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Un problema reiterado en materia de control de servicios postales, es la línea que lo divide del servicio de carga. Aunque es claro que la mensajería especializada es diferente al servicio de carga o al contrato de transporte (ver Sentencia No. C-407/94, Corte Const.), de vez en cuando se reaviva la discusión de qué es carga y qué correo. El ejercicio debería ser sencillo, porque el Decreto 229 de 1995 señalaba que es correo todo aquello menor a dos kilos, sin embargo, a veces la realidad no es tan sencilla. No es un ejercicio teórico, porque de ello depende qué régimen legal se aplica y, para los consumidores, qué autoridad protege sus derechos. Y a ello se le suma otro problema: ¿y si la empresa que se hace cargo del envío no lo hace conforme las reglas vigentes, quién hace el control?

El tema se abordó en un proceso de resolución de conflicto de competencias iniciado por la Superintendencia de Puertos y Transporte contra el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Se trató del Expediente No. 11001-03-06-000-2010-00055-00, Conflicto de Competencias Administrativas. Partes: Superintendencia de Puertos y Transporte – SUPERTRANSPORTE C/ Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El conflicto se originó en tres quejas contra la Empresa 4-72 (Servicios Postales Nacionales), a causa de envíos de más de dos kilos aceptados por dicha empresa que nunca llegaron a su destino. ¿Quién debía entonces tramitar la queja? ¿Superpuertos a causa del peso, o la autoridad de vigilancia que vigila a Servicios Postales Nacionales? Lo curioso es que la Superintendencia sostenía que únicamente reconocía competencia si existían contrato de transporte, como si la forma pudiera definir el fondo. Comoquiera que la queja se produjo en el 2010, el Ministerio sostuvo que el competente era la Superintendencia de Industria y Comercio, la autoridad actualmente responsable de protección al consumidor en servicios postales conforme lo previsto en la nueva ley postal. Como en algún momento las quejas se remitieron a Superpuertos, por el peso, es que comenzó la discusión, por otra parte, esa misma Superintendencia sostuvo que el competente era el Ministerio.

Este proceso tienen un componente adicional relacionado con competencia funcional, que vale la pena mencionar y que surgió con ocasión de los alegatos de conclusión. Ocurre que el jefe de la Oficina Jurídica de Superpuertos, como suele ocurrir con los jefes de oficinas jurídicas, tenía delegación para otorgar poderes a nombre de la entidad para actuar ante instancias judiciales, y con base en tal delegación presentó alegatos de conclusión a nombre de Superpuertos, sin embargo, el Consejo de Estado no le reconoció personería para actuar, bajo el entendido que esta es distinta a la facultad de apoderar.

El artículo 21 de la Ley 1369 de 2009 sostiene lo siguiente:

"Artículo 21, L. 1369/09. Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad competente para hacer cumplir las normas sobre Libre Competencia, Competencia Desleal, y Protección del Consumidor en el mercado de los servicios postales, en los términos de la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992, la Ley 1340 de 2009, las Leyes 256 de 1996 y 510 de 1999 y el Decreto 3666 de 2002."

La Superintendencia de Industria y Comercio, llamada a intervenir en el proceso, coincidió con la tesis del Ministerio.

Cuando entra a analizar el problema, el Consejo de Estado comienza señalando la derogatoria del D. 229 de 1995 con la expedición de la Ley 1369 de 2009, y coincide también con la tesis del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, advirtiendo adicionalmente que esa ley no contempló régimen de transición:

"De esta manera como la ley 1369 de 2009 no previó un régimen de transición en relación con la protección del consumidor en la prestación de los servicios postales, la competencia para desempeñar tales funciones se halla radicada en la Superintendencia de Industria y Comercio desde que esa ley entró en vigencia, esto es, desde el 30 de diciembre de 2009." (citado de la sentencia del Consejo de Estado)

El Consejo no se ocupa del peso de los envíos, sino sencillamente del hecho de que los envíos se produjeron a través de la empresa 4-72. Es decir, esta empresa responde bajo su régimen legal.