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La figura del decaimiento de los actos administrativos (art. 66, C.C.A.) debiera ser un fenómeno bien conocido, y en efecto eso parece conforme se escucha en los pasillos de las entidades públicas, sin embargo, su aplicación no es sencilla. Por ello vale la pena reflexionar brevemente sobre el tema desde la jurisprudencia.

Un primer caso es aquel en el cual un concejal fue inhabilitado por 11 años por irregularidad en el nombramiento de una personera; como la norma fundamento de la sanción fue modificada por una ley posterior en forma favorable para el sancionado, solicitó a la Procuraduría la declaratoria de pérdida de fuerza ejecutoria, petición que fue negada. Llevado el asunto a demanda de tutela, primero fue rechazada pero luego prosperó. El caso es resumido así por la Corte Constitucional:

"2. En el año 2004, el accionante fue sancionado disciplinariamente con destitución del cargo de Concejal del Municipio de Distracción (La Guajira) y con inhabilidad para ejercer función pública por el término de 11 años, por cuanto, en ejercicio de ese cargo, participó en la elección de la Personera Municipal que se encontraba inhabilitada para ser elegida porque tenía vínculos en cuarto grado de consanguinidad con uno de los concejales (artículo 49 de la Ley 617 de 2000, modificado por el artículo 1º de la Ley 821 de 2003). Con posterioridad, el artículo 1º de la Ley 1148 de 2007, modificó la inhabilidad que dio origen a la responsabilidad disciplinaria para el caso de los municipios de quinta y sexta categoría, como el municipio de Distracción, en el sentido de disminuir la prohibición del cuarto al segundo grado de consanguinidad. Entonces, como la falta disciplinaria por la que fue sancionado el accionante desapareció, solicitó al Procurador General de la Nación que, en aplicación del principio de favorabilidad, declare la rehabilitación de sus derechos a elegir y ser elegido, en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 66 y 69 del Código Contencioso Administrativo (pérdida de fuerza ejecutoria y revocatoria directa del acto administrativo). El accionado negó la revocatoria directa del acto administrativo sancionador porque no se configura ninguna de las causales autorizadas por la ley para el efecto. Por esa razón, el accionante considera vulnerados sus derechos al debido proceso y al ejercicio del poder político e interpone la acción de tutela para que se ordene aplicar el principio de favorabilidad y rehabilitar políticamente al accionante." (Sentencia T-152/09, Corte Const.)

La Procuraduría consideró que la petición era de revocatoria directa, no de decaimiento, por ello la Corte Constitucional hizo la siguiente aclaración:

"Mientras la revocatoria directa es una forma de extinción del acto administrativo por virtud de un nuevo acto administrativo reglado (a diferencia del primero que puede ser expedido por simple decisión de oportunidad y conveniencia, este último sólo procede si se dan las causas expresamente autorizadas por la ley), la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo es una figura que se ocasiona ante la ausencia de obligatoriedad de la ejecución del acto (artículo 66 del Código Contencioso Administrativo). A su vez, mientras la pérdida de fuerza ejecutoria afecta la eficacia, la revocatoria directa se relaciona con la validez del acto administrativo. Es claro, entonces, que la eficacia u obligatoriedad del acto administrativo es independiente de su validez o invalidez, puesto que es perfectamente posible que un acto administrativo irregular sea obligatorio (casos en los que han caducado las acciones pertinentes para anularlo) o que un acto administrativo regular no pueda ejecutarse (por ejemplo cuando el acto perdió su vigencia o cuando se cumplió la condición resolutoria a que se somete el acto)." (citado de la misma sentencia)

Recuerda la Corte Constitucional las condiciones de ejecutoriedad de los actos administrativos:

"9. En resumen, en nuestro derecho administrativo, la ejecución obligatoria de un acto administrativo sólo puede suspenderse o impedirse por tres vías: i) judicial, cuando el órgano judicial competente suspende provisionalmente o anula el acto administrativo por irregularidades de tal magnitud que lo invalida. Su fundamento es, claramente, la ilegalidad o inconstitucionalidad de la medida administrativa, pues nunca puede ser apoyado en razones de conveniencia. ii) administrativa, mediante la revocatoria directa de la decisión administrativa. En esta situación, la autoridad que expidió el acto o su superior jerárquico lo deja sin efectos mediante un acto posterior plenamente motivado y con base en las tres causales consagradas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, dentro de las cuales se encuentra la manifiesta oposición a la Constitución o la ley. iii) automática, cuando se presentan las causales previstas en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo para la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, tal es el caso del decaimiento del acto administrativo o desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho." (citado de la misma sentencia)

Eso significa entre otras cosas, señala la Corte Constitucional, que la revocatoria directa tiene que ver con deficiencias originarias del acto, mientras que el decaimiento se relaciona con causales posteriores que operan ipso jure.

