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Muchas personas creen que cualquier afirmación basta para tramitar una denuncia penal, sin embargo, se olvidan que no hay nada más serio que la formulación de una denuncia; por algo existe el delito de falsa denuncia: "El que bajo juramento denuncie ante la autoridad una conducta típica que no se ha cometido, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses y multa de dos punto sesenta y seis (2.66) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes." (art. 435 Código Penal, modif por el art. 14, L. 890 de 2004). Este comentario se refiere a las denuncias penales, no a las quejas de otro tipo (como las de acoso laboral de la Ley 1010 de 2006, donde si bien se habla de "denuncia", en realidad se trata de quejas tal como se explica en la Sentencia C-282/07, Corte Const.).

"La denuncia en materia penal es una manifestación de conocimiento mediante la cual una persona, ofendida o no con la infracción, pone en conocimiento del órgano de investigación un hecho delictivo, con expresión detallada de las circunstancias de tiempo modo y lugar, que le consten. Se trata de un acto constitutivo y propulsor de la actividad estatal en cuanto vincula al titular de la acción penal – la Fiscalía – a ejercerla con el propósito de investigar la perpetración de un hecho punible. Es además un acto formal en el sentido que, aunque carece del rigor de una demanda, convoca una mínima carga para su autor en cuanto exige (i) presentación verbal o escrita ante una autoridad pública; (ii) el apremio del juramento; (iii)que recaiga sobre hechos investigables de oficio; (iv)la identificación del autor de la denuncia; iv) la constancia acerca del día y hora de su presentación; (vi) suficiente motivación, en el sentido que contenga una relación clara de los hechos que conozca el denunciante, de la cual se deduzcan unos derroteros para la investigación; (vii) la manifestación, si es del caso, acerca de si los hechos han sido puestos en conocimiento de otro funcionario. La denuncia es un acto debido en cuanto involucra el ejercicio de un deber jurídico (Art. 95.7 CP) del cual es titular la persona o el servidor público que tuviere conocimiento de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio. El acto de denuncia tiene carácter informativo en cuanto se limita a poner en conocimiento de la autoridad encargada de investigar, la perpetración de una conducta presumiblemente delictuosa, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó y de los presuntos autores o partícipes, si fueren conocidos por el denunciante. A diferencia de la querella, la denuncia no es desistible, ni comporta la posibilidad de retractación en razón a la naturaleza pública de los intereses jurídicos que se encuentran comprometidos, lo que excluye la disponibilidad sobre los mismos por parte del denunciante." (Sentencia C-1177/05, Corte Const.)

Así las cosas, no cualquier información puede tomarse como denuncia.

"En atención a las graves implicaciones de orden social, patrimonial, moral y legal que una denuncia penal puede acarrear a determinado o determinados ciudadanos, el legislador ha optado por rodear esta declaración de conocimiento de una serie de requisitos orientados a preservar los derechos fundamentales a la honra y el buen nombre, a precaver las denuncias temerarias, y a proteger el aparato jurisdiccional de usos indebidos. Se trata de unos mínimos requerimientos que, sin obstruir el racional acceso al aparato jurisdiccional, la provean de elementos que permitan establecer el fundamento que reclama no solamente la propia disposición legal, que establece que “En todo caso se inadmitirán las denuncias sin fundamento”, sino la disposición constitucional que supedita la obligatoriedad en el adelantamiento de la acción penal y el desarrollo de la investigación por parte del órgano competente a que (i) “los hechos – puestos en su conocimiento- revistan las características de un delito”, y (ii) “ medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo”." (Sentencia C-1177/05, Corte Const.)

En el mismo sentido, tampoco cualquier información que tenga que ver con irregularidades y que llegue a conocimiento de un funcionario público debe ser puesto en conocimiento de autoridades públicas. Dice la ley:

"ARTÍCULO 67 Código de Procedimiento Penal. DEBER DE DENUNCIAR. Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio.

El servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento ante la autoridad competente." (resaltado fuera de texto)

No es que conozca de una irregularidad cualquiera, sino que sepa de la comisión de un delito, lo cual es muy distinto. Esto es importante porque en la Administración Pública es pan de cada día la noticia sobre irregularidades.

Es preciso señalar que la figura de la falsa denuncia no es la única de esa clase. Ella supone la denuncia de delito no cometido, pero cuando se trata de persona determinada, entonces el delito es falsa denuncia contra persona determinada y, si la denuncia es contra el denunciante mismo, el delito es falsa autoacusación.

"ARTICULO 436, Código Penal. FALSA DENUNCIA CONTRA PERSONA DETERMINADA. El que bajo juramento denuncie a una persona como autor o partícipe de una conducta típica que no ha cometido o en cuya comisión no ha tomado parte, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de dos punto sesenta y seis (2.66) a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ARTICULO 437, Código Penal. FALSA AUTOACUSACION. El que ante autoridad se declare autor o partícipe de una conducta típica que no ha cometido, o en cuya comisión no ha tomado parte, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses y multa de dos punto sesenta y seis (2.66) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes."

