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Consta en el Código Contencioso Administrativo que un acto administrativo pierde fuerza ejecutoria (es decir, capacidad para ser ejecutado aún contra la voluntad del destinatario del acto), entre otros eventos, "Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos" (num. 3, art. 66, C.C.A.). Este numeral se ha aplicado prácticamente sin mayor reflexión por años, con graves consecuencias para la Administración (otro caso de irrazonabilidad en la interpretación de la ley, ver -entre otros- mi artículo "La ley no se aplica como una fórmula matemática"), cuando lo cierto es que no basta que pasen los cinco años de cualquier manera, para que se predique la realización de la hipótesis de que trata.

El punto puede ilustrarse mediante el concepto del Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, número 1861 de 12 de Diciembre de 2007. En el mismo, el Ministerio del Interior y de Justicia, preguntaba, entre otras cosas, "…sobre la pérdida de fuerza ejecutoria de una decisión administrativa adoptada hace más de cinco (5) años en un proceso de restitución de un bien de uso público" (citado del concepto). Ello fue motivado por el hecho de que la Administración no había podido hacer efectiva esa resolución por, entre otras cosas, falta de colaboración del Instituto Agustín Codazzi. El Consejo de Estado advirtió que, aunque las diligencias realizadas hasta el momento no habían resultado fructíferas para lograr tal propósito, ellas mismas permitían afirmar que no se estaba en presencia de la hipótesis de que trata el num. 3, art. 66, C.C.A.. Se escribió:

"El artículo 64 del Código Contencioso Administrativo, prevé que salvo norma expresa en contrario, los actos en firme son suficientes por sí mismos, para que la administración pueda ejecutar de “inmediato” las operaciones materiales necesarias para su cumplimiento, aún en contra de la voluntad de los administrados. En concordancia con lo anterior, el artículo 66 ibídem, consagra de una parte la regla general según la cual, los actos administrativos son obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción Contencioso Administrativa y de otra, la figura de la pérdida de fuerza ejecutoria como una excepción que afecta la eficacia de los mismos, es decir, su capacidad de producir efectos jurídicos. De acuerdo con los antecedentes descritos en la consulta, considera esta Sala, que la administración municipal al solicitar los documentos técnicos que se requieren para precisar el área del bien de uso público a restituir y requerir el soporte y apoyo de las entidades que cuentan con la información para efectuar el levantamiento topográfico, ha realizado las gestiones pertinentes para cumplir la resolución que ordenó la restitución de la vía o camino antiguo entre Tunja y Bogotá y proteger el patrimonio del Estado que en dicho bien de uso público está representado. El acto administrativo que ordena la restitución de un bien de uso público que expidió el Alcalde del Municipio de Villapinzón, no ha perdido fuerza ejecutoria, por cuanto dentro de los cinco (5) años siguientes a su firmeza, la administración municipal ha realizado las gestiones necesarias para obtener su ejecución. La administración está obligada a hacer cumplir su orden, obteniendo por sus propios medios los conceptos técnicos necesarios para el efecto. El silencio que ha guardado el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, frente a la insistencia de la administración municipal sobre la necesidad de contar con los documentos y el soporte técnico que se requieren para efectuar el levantamiento topográfico, es contrario al deber constitucional y legal de colaboración armónica que tienen las entidades administrativas." (citado del concepto)

Así las cosas, y contra lo que muchos piensan, la aplicación del num. 3, art. 66, C.C.A., requiere una reflexión sosegada frente a cada caso concreto.