"11. Ahora, en relación con la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo por desaparición de los fundamentos de derecho que lo sustentaban, la jurisprudencia[3] y la doctrina especializada[4] han dicho reiteradamente que opera ipso iure, esto es, que no requiere ser declarada ni en sede administrativa ni mucho menos en sede judicial, pues, incluso, no puede solicitarse al juez contencioso administrativo porque no existe una acción autónoma que lo permita (recuérdese que el decaimiento del acto administrativo no constituye causal de nulidad del mismo[5]). Su análisis puede hacerse en la vía judicial, de manera excepcional, cuando, por ejemplo, para evitar la ejecución forzosa se interpone la excepción de pérdida de fuerza ejecutoria, o cuando se pretende la ejecución de un acto administrativo que ha perdido su fuerza ejecutoria, en ejercicio de la acción constitucional de cumplimiento regulada en la Ley 393 de 1997, pues la administración podría demostrar que no ha sido renuente en el cumplimiento sino que esa ejecutoria se ha extinguido." (citado de la misma Sentencia T-152/09, Corte Const.)

Ello hace interesante el caso en discusión, porque no se trata de un caso que se esté ejecutando forsozamente, sino de una sanción disciplinaria con efectos que se proyectan en el tiempo.

Una vez resuelta la procedibilidad de la acción de tutela, es decir, definido que el accionante no gozaba de otra acción apta para resolver su situación:

"12. El análisis efectuado permite a la Sala inferir dos conclusiones: La primera, que es cierto que contra el acto administrativo que expidió el Procurador General de la Nación en el sentido de negar la revocatoria directa solicitada por el accionante no proceden ni los recursos de la vía gubernativa ni las acciones contencioso administrativas y, la segunda, que a pesar de que a primera vista la Procuraduría tendría razón en sostener que no es necesaria la declaratoria de pérdida de fuerza ejecutoria por decaimiento del acto administrativo, lo cierto es que el administrado podía ejercer su derecho de petición para solicitar la extinción de la sanción disciplinaria porque la causa jurídica que le sirvió de sustento desapareció del mundo jurídico.

Empero, si el accionante no pretende discutir la validez del acto administrativo y, por consiguiente, no procedería ni la revocatoria directa ni la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, sino que busca la declaratoria de decaimiento del acto administrativo sancionador para que sea retirada la inhabilidad que producirá efectos jurídicos por varios años más y ésta solicitud no ha sido formalmente resuelta por la Procuraduría entonces la pregunta lógica que surge es la siguiente: ¿el accionante no podría acudir a la acción de tutela porque puede recurrir nuevamente al ejercicio del derecho de petición?.

Para la Sala la respuesta a dicho interrogante es negativa por tres razones principales: La primera, porque la actuación que surgiría en ejercicio del derecho de petición es de índole administrativa y, de acuerdo con los artículos 86 de la Constitución y 6º del Decreto 2591 de 1991, la tutela no procede sólo cuando existen otros instrumentos procesales de defensa “judicial”. Por consiguiente, la alternativa planteada no hace improcedente la acción de tutela. La segunda, porque a pesar de que la Procuraduría no resolvió formalmente la solicitud de decaimiento administrativo, en sentido estricto, al resolver la revocatoria directa, utilizó argumentos de fondo que permiten concluir que la solicitud fue resuelta sustancialmente en forma negativa y que, por esas razones, la vía gubernativa no resultaría idónea para analizar si existe afectación de los derechos fundamentales invocados por el accionante. Y, la tercera, porque al resolver la petición del accionante como una solicitud de revocatoria directa impidió que él pueda acceder a la jurisdicción contencioso administrativa para que ésta analice si, efectivamente, el acto que negó el decaimiento de la sanción administrativa se ajustaba a la ley y a la Constitución." (citado de la misma Sentencia T-152/09, Corte Const.)

