Archivo de la categoría: Rama Judicial

El M-19 como aliado del narcotráfico en la toma del Palacio de Justicia

Uno falla imperdonable de la serie Palacio de Netflix es la omisión intencional del papel del narcotráfico en la toma del Palacio de Justicia en 1985. En la página donde Netflix anuncia la serie se lee:

«En 1985, un comando guerrillero del M-19 toma el Palacio de Justicia. Esta serie narra la toma, la retoma militar y la búsqueda de justicia de los familiares de las víctimas.» (fuente)

Eso de «En 1985, un comando guerrillero del M-19 toma el Palacio de Justicia» no es cierto. Lo cierto es «En 1985, un comando guerrillero del M-19 financiado por el narcotráfico toma el Palacio de Justicia…». La omisión no es menor. Una acción financiada por el narco nunca puede ser un asunto político (como quiere tratar ahora la JEP al no juzgar por narcotráfico a las FARC).

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Conteo de términos en leyes, providencias y actos administrativos en Colombia

En el ejercicio del derecho y la función administrativa, la determinación exacta de los términos temporales y la fijación del momento en que una disposición adquiere fuerza vinculante no constituyen formalidades accesorias; representan garantías estructurales del debido proceso, la seguridad jurídica y el principio de legalidad. La falta de precisión en el cómputo de un plazo acarrea consecuencias definitivas: desde la pérdida de oportunidad de un recurso o la consolidación de la caducidad de una acción, hasta la transgresión de garantías fundamentales.

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La sentencia aparente en el ordenamiento Constitucional Colombiano

El deber de motivación judicial no es una simple cortesía de estilo ni una formalidad retórica; es el dique de contención que separa a la jurisdicción de la arbitrariedad. En el Estado social y democrático de derecho, una providencia judicial no adquiere legitimidad únicamente por la firma de quien la profiere o por la solemnidad de su encabezado, sino por la suficiencia lógica, jurídica y fáctica de sus razones. Cuando ese sustento material desaparece o se simula, surge una de las patologías procesales más lesivas para las garantías fundamentales: la sentencia aparente. Esta anomalía encuentra su manifestación más crítica en la elusión de cuestiones determinantes, supuesto en el cual el juzgador esquiva de manera absoluta o sofística el estudio de argumentos de fondo que fueron planteados oportunamente y que tenían la entidad suficiente para forzar una decisión jurídica en sentido contrario, sustituyendo el debate real por un razonamiento meramente formal que vulnera de raíz el debido proceso (artículo 29 C.P.).

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Sentencia del Consejo de Estado sobre la Superintendente de la SIC Cielo Rusinque y el ajuste normativo para solventar las falencias

Abordamos una providencia que no solo redefine el perfil de la alta gerencia pública en Colombia, sino que actúa como un control de frenos y contrapesos sobre la potestad nominadora del Ejecutivo. La sentencia del 19 de marzo de 2026 de la Sección Quinta del Consejo de Estado es, en esencia, un tratado sobre la importancia de la idoneidad técnica en el Estado Social de Derecho. Sin embargo, debe señalarse que el gobierno de Colombia el 5 de marzo de este año expidió el Decreto 226 de 2026 con el que pueden entenderse eliminadas las barreras para que la nombren de nuevo (salvo el punto de la idoneidad técnica de la OCDE), de lo cual hablaremos al final. Clic aquí para ir a la sentencia en texto completo.

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Basta de demagogia: el salario mínimo fijado para 2026 sigue vigente

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Para abordar con seriedad el debate público, es imperativo limpiar el léxico de imprecisiones interesadas. En los últimos días, hemos asistido a un despliegue de retórica inflamatoria que busca desvirtuar la realidad jurídica de nuestras instituciones. Por ello, es necesario volver a las definiciones fundamentales. Se está usando como justificación una falsedad: que el salario fijado por el gobierno mediante el Decreto 1469 de 2025 ha dejado de regir a causa de una decisión del Consejo de Estado. La verdad es otra: nada ha cambiado, sigue vigente. En cuanto al fondo legal del debate, es asunto de técnica jurídica no de apreciaciones fantasiosas. Concentrémonos en la vigencia del salario mínimo fijado.

