Declarada exequible la facultad de investigar en bases de datos privadas, siempre que medie orden judicial previa

En comunicado de prensa de 9 de de mayo de 2007, la Corte Constitucional declaró exequibles la expresión «cuando resulte necesaria la búsqueda selectiva en las bases de datos computarizadas, mecánicas o de cualquier otra índole, que no sean de libre acceso» del artículo 14 de la Ley 906 de 2004, y el inciso segundo del artículo 244 de la Ley 906 de 2004, bajo la condición de preexistencia de orden de autoridad competente.  La ley 906 de 2004 es el Código de Procedimiento Penal de Colombia.

Transcribo lo pertinente del comunicado de prensa:

«COMUNICADO DE PRENSA
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La Corte Constitucional, en la sesión de la Sala Plena celebrada el día 9 de mayo de 2007, adoptó las siguientes decisiones:

1. EXPEDIENTE D-6473 – SENTENCIA C-336/07
 Magistrado ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño

1.1. Normas acusadas
LEY 906 DE 2004
(agosto 31)
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal

Artículo 14. Intimidad. Toda persona tiene derecho al respeto de su intimidad. Nadie podrá ser molestado en su vida privada.
No podrán hacerse registros, allanamientos ni incautaciones en domicilio, residencia, o lugar de trabajo, sino en virtud de orden escrita del Fiscal General de la Nación o su delegado, con arreglo de las formalidades y motivos previamente definidos en este código. Se entienden excluidas las situaciones de flagrancia y demás contempladas por la ley.
De la misma manera deberá procederse cuando resulte necesaria la búsqueda selectiva en las bases de datos computarizadas, mecánicas o de cualquier otra índole, que no sean de libre acceso, o cuando fuere necesario interceptar comunicaciones.
En estos casos, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes deberá adelantarse la respectiva audiencia ante el juez de control de garantías, con el fin de determinar la legalidad formal y material de la actuación.
Artículo 244. Búsqueda selectiva en bases de datos. La policía judicial, en desarrollo de su actividad investigativa, podrá realizar las comparaciones de datos registradas en bases mecánicas, magnéticas u otras similares, siempre y cuando se trate del simple cotejo de informaciones de acceso público.
Cuando se requiera adelantar búsqueda selectiva en las bases de datos, que implique el acceso a información confidencial, referida al indiciado o imputado o, inclusive a la obtención de datos derivados del análisis cruzado de las mismas, deberá mediar autorización previa del fiscal que dirija la investigación y se aplicarán, en lo pertinente, las disposiciones relativas a los registros y allanamientos.
En estos casos, la revisión de la legalidad se realizará ante el juez de control de garantías, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la culminación de la búsqueda selectiva de la información.
Artículo 246. Regla general. Las actividades que adelante la policía judicial, en desarrollo del programa metodológico de la investigación, diferentes a las previstas en el capítulo anterior y que impliquen afectación de derechos y garantías fundamentales, únicamente se podrán realizar con autorización previa proferida por el juez de control de garantías, a petición del fiscal correspondiente. La policía judicial podrá requerir autorización previa directamente al juez, cuando se presenten circunstancias excepcionales que ameriten extrema urgencia, en cuyo caso el fiscal deberá ser informado de ello inmediatamente.