La sentencia se ocupa de otros aspectos del ejercicio como la acción de tutela, y entra a examinar el princioio de favorabilidad en sanciones disciplinarias en firme (sugiero, como complemento, ver también mi nota "La favorabilidad en el derecho administrativo Sancionador"), señalando para empezar que

"…la aplicación de las garantías consagradas en el artículo 29 de la Constitución para el proceso penal será igualmente aplicables al derecho administrativo sancionador, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de la sanción administrativa y correccional" (citado de la misma sentencia)

y reitera una tesis sostenida desde 1995:

“En el terreno disciplinario, el principio de favorabilidad es también obligatorio, toda vez que la actuación correspondiente culmina con una decisión en torno a la responsabilidad del incriminado y a la aplicabilidad de una sanción por la conducta imputada. Entonces, si la autoridad encargada de resolver sobre un proceso disciplinario desconoce la norma favorable, atendiendo tan sólo al tiempo de vigencia de la ley, vulnera el debido proceso”. (Sentencia T-233 de 1995, citado en la Sentencia T-152/09, Corte Const.)

Pero en el estudio en concreto, no ve la Corte Constitucional un problema de favorabilidad, pero sí se refiere al problema del decaimiento:

"Como el municipio de Distracción (La Guajira) es de aquellos calificados como de sexta categoría es evidente que la prohibición en que incurrió el accionante como concejal de ese municipio al designar Personera de la localidad a una persona que estaba vinculada en cuarto grado de consanguinidad con otro concejal, desapareció a partir de la vigencia de la Ley 1148 de 2007 (10 de julio de 2007). En efecto, es claro que si en la actualidad los concejales del municipio de Distracción eligen a un personero que se encuentra vinculado en cuarto grado de consanguinidad con uno de los nominadores, no incurren en ninguna falta que pueda reprocharse disciplinariamente, pues el elegido no estaría inhabilitado por esa causa. Luego, es cierto que el fundamento de derecho en que se apoyaron los actos administrativos sancionadores perdió su fuerza ejecutoria por desaparición de la norma en que se fundaron." (citado en la Sentencia T-152/09, Corte Const.)

Por tanto llega a la siguiente conclusión:

"Para la Sala es claro que, en la situación en la que se encuentra el accionante en la que, por haberse impuesto una inhabilidad para el ejercicio de la función pública por el lapso de 11 años, la sanción aún continúa produciendo efectos jurídicos, debe darse paso a las reglas propias del principio de favorabilidad que ordenan la aplicación retroactiva de la Ley 1148 de 2007. De esta forma, la aplicación de la ley más benigna aún cuando se está cumpliendo la sanción permite concluir que el fundamento de derecho del acto administrativo sancionador desapareció del mundo jurídico porque, en primer lugar y para el caso específico de los municipios de sexta categoría, la prohibición que originó la sanción fue derogada por el parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 1148 de 1997 y, en segundo lugar para todos los municipios sin importar su categoría, el hecho que constituyó la falta disciplinaria gravísima fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-903 de 2008. En este orden de ideas, se probó la existencia del decaimiento del acto administrativo o desaparición de su fundamento de derecho, el cual tiene efectos hacia el futuro y no afecta la validez del acto por todo el tiempo de existencia, pues atañe a situaciones presentadas con posterioridad al nacimiento del acto y se ubican en su ejecutoria, por lo que es necesario acceder a la protección constitucional solicitada y ordenar el retiro de los efectos de la sanción de inhabilidad por el término que faltare para completar los once (11) años a que se refieren los actos sancionatorios. En consideración con todo lo expuesto, se concluye que procede el amparo definitivo de los derechos al debido proceso administrativo y a ejercer cargos públicos del accionante." (Sentencia T-152/09, Corte Const.)

Podría pensarse que esto es aplicación del principio de favorabilidad, pero ello no es cierto, porque es clarísima la aplicación de la figura del decaimiento.

