
El anuncio del Gobierno nacional sobre un presunto «distanciamiento» y un posible retiro de la Junta Directiva del Banco de la República abre un debate sin precedentes en el derecho público colombiano. Desde la perspectiva del derecho constitucional, administrativo y de la hacienda pública, este análisis revisa por qué las ramas del poder no podrían suspender arbitrariamente sus vínculos con los órganos autónomos sin arriesgar una eventual fractura del principio de legalidad consagrado en el artículo 121 y el deber de coordinación del artículo 209 de la Carta Política.


