelen interpretarse a favor del empleador. Un ejemplo: la falta de reflexión sobre el espacio de trabajo.
1 Justificación del tema
Se afirma en un artículo de la Revista Harvard Deusto que
«….podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que en el siglo XXI seguimos padeciendo, en muchos casos, usos organizacionales del siglo XIX, lo cual representa un shock para muchas personas que se incorporan al mercado de trabajo y un despilfarro de talento realmente sorprendente.» (Alberto Ariza y otros. Adiós a los recursos humanos, Business Review (Núm. 343) · Recursos humanos · Abril 2024, en https://www.harvard-deusto.com/adios-a-los-recursos-humanos)
Eso se refleja en muchos aspectos. Para empezar, que los empleados no suelen ser vistos como personas con plenos derechos. Este es un caso. ¿Se han fijado en el manejo de espacios físicos de trabajo?
Nuestra sociedad se está destruyendo por el montón de afirmaciones gratuitas en internet y en otros medios que nadie verifica, y que muchos toman como si fueran ciertas sin pedir o buscar una demostración. Por eso es urgente una campaña para que todos seamos conscientes de que #AfirmarNoEsDemostrar.
El matrimonio infantil está permitido en el Islam, de hecho Mahoma se casó con una niña con la que consumó el matrimonio a los nueve años de edad de ella, Aisha.
Matrimonio de Mahoma con Aisha
Religión a debate. Investigación y debate sobre las religiones, en particular el islamismo
La Corte Constitucional se ocupó de un caso en el cual se utilizó inteligencia artificial para producir la decisión. La incidencia de su uso es materia de esta sentencia de tutela.
En esa sentencia se consideraron unas preocupaciones mías en relación con el uso de la IA y que aporté a la Corte Constitucional, según se menciona en la sentencia.
La inauguración de las Olimpiadas de Paris 2024 debió respetar el cristianismo. ¿A cuenta de qué usar libremente la Última Cena, por mencionar un punto solamente? ¿Se imaginan lo que hubiera pasado si hubieran usado simbología islámica? El respeto es un valor del olimpismo:
«Alianza entre el deporte la educación y la cultura. El Movimiento Olímpico está comprometido en la promoción del espíritu del Olimpismo: el punto en el que convergen el deporte, la cultura y la educación.»
Fuente:
Woa > Olympism | World Olympians Association
The member organisation of Olympians - for Olympians. Bringing Olympic values to life.
Las vacaciones son un derecho fundamental, además de un derecho laboral irrenunciable y protegido por el art. 53 de la Constitución Política entre otras normas incluyendo tratados internacionales. Como la Administración parece no tener claridad sobre la naturaleza de derecho humano de las vacaciones y el turismo, recuerdo por ejemplo el siguiente texto dentro de los instrumentos de la Organización Internacional de Turismo:
La educación infantil se ha vuelto un campo de batalla. Los radicales quieren sexualizar a los niños desde pequeños, para lo cual necesitan anular los derechos paternos previstos incluso en tratados internacionales. Observe por ejemplo esta polémica:
Polémica por proyecto que permite a los padres sacar a sus hijos del aula si no les gusta la clase de educación sexual
Toda una controversia se desató en el Congreso de la República por cuenta de la decisión de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes de aprobar el proyecto de ley ‘los padres eligen’, con el que se busca que los acudientes de los menores en los colegios puedan decidir sobre la educación sexu…
Antes de la referencia específica que demuestra que el título de esta nota es correcto en el marco legal colombiano, aclaro que intervine en el proceso que dio lugar a la sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional a favor del aborto (ver mi intervención) y que en vista de que la mayoría de mis argumentos ni siquiera fueron considerados solicité la nulidad de la sentencia (ver mi solicitud), la cual fue despachada de manera sumaria (ver auto, ya habrán algunas actuaciones posteriores, pero eso es otro asunto). Por ello manifiesto mi alegría por tan importante aclaración de la Corte Constitucional en la sentencia en comento en esta nota. Sentado lo anterior, procedo a transcribir la cita textual en la cual se advierte que no existe derecho fundamental al aborto.
El proyecto de ley se titula «POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO DE LA IGUALDAD PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y LAS MUJERES EN TODA SU DIVERSIDAD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES». Que eso sea cierto o que el proyecto sea realmente positivo es asunto que debe demostrarse. El texto se puede consultar aquí.
Estado de los Proyectos de Ley y Actos Legislativos del H.Senado, consulta de textos e informes legislativos
Consulta el estado de los Proyectos de ley Presentados ante el H Senado de la Republica en el periodo 2023 2024.
La inteligencia artificial IA se trata de un modo casi infantil, es decir, más o menos como las películas de Hollywood. IA es solo software y punto. De hecho, puede ser extremadamente torpe el resultado alcanzado si no se supervisa.
Here’s What Happens When Your Lawyer Uses ChatGPT
A lawyer representing a man who sued an airline relied on artificial intelligence to help prepare a court filing. It did not go well.
Veamos sin embargo algunas notas de aspectos en discusión. Algunos valen, otros no.
Las propuestas de la Unión Europea para regular la responsabilidad civil por los daños causados por sistemas de inteligencia artificial – InDret