Archive for noviembre, 2008

Los decretos de emergencia

viernes, noviembre 21st, 2008

Mediante el DECRETO NUMERO 4333 DE 2008 (DIARIO OFICIAL. Aí‘O CXLIV. N. 47176.17, NOVIEMBRE, 2008. PAG. 2.) se declaró en Colombia el Estado deEmergencia Social. Se lee en los considerandos:

"Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, el Presidente de la República con la firma de todos los Ministros, en caso de que sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá declarar el Estado de Emergencia;"

El texto del artículo 215 de la Constitución es del siguiente tenor:

"Artículo 215, C.P..- Cuando sobrevengan hechos distintos a los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en año calendario.

Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.

Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el Estado de Emergencia, y podrán en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente.

El Gobierno, en el decreto que declare Estado de Emergencia, señalará el término dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias a que se refiere este artículo, y convocará al Congreso, si éste no se hallare reunido, para los diez días siguientes al vencimiento de dicho término.

El Congreso examinará hasta por un lapso de treinta días, prorrogable por acuerdo de las dos cámaras, el informe motivado que le presente el Gobierno sobre las causas que determinaron el Estado de Emergencia y las medidas adoptadas, y se pronunciará expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas.
El Congreso, durante el año siguiente a la declaratoria de la emergencia, podrá derogar, modificar o adicionar los decretos a que se refiere este artículo, en aquellas materias que ordinariamente son de iniciativa del Gobierno. En relación con aquellas que son de iniciativa de sus miembros, el Congreso podrá ejercer dichas atribuciones en todo tiempo.

El Congreso, si no fuere convocado, se reunirá por derecho propio, en las condiciones y para los efectos previstos en este artículo.

El Presidente de la República y los ministros serán responsables cuando declaren Estado de Emergencia sin haberse presentado alguna de las circunstancias previstas en el inciso primero, y lo serán también por cualquier abuso cometido en el ejercicio de las facultades que la Constitución otorga al Gobierno durante la emergencia.

El Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados en este artículo.
Parágrafo. El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere este artículo, para que aquella decida sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento."

El texto del decreto 4333 de 2008 es bastante corto:

"Artículo 1°. Con el fin de conjurar la situación a que hace referencia la parte motiva del presente decreto, declárase el Estado de Emergencia en todo el Territorio Nacional, por el término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de esta declaratoria.

Artículo 2°. El Gobierno Nacional, ejercerá las facultades a las cuales se refiere el artículo 215 de las Constitución Política y el artículo 1° del presente decreto, por el término de treinta (30) días contados a partir de la fecha de la declaratoria

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición."

Con base en ese decreto 4333 se han expedido los siguientes decretos:

Decreto 4334 de 2008 "por el cual se expide un procedimiento de intervención en desarrollo del Decreto 4333 del 17 de noviembre de 2008" (DIARIO OFICIAL. Aí‘O CXLIV. N. 47176. 17, NOVIEMBRE, 2008. PAG. 3.).

Decreto 4335 de 2008 "por el cual se asignan funciones a los Alcaldes y Gobernadores en desarrollo del Decreto número 4333 de noviembre de 2008" (DIARIO OFICIAL. Aí‘O CXLIV. N. 47176. 17, NOVIEMBRE, 2008. PAG. 1)

Decreto 4336 de 2008 "por el cual se modifica el Código Penal" (DIARIO OFICIAL. Aí‘O CXLIV. N. 47176. 17, NOVIEMBRE, 2008. PAG. 1.)

No deja de llamar la atención que decretos cuya vocación de vigencia constitucionalmente es de treinta días ,contengan medidas como las que figuran en esos decretos.

Los PIDEP

viernes, noviembre 21st, 2008

Mientras muchos hablan de las telecomunicaciones, pocos hablan de los servicios postales en su contexto internacional, mucho menos a la reforma del mismo en todo el mundo. En cuanto a esto último es preciso hablar del PIDEP, es decir, del Plan Integral de Reforma y Desarrollo Postal.

Dice la Unión Postal Universal UPU respecto del PIDEP:

«El Plan Integral de Reforma y Desarrollo Postal (PIDEP) es un proyecto mundial de cooperación de la Unión Postal Universal (UPU) enfocado en apoyar la reforma del sector postal conforme a los lineamientos de la Estrategia Postal Mundial de Bucarest (EPMB) y a los diferentes Planes de Desarrollo Regional (PDR) elaborados por la Oficina Internacional de la UPU.