La raíz del engaño

La Real Academia Española (RAE) define la demagogia como:

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El costo social de los debates públicos sin sustento

A 9 de junio de 2025 no había comunicado de prensa.

El proceso es el D0014516 (ver en https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/expediente?proceso=1&expediente=D0014516)

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La falta de veracidad o soportes en contabilidad pública o privada

1 Deber de veracidad y de soportes en la contabilidad

Rawpixel (licencia personal)

La información contable debe ser veraz y contar con soportes apropiados, además de cumplir con otros requisitos. Las consecuencias de incluir registros no veraces o sin soportes en la información contable tiene consecuencias de diferente tipo, pero tanto en derecho público como en derecho privado la falta de veracidad o sin soportes supone que esa información sea inutilizable para cualquier fin. Ni siquiera deben estar en la contabilidad. Hablemos de diferentes consecuencias posibles que incluyen el riesgo de sanciones penales. Exploremos el caso colombiano.

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La sentencia T-323 de 2024 de la Corte Constitucional sobre uso de la IA

La Corte Constitucional se ocupó de un caso en el cual se utilizó inteligencia artificial para producir la decisión. La incidencia de su uso es materia de esta sentencia de tutela.

En esa sentencia se consideraron unas preocupaciones mías en relación con el uso de la IA y que aporté a la Corte Constitucional, según se menciona en la sentencia.

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El problema de la caja negra en IA generativa decisional

Una reflexión sugerida en #IA, #derecho y para todos los casos en que debe producirse un documento con autor humano y con razonamiento involucrado explícito. Juzgue uste si hay problema o no.

Moral y derecho no son separables (y aborto)

Muchas personas, inclusivo quienes se dicen profesionales del derecho, creen que moral y derecho son asuntos separables, por lo cual se toman decisiones arbitrarias como en la decisión de principios de 2022 de la Corte Constitucional de Colombia sobre el aborto. El derecho tiene relación directa con la moral, aunque no con cualquier moral. La Corte Constitucional de Colombia se equivocó, como quienes creen que moral nada tiene que ver con derecho.

No es lo mismo domicilio que dirección de notificación

Ha resultado con alguna frecuencia que comunicaciones dentro de procesos administrativos o judiciales se remiten a la dirección de notificación, debiendo ser dirigidas al domicilio, lo que es un error.

“El domicilio y número de identificación de todas las personas que fueron parte en el proceso en que se dictó la sentencia, de acuerdo con lo previsto en el numeral 2°, artículo 82 ídem).

Es pertinente recordar que no debe confundirse el domicilio de las personas, con el lugar donde eventualmente pueden recibir notificaciones, porque como tiene dicho la reiterada jurisprudencia de la Corte, el primero consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella, en cuanto que el otro es el sitio concreto donde las partes respectivas pueden ser ubicadas para ser enteradas de las decisiones judiciales que lo requieran (entre muchos, AC, 3 may. 2011, rad. 2011-00518-00; AC4018-2016; y AC4669-2016).” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 14 de noviembre de 2018, AC4865-2018,
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02964-00, Magistrado Ponente: AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO)

Esto es muy relevante en asuntos como la determinación de competencia, cuando es la del domicilio del demandado. Se lee por ejemplo en la ley de acciones populares:

“Artículo 16, Ley 472 de 1998. Competencia. De las Acciones Populares conocerán en primera instancia los jueces administrativos y los jueces civiles de circuito. En segunda instancia la competencia corresponderá a la sección primera del Tribunal Contencioso Administrativo o a la Sala Civil del Tribunal de Distrito Judicial al que pertenezca el Juez de primera instancia.

Será competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elección del actor popular. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda. “

Advirtió la Corte Suprema de justicia en un caso donde se debatía la competencia:

“2.3. Frente a lo anterior, es preciso advertir, primero, que la competencia no se puede determinar por la “dirección de domicilio para la notificación”, porque esa circunstancia procesal es distinta al lugar del domicilio sustancial o civil, atributo del sujeto de derecho.

