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La regla general para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (art. 85 C.C.A.), so pena de caducidad, es que se ejerzan antes de vencer el plazo de

"…cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. (…)" (art. 136, C.C.A.)

¿Cómo se cuentan en la práctica esos cuatro meses? Veámoslo mediante un caso de la vida real, en el cual el plazo terminó en febrero de un año que no era bisiesto.

El caso tuvo que ver con la demanda del acto administrativo que declaraba una cuantiosa responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría General de la República. La decisión del recurso de apelación fue notificada al demandante el 29 de octubre de 2002, por tanto, al día siguiente, miércoles 30 de octubre de 2002, comenzó a correr el plazo de caducidad para demandar. No hay duda de que eran cuatro meses, pero, ¿cuándo vencía? La demanda fue presentada el lunes 3 de marzo de 2003. Cuando la Contraloría contestó la demanda, entre otros argumentos, adujo la caducidad de la acción, tesis que fue acogida por el fallador de primera instancia.

"El a quo acogió la excepción de caducidad invocada por la demandada al observar que la demanda fue presentada el 3 de marzo de 2003, esto es, después de vencerse los 4 meses contados a partir del día siguiente de la notificación personal, al encontrar que “en el caso concreto, el vencimiento del término de caducidad no podría coincidir con el mismo día, porque el mes de febrero de 2003 tuvo veintiocho (28) días; es decir, que el término de caducidad se extendió hasta el día hábil siguiente, esto es, hasta el lunes dos (2) de marzo de 2003. Pero, piénsese en la hipótesis de un mes de febrero de 30 días (imposible conforme el calendario), tampoco estaría habilitada la demanda, porque en este supuesto, el vencimiento habría sido el día siguiente a ese Treinta (30), es decir, el día martes dos (2) de marzo. Pero la demanda sólo fue instaurada el día 3 de marzo de 2003 por lo que en cualquiera de las situaciones anotadas, para esas fechas, ya se había causado la caducidad de la acción.” " (CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA, 29 de mayo de 2008, Radicación número: 44001-23-31-000-2003-00152-01 , Actor: FRANCISCO JUSTO PEREZ VAN LEEDEN, Demandado: CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION, Referencia: APELACION SENTENCIA)

El demandante apeló la decisión, indicando que el a quo se equivocó al considerar que la demanda se había presentado extemporáneamente, puesto que el 2 de marzo de 2003 fue domingo, de manera que el vencimiento del plazo debió ocurrir en día hábil, cual fue el lunes 3 de marzo siguiente. La norma a la que acude el Consejo de Estado para resolver el problema es la siguiente:

"ARTICULO 59, Código de Régimen Político y Municipal. Todos los plazos de días, meses o años, de que se haga mención legal, se entenderá que terminan a la medianoche del último día del plazo. Por año y por mes se entienden los del calendario común, y por día el espacio de veinticuatro horas, pero en la ejecución de las penas se estará a lo que disponga la ley penal."

Antes de seguir adelante, debe recordarse que esta no es una regla de contabilización de términos cerrada para toda hipótesis, tal como quedó demostrado en la Sentencia C-801 de 2009 de la Corte Constitucional, en una demanda de constitucionalidad por vicios de forma con caducidad de un año (art. 242 de la Constitución) en la cual se dijo:

"En la presente ocasión se observa que, a pesar de que la Ley 1111 fue publicada el día 27 de diciembre de 2006 (Diario Oficial N° 46.494), la demanda de inconstitucionalidad fue radicada el día 11 enero de 2008, cuando reinició sus labores la Corte Constitucional, suspendidas desde el 20 de diciembre de 2007, por causa de la vacancia judicial. De allí que varios intervinientes y el Ministerio Público afirman que la Corte Constitucional debe inhibirse para dictar sentencia, pues la demanda habría sido radicada varios días después de haberse cumplido el plazo del año fijado por la misma Constitución. Se trata de un punto novedoso respecto del cual no existen precedentes determinantes en el ámbito constitucional.

La Corte, si bien encuentra respetable la posición planteada por la demandante, considera que sí ha operado el fenómeno de la caducidad de la acción de inconstitucionalidad. La norma constitucional es muy clara en indicar que las acciones por vicio de forma “caducan en el término de un año, contado desde la publicación del respectivo acto.” Este término no puede ser interpretado con base en las normas legales atinentes a plazos “que se señalen en las leyes y actos oficiales”, sino que debe ser aplicado de acuerdo con las especificidades características del procedimiento constitucional, el cual está regulado por normas superiores que fijan plazos de orden público." (Sentencia C-801 de 2009, Corte Const.)

Por otra parte, en el caso de la jurisdicción de paz, existe igualmente una consideración especial:

"De acuerdo con la Constitución y la Ley 497 de 1999, cuando los jueces de paz expidan sentencias en equidad, el medio de comunicación que empleen no puede ser cualquiera, sino el “que se estime más adecuado”, y con la comunicación debe entregarse copia del fallo a las partes. La mayor adecuación del medio debe decidirse atendiendo al régimen procesal específico, los derechos en juego y el contexto dentro del cual tiene lugar el proceso ante la justicia de paz, factores que en este caso señalan como medio más adecuado el correo postal. En fin, después de comunicada la sentencia en las condiciones señaladas, la forma de contabilizar los términos que aparecen en la Ley, debe hacerse de acuerdo con las normas que regulan el cómputo de plazos en días, a menos que con ello se vulneren derechos fundamentales de las partes." (Sentencia T-809/08, Corte Constitucional)

Esto por cuanto la sentencia del Consejo de Estado en comento tiene un alcance preciso, que no se extiende automáticamente a toda mención de "meses" en las normas colombianas. En el caso de la sentencia de la Corte Constitucional, se tiene que la demanda debió intentarse antes del cumplimiento del año de publicación de la norma, para que el ejercicio de la acción por vicios de forma hubiera ocurrido dentro del mismo. No cabía la remisión a una norma general como el art. 70 del Código Civil, modificado por el art. 62 del C. de R.P. y M., invocado por la actora ante la Corte Constitucional:

"ARTICULO 62, Código de Régimen Político y Municipal. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil."