Veamos ahora otro caso, en el cual no exista discusión de favorabilidad que pueda empañar la apreciación de esta figura. Tiene que ver un caso más administrativo, tratado en la Sentencia T-592/08 de la Corte Constitucional. El caso es más complicado, en la medida en que se trata de la negativa al reconocimiento de un derecho que, conforme la normatividad vigente en un momento, era procedente, pero luego el fundamento de la negativa desapareció. En concreto:

"La señora Obdulia Acevedo de Vélez interpone acción de tutela porque fue privada de la pensión de sobreviviente por contraer nupcias, en vigencia de la Constitución anterior y su derecho no le ha sido restablecido, sin perjuicio de las disposiciones constitucionales que garantizan a todas las personas el ejercicio legítimo de su libertad.

La apoderada de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, por su parte, se apone a la pretensión de amparo con fundamento i) en la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para solventar los conflictos que surgen entre los asociados y las entidades públicas, por razones pensionales y ii) en que el tiempo transcurrido, la afiliación de la actora al régimen contributivo en salud y la obligación de sus hijos de cubrir las necesidades que demanda su congrua subsistencia, descartan la procedencia de un amparo transitorio.

Agrega la apoderada que si bien en el año de 1964 la accionada resolvió declarar extinguido el derecho pensional de la actora, ello lo explica la normatividad que así lo disponía, sin que resulte posible aplicar con efectos retroactivos las decisiones que excluyeron dicha normatividad del ordenamiento, por contrariar la Carta Política de 1991." (citado de la Sentencia T-592/08 de la Corte Constitucional)

Lo primero que hace la Corte es indicar que una cosa es el derecho a las mesadas, que puede prescribir, y otra la calidad de pensionado, y luego trae a cuento la sentencia de inexequibilidad relevante.

"Mediante Sentencia C-309 de 1996 esta Corte declaró inexequibles las expresiones "o cuando la viuda contraiga nuevas nupcias o haga vida marital" del artículo 2 de la Ley 33 de 1973; "o cuando contraiga nuevas nupcias o haga vida marital" del artículo 2 de la Ley 12 de 1975; y "por pasar a nuevas nupcias o por iniciar nueva vida marital" del artículo 2 de la Ley 126 de 1985.

Consideró la Corte que “no se requieren de muchas elucubraciones para concluir que la condición resolutoria, viola la Constitución Política”, en cuanto sanciona a la mujer con la pérdida de un derecho ya consolidado por el ejercicio legítimo de su libertad, ingiriendo de manera “arbitraria en el campo de la privacidad y autodeterminación del sujeto que vulnera el libre desarrollo de su personalidad, sin ninguna justificación (..)”." (citado de la misma sentencia)

Trae a cuento la Corte Constitucional la Sentencia T-702 de 2005, en la cual se resolvió un asunto similar. En esa sentencia se escribió:

"El concepto de decaimiento es aplicable a los actos administrativos dictados en ejecución de una ley, en tanto la validez de estos depende necesariamente de la validez de la ley que le sirve de fundamento. De tal suerte que cuando una ley es declarada inconstitucional o es derogada los actos administrativos, que siempre se crean para desarrollar, implementar una ley o con fundamento en ésta, dejan de tener fuerza obligatoria, pierden vigencia en virtud del decaimiento, que no es más que una especie de derogación implícita. En efecto, un acto administrativo se extingue o pierde fuerza ejecutoria por causas sobrevinientes que hacen desaparecer ya sea las circunstancias de hecho o los presupuestos de derecho en que se fundó y que eran indispensables para su existencia. Una de las causales para que se presente el decaimiento de un acto administrativo es que las normas legales que sirvieron de sustento al mismo sean retiradas del ordenamiento jurídico a raíz de ser declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, lo que conlleva a que el acto pierda vigencia y no pueda producir efectos hacia futuro, pues la validez de éstos depende necesariamente de la validez de la ley que le sirve de fundamento. En este orden de ideas, la administración no puede mantener los efectos jurídicos de un acto administrativo, como aquel mediante el cual se extingue una cuota parte de una pensión de sobreviviente, que fue adoptado con base en unas normas legales que fueron declaradas inexequibles por la Corte, so pena de vulnerar el derecho fundamental al debido proceso administrativo. En otros términos, la insistencia de la autoridad pública en darle plenos efectos a un acto administrativo, y que por efectos del decaimiento ante la declaratoria de inexequibilidad de la norma legal que le servía de fundamento pierde fuerza ejecutoria, constituye una vía de hecho." (citado de la Sentencia T-702 de 2005, Corte Const.)