Como tiene sentado la Corte en jurisprudencia ahora reiterada,

“Desde luego que domicilio y notificaciones responden a conceptos diferentes, porque uno es de carácter personal y otro netamente procesal. Por esto, no necesariamente deben coincidir en un mismo punto geográfico, pues (…) el lugar señalado en la demanda como aquel en donde (…) han de hacerse las notificaciones personales –lo que conforma el domicilio procesal o constituido-, no es el elemento que desvirtúe la noción de domicilio real y de residencia plasmada en los artículos 76 y subsiguientes del Código Civil, que es a la que se refiere el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil (hoy 28 del Código General del Proceso) cuando de fijar la competencia se trata (…)” .

Segundo, que en punto de las acciones populares, la competencia territorial se determina, a prevención, por el lugar de ocurrencia de los hechos o el correspondiente al del domicilio sustancial de la parte accionada, a elección del actor popular. 

2.4. Trasladando lo atrás expuesto al subéxamine, aflora patente, le asiste razón a la autoridad judicial de Pereira, en el sentido de rechazar la demanda por falta de competencia territorial. Primero, porque el domicilio procesal o constituido para las notificaciones no es lo que la determina; y segundo, por cuanto en dicho lugar no se sucedían las circunstancias motivadoras de la acción.

El estrado de Bogotá, por tanto, se equivocó al rechazar la demanda, aunque aceptó que el domicilio de la entidad demandada se encontraba dentro de su comprensión territorial, pasó por alto observar que en la ciudad de Pereira no se sucedían los hechos fundantes de la acción popular.” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 8 de noviembre de 2018, AC4789-2018,
Radicación n.º 11001-02-03-000-2018-03303-00, Magistrado Sustanciador: LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA)

Modificada la Rama Judicial Colombiana para incluir la doble instancia para congresistas

Se acaba de expedir el Acto Legislativo 01 de 18 de Enero de 2018 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTíCULOS 186, 234 Y 235 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y SE IMPLEMENTAN EL DERECHO A LA DOBLE INSTANCIA Y A IMPUGNAR LA PRIMERA SENTENCIA CONDENATORIA.”, es decir, se ha modificado la Constitución Política de Colombia con el fin de incluir doble instancia para congresistas. Antes de este acto legislativo, los congresistas eran juzgados en única instancia. Sobre el sentido de este acto legislativo, ver por ejemplo “Así será la doble instancia para congresistas en delitos penales y ‘muerte política’” en el sitio online de la Revista Semana. Desde luego,

Los artículos modificados tenían el siguiente tenor literal antes de este acto legislativo:

Artículo 186:

“ARTICULO 186. De los delitos que cometan los congresistas, conocerá en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su detención. En caso de flagrante delito deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de la misma corporación.”

Artículo 234:

“ARTICULO 234. La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y se compondrá del número impar de magistrados que determine la ley. Esta dividirá la Corte en salas, señalará a cada una de ellas los asuntos que deba conocer separadamente y determinará aquellos en que deba intervenir la Corte en pleno.”

Y artículo 235:

“ARTICULO 235. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

1. Actuar como tribunal de casación.

2. Juzgar al Presidente de la República o a quien haga sus veces y a los altos funcionarios de que trata el artículo 174, por cualquier hecho punible que se les impute, conforme al artículo 175 numerales 2 y 3.

3. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso.

4. Art. 13, Acto Legislativo 02 de 2015. Juzgar, previa acusación del Fiscal General de la Nación, del Vicefiscal General de la Nación o de sus delegados de la unidad de fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, al Vicepresidente de la República, a los Ministros del Despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los Agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los Tribunales; a los Directores de los Departamentos Administrativos, al Contralor General de la República, a los Embajadores y jefe de misión diplomática o consular, a los Gobernadores, a los Magistrados de Tribunales y a los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos punibles que se les imputen.

5. Conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la Nación, en los casos previstos por el Derecho Internacional.

6. Darse su propio reglamento.

7. Las demás atribuciones que señale la ley.

PARAGRAFO. Cuando los funcionarios antes enumerados hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero sólo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas.”

Los nuevos textos puede leerlos en el Acto Legislativo 01 de 2018.