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Una pregunta frecuente es si las empresas prestadoras de servicios públicos (ESP según el lenguaje de la ley 142 de 1994) pueden imponer sanciones a sus usuarios o suscriptores. En algunas ocasiones dicha posibilidad ha sido aceptada (como en la sentencia T-270 de 2004 de la Corte Constitucional) mientras que en otras fue rechazada (como en la sentencia T-561 de 2006). Mucho de la discusión tiene que ver con lo previsto en la Constitución Política de Colombia:

"Artículo 369, C.P..- La ley determinará los deberes y derechos de los usuarios, el régimen de su protección y sus formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas estatales que presten el servicio. Igualmente definirá la participación de los municipios o de sus representantes, en las entidades y empresas que les presten servicios públicos domiciliarios."

Por lo anterior, en el año 2008 finalmente la Corte Constitucional abordó el asunto en una sentencia de unificación: la SU-1010 de ese año. La discusión se plantea a partir de la siguiente situación:

"A través de los procesos de tutela bajo estudio, los distintos actores, en su condición de usuarios de los servicios públicos prestados por las empresas demandadas, solicitan la protección de sus derechos al debido proceso y a la defensa, presuntamente vulnerados por tales empresas, en razón a las distintas irregularidades en las incurrieron dentro de los procesos administrativos de revisión técnica que les adelantaron y que culminaron con la imposición de sanciones pecuniarias. Haciendo abstracción de los defectos menores mencionados en las distintas demandas, el punto de relevancia constitucional radica en la acusación en que coinciden todos los actores, quienes cuestionan la facultad de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios para imponer sanciones pecuniarias, bajo la consideración de que la misma no se encuentra prevista de manera expresa en la ley y, por tanto, no podía ser ejercida por tales empresas. Las entidades accionadas rechazaron la acusación afirmando que los procesos sancionatorios que se adelantaron en contra de los actores se originaron en el incumplimiento por parte de éstos del contrato de condiciones uniformes, habiéndose sujetado las actuaciones al procedimiento establecido en la ley y el respectivo contrato. Sobre esto último afirmaron que de acuerdo con el ordenamiento jurídico, ellas sí se encuentran facultadas para imponer sanciones pecuniarias cuando se presenta un incumplimiento del contrato de condiciones uniformes por parte del suscriptor o usuario." (Sent. SU-1010 de 2008, Corte Const.)

Ello lleva a proponer lo siguiente:

"Vistas las circunstancias fácticas del caso, le corresponde entonces a la Corte en esta oportunidad, determinar si las empresas de servicios públicos domiciliarios están o no facultadas para imponer sanciones pecuniarias a los usuarios cuando éstos incumplen el contrato de prestaciones uniformes.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará referencia a los siguientes temas: (i) aproximación conceptual y régimen constitucional de los servicios públicos; (ii) régimen legal de los servicios públicos domiciliarios; (iii) el contrato de servicios públicos domiciliarios; (iv) la potestad sancionatoria de la Administración; (v) las facultades de las empresas de servicios públicos domiciliarios frente al incumplimiento del contrato de condiciones uniformes; (vi) jurisprudencia constitucional respecto de la potestad de las empresas de servicios públicos domiciliarios para imponer sanciones de tipo pecuniario y, finalmente, (vii) procederá a unificar la posición de esta Corporación en torno a si las empresas de servicios públicos domiciliarios gozan o no de facultad sancionatoria.

Lo anterior le permitirá a esta Corte dar solución al problema jurídico planteado y efectuar el análisis de los asuntos bajo examen." (misma sentencia)

Luego de una revisión teórica de los aspectos constitucionales de los servicios públicos domiciliarios, pasa luego a revisar la ley 142 de 1994 «Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones», más tarde se concentra en el contrato de servicios públicos domiciliarios. Llega así a una primera conclusión:

"Como ya se mencionó, la relación jurídica que surge entre el usuario y las empresas de servicios públicos domiciliarios es también de naturaleza legal y reglamentaria. Ello significa que está orientada por normas de derecho público, de imperativo cumplimiento, destinadas a asegurar la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios y a garantizar el ejercicio, la efectividad y la protección de los derechos de los usuarios; sin que ello implique excluir de dicha relación la aplicación de normas de derecho privado respecto de aquellas materias no reguladas en la ley." (citado de la misma sentencia)