El PIDEP es un instrumento de cooperación que responde a las necesidades existentes en materia de reforma del sector postal, especialmente para los países en desarrollo. Este plan ha dado pruebas de ser una herramienta poderosa para generar acciones concretas para la reforma del sector.

En el proceso de reforma sectorial, según los lineamientos del PIDEP, el objetivo principal que se pretende alcanzar es «el cumplimiento de la obligación del Estado en garantizar el Servicio Postal Universal (SPU), al tiempo que se generan las condiciones para modernizar el sector postal, beneficiando así a los ciudadanos y empresas del país, gracias al crecimiento y desarrollo de la industria postal».» (fuente en la UPU)

El PIDEP para Colombia (documento ATO-FD/COL/006/004) se realizó en el 2006 (ver «Lista de los PIDEP realizados» en la UPU), y fue una de las bases de la reestructuración del sector postal, entre cuyas actividades ha estado la liquidación y supresión de ADPOSTAL. Se lee por ello en el Documento CONPES 3440 (otro de los antecedentes de la liquidación de ADPOSTAL):

«El Ministerio de Comunicaciones solicitó oficialmente a la UPU la aplicación de un plan PIDEP en Colombia, con el fin de integrar los desarrollos alcanzados en materia de reforma postal y consolidar un plan de acción que posibilite la reforma integral del sector postal en el país. Como parte de lo anterior, durante 2006 se conformó un equipo interinstitucional de Gobierno que contó con el apoyo de la UPU. Los resultados41 de este trabajo fueron avalados por dicha organización y entregados al Ministerio de Comunicaciones, en su calidad de entidad rectora del sector.» (p. 26)

Una de las recomendaciones del CONPES 3440 fue

«6. Solicitar al Ministerio de Comunicaciones tener en cuenta, como metodología y herramienta para la reforma del sector postal, los resultados del Plan Integral de Reforma y Desarrollo Postal (PIDEP) de Colombia.»

Para Preguntas&Respuestas sobre el PIDEP clic aquí, aunque se recomienda a los interesados leer todo el material.

Corte Constitucional reitera falta de competencia frente a decretos autónomos

martes, noviembre 18th, 2008

La Corte Constitucional en Comunicado de Prensa de 12 denoviembre de 2008 acaba de anunciar la decisión relacionada con una acusación de inexequebilidad contra el Decreto Autónomo 2153 de 1992, el cual es la base funcional de la Superintendencia de Industria y Comercio. Se trata de la SENTENCIAC-1126/08, la cual todavía no existe, pero que deberá ser expedida en uno o dos meses.

Como decisión la Corte se declaró inhibida para resolver sobre la demanda de inconstitucionalidad instaurada contra el numeral 12) del artículo 4º y el inciso cuarto del artículo 52 del Decreto 2153 de 1992. El motivo es que

"La Corte constató que el Decreto 2153 de 1992 fue expedido en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 20 transitorio de la Constitución Política. No obstante, la Corte determinó en Auto 001 A de 1993 que carece de competencia para estudiar la exequibilidad de dichos decretos, la cual recae en el Consejo de Estado, posición que coincide con la jurisprudencia del tribunal supremo de los contencioso administrativo. Por tal motivo, la Corte se abstuvo de conocer de la presente demanda." (citado del comunicado)

Clic aquí para ir al Auto 001 A de 1993. En ese auto se sostuvo:

"El único camino para llegar a la conclusión de que el Consejo de Estado no es competente para conocer de las demandas de inconstitucionalidad contra los decretos dictados con base en el artículo transitorio 20, consistiría en demostrar que existen normas que expresamente le asignan tal conocimiento a la Corte Constitucional. Estas normas no existen. La incompetencia de la Corte Constitucional, origina, al contrario, la competencia del Consejo de Estado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, numeral 2." (citado del auto)

Los decretos autónomos son aquellos expedidos al amparto del Artículo 20 Transitorio de la Constitución Política de 1991:

"ARTICULO TRANSITORIO 20. El Gobierno Nacional, durante el término de dieciocho meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución y teniendo en cuenta la evaluación y recomendaciones de una Comisión conformada por tres expertos en Administración Pública o Derecho Administrativo designados por el Consejo de Estado; tres miembros designados por el Gobierno Nacional y uno en representación de la Federación Colombiana de Municipios, suprimirá, fusionará o reestructurará las entidades de la rama ejecutiva, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta del orden nacional, con el fin de ponerlas en consonancia con los mandatos de la presente reforma constitucional y, en especial, con la redistribución de competencias y recursos que ella establece."

La Constitución Política de 1991 tuvo 60 artículos transitorios. Eso significa que el 13% de la misma era "transitorio" (son 380 artículos permanentes).

