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Con la expedición de un nuevo código automáticamente quedan derogadas las materias no contenidas en el nuevo estatuto, tal como es claro en la jurisprudencia. Por supuesto, también pierden vigencia los reglamentos derivados de las normas derogadas. Se tiene que "…un Código es un conjunto armónico, ordenado y coherente de disposiciones relativas a una materia, en este caso la minería, que cubre una amplísima gama de situaciones jurídicas susceptibles de regulación legal" (Sentencia No. C-216/93, Corte Const.). El hecho de que regule una materia por completo, es lo que provoca la desaparición de las normas que no contiene.

De hecho, es el supuesto del art. 3 de la Ley 153 de 1887:

"ARTICULO 3o. Estímase insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador, ó por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, ó por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería." (resaltado fuera de texto)

Ello ha sido aplicado reiteradamente en la jurisprudencia. Veamos un caso de derecho penal:

"Es evidente el efecto derogatorio que produjo la Ley 599 de 2000 sobre los artículos 67, 69, 70 y 131 de la Ley 488 de 1998, como se puede deducir de la información presentada. En efecto, la entrada en vigencia de un nuevo Código Penal, desde el momento que se señala en su artículo 476[6], hizo que esos artículos de la Ley 488 fueran subsumidos por la nueva regulación integral y sistemática expedida en materia penal, como oportunamente lo advirtieron algunos de los intervinientes.

Por lo tanto, es forzoso concluir que las referidas disposiciones no pueden ser consideradas vigentes ante el efecto derogatorio que sobre las mismas se produce por la entrada en vigor de un nuevo código y ante el hecho de que no forman parte de un régimen especial por el que se pueda justificar su permanencia por fuera del radio normativo de dicho estatuto penal. Esta conclusión encuentra total sustento tanto en la legislación como en la jurisprudencia constitucional colombianas." (Sentencia C-1066 de 2001, Corte Const.)

Por supuesto, un código igualmente supone la derogación de los textos que incorpora, como pone de presente esa misma providencia:

"en concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional, siguiendo el criterio jurisprudencial de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, ha manifestado en varias oportunidades que “el ejercicio de la facultad legislativa consistente en expedir códigos, estatutos orgánicos o regímenes legales integrales implica la derogación de las normas incorporadas a éstos para integrar un solo cuerpo normativo,(…)”." (Sentencia C-1066 de 2001, Corte Const.; como se ve, aquí hay una imprecisión técnica, pues no se derogan esas normas sino los textos que las contienen previamente)

Eso significa que una norma incorporada, como de todas maneras se integra a un nuevo régimen, puede ser objeto de análisis bajo la perspectiva del nuevo marco.

"Las demandas de inconstitucionalidad que se presenten contra normas que regían antes de ser incorporadas a un estatuto o código, no pueden ser objeto de fallo inhibitorio, pues se adecua más con los principios de economía procesal, celeridad y prevalencia del derecho sustancial, y se garantiza plenamente el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, que esta Corporación de oficio integre la unidad normativa con la disposición vigente, para resolver la impugnación mediante sentencia de mérito." (Sentencia C-220/96, Corte Const.)

Un interesante caso de derogatoria por expedición de un nuevo régimen integral, es el del nuevo régimen de salud de 1993, la Ley 100, en lo que tiene que ver con pensión de sobrevivientes. Veamos:

"2- La norma acusada hace parte de la Ley 113 de 1985, que adiciona la Ley 12 de 1975, que regula ciertos aspectos de la llamada pensión de sobrevivientes. Ahora bien, la Ley 100 de 1993, que es norma posterior, creó el sistema general de seguridad general, y en su libro primero establece el régimen general de pensiones. Específicamente, ese libro primero regula integralmente la pensión de sobrevivientes, tanto en el régimen de prima media (artículos 46 y ss) como en el de ahorro individual (arts 73 y ss). Así, las normas sobre el régimen de prima media señalan al respecto:

(…)

Por su parte, los artículos 73 y ss de la misma Ley 100 de 1993 regulan la pensión de sobrevivientes en el régimen de ahorro individual y tienen un contenido normativo similar. Estamos pues ante una regulación integral y sistemática de una materia, que es posterior a la norma acusada. Ahora bien, conforme a la teoría jurídica, y como lo ilustra al respecto el artículo 3º de la ley 153 de 1887, se entiende que esa regulación sistemática posterior de un tema deroga tácitamente las normas precedentes sobre la materia, salvo que las normas previas establezcan regímenes especiales. Así, el artículo 3º de la ley 153 de 1887 dice que se estima "insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería" (subrayas no originales).

La Corte Suprema de Justicia, en su momento, y esta Corte Constitucional han reconocido, en numerosas ocasiones, ese efecto derogatorio de la ley posterior que regula integralmente un tema. Así, la Corte Suprema -Sala Plena-en múltiples pronunciamientos reiteró que el ejercicio de la facultad legislativa consistente en expedir códigos, estatutos orgánicos o regímenes legales integrales implica la derogación de las normas incorporadas a éstos para integrar un solo cuerpo normativo, tesis que ha sido plenamente aceptada por esta Corte Constitucional.