Sin embargo, el análisis, que debería llevar al estudio de la facultad sancionatoria de las ESP, se detiene, y se concentra como preámbulo en la facultad sancionadora de la Administración, sobre la cual señala entre otras cosas:

"6.2. Ahora bien, el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado -referida al conjunto de competencias que habilitan a diferentes órganos para imponer sanciones de variada naturaleza jurídica-, está subordinado a las reglas propias del debido proceso. De esta manera, cuando quiera que la Administración pretenda desplegar facultades de tipo sancionatorio dentro de la órbita de sus competencias, es necesario que el procedimiento a través del cual se encauce el ejercicio de dicha potestad respete las garantías constitucionales del debido proceso." (citado de la misma sentencia)

Luego se menciona la relevancia del principio de legalidad, como presupuesto de esa facultad:

"El principio de legalidad como pilar fundamental del ejercicio del poder, implica de manera general que «no existe facultad, función o acto que puedan desarrollar los servidores públicos que no esté prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley» , lo que resulta ser desarrollo del artículo 6 constitucional, según el cual, las autoridades son responsables, no sólo por infringir la Constitución y las leyes, sino también por la extralimitación en el ejercicio de sus funciones." (citado de la misma sentencia)

Posteriormente, y desarrollado un interesante examen de dicho principio, se llega a la reflexión respecto de la posibilidad de que esta facultad pueda ser ejercida por particulares.

"De esta manera, el hecho de que la potestad administrativa sancionadora constituya un instrumento de realización de los fines que la Carta atribuye a estas autoridades, es precisamente lo que justifica la posibilidad de que ella sea atribuida a particulares que ejercen funciones administrativas. Sin embargo, como quiera que el hecho de que el particular ejerza una potestad en tal sentido no deviene de su naturaleza sino del hecho de que se lo ha habilitado por la ley para el ejercicio de determinadas funciones públicas, en este evento es necesaria una mayor especificidad legislativa en cuanto a la posibilidad de ejercer una potestad en tal sentido y en relación con la determinación de los elementos estructurales de la falta, de la sanción propiamente dicha y del procedimiento a seguir, toda vez que se trata de una facultad extraña a la naturaleza del particular y, en este sentido, que responde a un específico fin: la consecución de los objetivos de la Administración Pública." (citado de la misma sentencia)

Con el marco antes propuesto, entra ahora la Corte a examinar las facultades sancionadoras de las ESP, primero respecto de la suspensión del servicio público domiciliario derivada del incumplimiento del pago de las facturas correspondientes, luego de la facultad de efectuar elcobro por el servicio consumido y no facturado y después del cobro de intereses de mora sobre los saldos quelos usuarios no cancelen oportunamente, facultades todas que están en la ley.

Entonces entra la Corte Constitucional a analizar si las ESPs tienen la facultad de imponer sanciones pecuniarias a los usuarios frente al incumplimiento del contrato de condiciones uniformes. Reconoce primero la existencia de posiciones encontradas en la jurisprudencia y examina la evolución jurisprudencial de la materia (ver todo el numeral 8 de la sentencia) y finalmente aborda el problema, planteado la situación de la siguiente manera:

"9.3. En este contexto y en consideración a los argumentos expuestos por las accionadas, encuentra la Sala necesario determinar si las empresas de servicios públicos domiciliarios están habilitadas para imponer el cobro de sumas de dinero por encima de los costos de los servicios a título de sanción pecuniaria, bien sea (i) a título de ejercicio de una facultad administrativa sancionatoria de tipo pecuniario o (ii) por la vía de que se trata de la exigencia de una cláusula penal de las previstas en el derecho privado." (citado de la misma sentencia)

Se advierte en algún momento posterior:

"Para dar respuesta a este interrogante, debe recordarse que en nuestro ordenamiento jurídico es posible que el legislador otorgue tanto a las autoridades administrativas como a los particulares que ejerzan funciones públicas la facultad de imponer sanciones. En este escenario, es válido que dicha autoridad establezca que las empresas de servicios públicos domiciliarios, independientemente de su naturaleza oficial o privada, puedan sancionar conductas que afecten la posibilidad de asegurar a todos los habitantes del territorio nacional la prestación eficiente del servicio y, en consecuencia, la consecución de la finalidad social del Estado en esta materia.

