Gobierno gana caso relacionado con bloqueo de taxistas en Bogotá

En el mes de agosto de 2001, las calles de Bogotá fueron bloqueadas por muchos taxistas en protesta por una medida de "pico y placa". El calibre del bloqueo a la movilización de los bogotanos fue noticia en todo el mundo. Como los taxistas utilizaron, para organizar el bloqueo, las frecuencias autorizadas a una empresa de taxis por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (entonces Ministerio de Comunicaciones), dicha empresa fue sancionada por faltar a su deber de controlar lo que se hacía con su red, perjudicando con ello a toda la población de Bogotá. La empresa demandó la sanción, pero finalmente, el pasado mes de abril de 2010, el Consejo de Estado dio la razón al Ministerio.

El caso fue decidio definitivamente por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 15 de abril de 2010, Radicación número: 25000-23-24-000-2002-00813-01. Taxistas de Bogotá estacionaron sus taxis en diversos sitios claves de la ciudad e impidieron el paso de todo vehículo, incluso escolar, coordinando sus acciones a través de las frecuencias de Radiotaxi Aeropuerto S.A., sin importar en lo más mínimo poner en riesgo a niños de todas las edades y personas con urgencia real de movilizarse. El Ministerio de Comunicaciones acusó a esa empresa de faltar a sus deberes como operadores de un servicio público de telecomunicaciones, dejando que sus frecuencias sirvieran para afectar a todos los bogotanos sin hacer el menor esfuerzo por impedir tan mal uso. Para los detalles de los cargos formulados y la respuesta de la empresa, sugiero leer la RESOLUCIÓN 00144 DE 2002, mediante la cual se impuso la sanción. Llevado el caso ante los tribunales, el Ministerio tanto ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, como ante el Consejo de Estado.

La empresa sancionada alegó en su defensa que (se cita de la sentencia) "Los particulares son constitucional y legalmente responsables por acción pero no por omisión", que no faltó a ningún deber (numerales 10 y 11 del artículo 52 del Decreto Ley 1900 de 1990), que se le violó el debido proceso ya que no se identificaron los verdaderos coordinadores del paro de taxistas, que la empresa no tuvo responsabilidad alguna aunque sus frecuencias fueron utilizadas para tal propósito, que se violó el principio de igualdad puesto que no se sancionaron otros potenciales responsables y que se violó el principio de "personalidad de la sanción" (esto, porque debió buscarse el directamente autor del paro).

Hay que advertir que durante el bloqueo, el Ministerio de Comunicaciones intentó comunicarse con Radiotaxi Aeropuerto con el fin de que pusiera orden en sus redes de comunicaciones, sin embargo, no hubo respuesta a tales peticiones, e incluso la empresa alegó no haber recibido mensaje alguno al respecto.

Sostuvo, en resumen, el Ministerio de Comunicaciones durante el proceso:

"El Ministerio de Comunicaciones, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones del demandante y sostuvo que las concesiones del servicio público de telecomunicaciones comportan deberes, derechos y obligaciones, de modo que la demandante no puede argumentar que no le cabe responsabilidad si permite que terceros hagan uso de las frecuencias que le han sido asignadas.

Así, aunque es cierto que le corresponde al Ministerio de Comunicaciones velar por correcta gestión, administración y control del espectro electromagnético, el demandante no puede obviar que, precisamente en cumplimiento de dicha función, ordenó a la empresa colaborar con la tarea de obstaculizar las transmisiones llevadas a cabo por los taxistas que pugnaban por bloquear la ciudad de Bogotá." (citado de la sentencia)

En la apelación, la empresa insistió en que la normatividad vigente no impuso deber alguno como el invocado por el Ministerio.

"En suma, el apoderado del demandante, expone lo siguiente:

(…) la sanción impuesta a mi representada jamás consultó la verdad de lo acontecidos en esos días, que mi representada jamás incurrió en actitudes provocadoras como tampoco en conductas que fuesen omisivas y que la sanción no fue más que el resultado de la necesidad política y social que se tenía por parte del gobierno distrital de hallar un responsable por la ocurrencia de unos hechos de gran magnitud que fueron consecuencia directa de la reacción espontánea y por que no irreflexiva de quienes usaron no menos de 20.000 vehículos para protestar por lo que consideraban un atropello del burgomaestre de la ciudad que afectaba en forma clara sus intereses. (…)" (citado de la sentencia)

La posición del Consejo de Estado se concreta en lo siguiente:

"Ahora bien, la Corte Constitucional mediante sentencia C-329 de 2000 estudió la constitucionalidad, entre otros, del artículo 52 del Decreto 1900/90. Al respecto, dicha Corporación indicó: “(…) Con respecto a los numerales 10 y 11 del art. 52 del decreto 1900/90, si bien a primera vista pueden entenderse, en el sentido de que ellos contienen unas previsiones generales que abren la posibilidad de que puedan imponerse sanciones a discreción de la autoridad administrativa, observa la Corte que ellos deben ser interpretados de manera unitaria e integral con los demás numerales del mencionado artículo 52. Por consiguiente, la violación o desconocimiento de los derechos y deberes consagrados en el referido estatuto, o cualquier otra forma de incumplimiento o violación de las disposiciones legales o contractuales, sólo dará lugar a la imposición de sanciones en cuanto a las respectivas conductas atenten de manera específica y directa con el cumplimiento de los requisitos para el acceso al servicio o para la utilización de los medios técnicos que éste comporta y tengan relación con las hipótesis reguladas en los numerales 1 a 9 del referido art. 52. (…)”. (…) [E]l Tribunal Constitucional advirtió que cuando la administración optara por imputar la infracción contemplada en el numeral 10 del artículo 52, debía hacerlo por una conducta relacionada con aquellas contenidas en los demás numerales y que atentara directa y específicamente contra el cumplimiento de los requisitos para el acceso al servicio de telecomunicaciones o para la utilización de los medios técnicos que éste comporta. La Sala observa que la conducta imputada a RADIO TAXI AEROPUERTO S.A. de no haber reconvenido a los taxistas para que dejaran de coordinar los bloqueos en la ciudad de Bogotá los días 2, 3 y 6 de agosto de 2001, a través de la frecuencia que el Ministerio de Comunicaciones le había asignado para su red privada de telecomunicaciones, la hace acreedora a la sanción impuesta. A juicio del Ministerio, la conducta reprochada encaja en lo dispuesto en los numerales 10 y 11 del artículo 52 del Decreto Ley 1900 de 1990, como quiera que su obligación era la de utilizar responsablemente la frecuencia asignada para contribuir con el desarrollo económico y social del país y, por consiguiente, impedir que los taxistas incitaran al bloqueo de vías usando dicha frecuencia. La Sala considera acertada la posición asumida por el Ministerio de Comunicaciones, habida cuenta de que, en efecto, corresponde a todos los ciudadanos y específicamente a aquellos que operan redes y frecuencias asociadas con las telecomunicaciones, dar un adecuado uso a las mismas lo que implica, ineludiblemente y en términos generales, propender por el desarrollo económico, social y político del país y, particularmente de acuerdo con el inciso 2º del artículo 3º de la Decreto Ley 1900 de 1990, utilizarlas para contribuir con la convivencia pacífica." (citado de la sentencia)

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