Ahora bien, en este caso, la norma previa acusada no consagra ningún régimen especial, por lo cual debe entenderse derogada por el sistema integral posterior de la Ley 100 de 1993, tal y como lo ha entendido esta Corte. Es pues claro que el artículo impugnado fue derogado. El interrogante que surge entonces es si esa derogación implica que la Corte deba inhibirse de conocer los cargos de la demanda." (Sentencia C-328/01, Corte Const.)

Esto último se menciona porque pronunciarse sobre una norma derogada es como cumplir una función consultiva, a menos que la norma esté teniendo efectos, es decir, exista una derogación equívoca. En el caso de la sentencia acabada de citar, la Corte Constitucional determinó que sí ocurría tal cosa, y entró al análisis de fondo.

"4- La Corte considera que en algunos eventos particulares, esa disposición puede estar aún produciendo efectos ya que ella sigue regulando el reconocimiento de pensiones de sobrevivientes cuando el trabajador falleció antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Así, supongamos que a alguien le fue negado el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en virtud de la aplicación de esa norma, y que esa exclusión resulta discriminatoria a la luz de la Carta de 1991. En tal caso, la única forma que tendría esa persona de lograr el acceso a su pensión de sobreviviente es gracias a una declaración de inconstitucionalidad de la disposición acusada. La Corte coincide entonces con la Procuraduría en que, a pesar de la derogación formal de la norma impugnada, procede un examen de los cargos de la demandante, pues esa disposición es susceptible de seguir produciendo efectos." (Sentencia C-328/01, Corte Const.)

En otras palabras: sí hubo derogación, pero se están produciendo efectos, de modo que procede el análisis de fondo. Hay que agregar sin embargo, que igual la Corte Constitucional se ha abstenido de conocer una demanda de constitucionalidad cuando la norma, a pesar de producir efectos con todo y su derogación, existe una institución jurídica que resuelve el problema. El caso penal es contundente:

"En consecuencia, la Corte concluye que en el presente caso deberá declararse inhibida para pronunciarse de fondo con respecto de los artículos 67, 69, 70 y 131 de la Ley 488 de 1998, por carencia de objeto, ya que la eventual producción de efectos que estas normas pudieren producir en el futuro, frente a circunstancias pasadas, se circunscribe al posible conflicto que podría darse entre la vigencia de penas principales de mayor o menor beneficio, lo que introduce la discusión al ámbito de la aplicación de la vigencia material del principio constitucional de favorabilidad de la ley penal, contenido en el artículo 29 de la Carta Política de 1991, que establece que “[e]n materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”, así como en el artículo 6 del Código Penal, situación ésta que porlas razones mencionadas aleja el presente estudio de la finalidad y parámetros del juicio abstracto de constitucionalidad." (Sentencia C-1066 de 2001, Corte Const.)

El fenómeno de la derogación por expedición de regulaciones integrales no cabe desde luego cuando la norma presuntamente desaparecida, pertenece a un rango superior. Así, los códigos son usualmente leyes ordinarias, por lo cual no pueden tocar ni expresa ni tácitamente normas presentes en leyes estatutarias, por ejemplo.

"En relación con el cargo anterior observa la Corte que aunque la Constitución sí determina que cierta categoría de leyes tengan un rango normativo superior al de otras, dentro de esa clase no se encuentran las que el actor llama “leyes códigos”. La jurisprudencia ha explicado cómo las leyes orgánicas y las estatutarias ocupan esta posición jerárquica superior, de tal manera que no pueden ser modificadas por leyes ordinarias. No obstante, ha dejado claro que los códigos no pertenecen a esa categoría." (Sentencia C-620/03, Corte Const.)

Un código es del nivel de una ley ordinaria, salvo lo que toca con la facultad de modificarlo, que nunca puede ser ejercida con base en ley de factultades a menos que no se toque la parte esencial del código.

"El artículo 81 del Decreto 1295 de 1994 se limita a autorizar a las agencias intermediarias de seguros para realizar actividades de salud ocupacional, lo cual, evidentemente, no configura una regulación sistemática, completa ni integral del régimen de prestación de servicios de salud ocupacional o del funcionamiento de las agencias intermediarias de seguros. En esas medida, es claro que por el Decreto 1295 de 1994 el Gobierno no expidió un código en la materia. Adicionalmente, la norma tampoco introduce una modificación estructural, integral o sistemática a la legislación pertinente, encuéntrese ella incluida o no en un código. En efecto, independientemente de si la legislación preexistente en materia de salud ocupacional o de agencias intermediarias de seguros se encuentra consignada en un código específico o, simplemente, aparece regulada en una normativa independiente que no alcanza a configurar un código, a partir de la jurisprudencia constitucional citada es posible concluir que el legislador extraordinario está habilitado para introducir modificaciones puntuales que no impliquen una reforma sistemática, integral y estructural de la materia que se toca." (Sentencia C-313/07, Corte Const.)

Eso es claro porque un decreto ley no es exactamente lo mismo que una ley ordinaria (en decretos ley no cabe el juicio de unidad de materia, por ejemplo, ver Sentencia C-511/04, Corte Const.).