En la Sentencia T-592/08 de la Corte Constitucional se llega a la misma conclusión.

Veamos un tercer caso, exactamente respecto de la situación de decretos expedidos al amparo de una norma que es derogada. Se trata de la sentencia C-444/09.

"La obligación para los vendedores de constituir la póliza de estabilidad y calidad de la vivienda nueva fue consagrada en el artículo 64 de la Ley 9ª de 1989 y reglamentada mediante Decreto 3042 de 1989, pero fue subrogada por el artículo 40 de la Ley 3ª de 1991, toda vez que la norma fue sustituida o reemplazada, y no se trata de una norma modificada, esto es reformada o cambiada parcialmente, sino de una nueva regla distinta de la anterior y llamada a reemplazarla, conclusión ésta reforzada por el fenómeno jurídico del decaimiento del acto administrativo, propio del Derecho Administrativo, institución conforme a la cual el decaimiento de un acto administrativo se produce cuando las disposiciones legales o reglamentarias que le sirven de sustento desaparecen del escenario jurídico, lo cual determina su pérdida de fuerza ejecutoria, fenómeno jurídico al que se refiere el numeral 2° del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, por lo que establecido que la norma legal que imponía la obligación de construir la póliza de estabilidad y calidad de cualquier clase de vivienda nueva, fue subrogada y no subsiste en el ordenamiento jurídico, debe concluirse que se ha producido el fenómeno jurídico de la pérdida de fuerza ejecutoria del artículo 1° del Decreto 3042 de 1989 que reglamentaba esa disposición." (citado de la sentencia C-444/09, Corte Const.)

Pero no podemos continuar esta nota sin poner de presente que el decaimiento no se predica automáticamente del decreto o la ley, sino de la norma debidamente individualizada, dado que, evidentemente, si una norma permanece aunque en otro ordenamiento, no puede decirse que el fundamento jurídico ha desaparecido. En efecto, nótese que los casos mencionados precisamente operan sobre la regla de derecho en discusión, no en abstracto respecto de la generalidad de un estatuto. Para este punto podemos examinar un cuarto caso, una sentencia del Consejo de Estado en la cual se examina la situación de un procedimiento sancionatorio que perdió fundamento sobre la marcha (entre otras hipótesis, dado que se trata de una providencia en la cual debe estudiarse por separado la situación de cada uno de los actos administrativos demandados). Comencemos citado el parte donde expresamente se reconoce la persistencia de una facultad, aunque en un estatuto distinto:

"…con relación a la pérdida de ejecutoria de los actos demandados, es del caso, solamente mencionar que dicho fenómeno no se dio, toda vez que no desaparecieron sus fundamentos de derecho, pues existía para la autoridad sancionadora una competencia vigente con base en una norma diferente de la que fue anulada por decisión jurisprudencial." (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secc. Cuarta, Octubre 16 de 1990, Radicación número: 2118)

El ejercicio interpretativo del Consejo de Estado en ese caso se concretó en lo siguiente:

"debe precisarse que las conductas sancionadas por los actos demandados tuvieron ocurrencia en Enero de 1.983 (Resolución 5610 del 7 de Noviembre de 1.984), Octubre de 1.983 (Resolución 6282 del 4 de Diciembre de 1.984), y Junio de 1.984 (Resolución 5943 del 22 de Noviembre de 1.984), o sea durante la vigencia del Decreto 252 de 1.980, la cual como ya se precisó duró desde el 11 de Febrero de 1.980 y hasta el 16 de Noviembre de 1.984, cuando fue expresamente derogado por el Decreto 2656 de 1.984.

Los actos demandados, por ello fueron sustentados en el artículo 3o del citado Decreto 252 de 1.980 y como éste fue anulado por el Consejo de Estado (Sentencia 23 de Noviembre de 1.984) es del caso analizar los efectos de dicha decisión jurisprudencial, enfrente a situaciones que no se habían consolidado, en razón de la interposición del recurso de reposición. Sobre el tema ha tenido oportunidad de pronunciamiento la Sala en varias oportunidades y ha sostenido que:

"La declaratoria de nulidad de un acto produce efectos erga omnes y ex nunc, lo cual significa que las decisiones tomadas desde el momento de su expedición y hasta la fecha de anulación son válidas y obligatorias".

