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Aunque la acción de tutela es en ocasiones el único mecanismo para la salvaguarda de derechos fundamentales (ver por ejemplo el caso de que trata la Sentencia T-827/05 de la Corte Constitucional), en otras ocasiones resulta ser un perverso instrumento para la defraudación del Estado y el irrespeto de las reglas de juego a que deben atenerse los jueces. Un caso lamentable desde todo punto de vista es del que se ocupa la Sentencia T-538/09, en la cual la Corte Constitucional termina dando traslado incluso a la Fiscalía General de la Nación.

Esa sentencia se ocupa de una acción de tutela iniciada en 2008 por exfuncionarios de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM, contra el Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom PAR. El propósito de la acción era el pago de indemnizaciones por presunta infracción a las reglas sobre fuero sindical, comoquiera que -según los tutelantes- no es posible liquidar una empresa sin antes haber tramitado los procesos de fuero sindical, si es que estos se iniciaron (para leer una sentencia de tutela relacionada con este tema puede leerse la Sentencia T-360/07 la sentencia T-383 de 2007, por ejemplo; la última es específicamente del caso TELECOM).

El Juzgado 4º Penal Municipal de Montería, juzgador de primera instancia inicialmente, primero decretó un embargo contra el PAR por

"…mil trescientos millones de pesos ($1.300.000.000), sobre los dineros de la empresa PAR PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES, por “concepto de salarios y prestaciones sociales dejadas de cancelar”" (citado de la sentencia T-538/09)

Luego ordenó el embargo adicional de $227.789.369 a favor de los tutelantes, dio por no contestada la demanda y condenó al PAR.

"Al respecto, cabe señalar que el juez dio por ciertos todos los hechos alegados en la petición de amparo, debido a la entidad accionada no respondió. De igual manera, consideró que se había vulnerado el derecho al debido proceso, por cuanto los peticionarios fueron desvinculados de Telecom, sin que previamente se hubiera acudido ante la justicia laboral, a efectos del levantamiento del fuero sindical." (citado de la sentencia T-538/09)

El PAR solicitó nulidad de la actuación dado que no tuvo tiempo de contestar la demanda de tutela, dado que hubo fallo antes de que se cumpliera el plazo para responder según el momento en que recibió por correo la demanda. El Juzgado 4º Penal Municipal de Montería la negó, con base en la fecha de envío, aunque dio trámite a la impugnación de la decisión de primera instancia. En segunda instancia, se decretó la nulidad solicitada y se regresó el expediente al Juzgado 4º Penal Municipal de Montería.

"Mediante sentencia proferida el 30 de octubre de 2008, el Juzgado decidió nuevamente amparar transitoriamente los derechos fundamentales alegados por los peticionarios, ratificar los embargos decretados por más de 1.500 millones de pesos, y ordenar cancelar “los pagos expuestos en la liquidación de salarios y prestaciones sociales incorporada dentro del proceso”." (citado de la sentencia T-538/09)

En la impugnación, el PAR alegó falta de inmediatez de la tutela, dado que para entonces TELECOM llevaba varios años de liquidado, y la existencia de mecanismos judiciales ordinarios para tramitar la reclamación.

"El Juzgado 2º Penal del Circuito de Montería, mediante providencia del 18 de diciembre de 2008, decidió revocar la sentencia de amparo y dejar sin efectos la medida provisional de embargo y secuestro de dineros." (citado de la sentencia T-538/09)

Ello lo hizo con base en que los tutelantes recibieron oportunamente indemnizaciones por parte de TELECOM, que no se respetó el principio de inmediatez (sobre este principio ver por ejemplo Sentencia T-607/08) y calificó de irregular el trámite dado al embargo de dineros del PAR.

En revisión por parte de la Corte Constitucional, se ordena la práctica de pruebas al PAR, entre ellas información relativa a la situación de los tutelantes.

"En escrito radicado el 7 de julio de 2009 en la Secretaría General de la Corte, el apoderado del Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR, pone de presente, además de los argumentos defensivos pertinentes, la existencia de numerosas irregularidades que se presentaron durante el trámite de la presente acción de tutela.

En tal sentido, indica que el Juzgado 4º Penal Municipal de Montería, mediante oficio del 21 de agosto de 2008, decretó como medida provisional “sin haber verificado la situación de los hechos, de la urgencia y gravedad de las condiciones de los aquí accionantes”, un embargo por $ 1.300.000.000 millones de pesos, medida que luego fue ajustada, mediante auto del 1 de septiembre de 2008, en $ 227.789.369 millones de pesos adicionales.

Agrega que, durante el trámite de la acción de tutela no se le permitió actuar a la entidad accionada, motivo por el cual el Juzgado 2º Penal del Circuito de Montería decretó la nulidad de todo lo actuado. No obstante lo anterior, los dineros fueron pagados, según oficio del 19 de febrero de 2009, suscrito por el nuevo titular del Juzgado 4º Penal Municipal de Montería. En palabras del juez “son materialmente imposible devolverlos, porque los mismos fueron pagados a los accionantes en virtud de la medida provisional que adoptó el titular del despacho para la época al admitir la acción de tutela, esto es, agosto 21 de 2008”." (citado de la sentencia T-538/09)

El PAR además advirtió que las liquidaciones de los exfuncionarios, aunque hubiera sido procedente la condena, no superaban los 400 millones de pesos.