Ligado con lo anterior, se tiene el deber constitucional de respeto al buen nombre:

"El buen nombre ha sido entendido por la jurisprudencia y por la doctrina como la reputación, o el concepto que de una persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas. Este derecho de la personalidad es uno de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social y un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad. El derecho al buen nombre, como expresión de la reputación o la fama que tiene una persona, se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo." (Sentencia C-489/02, Corte Const.)

Por esta vía es que existen los tipos penales (delitos) de injuria y calumnia.

"Tradicionalmente el ordenamiento jurídico colombiano ha considerado la honra y el buen nombre como bienes jurídicos de la mayor trascendencia y cuya protección amerita la intervención del derecho penal.

Con frecuencia se han expresado en nuestro medio opiniones favorables a la descriminalización de las conductas que atentan contra esos bienes jurídicos, sin embargo en la exposición de motivos del proyecto de Código Penal presentado a la consideración del Congreso de la República por el Fiscal General de la Nación, se puso de presente que tal opción no estaría en consonancia con el contexto constitucional que califica la honra como derecho fundamental y objeto de especial garantía para la persona por parte del Estado. A ese efecto el Fiscal General acogió en su exposición una expresión de la Corte Suprema de los Estados Unidos conforme a la cual “… el derecho individual a la protección del propio buen nombre no refleja más que nuestro concepto básico de dignidad esencial y valor de todo ser humano, un concepto que ha de hallarse en la raíz de cualquier sistema decente de libertad ordenada” ( Rosenblat vs. Baer. 1966).

En ese contexto, el Código Penal, de manera general y sin perjuicio de ciertas especificaciones normativas, ha previsto fundamentalmente los delitos de injuria, referido a las imputaciones deshonrosas, y de calumnia, que penaliza la falsa imputación de una conducta típica.

El legislador ha estimado, por otra parte, que en atención al bien jurídico tutelado, en los delitos que atentan contra la integridad moral, la procedencia de la acción penal debe condicionarse a la querella del afectado, tal como se desprende de lo dispuesto en los artículos 31 y 35 del Código de Procedimiento Penal. Así mismo ha previsto, en los artículos demandados, que en tales delitos, la retractación, producida en las condiciones del artículo 225 del Código Penal, extingue la acción penal sin que pueda derivarse responsabilidad penal para el infractor." (Sentencia C-489/02, Corte Const.)

La figura de la falsa denuncia es distinta de la de injuria y calumnia, pues en estos últimos se protege la integridad moral contra afirmaciones formuladas por cualquier medio, mientras con la primera se protege la administración de justicia contra denuncias penales espurias.

"Tradicionalmente el ordenamiento jurídico colombiano ha considerado la honra y el buen nombre como bienes jurídicos de la mayor trascendencia y cuya protección amerita la intervención del derecho penal.

Con frecuencia se han expresado en nuestro medio opiniones favorables a la descriminalización de las conductas que atentan contra esos bienes jurídicos, sin embargo en la exposición de motivos del proyecto de Código Penal presentado a la consideración del Congreso de la República por el Fiscal General de la Nación, se puso de presente que tal opción no estaría en consonancia con el contexto constitucional que califica la honra como derecho fundamental y objeto de especial garantía para la persona por parte del Estado. A ese efecto el Fiscal General acogió en su exposición una expresión de la Corte Suprema de los Estados Unidos conforme a la cual “… el derecho individual a la protección del propio buen nombre no refleja más que nuestro concepto básico de dignidad esencial y valor de todo ser humano, un concepto que ha de hallarse en la raíz de cualquier sistema decente de libertad ordenada” ( Rosenblat vs. Baer. 1966).

En ese contexto, el Código Penal, de manera general y sin perjuicio de ciertas especificaciones normativas, ha previsto fundamentalmente los delitos de injuria, referido a las imputaciones deshonrosas, y de calumnia, que penaliza la falsa imputación de una conducta típica.

El legislador ha estimado, por otra parte, que en atención al bien jurídico tutelado, en los delitos que atentan contra la integridad moral, la procedencia de la acción penal debe condicionarse a la querella del afectado, tal como se desprende de lo dispuesto en los artículos 31 y 35 del Código de Procedimiento Penal. Así mismo ha previsto, en los artículos demandados, que en tales delitos, la retractación, producida en las condiciones del artículo 225 del Código Penal, extingue la acción penal sin que pueda derivarse responsabilidad penal para el infractor." (Sentencia C-489/02, Corte Const.)

Por último, hay que distinguir la denuncia anónima de la denuncia infundada, ya que una denuncia anónima, que aporte suficientes elementos de juicio, tiene toda la aptitud para dar lugar a un proceso penal que deba iniciarse de oficio.