Como se ve, en la Sentencia C-801 de 2009 no se aplicó el art. 70 C.C., modif. por el art. 62 C. de R.P. y M., que es otra norma sobre plazos contenida en la legislación colombiana, y que evidentemente coexiste de alguna manera con el art. 59 de este último código, ya que cada una se refiere a plazos distintos (en un caso mención legal, y en otra en actos oficiales).

Ahora bien, volviendo al caso planteado ante el Consejo de Estado, en la segunda instancia reconoce que tiene razón el apelante al afirmar que el 2 de marzo de 2003 fue un domingo, y pasa a estudiar si en todo caso hubo o no caducidad de la acción. Para ello agrega a la discusión el mencionado art. 62 C. de R.P. y M., y el art. 121 C.P.C., cuyo texto es el siguiente:

"ARTÍCULO 121, C. de P.C.. Términos de días, meses y años. En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial, ni aquéllos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el despacho.

Los términos de meses y de años se contarán conforme al calendario."

Y advierte:

"Al respecto, se debe tener presente que por tratarse de término en meses, en primer lugar hay que entender como meses los del calendario común, tal como lo señala el precitado artículo 59 del C. de R. P. y M. y, en segundo lugar, que los términos de meses han de computarse según el calendario, quiere decir, sin entender suprimidos los días feriados y de vacantes, salvo que el último día fuere feriado o de vacancia, caso en el cual el plazo se extenderá hasta el primer día hábil, según lo prescribe el artículo 62 ibídem, en concordancia con el artículo 121, inciso segundo, del C. de P.C.

Si bien está dicho que un mes, cuando no se inicia el día 1º de cualquiera de los 12 meses del calendario, termina el mismo día nominal en que empieza , según lo cual en este caso los 4 meses se iniciaron el 30 de octubre de 2002, luego debían vencerse el día 30 del cuarto mes calendario, que al efecto fue febrero de 2003 (noviembre, diciembre, enero y febrero), se está ante la situación de que ese febrero sólo tenía 28 días, luego como lo advierte el a quo, por razones del calendario era imposible que el término se cumpliera el mismo día del calendario mensual en que se inició, esto es, el día 30 del cuarto mes.

Una situación similar puede ocurrir si el plazo se iniciare el 31 de un determinado mes y el mes en que se vence sólo tiene 30 días, como ocurre con los meses de abril, junio, septiembre y noviembre.

Surge así el dilema de si el término se vence en un mes que no tiene el día nominal en que se inició, ¿se deberá entenderlo vencido el último día de dicho mes?, o ¿habrá que sumarle tantos días del mes siguiente como sea necesario para completar el número que corresponde al día nominal en que se inició dicho término o plazo?

Para la Sala, la afirmativa a la primera opción es la respuesta que más se ajusta a la regla en comento, esto es, que los términos de meses se computan según el calendario, o como lo señala el artículo 59 del C. de R. P. y M., se entiende por mes el del calendario común, que al respecto no se determina por un específico número de días, sino por el nombre y los días que cada uno tiene en dicho calendario.

Por consiguiente, en esos casos el término se cumple el último día del último mes, sea cual fuere, 28 ó 29, cuando se trata de febrero, ó 30 si corresponde a cualquiera de los atrás mencionados que sólo tienen ese número de días; y si ese último día no es hábil, se extenderá hasta el hábil siguiente, según la clara disposición en ese sentido del artículo 62 en comento, que al efecto vendría a ser la excepción a la regla de que los meses se computan según el calendario, contenida en ese mismo artículo.

Además, en el caso del sub lite se ha de tener en cuenta que aparte de que el último día de febrero era hábil, el término no se vencía el día 1, que cayó en sábado, ni 2 de marzo de 2003, pues de lo contrario habría que considerar que se había iniciado el 1 ó 2 de noviembre de 2003, y está precisado que no fue así.

En consecuencia, al haber sido presentada la demanda el 3 de marzo de 2003, lo fue después de vencido el término de 4 meses señalado en el artículo 136 del C.C.A., y tuvo ocurrencia la caducidad de la acción, de allí que el recurso se desestima y la sentencia impugnada se ha de confirmar, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia." (CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA, 29 de mayo de 2008, Radicación número: 44001-23-31-000-2003-00152-01 , Actor: FRANCISCO JUSTO PEREZ VAN LEEDEN, Demandado: CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION, Referencia: APELACION SENTENCIA)

Como se ve, la demanda debió presentarse hasta el final de febrero de 2003. Por ello prosperó la excepción de caducidad en segunda instancia y la demanda fue desestimada definitivamente.

Llama la atención que el Consejo de Estado no hubiera distinguido en la aplicación de los diferentes plazos. El art. 121 C. de P.C. es procedimental, diferente a los otros plazos mencionados. Pero eso es otra historia.