Unidad de materia en el Plan de Desarrollo

martes, noviembre 18th, 2008

La Corte Constitucional en Comunicado de Prensa de Noviembre 5 de 2008 acaba de anunciar la decisión relacionada con una acusación de inexequebilidad por unidad de materia contra el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1151 de 2007). Se trata de la SENTENCIA-1088/08, la cual todavía no existe, pero que deberá ser expedida en uno o dos meses.

La unidad de materia es un principio constitucional:

"Artículo 158, C.P..- Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El Presidente de la respectiva comisión rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la misma comisión. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en su solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas."

Jurisprudencialmente puede tratarse la unidad de materia de la siguiente forma básicamente:

"Ha destacado la jurisprudencia que de esas disposiciones se desprenden tres condiciones que integran el principio de unidad de materia: En primer lugar, el legislador debe definir con precisión cual habrá de ser el contenido de la ley, lo cual debe reflejarse en el título del proyecto. En segundo lugar, todas las disposiciones de un proyecto de ley deben guardar una relación de conexidad entre si, bien sea temática, teleológica o sistemática. Finalmente, no resultan admisibles las modificaciones que se introduzcan a un proyecto de ley durante los debates en el Congreso y respecto de las cuales no sea posible establecer esa relación de conexidad" (Sentencia C-230/08, Corte Const.)

El comunicado de prensa se refiere en el numeral 6 al EXPEDIENTE D-7346 – SENTENCIA C-1088/08, Magistrado ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. El texto demandado fue:

"ARTíCULO 32. EVALUACIí“N DE DIRECTORES O GERENTES DE INSTITUCIONES PíšBLICAS PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD. Las Juntas Directivas de las Instituciones Públicas Prestadoras de Servicios de Salud deben definir y evaluar el Plan de Gestión para ser ejecutado por el Director o Gerente durante el período para el cual fue designado. Dicho Plan contendrá entre otras las metas de gestión y resultados relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios y las metas y compromisos incluidos en convenios suscritos con la Nación o la entidad territorial si los hubiere. La evaluación insatisfactoria de dichos planes será causal de retiro del servicio del Director o Gerente para lo cual la Junta Directiva deberá solicitar al nominador y con carácter obligatorio para este la remoción del Gerente o Director aún sin terminar su período. La designación de un nuevo Gerente o Director se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1122 de 2007, para el tiempo faltante conforme a los períodos institucionales fijados en dicho archivo." (se resalta la parte demandada)

La decisión tiene como fundamento lo siguiente:

"La Corte determinó que el artículo 32 de la Ley 1151 de 2007 es parcialmente inconstitucional por vulnerar el principio de unidad de materia, en la medida que no guarda conexidad directa e inmediata con los objetivos, programas, metas y estrategias contenidos en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo. Si bien es cierto que un instrumento fundamental para solucionar las deficiencias de cobertura y calidad en la seguridad social integral en los sectores de salud y riesgos profesionales y protección al cesante, es la operación eficiente de las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas, a través de un Plan de Gestión que debe ser ejecutado por el Director o Gerente durante el período para el cual fue designado, la consecuencia de la evaluación insatisfactoria de tales planes es una materia ajena al Plan Nacional de Desarrollo. A juicio de la Corte, tal eficiencia puede lograrse por medio de medidas administrativas o legislativas diferentes a Plan Nacional de Desarrollo. Por consiguiente el aparte normativo del artículo 32 de la Ley 1151 de 2007 que establece dicho retiro, fue declarado excluido del ordenamiento jurídico por desconocer el principio de unidad de materia que exige una conexidad directa e inmediata con los objetivos fijados en la Ley del Plan, que constituyan instrumentos inequívocamente efectivos para la realización de los programas y proyectos que contiene." (citado del comunicado de prensa)

Con anterioridad, la Corte Constitucional se había ocupado de otro caso de unidad de materia: la demanda contra los artículos 155 y 156 de la Ley 1151 de 2007, en la parte en que se decide la liquidación de Cajanal EICE, Caprecom y del Instituto de Seguros Sociales, en lo que a la administración de pensiones se refiere. En esa ocasión la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de esos artículos por los cargos formulados (Sentencia C-376/08, Corte Const.).

Correos electrónicos obtenidos sin autorización no pueden ser tenidos como prueba

martes, noviembre 11th, 2008

La Corte Consitucional ha producido la sentencia T-916/08, en la cual se señala como prueba ilegal la utilización de correos electrónicos privados cuya difusión no se autorizó, aunque existiera consentimiento para uso de la misma cuenta de correo entre esposo.
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