"Como en el presente artículo no se establecen las reglas que debe seguir la autoridad judicial ante quien se solicite anónimamente la activación del mecanismo de búsqueda urgente, se ha de acudir a las reglas del Código de Procedimiento Penal, tal como lo establece el mismo artículo 17 del proyecto que se analiza. En este momento, en el país se hallan vigentes dos Códigos de Procedimiento Penal, a saber: la Ley 906 de 2004 y la Ley 600 de 2000. Los dos Códigos contemplan un procedimiento diferente para las denuncias anónimas. Así, la Ley 906 de 2004 en el artículo 69, inciso 4, dispone que “[l]os escritos anónimos que no suministren evidencias o datos concretos que permitan encauzar la investigación se archivarán por el fiscal correspondiente”. Lo anterior indica (i) que para archivar una denuncia anónima es necesario que ésta no proporcione datos concretos para adelantar la investigación; y (ii) que la decisión de no dar trámite a la denuncia debe estar contenida en un acto formal mediante el cual la autoridad ante la que se elevó la denuncia ordene el archivo de la misma, lo que significa que debe por lo menos dejar constancia de que la recibió y exponer las razones por las cuales procede al archivo. Por su parte, la Ley 600 de 2000 regula las denuncias anónimas en el artículo 26. Este prescribe: “(…) Se inadmitirán las denuncias sin fundamento y las anónimas que no suministren pruebas o datos concretos que permitan encauzar la investigación, las que serán remitidas a los organismos que desarrollen funciones de policía judicial para que realicen las diligencias necesarias de verificación”. Así, en este caso el funcionario debe (i) dictar una providencia para inadmitir la denuncia, en la que determinará, razonadamente, que no proporciona pruebas o datos concretos para adelantar la investigación; y (ii) enviarla a los organismos que desarrollen funciones de policía judicial para que realicen las diligencias necesarias de verificación. Como se observa las dos normatividades contemplan un procedimiento diferente. Por eso, surge la pregunta acerca de cuál debe aplicarse. La Corte encuentra que la transición por etapas fue autorizada expresamente por el Constituyente, en el Acto Legislativo N° 03 de 2002. En vista de ello, cada distrito judicial del país aplicará el Código de Procedimiento Penal que lo rija, de acuerdo con el régimen de implementación gradual fijado en el artículo 530 de la Ley 906 de 2004." (Sentencia C-473/05, Corte Const.)

Rematemos esta nota recordando, para lo que tiene que ver con la prensa y por ser un asunto relacionado, que el derecho a opinar nunca incluye el de presentar denuncias sobre hechos que no son ciertos:

"…la información contiene referencias que, según las pruebas y lo dicho por el actor y no desmentido por el medio, no fueron demostradas: (i) fecha y lugar del evento de Santa Marta; (ii) la organización del mismo por el señor Ascencio Reyes; (iii) pronunciamiento en dicho evento de palabras de elogio a quien ni fue su organizador ni fue invitado; (iv) el pago de vuelos chárter a magistrados de las Altas Cortes. Sobre tal entendimiento, por la forma de presentación del artículo se advierte que el mismo conducía al lector a llevarse una percepción respecto de los aludidos que no se compadece con las pruebas que se encuentran en el proceso. Además, para la Sala, la información suministrada por la revista demandada, en aquello en que no fue veraz, tampoco fue imparcial, ya que a partir de hechos no comprobados mezcla estas informaciones con opiniones en las que se cuestiona el proceder los magistrados de las Altas Cortes y en particular del demandante. Al respecto, la Sala considera importante reiterar los siguientes puntos que ya han sido materia de pronunciamiento de la Corte: (a) la necesidad de que los titulares de prensa no se hagan de tal manera que la audiencia se forme convicciones erróneas respecto del contenido de la información[126]; (b) la necesidad de que las opiniones estén claramente diferenciadas de los hechos sobre los que tal opinión se basa y (c) la importancia de los principios de veracidad e imparcialidad en el ejercicio del derecho a la información, pues si bien, el periodista tiene un claro derecho constitucional a expresar su opinión personal en relación con los hechos sobre los cuales informa, debe dejar claro para los receptores cuáles son los hechos y cuál la opinión que sobre ellos se emite[127].

5.2.6. Así, para la Sala es claro que el medio lleva al lector a una serie de conclusiones relacionadas con pagos inexistentes supuestamente realizados por el señor Ascencio Reyes a los magistrados de las Altas Cortes, entre ellos el demandante, inferencias que tan sólo expresan la opinión del medio. Por tratarse de opiniones, la revista estaría amparada por la protección constitucional a la actividad periodística si pudiera observarse de manera clara e inequívoca que se trataba de interpretaciones del medio informativo que expresa al abrigo de su libertad de opinión. No obstante, por la forma en que el artículo fue redactado, las conclusiones personales de los periodistas se presentan como hechos realmente ocurridos, lo cual, como se vio, dista por completo de la realidad probada en el proceso. Por lo tanto, existió un desconocimiento de los principios del artículo 20 de la Carta y, en consecuencia una vulneración de los derechos a la honra y buen nombre del demandante. No ocurre lo mismo respecto del derecho a la intimidad, en tanto no se observa que en ningún momento el medio haya afectado la esfera íntima del demandante, tal como la ha entendido la jurisprudencia de esta Corte." (Sentencia T-219/09, Corte Const.)

Como lectura complementaria sugiero leer mi nota "Rectificación en medios y ausencia de derecho a decir lo que plazca".