1.2. Problema jurídico planteado
Le corresponde a la Corte resolver, si las disposiciones legales  que autorizan la búsqueda selectiva de datos personales referidos al indiciado o imputado en las bases de datos que contienen información que no es de libre acceso o confidencial, contando únicamente con la autorización previa del fiscal que dirija la investigación, desconoce o no la reserva judicial prevista en el numeral 3 del artículo 250 de la Constitución, toda vez que se trata de medidas que implican afectación de derechos fundamentales y por ende, requieren de la autorización del juez de control de garantías. 
1.3. Decisión
Primero.- Declarar exequible la expresión «cuando resulte necesaria la búsqueda selectiva en las bases de datos computarizadas, mecánicas o de cualquier otra índole, que no sean de libre acceso» del artículo 14 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que se requiere de orden judicial previa cuando se trata de los datos personales organizados con fines legales y recogidos por instituciones o entidades públicas o privadas debidamente autorizadas para ello.
Segundo.- Declarar exequible el inciso segundo del artículo 244 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que se requiere de orden judicial previa cuando se trata de los datos personales organizados con fines legales y recogidos por instituciones o entidades públicas o privadas debidamente autorizadas para ello.
Tercero.- Declararse inhibida para emitir una decisión de fondo en relación con la acusación formulada contra un aparte del artículo 246 de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustantiva de la demanda.
1.4. Razones de la decisión
La Corte reiteró que según  la regla general establecida en el artículo 250 de la Constitución Política, las medidas que se adopten por la Fiscalía General que afecten derechos fundamentales, requieren autorización previa del juez de control de garantías. Conforme a lo anterior (i) corresponde a los jueces de control de garantías la adopción de las medidas necesarias para asegurar la comparecencia de los imputados al proceso penal; solo excepcionalmente y previa regulación legal que incluya los límites y eventos en que procede, la Fiscalía puede efectuar capturas; (ii) la Fiscalía tiene la facultad de adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptación de comunicaciones, sometidos al control posterior del juez de control de garantías (numeral 2, artículo 250 C.P.); (iii) en todos los demás eventos en que para aseguramiento de los elementos materiales probatorios, se requiera medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales, deberá mediar autorización, es decir, control previo, por parte del juez de control de garantías. La Corporación determinó que la búsqueda selectiva de información personal contenida en bases de datos regulada en los artículos 14 y 244 de la Ley 906 de 2004 pertenece a la tercera categoría de medidas, toda vez que se inserta dentro del ámbito de operatividad del derecho fundamental al habeas data consagrado en el artículo 15 de la Constitución. Esto es, que dicha búsqueda recae sobre sistemas de acopio de información efectuada en desarrollo de una actividad profesional o institucional de tratamiento de datos que se articulan en los llamados bancos de datos o centrales de información, que son administrados por entidades públicas o privadas sometidas a ciertos principios jurídicos, con el fin de garantizar la armonía en el ejercicio de los derechos fundamentales de diversos actores (titulares, usuarios y administradores) del proceso de recopilación, procesamiento, almacenamiento, control y divulgación de datos personales. De esta forma, tales bases de datos no pueden confundirse con aquellos sistemas de información creados por el usuario que no ejerce esa actividad de acopio de información de manera profesional o institucional. Así mismo, precisó que la consulta selectiva en bases de datos personales, tampoco puede confundirse con los registros que se  realizan en el marco de una diligencia de allanamiento y registro sobre ciertos objetos como archivos, documentos digitales, videos, grabaciones, que constituyen típicas diligencias de registro  y que, como tales, se rigen por el numeral 2 del artículo 250 de la Constitución y los artículos 219 a 238 de la Ley 906 de 2004, los cuales no son objeto del presente estudio de constitucionalidad. En ese orden, para la Corte, de conformidad con el numeral 3) del artículo 250 superior,  la búsqueda selectiva en las bases de datos personales computarizadas, mecánicas o de cualquier índole, por orden de la Fiscalía, debe contar siempre con la autorización previa del juez de control de garantías y referirse a la información que se acopia con fines legales, por instituciones o entidades públicas o privadas debidamente autorizadas para ello, por estar de por medio el derecho fundamental al habeas data. Sólo, en este sentido, los apartes acusados de los artículos 14 y 244 de la Ley 906 de 2004 resultan compatibles con la Constitución y por ende se declaró su exequibilidad condicionada. Por otro lado, la Corte encontró que los cargos formulados respecto del aparte demandado del artículo 246 de la Ley 906 de 2004, carecen de la precisión y certeza que se requiere para poder entrar a un examen de fondo sobre los mismos. Por tal motivo, se inhibió para emitir un fallo de mérito.

1.5.  El magistrado JAIME ARAUJO RENTERIA manifestó su salvamento de voto respecto de las decisiones adoptadas en esta sentencia, por considerar que la búsqueda selectiva de información en bases de datos regulada en los artículos 14, 244 y 246, no entra en la excepción de registro prevista en el artículo 250 de la Constitución y vulnera abiertamente el derecho al habeas data consagrado en el artículo 15 superior, el cual goza de una protección general, que no puede quedar a cargo de la Fiscalía General responsable de la investigación y acusación penal. » (resaltado dentro del texto)

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