Pero, como se señaló, la posibilidad de otorgar dicha facultad sólo está en cabeza del legislador. En efecto, la reserva de ley, como principio fundante del ejercicio de la potestad administrativa sancionatoria, implica que sólo él puede establecer la existencia de dicha prerrogativa; adicionalmente, ello obedece a que, por expresa disposición constitucional, la regulación de los servicios públicos domiciliarios es materia que está reservada al legislador, con lo que se busca que éste sea el resultado de un proceso de deliberación democrática, público, abierto y pluralista que permita la participación de la sociedad, como expresión del principio democrático." (citado de la misma sentencia)

No se demora por tanto en afirmar:

"En efecto, en dicho Estatuto, ni expresa ni implícitamente, el legislador le reconoce facultades a las empresas de servicios públicos domiciliarios para imponer sanciones pecuniarias, por razón del incumplimiento del contrato, y por tanto, tampoco reguló un procedimiento para ejercer dicha facultad. Por lo tanto, de la Ley 142 de 1994 no se deriva la competencia de las empresas de servicios públicos para imponer sanciones pecuniarias a los usuarios." (citado de la misma sentencia)

Advierte la Corte Constitucional que las ESP han fundado su facultad sancionatoria en textos genéricos de la ley 142 de 1994 (artículos 140 y 142), pero que tales normas no son suficientes.

"Dicha conclusión sería inaceptable e inadmisible por cuanto ello constituiría una evidente vulneración del principio de reserva de ley, y específicamente del principio de tipicidad, el cual le impone al legislador la carga, no solo de tener que reconocer la facultad para sancionar, sino también de señalar las conductas constitutivas de infracción, las sanciones aplicables y el procedimiento que debe seguirse para su imposición; aspectos éstos que no pueden dejarse al arbitrio o a la definición discrecional de la autoridad administrativa.

En relación con este asunto, debe recordarse que la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en destacar la importancia de garantizar el respeto por los derechos y las garantías fundamentales de los usuarios de los servicios públicos, labor que por expresa disposición constitucional le corresponde asumir, en primer lugar, al legislador por vía de la regulación. En este sentido, si el órgano legislativo considerara necesario reconocer facultades en materia sancionatoria a las empresas de servicios públicos domiciliarios, sería imperativo que estableciera en forma expresa los elementos fundamentales que dan lugar a su ejercicio como mecanismo para garantizar la protección de los derechos de los usuarios." (citado de la misma sentencia)

Más adelante indica que un precedente sobre este punto en concreto se halla en la sentencia C-1123 de 2004 donde precisamente se manifestó que de esos artículos no podía derivarse facultad sancionatoria alguna, y recuerda que en la ley 1151 de 2007 sí se incluyó expresamente dicha facultad, pero tal norma fue declarada inexequible por ajena a un plan de desarrollo, cual era la materia de la ley. Complementa el tema así:

"La posición anteriormente expuesta, es compartida por el Consejo de Estado quien, en reciente pronunciamiento, sostuvo que sólo el legislador, de manera exclusiva y excluyente, tiene la potestad de definir qué autoridades pueden ejercer facultades sancionatorias y de qué manera deben hacerlo . En efecto, mediante Sentencia del 30 de julio de 2008, la Sección Tercera del Consejo de Estado decidió la acción de simple nulidad formulada en contra del artículo 54 de la Resolución No. 108 de 1997, proferida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, el cual establecía la facultad de las empresas de servicios públicos domiciliarios para sancionar pecuniariamente a los usuarios. En esa providencia se declaró nula la mencionada norma, bajo la consideración de que la facultad de imponer sanciones pecuniarias a los usuarios y suscriptores del servicio, en tanto ejercicio de una potestad sancionadora, debe tener origen legal." (citado de la misma sentencia)

Y remata:

"En conclusión, las empresas de servicios públicos domiciliarios no tienen facultad para imponer sanciones de tipo pecuniario a los usuarios, por cuanto el legislador no las ha legitimado para ello. En este sentido, la imposición de cobros a ese título ha comportado una vulneración del derecho al debido proceso de los usuarios y suscriptores, por desconocer los principios de reserva de ley, legalidad y tipicidad, en cuanto las conductas, las sanciones y el procedimiento que informan el ejercicio de la potestad sancionadora y la regulación de los servicios públicos domiciliarios, debían estar contenidos en la ley." (citado de la misma sentencia)

Es interesante que la Corte Constitucional no pasa de largo frente al problema de la libertad contractual que podría cobijar a las ESP en el contrato de condiciones uniformes, asunto que aborda de la siguiente manera:

"No se discute que, en virtud del postulado de la autonomía de la voluntad, sea posible que en los contratos en que es parte la Administración se pueda pactar la cláusula penal. Sin embargo, tratándose del contrato de servicios públicos domiciliarios, por ser tales servicios inherentes a la finalidad social del Estado y comprometer intereses superiores de la colectividad, el Estado está en la obligación de intervenirlo, en procura de mantener el equilibrio contractual frente a la situación de privilegio en que se encuentra una de las partes. Bajo ese entendido, el ejercicio de la autonomía de la voluntad está sujeto a la regulación especial que sobre la materia expida el legislador, quien en representación del Estado, tiene a su cargo la función de fijar el régimen jurídico que les es aplicable a los servicios públicos (C.P. art. 150-23, 365, 367 y 369).

Este criterio ya había sido expresado por la jurisprudencia constitucional. En efecto, mediante Sentencia T-197 de 2007 , la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional sostuvo que, como quiera que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, lo que implica que sea necesaria la intervención estatal en este ámbito para regular las relaciones que se generan entre las empresas prestadoras y los usuarios, no es posible reconducir estas decisiones al simple ejercicio de una facultad de las previstas en el derecho privado, y que no ha sido prevista en el régimen especial de los servicios públicos." (citado de la misma sentencia)

Así, llega a cerrar la discusión:

"A partir de tales consideraciones, la Sala concluyó que los cobros efectuados por las empresas de servicios públicos domiciliarios, no pueden ampararse en disposiciones pertenecientes al ámbito exclusivo del derecho privado de los contratos." (citado de la misma sentencia)

Clic aquí para bajar la sentencia T-197 de 2007 de la Corte Constitucional.

Visto todo lo anterior, por supuesto con lectura en extenso de la sentencia, puede entenderse cómo termina el análisis:

"9.4. En consecuencia, para la Corte es claro que las empresas de servicios públicos domiciliarios no están facultadas para imponer sanciones de tipo pecuniario a los usuarios, ni por la vía del ejercicio de una potestad administrativa sancionatoria, ni tampoco como consecuencia del ejercicio de una potestad de las previstas en el derecho privado, esto, a través de las cláusulas penales.

En consecuencia, los cobros que se han hecho a título de sanción comportan una clara y evidente violación de los artículos 6, 29 y 210 constitucionales, en tanto constituyen una extralimitación de las funciones y prerrogativas que les han sido reconocidas por la ley a las empresas de servicios públicos domiciliarios, independientemente de su naturaleza jurídica, ya sean públicas o privadas. Estas actuaciones, han comportado una vulneración del derecho al debido proceso de los usuarios, por haber sido impuestas con absoluto desconocimiento de los principios de reserva de ley y de los principios de legalidad y tipicidad, en cuanto las conductas, la sanción y el procedimiento que informan el ejercicio de la potestad sancionadora y la regulación de los servicios públicos domiciliarios, debían estar contenidos en la ley." (misma sentencia: Sent. SU-1010 de 2008, Corte Const.)

A continuación la Corte Constitucional se dedica a la procedencia de la acción de tutela para controvertir las sanciones pecuniarias impuestas por las empresas de servicios públicos domiciliarios (numeral 9.5), advirtiendo algo sumamente relevante: que si una sanción se impone bajo una interpretación ilegal, hay infracción de derechos fundamentales.