"Lo anterior, teniendo en cuenta que los actos administrativos están cobijados por la presunción de legalidad y como consecuencia de ello gozan de los atributos de la obligatoriedad y de la ejecutoriedad, todo lo cual no se desvirtúa por el solo hecho de que se haya declarado la nulidad del acto que les sirvió de base".

"Para que dichos actos pierdan su valor, se requiere que esa presunción de legalidad se haya desvirtuado en cada caso concreto, bien sea con ocasión de una demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa, o a través de una alegada excepción de inconstitucionalidad".

"Sin embargo, si se trata de decisiones que se encuentran sub judice, el fallo de nulidad del acto que les sirvió de base, necesariamente afecta la decisión de quien debe resolver la controversia judicial".

"De acuerdo con lo expuesto, encuentra la Sala, para el caso de autos, que el acto impugnado, cuya legalidad debe establecerse, evidente se fundamentó en el artículo 3o del decreto 252 de 1.980, que ya hoy no existe por cuanto fue anulado por esta Corporación en providencia ya citada, pero si bien esta consideración hecha aisladamente podría hacer considerar la anulación del acto demandado, es del caso hacer referencia a las normas que habían coexistido con el decreto anulado".

"En efecto, dentro de las competencias que le habían sido asignadas por la ley 7a. de 1.973 a la Junta Monetaria, se encontraban justamente la prevista en su artículo 23 literal a), según el cual, dicha junta tenía facultad para fijar, variar y reglamentar el encaje legal, exigido a las corporaciones de ahorro y vivienda y para establecer las sanciones a quienes incumplieran con dichas previsiones".

"En desarrollo de dicha facultad, la Junta Monetaria expidió la Resolución #65 de 1.979 la cual en su artículo 4o dispuso:

"ARTICULO 4o. Por los defectos diarios de encaje legal en que incurriere una corporación de ahorro y vivienda, el Superintendente Bancario aplicará una sanción pecuniaria a favor del Tesoro Nacional sobre tales defectos, equiva¬lente al 2.5% sobre el total de los días hábiles del respectivo mes".

Dicha Resolución 65 de 1.979, la cual no fue derogada por el Decreto 252 de 1.980, coexistió con él hasta el 16 de Noviembre de 1.983, fecha en la cual fue expresamente derogada por la Resolución # 100 de la misma Junta Monetaria".

Es del caso agregar, para reforzar el planteamiento que, dicha norma puede considerarse como la base legal de los actos demandados, al ser anulado el decreto 252 de 1.980, pues la razón que tuvo el Consejo de Estado para dicha anulación fue justamente la falta de competencia del Presidente de la República para regular el encaje y establecer sanciones por violación a dicha regulación, competencias que corresponden a la Junta Monetaria, autoridad ésta que había regulado la materia".

Pero, el anterior planteamiento resulta válido con relación a los actos demanda-dos que sancionaron conductas realizadas durante la vigencia de la citada Resolu¬ción 65 de 1.979, es decir las resoluciones # 5610 del 7 de Noviembre de 1.984 y 6282 del 4 de Diciembre de 1.984 con relación a las cuales la Sala no comparte la decisión del Tribunal a quo de anularlas, pero no con relación a la Resolución 5943 del 22 de Noviembre de 1.984 que impuso una sanción por desencaje del mes de Junio de 1.984 porque en esa oportunidad ya no estaba vigente la Resolución 65 de 1.979.

En cuanto a la Resolución # 5287 del 1o de Octubre de 1.985, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición, la Sala encuentra acorde con lo ya expuesto, que debe anularse en cuanto confirmó la decisión contenida en la Resolución 5943 del 22 de Noviembre de 1.984, la cual se refería a conductas realizadas cuando ya no estaba vigente la base legal aceptada.

Precisado este aspecto de la controversia, con relación a la pérdida de eje¬cutoria de los actos demandados, es del caso, solamente mencionar que dicho fenómeno no se dio, toda vez que no desaparecieron sus fundamentos de derecho, pues existía para la autoridad sancionadora una competencia vigente con base en una norma diferente de la que fue anulada por decisión jurisprudencial." (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secc. Cuarta, Octubre 16 de 1990, Radicación número: 2118)