La tesis quedó planteada desde el debate a causa del TLC (ocasión en la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió su trámite, decisión revertida por el Consejo de Estado). Ahora en el 2011 se reitera con ocasión de un tratado de navegación aérea, demandado en acción popular.
Una autoridad no puede rechazar un trámite iniciado conforme formulario proporcionado por ella misma, so pretexto de falta de requisitos. Mucho menos si el requisito echado de menos no es de rango legal, o si el mismo puede deducirse de otros documentos que obran en el expediente. Adicionalmente a lo anterior, la entidad debe el expediente debidamente organizado.
En términos jurídicos, respecto a la discusión del matrimonio gay, la situación es esta:
1. Ya existe decisión sobre el sentido del art. 42 de la Corte Constitucional YA fue interpretado en la Sentencia C-1052/04, Corte Const. (ver mi nota ”El matrimonio gay NO ES constitucional”).
2. La Corte Constitucional no puede legislar exclusivamente pensando en grupos sociales particulares (por ejemplo Sentencia C-1052/04, Corte Const.).
3. No es cierto que los tratados internacionales obliguen a reconocer un matrimonio homosexual, tal como YA declaró el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (ver mi nota “Tribunal Europeo de Derechos Humanos niega que un Estado esté obligado a reconocer matrimonios homosexuales”).
4. La discusión debe dejar departir del retiro de la homosexualidad del listado de enfermedades mentales, porque ello obedeció a desórdenes de grupos progay que perturbaron las reuniones de la APA (ver mi nota “¿La discusión sobre el matrimonio gay realmente tiene en cuenta la ciencia?”).
Hoy, martes 26 de julio de 2011, debe sentar posición la Corte Constitucional sobre el matrimonio gay, asunto que ya tiene precedente jurisprudencial expreso negativo, según expuse en mi nota “El matrimonio gay NO ES constitucional”). Pero hay algo sorprendente en toda esta discusión, en concreto la invocación de la ciencia en defensa de dicho matrimonio, al tiempo que se deja de lado la forma como salió la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales en los setenta, que no fue asunto científico, sino una decisión política derivada de presiones violentas de grupos prohomosexuales.
En días pasados el Presidente de la República sancionó, entre otras, la Ley 1453 de 2011 “POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMA EL CÓDIGO PENAL, EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, EL CÓDIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, LAS REGLAS SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD”. Allí se incluye tipos penales que merecen estudio en lo que tiene que ver con el sector de las comunicaciones y de la tecnología.
La Corte Suprema de Justicia, sala de casación civil, se ha ocupado de un caso en el cual se han discutido los alcances del correo electrónico como prueba, a la luz de la Ley 527 de 1999.
La jurisprudencia contractual ha señalado que, en principio, la acción procedente cuando se ejecutan prestaciones no previstas en contrato estatal, es la de reparación directa. Pero esta regla no cabe cuando la discusión recae directamente sobre los alcances del objeto contractual, pues en tales casos la acción procedente es la contractual.
La acción de tutela tiene un trámite básicamente informal, pero eso no significa que no haya carga de la prueba para el accionante.
Este blog se ha ocupado varias veces de la necesidad de aplicar las normas en forma razonable (por ejemplo “La ley no se aplica como una fórmula matemática”). En la misma línea, y respecto del derecho administrativo sancionatorio, es hora de comentar el principio de proporcionalidad.
El Artículo 15 de la Constitución Política es la norma reina en materia de derecho a la intimidad, protección de datos, entre otros. Recientemente, con ocasión de una acción de tutela por causa de unos antecedentes administrativos, el Consejo de Estado hizo un examen general de dicho artículo.