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En el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009 se creó el mecanismo de la revisión eventual de acciones populares o de grupo, con el fin de unificar la jurisprudencia. Su aplicación, reglada operativamente en el Acuerto 117 de 2010 del Consejo de Estado, no ha sido "pacífica", requiere de una confrontación con el precedente que se pretende hacer valer, y no por razones de inconformidad con la decisión más propias de un recurso, aunque debe ser igualmente sustentada la solicitud.

Consta en el art. 11 de la L. 1285 de 2009:

"Artículo 11. Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996, el artículo 36A, que formará parte del Capítulo Relativo a la organización de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el cual tendrá el siguiente texto:

“Artículo 36A. Del mecanismo de revisión eventual en las acciones populares y de grupo y de la regulación de los recursos extraordinarios. En su condición de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, a petición de parte o del Ministerio Público, el Consejo de Estado, a través de sus Secciones, en los asuntos que correspondan a las acciones populares o de grupo podrá seleccionar, para su eventual revisión, las sentencias o las demás providencias que determinen la finalización o el archivo del respectivo proceso, proferidas por los Tribunales Administrativos, con el fin de unificar la jurisprudencia.

La petición de parte o del Ministerio Público deberá formularse dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de la sentencia o providencia con la cual se ponga fin al respectivo proceso; los Tribunales Administrativos, dentro del término perentorio de ocho (8) días, contados a partir de la radicación de la petición, deberán remitir, con destino a la correspondiente Sala, Sección o Subsección del Consejo de Estado, el expediente dentro del cual se haya proferido la respectiva sentencia o el auto que disponga o genere la terminación del proceso, para que dentro del término máximo de tres (3) meses, a partir de su recibo, la máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo resuelva sobre la selección, o no, de cada una de tales providencias para su eventual revisión. Cuando se decida sobre la no escogencia de una determinada providencia, cualquiera de las partes o el Ministerio Público podrán insistir acerca de su selección para eventual revisión, dentro del término de cinco (5) días siguientes a la notificación de aquella.

Parágrafo 1°. La ley podrá disponer que la revisión eventual a que se refiere el presente artículo también se aplique en relación con procesos originados en el ejercicio de otras acciones cuyo conocimiento corresponda a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En esos casos la ley regulará todos los aspectos relacionados con la procedencia y trámite de la revisión eventual, tales como la determinación de los plazos dentro de los cuales las partes o el Ministerio Público podrán elevar sus respectivas solicitudes; la insistencia que pueda presentarse respecto de la negativa de la selección; los efectos que ha de generar la selección; la posibilidad de que la revisión eventual pueda concurrir con otros recursos ordinarios o extraordinarios.

Parágrafo 2°. La ley regulará todos los asuntos relacionados con la procedencia y trámite de los recursos, ordinarios o extraordinarios, que puedan interponerse contra las decisiones que en cada caso se adopten en los procesos que cursen ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo."

Como se ve, se trata de una revisión privativa de la justicia administrativa, no de otras jurisdicciones.

"La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo será la encargada de conocer de las solicitudes de revisión de providencias proferidas en procesos iniciados en ejercicio de acciones populares y de grupo, siempre y cuando dicha Jurisdicción sea, a su vez, la encargada de conocer de tales acciones, según lo dispuesto en la Ley 472 de 1998; contrario sensu, la Jurisdicción Contencioso Administrativa no podrá conocer de las peticiones de revisión de providencias proferidas en acciones populares o de grupo por parte de la Jurisdicción Ordinaria, en cuanto su conocimiento le esté atribuido en los términos de la Ley 472, puesto que la Ley 1285 así lo impone." (CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ, Bogotá, D. C., 14 de julio de 2009, Radicación numero: 20001-23-31-000-2007-00244-01(IJ)AG, Actor: GLADYS ALVARADO ACOSTA Y OTROS, Demandado: MUNICIPIO DE CHIRIGUANA)

¿Cuál es la justificación, digamos las causales, de la revisión eventual?

