Los vicios ocultos en el contrato de compraventa comercial

El problema de los vicios ocultos en los negocios de compraventa es un aspecto que siempre debe tenerse presente, y que preocupa grandemente a todo consumidor de todo tipo de bienes (para el caso de inmuebles, ver concepto de CAMACOL, como ilustración). Consta en el Código de Comercio:

"Código de Comercio Art. 934. Vicios ocultos. Si la cosa vendida presenta, con posterioridad a su entrega vicios o defectos ocultos cuya causa sea anterior al contrato, ignorados sin culpa por el comprador, que hagan la cosa impropia para su natural destinación o para el fin previsto en el contrato, el comprador tendrá derecho a pedir la resolución del mismo o la rebaja del precio a justa tasación. Si el comprador opta por la resolución, deberá restituir la cosa al vendedor. En uno u otro caso habrá lugar a indemnización de perjuicios por parte del vendedor, si éste conocía o debía conocer al tiempo del contrato el vicio o el defecto de la cosa vendida."

En relativamente reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia, dicha instancia se pronunció, con ocasión del trámite de un recurso de casación, de un problema de vicios ocultos en automotores, pero primero hizo un repaso legal, jurisprudencial y doctrinal del tema, lo que convierte a esa sentencia en referencia obligada para todos, porque todos en algún momento realizan negocios de compraventa comercial. La sentencia es la siguiente, y el repaso arranca en la página 13: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Magistrado Ponente: EDGARDO VILLAMIL PORTILLA, 4 de agosto de 2009, Ref. Exp. No. 11001-3103-009-2000-09578-01, a la cual remito en extenso. Sí hay que recalcar uno de los tantos elementos que presenta. Por ejemplo, el énfasis en que los consumidores no puede ver sometidos sus derechos al imperio de la letra de contratos:

"…la Sala estimó que al amparo del artículo 78 de la Constitución, “puede afirmarse que la tutela efectiva de los intereses de los consumidores y usuarios, habida cuenta de la posición de inferioridad o debilidad que ordinariamente ocupan en el tráfico mercantil y la asimetría que caracteriza sus relaciones jurídico-económicas con los distribuidores o fabricantes, no puede verse restringida o limitada por el principio de la relatividad de los contratos, cuyo alcance, por cierto, tiende cada vez a ser morigerado por la doctrina jurisprudencial, puesto que, con independencia del vínculo jurídico inmediato que ellos pudieran tener con el sujeto que les enajenó o proveyó un determinado bien o servicio, las medidas tuitivas propias de su condición han de verse extendidas hasta la esfera del productor o fabricante, como quiera que éste es quien ha gestionado, controlado o dirigido el diseño y elaboración del producto, entre otros aspectos, así como ha determinado ponerlo en circulación o introducirlo en el mercado, adquiriendo, por contera, un compromiso en torno de la calidad e idoneidad del mismo, por lo que, desde luego, no puede resultar ajeno o indiferente a sus eventuales defectos o anomalías, ni a los peligros o riesgos que estos pudieran generar, como tampoco a las secuelas de orden patrimonial que llegaren a afectar a su destinatario final – consumidores o usuarios – o a terceros, con lo que queda claramente establecida una „responsabilidad especial? de aquél frente a éstos – ex constitutione -, que los habilita para accionar directamente contra el fabricante en orden a hacer efectivas las garantías a que hubiere lugar o a reclamar el resarcimiento de los daños que les fueran irrogados, sin que tal potestad pueda ser coartada por la simple inexistencia de un vínculo de linaje contractual, pues un entendimiento semejante no acompasaría con las directrices inequívocamente fijadas por la Carta Política, pues, como se sostuvo en el fallo que sujetó la constitucionalidad de los artículos 11 y 29 del decreto 3466 de 1982 precisamente a la existencia de una acción directa del consumidor frente al fabricante, „el productor profesional produce para el mercado, se beneficia del mercado y debe responder ante el mercado?”(Sent. Cas. Civ. de 7 de febrero de 2007, Exp. No. 0009701)." (citado de la jurisprudencia)

Esta reiteración jurisprudencial se aplica a toda clase de negocios jurídicos, no solamente al tema de vicios ocultos en compraventa comercial.