Luego de resumir lo ocurrido hasta el momento, advierte:

"En este orden de ideas, resulta evidente que se está ante un caso de ejercicio abusivo de la acción de tutela, con serias implicaciones disciplinarias y penales para los servidores públicos, apoderado y peticionarios implicados en los hechos.

Siendo ello, la Sala de Revisión analizará las razones por las cuales en el presente caso era manifiestamente improcedente el amparo transitorio, y por qué la acción de tutela, en un Estado Social de Derecho, no puede ser empleada para fines espurios. Compulsará igualmente las respectivas copias a los órganos de control competentes." (citado de la sentencia T-538/09)

La Corte Constitucional advierte cómo era improcedente el amparo transitorio, visto que a los tutelantes se les reconocieron sus derechos en los términos previstos en la jurisprudencia constitucional:

"Reconoce la actual entidad accionada que los peticionarios sí se encontraban aforados, situación que se les respetó, hasta el momento en que la empresa se extinguió jurídicamente. Al respecto, cabe señalar que la Corte en sentencia T- 383 de 2007, precisó que “Cuando se reintegra a un aforado sindicalizado a una empresa que se encuentra en liquidación, esa relación laboral existe hasta el acta que pone fin a la empresa. Si prospera el reintegro, tendrá efectos jurídicos mientras subsista la persona jurídica empleadora, es decir, hasta el acta de terminación de la liquidación”." (citado de la sentencia T-538/09)

Y como quedó probado que a esos exfuncionarios ya se les había indemnizado:

"En este orden de ideas, resulta evidente que (i) la acción de tutela era extemporánea, por cuanto los peticionarios laboraron para la entidad hasta el 31 de enero de 2006, es decir, dejaron pasar más de dos años para acudir ante el juez constitucional; (ii) tomando en consideración las cuantiosas indemnizaciones que recibieron, difícilmente se puede afirmar que su derecho al mínimo vital se encontraba vulnerado; (iii) una vez desvinculados de la empresa, los extrabajadores contaron con la facultad de acudir ante la justicia laboral ordinaria, en sede de acción de reintegro por fuero sindical, lo cual tampoco hicieron; y (iv) no se aportaron pruebas en el sentido de demostrar que la otra vía judicial era ineficiente para lograr la protección de los derechos alegados." (citado de la sentencia T-538/09)

Finalmente, la Corte Constitucional llama la atención sobre el uso espurio de la acción de tutela.

"Siendo ello, las bondades de la acción de amparo, en términos de sencillez, celeridad y antiformalismo, no pueden ser aprovechadas por los ciudadanos y los abogados para la consecución de fines mezquinos o ilegales. Al mismo tiempo, los jueces constitucionales no pueden prestarse para ello, y mucho menos ejercer sus competencias por fuera del ordenamiento jurídico, so pretexto de lograr el amparo efectivo de supuestos derechos fundamentales. Tales comportamientos, coadyuvan a deslegitimar la administración de justicia ante la comunidad y configuran un abuso del derecho fundamental de acceder a aquélla." (citado de la sentencia T-538/09)

Así, y frente al caso concreto, señala la Corte Constitucional:

"En tal sentido, el decreto de medidas provisionales, reservado para los casos verdaderamente urgentes y de real amenaza para los derechos fundamentales, no puede convertirse en un instrumento para lograr el embargo y el pago de inexistentes acreencias laborales.

En el caso concreto, como se explicó, con la presentación de unas simples liquidaciones laborales, elaboradas por los peticionarios, el juez de amparo decidió, como medida provisional, decretar un embargo por $ 1.300.000.000 millones de pesos, en contra del Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom. Posteriormente, antes del fallo, y sin que las pruebas hubiesen sido controvertidas por la entidad accionada, la medida cautelar se amplió en la suma de $ 227.789.369 pesos. Es más, al momento de fallarse la nulidad de todo lo actuado, por parte del juez de segunda instancia, el dinero había sido ya entregado a los peticionarios. En otras palabras, sin contar con verdaderos elementos de prueba, y ante un riesgo inexistente, un juez ordenó embargar y pagar unas cuantiosas cantidades de dinero por vía de tutela.

De igual manera, la Corte no puede perder de vista que ante la declaratoria de nulidad de todo lo actuado por el superior jerárquico, el juez de primera instancia volvió a fallar a favor de los peticionarios, reiterando además sus injustificadas órdenes de pago.

Así las cosas, la Sala de Revisión confirmará la sentencia de amparo proferido el 18 de diciembre de 2008, por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Montería, mediante el cual se negó la protección constitucional demandada y compulsará copias de todo lo actuado a los órganos de control competentes." (citado de la sentencia T-538/09)