En todo caso, un Código no lo es porque se llame así, sino por su fondo (ver el célebre caso de "codificaciones" que no son sino compilaciones, como en el caso de la Sentencia C-655/07, Corte Const.).

Téngase presente desde luego, para el análisis del fenómeno de la derogatoria, mi nota "La diferencia entre norma jurídica y texto legal", porque puede haberse derogado el texto pero no la norma.

Veamos un caso ocurrido con la expedición del Código Disciplinario Único de 1995:

"El artículo 125 de la ley 115 de 1994 está derogado, por haber entrado a regir el Código Disciplinario Único, código que es aplicable al personal docente al servicio de establecimientos educativos estatales. Por consiguiente, la Corte se inhibirá de pronunciarse. Por las mismas razones, los reglamentos específicos en materia disciplinaria, anteriores a la ley 200 de 1995, también se encuentran derogados y las disposiciones a las que el artículo 125 remitió corren igual suerte, por ser anteriores al Código Disciplinario Único. Sin embargo, lo anterior no significa que la conducta de un docente que, abusando de su autoridad, ejecute actos de violencia o actos que atenten contra la moral, especialmente de los alumnos, haya dejado de ser objeto de investigación y sanción disciplinaria. Por el contrario, esta clase de comportamientos puede estar contemplada en el Código Disciplinario Único, en algunos de sus artículos, sin descontar la eventual responsabilidad penal en que pueda incurrir. En el ámbito disciplinario están previstas normas encaminadas a investigar y sancionar a los docentes que incurran en cualquier forma de violencia contra sus alumnos, haciendo una interpretación armónica de las normas contenidas en el Código Disciplinario Único y la Constitución. Cuando alguien es víctima de conductas como las descritas, el Estado cuenta con los mecanismos constitucionales, disciplinarios, penales, etc., que, aunque no mencionan en forma expresa la conducta denominada "acoso sexual", sí permiten investigar y sancionar a quien incurra en abusos como los descritos, especialmente si se trata de educadores frente a menores de edad." (Sentencia C-210/97, Corte Const.)

El asunto, como se ve, es de razonabilidad hermenéutica (ver mi nota "La razonabilidad en la interpretación de la ley"). Ello explica que en tránsito constitucional, no sea correcto creer que lo que fue válido bajo la anterior constitución, lo sea necesariamente bajo la nueva (ver mi nota "Interpretación conforme la Constitución"). Así lo ha sostenido la Corte Constitucional:

"La competencia de esta Corporación no se ve afectada por la circunstancia de haber sido fallada la exequibilidad de algunos de los artículos acusados, mediante sentencias de la H. Corte Suprema de Justicia cuando ejercía las funciones de control constitucional, pues las decisiones correspondientes se adoptaron dentro de la vigencia de la Carta Política anterior y por tanto la cosa juzgada en cuanto a la constitucionalidad por razones de fondo de tales preceptos hizo referencia al ordenamiento superior que entonces regía, lo cual no significa que aquella subsista necesariamente si la comparación se efectúa con la Constitución de 1991." (Sentencia No. C-216/93, Corte Const.)

Quiero insistir en el tema de la derogatoria de normas y no de textos, porque fácilmente algunos operadores jurídicos pueden asumir la derogatoria de aquellas por la sola derogatoria de textos, siendo que el análisis que se requiere es de cierto nivel. Ese fue el caso de la sentencia acabada de citar:

"Suponer derogado el artículo 3º de la Ley 20 de 1969 por la sola circunstancia de no estar comprendido dentro de las excepciones a la derogatoria general efectuada por el artículo 325 del Código, sin atender a lo preceptuado en el 5º eiusdem significa interpretar una norma fuera de contexto y despojar a otra de todo contenido. La Corte Constitucional, por el contrario, estima indispensable armonizar las dos disposiciones a fín de que produzcan efectos conformes con la preceptiva constitucional y con los antecedentes normativos del Código y particularmente con la ley de facultades que dio lugar a su expedición. Es claro que el legislador, al regular la integridad de la materia y al invocar expresamente el artículo 3º de la Ley 20 de 1969, en especial la causal y el término indicados en su literal b), incorporó materialmente esa disposición al nuevo estatuto (inciso 2º del artículo 5º) y lo hizo con el fin deliberado de consagrar hacia el futuro la extinción del dominio sobre minas en los mismos términos que contemplaba el precepto incorporado. Si en gracia de discusión, se aceptara que el Código de Minas derogó el artículo 3º de la Ley 20 de 1969, arrastrando consigo la figura de la extinción del dominio aplicada a la materia minera, sería inconstitucional el artículo 325 eiusdem en lo concerniente a esa derogatoría, por desbordar los límites plasmados en la Ley 57 de 1987, cuyos perentorios términos, al conferir las facultades extraordinarias, ya han sido resaltados. No puede olvidarse que la propiedad privada del subsuelo y de los recursos que en él se encuentren es excepcional. Ellos pertenecen al Estado." (Sentencia No. C-216/93, Corte Const.)