"En consecuencia, cuando quiera que la actuación de las empresas de servicios públicos domiciliarios frente a los usuarios se torne arbitraria y contraria al orden jurídico, valiéndose de su posición de privilegio, la acción de tutela resulta procedente como mecanismo de protección de los derechos fundamentales del usuario, frente a la ineficacia de los medios ordinarios de defensa judicial para proteger de manera inmediata los derechos conculcados.

En los casos objeto de estudio, las entidades accionadas han impuesto sanciones de contenido pecuniario a los usuarios frente al incumplimiento del contrato de condiciones uniformes. A pesar de que la mayoría de ellos ejercieron el recurso de reposición ante la propia entidad, e incluso en algunos casos, los recursos de apelación y queja ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, lo cierto es que éstos fueron decididos bajo la consideración de que las empresas de servicios públicos domiciliarios sí están facultadas para imponer sanciones de contenido pecuniario, conclusión que, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, resulta inaceptable.

En este sentido, es claro que los recursos administrativos con los que cuentan los accionantes no resultan eficaces como mecanismo para solicitar la protección de sus derechos fundamentales, puesto que el encargado de decidirlos tiene como parámetro una interpretación errada del ordenamiento que regula la materia. " (citado de la misma sentencia)

Por último, se dedida la Corte Constitucional a analizar los casos concretos, ante algunos de los cuales no puede dejar de destacar que muchos de los tutelantes habían dejado pasar más de cinco años para presentar alguna reclamación. Por ello trae a colación el principio de inmediatez en el ejercicio de la acción de tutela.

"En efecto, a pesar de que en todos los expedientes de la referencia las empresas han venido efectuando las facturaciones con base en estimados de consumos promedio desde hace más de cinco años, sólo hasta ahora los actores manifiestan su inconformidad con el hecho de que no se les hayan instalado los aparatos de medición, sin que durante dicho lapso hayan elevado reclamaciones formales ante las accionadas, ni tampoco hayan solicitado la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para exigir de parte de las demandadas el acatamiento de la obligación legal que estiman incumplida, lo que pone de manifiesto la actitud displicente y pasiva con la que los actores han asumido las mínimas cargas que les corresponden para lograr la solución del problema planteado.

De tal manera que si durante más de cinco años los actores no estimaron vulnerados sus derechos fundamentales, ni actuaron de manera diligente para obtener la instalación de los equipos de medición, no pueden pretender ahora, luego de un prolongado tiempo en el que se han mantenido inactivos y mediante el ejercicio de la acción de amparo constitucional, que el juez de tutela elimine de sus cuentas las deudas que presentan por un servicio que efectivamente han consumido." (citado de la misma sentencia)

Decide así lo siguiente:

"En consecuencia, todo lo anteriormente expuesto muestra que el problema jurídico planteado en los expedientes T-1.621.898, T-1.828.809, T-1.828.810, T-1.828.811 y T-1.836.549, debe ser resuelto a través de los mecanismos ordinarios de protección judicial, por no existir motivo alguno que justifique la intervención inmediata del juez constitucional para solucionar los conflictos económicos que han planteado los usuarios.

Por lo tanto, dado que las acciones de tutela de la referencia son improcedentes para definir el problema jurídico señalado, esta Sala confirmará las decisiones judiciales objeto de revisión." (citado de la misma sentencia)

En otros casos ordena conceder la protección constitucional, en medio de diversas órdenes (suspensión de ejecutivos, etc.).

El año de 2008, se produjo una importante sentencia del Consejo de Estado, dentro de una demanda tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de los artículos 53 y 54 parágrafos 1º y 2º de la Resolución N° 108 de 1997 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG. Escribió el Consejo de Estado:

"Fundamento jurídico de la facultad de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de imponer sanciones pecuniarias a los suscriptores y usuarios de los servicios, el Decreto 1303 de 1989; al respecto, observa la Sala: El Decreto 1303 del 19 de junio de 1989, fue expedido con fundamento en las Leyes 113 de 1928, 109 de 1936 y 126 de 1938 y efectivamente, contemplaba, entre otras cosas, en su artículo 20, las sanciones pecuniarias por el uso no autorizado o fraudulento del servicio eléctrico.La Ley 113 del 21 de noviembre de 1928, «Sobre estudio técnico y aprovechamiento de corrientes y caídas de agua», entre otras cosas, se refirió al aprovechamiento, por parte de la Nación, los departamentos y los municipios, de la fuerza hidráulica de corrientes y caídas de agua para efectos de producción de energía eléctrica, estableciendo el uso exclusivo de tal fuerza hidráulica por parte de dichas entidades públicas; es así como la ley autorizó al Gobierno Nacional para contratar estudios sobre algunas corrientes y caídas de agua y su posible aprovechamiento para el desarrollo de la fuerza hidráulica, y en caso de que sirvieran para producir energía eléctrica para la satisfacción de las necesidades de las distintas regiones del país, lo autorizó para verificar la instalación de las plantas adecuadas para tales servicios; además declaró de utilidad pública el aprovechamiento de la fuerza hidráulica para todo objeto permitido por las leyes y declaró la reserva de dominio a favor de la Nación, del uso de la fuerza hidráulica que podía desarrollarse con las aguas que le pertenecían, sin perjuicio de los derechos adquiridos, y de el uso de la fuerza hidráulica establecido o concedido legalmente a favor de las empresas públicas departamentales o municipales con anterioridad, dándole así mismo la posibilidad al Gobierno Nacional de ceder a municipios o departamentos hasta por 50 años, el uso de la fuerza hidráulica de su territorio. La Ley 109 del 11 de mayo de 1936, «sobre tarifas y reglamentos de empresas de energía eléctrica y de acueductos a domicilio» , se refirió a la legalización de funcionamiento de las empresas que se encontraran las empresas que aprovecharan aguas de uso público para el servicio de acueductos o para producir energía, cuyos reglamentos y tarifas tendrían que ser aprobados por el Gobierno, con el fin de que no pudieran en ningún caso imponer condiciones o cobrar tasas que excedieran de los justos límites de la conveniencia colectiva y de la moral comercial. Por su parte, la Ley 126 del 26 de octubre de 1938, versó «sobre suministro de luz y fuerzas eléctricas a los Municipios, adquisición de empresas de energía eléctrica, de teléfonos y de acueductos e intervención del Estado en la prestación de los servicios de las mismas empresas». El artículo 1º de dicha ley, estableció que el suministro de energía eléctrica era un servicio público fundamental, en cuyo establecimiento, desarrollo y financiación cooperarían la Nación, los Departamentos y los Municipios; estableció así mismo, el deber de la Nación y los departamentos de contribuir con la construcción, ensanche o mejoramiento de las plantas eléctricas que se establecieran en los municipios y las formas de cooperación entre las distintas entidades territoriales, para el establecimiento de plantas eléctricas y grandes centrales hidroeléctricas, así como para la canalización primaria para prestar el servicio; mediante esta ley, así mismo, se declaró de utilidad pública la adquisición por la Nación, los Departamentos y los Municipios, de las empresas de producción, conducción y distribución de energía eléctrica, las de teléfonos y las de acueductos, destinadas a prestar el servicio público, las cuales quedarían sometidas al control del Gobierno Nacional, y se defirió a los concejos municipales la expedición de las normas relativas a la municipalización de las plantas eléctricas existentes en los municipios. Es claro entonces, que el mencionado Decreto reglamentario perdió su vigencia, dejó de regir, y por lo tanto -aparte de que las facultades sancionatorias deben tener origen legal- el mismo, no puede ser el fundamento jurídico de la supuesta potestad sancionatoria radicada, según la entidad demandada, en cabeza de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica. Y en este punto, llama la atención de la Sala el hecho de que la CREG aduzca, en defensa de su acto administrativo y de la facultad de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de imponer sanciones pecuniarias, la existencia del Decreto 1303 de 1989, cuando ella misma, en Concepto MMECREG-1721 del 14 de septiembre de 1998, había admitido la inaplicabilidad del Decreto por la expresa derogatoria de las leyes que reglamentaba." (CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, Consejero ponente: RAMIRO SAAVEDRA BECERRA, Bogotá, D. C, treinta (30) de julio de dos mil ocho (2008), Radicación número: 11001-03-26-000-2004-00003-00(26520), Actor: CORPORACION LIGA DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EN BARRANQUILLA, Demandado: NACION – COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS CREG)