Es interesante cómo resume la situación la sentencia:

"En apretada síntesis, el vendedor incurre en responsabilidad si el objeto que entrega carece de las aptitudes y características funcionales, que pueden ser legítimamente esperadas por el comprador, expectativas fallidas como consecuencia de los vicios ocultos que hay en la cosa, ignorados por el adquirente sin su culpa, siendo indiferente que el desperfecto venga de la conducta del vendedor, anterior a la entrega del bien en desarrollo de los compromisos de este, o subyazga en el objeto mismo, porque en ambos casos, el contratante debe salir al saneamiento del bien y en consecuencia asumir los efectos negociales que su contraparte aguarda ante la frustración de sus expectativas." (citado de la jurisprudencia)

En la sentencia el debate tenía que ver con la venta de un microbús que pronto mostró problemas. Al ser analizado el asunto en casación, y analizando el cargo planteado, halla la Corte Suprema que en efecto el Tribunal incurrió en error al no apreciar la prueba de la diferencia entre lo que se quiso comprar y lo entregado. No fue que el comprador quisiera un cambio de frenos, sino que sencillamente el comprador quiso en todo momento aquello por lo que había pagado, y además que este no podía tener una idea completa del impacto del cambio realizado por el vendedor a dicho sistema. Así, entre otras cosas, se dice que

"…juzga la Sala que nunca se demostró que el comprador conociera, pudiera o hubiera debido conocer el vicio de la cosa, pues en realidad la profesión de transportador no habilita para vaticinar el resultado de las modificaciones que se introducirían en el sistema de frenos, es decir, un conductor no está obligado a superar el estado de ignorancia sobre los vicios ocultos del automotor, cuando estos provienen de las modificaciones realizadas por el vendedor especializado, ni tendría cómo saber las implicaciones de tales cambios sobre la totalidad del funcionamiento del rodante." (citado de la jurisprudencia)

En corto:

"En suma, el vendedor modificó el vehículo para satisfacer su oferta de entregar el automotor con una modalidad de frenos distinta a la original, de allí se derivó una cascada de infortunios mecánicos que fueron in crescendo hasta ocasionar la necesidad de reparación de buena parte del mecanismo de funcionamiento, arreglos inútiles que finalmente produjeron la aniquilación y que se muestran por el resultado, que las propiedades naturales del objeto no lo hacían apto para los propósitos que fueron determinantes del contrato." (citado de la jurisprudencia)

Por último, vale la pena tener en cuenta que la parte demandada alegó contrato no cumplido, puesto que el demandante tenía un saldo pendiente de la deuda. Frente a esto sostiene la sentencia:

"7. Ahora, en cuanto al medio de defensa denominado por el “contrato no cumplido” propuesta por la entidad demandada, se aprecia que la misma carece de fundamento, en la medida en que la obligación de salir al saneamiento de hecho o de entregar al comprador la cosa puesta a punto para servir a los fines del contrato, no dependía de manera directa del pago del precio; por el contrario, dicho compromiso era anterior al cumplimiento del mismo, luego al juzgarse que el vendedor deshonró la palabra al entregar una cosa realmente inservible, no puede alegar su propio desconocimiento de las cargas contractuales como soporte para abrir paso a la exigibilidad de las obligaciones del comprador, por el efecto liberador del incumplimiento inicial. Por si fuera poco, se demostraron pagos realizados por Pedro José Barón Pineda, hechos sin reparo del vendedor, por la suma de $26.108.004, lo cual refuerza la falta de apoyo del medio de oposición esgrimido." (citado de la jurisprudencia)

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