"a) La necesidad, o no, de que se sustente el recurso de apelación que se presente en una acción de grupo y, en caso de ser necesaria tal sustentación, si la ausencia de la misma da lugar a declarar desierta la impugnación. Lo anterior toda vez que el Tribunal Administrativo consideró que del artículo 67 de la Ley 472 no se desprende la necesidad de sustentar el recurso, a lo cual añadió que por tratarse de una acción de raigambre constitucional, al igual que ocurre con las acciones populares, las formalidades deben entenderse con menor rigor, por lo cual el Tribunal ad quem debía avocar su conocimiento aún sin que se hubiere sustentado el recurso. b) La forma de acreditación de los perjuicios en las acciones de grupo; la diferencia existente en este punto con las acciones populares y la posibilidad, o no, de condenar en abstracto. (…) De igual forma, un punto respecto del cual pueden darse diferentes interpretaciones en lo que corresponde al tema de los perjuicios al cual se ha estado haciendo referencia, guarda relación con la manera de liquidar la indemnización en las acciones de grupo, teniendo en cuenta los parámetros del artículo 64 de la Ley 472 de 1998, en torno a determinar cómo debe entenderse el concepto de suma ponderada y la manera como deben reconocerse y liquidarse en concreto las indemnizaciones de las personas integrantes del grupo que no hubieren intervenido en el proceso y que pretendan acogerse a los efectos de la sentencia que ponga fin al mismo, materia respecto de la cual tampoco se ha presentado un desarrollo consolidado por parte del Consejo de Estado." (ibid)

Eso explica la necesidad de sustentación en la solicitud de revisión eventual.

"Por consiguiente, para la procedencia de este mecanismo de revisión eventual, será necesario que con la solicitud pueda establecerse que existen providencias de los Tribunales Administrativos o de esta Corporación con posiciones encontradas o con interpretaciones diferentes o que no exista una posición unificada y uniforme del órgano de cierre o que el tema no haya sido desarrollado por la jurisprudencia. Además deben examinarse la importancia y trascendencia de los puntos que se discuten en la providencia que se pretende sea revisada ." (CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION CUARTA, Consejera ponente: MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA, 4 de noviembre de 2010, Radicación número: 73001-33-31-004-2008-00006-01(AP)REV, Actor: MARIA FERNANDA PAYAN ISAZA, Demandado: ALCALDIA DE IBAGUE)

En el caso de que trata la providencia acabada de citar, se discutía en acción popular la orden a una autoridad de realizar obras públicas, concretamente andenes. En la sentencia cuya revisión se solicita, el Tribunal Administrativo del Tolima produjo una decisión que, en parecer de la actora, contrariaba la jurisprudencia del Consejo de Estado.

"Al respecto, encuentra la Sala que en este caso procede la revisión para unificar jurisprudencia, tal como lo solicita la actora, pues se observa que el Tribunal Administrativo del Tolima consideró que no es procedente a través del ejercicio de la acción popular y con el fin de proteger derechos colectivos, ordenar la ejecución de obras públicas que demanden una inversión considerable, sin tener en cuenta la disponibilidad presupuestal del ente territorial accionado, así como los planes y programas de desarrollo, los compromisos en materia de gasto, los gastos prioritarios en materia de inversión, entre otros compromisos.

En la sentencia cuya revisión se solicita se indica que el juez que conoce de la acción popular debe verificar que los derechos invocados estén vulnerados o en situación de peligro y tener en cuenta la realidad presupuestal y financiera. Tal criterio lo fundamentó en una sentencia de 5 de diciembre de 2002, dictada por la Sección Tercera de esta Corporación en una acción popular .

Por su parte, la señora Payán Isaza en la solicitud de revisión cita varias sentencias del Consejo de Estado en las que se ha sostenido que la ausencia de disponibilidad presupuestal no enerva la acción ante la demostrada vulneración de los derechos colectivos .

En consecuencia, es necesario unificar la jurisprudencia de la Corporación y determinar si el amparo de los derechos colectivos debe condicionarse a la disponibilidad presupuestal, en aquellos casos en los que aparece demostrada la vulneración y su protección real y efectiva implique la ejecución de obras. " (ibid)

Por ello, luego de además analizar los requisitos de oportunidad y personería, procede a admitir a revisión eventual la sentencia en cuestión.