Seleccionar página

Conozco casos de embargos de más de 70 años, que vienen a ser descubiertos por las familias cuando van a enajenar esos bienes o a disponer de ellos. El problema suele resolverse, no sin alguna dificultad, cuando el embargo es a favor de una entidad del Estado que aún existe. El problema es distinto, y más grave, cuando quien embargó fue un particular que no se puede localizar, ni tampoco a su descendencia, o cuando -quizás el peor escenario- no hay rastro del trámite del embargo en despacho judicial alguno por desaparición del juzgado que ordenó la diligencia. Las oficinas de registro de instrumentos públicos no pueden levantar un embargo sin la orden del juzgado que lo ordenó o con la prueba de la extinción de la obligación (asumiendo que ella sea individualizable). ¿Qué hacer entonces? Veamos el caso en la vida real.

El problema es tratado en la Sentencia T-691/10 de la Corte Constitucional. Unas personas desean hacer una negociación con un inmueble, pero se topan con dos embargos ordenados hace más de cincuenta años, de los cuales ningún juzgado actual de la misma jurisdicción da razón, ni tampoco el Consejo Superior de la Judicatura. Véase la respuesta de este último ante la solicitud de información:

"1.8. La solicitud fue respondida mediante el Oficio UDAEOF09-2311 de dos (02) octubre de 2009, suscrito por el Director de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. En este escrito se consigna que la información sobre la estructura administrativa de la rama judicial, para la época en que fueron decretados los embargos, no se encuentra en los archivos de esa entidad y le sugieren al apoderado de las demandantes indagar directamente ante los juzgados municipales de Zipaquirá." (citado del resumen de antecedentes en la sentencia)

Llama la atención que, en el trámite de la acción de tutela, la representante de la División Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial afirmó que los tutelantes tenían como vía de acción

"…el artículo 88 del Decreto 1778 de 1954, precepto según el cual el funcionario competente para ordenar la cancelación de los registros inscritos en el folio de matrícula inmobiliaria será el mismo que los decrete" (citado de la sentencia)

Ocurre que ese decreto fue derogado por el art. 2 de la Ley 156 de 1959. Sigamos adelante.

Cuando aborda el estudio del caso concreto, la Corte Constitucional resume el tratamiento general del derecho a la información:

"Las principales reglas jurisprudenciales sobre el alcance del derecho de acceso a la información pública son las siguientes:

• Se trata de un derecho cuya titularidad es universal, pues puede ser ejercido por personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras.

• Como obligación correlativa al derecho de acceder a la información pública, las autoridades tienen que entregar, a quien lo solicite, la información que tenga carácter público. Las informaciones suministradas deben ser claras, completas, oportunas, ciertas y actualizadas. La información solicitada debe ser suministrada de manera fácil de entender. Este derecho comprende la expedición de copias.

• Los documentos públicos no se limitan a aquellos que son producidos por órganos públicos, sino que se extiende a aquellos documentos que reposan en las entidades públicas, los producidos por las entidades públicas y documentos privados que por ley, declaración formal de sus titulares o conducta concluyente, se entienden públicos .

• La información personal reservada que está contenida en documentos públicos, no puede ser revelada. Respecto de documentos públicos que contengan información personal privada y semi-privada, el ejercicio del derecho al acceso a documentos públicos se ejerce de manera indirecta, por conducto de las autoridades administrativas o judiciales (según el caso) y dentro de los procedimientos (administrativos o judiciales) respectivos. Sólo los documentos públicos que contengan información personal pública puede ser objeto de libre acceso .

• Están obligados a suministrar información las autoridades públicas , pero también los particulares que prestan servicios públicos o cumplen funciones públicas cuando sea información de interés público . La jurisprudencia constitucional no ha descartado su precedencia respecto de organismos internacionales .

• Las normas que limitan el derecho de acceso a la información deben ser interpretadas de manera restrictiva y toda limitación debe estar adecuadamente motivada. A este respecto la Corte ha señalado que existe una clara obligación del servidor público de motivar la decisión que niega el acceso a información pública y tal motivación debe reunir los requisitos establecidos por la Constitución y la ley. En particular debe indicar expresamente la norma en la cual se funda la reserva, por esta vía el asunto puede ser sometido a controles disciplinarios, administrativos e incluso judiciales . Los límites del derecho de acceso a la información pública debe estar fijados en la ley, por lo tanto no son admisibles las reservas que tienen origen en normas que no tengan esta naturaleza, por ejemplo actos administrativos . No son admisibles las normas genéricas o vagas en materia de restricción del derecho de acceso a la información porque pueden convertirse en una especie de habilitación general a las autoridades para mantener en secreto toda la información que discrecionalmente consideren adecuado. La ley debe establecer con claridad y precisión (i) el tipo de información que puede ser objeto de reserva, (ii) las condiciones en las cuales dicha reserva puede oponerse a los ciudadanos, (iii) las autoridades que pueden aplicarla y (iv) los sistemas de control que operan sobre las actuaciones que por tal razón permanecen reservadas. Los límites al derecho de acceso a la información sólo serán constitucionalmente legítimos si tienen la finalidad de proteger derechos fundamentales o bienes constitucionalmente valiosos como (i) la seguridad nacional, (ii) el orden público, (iii) la salud pública y (iv) los derechos fundamentales y si además resultan idóneos (adecuados para proteger la finalidad constitucionalmente legítima) y necesarios para tal finalidad (principio de proporcionalidad en sentido estricto), es decir, las medidas que establecen una excepción a la publicidad de la información pública deben ser objeto de un juicio de proporcionalidad . Así, por ejemplo, se han considerado legítimas las reservas establecidas (1) para garantizar la defensa de los derechos fundamentales de terceras personas que puedan resultar desproporcionadamente afectados por la publicidad de una información; (2) para garantizar la seguridad y defensa nacional; (3) para asegurar la eficacia de las investigaciones estatales de carácter penal, disciplinario, aduanero o cambiario; (4) con el fin de garantizar secretos comerciales e industriales .

• La reserva puede operar respecto del contenido de un documento público pero no respecto de su existencia .

• La reserva debe ser temporal. Su plazo debe ser razonable y proporcional al bien jurídico constitucional que la misma busca proteger. Vencido dicho término debe levantarse .

• La reserva puede ser oponible a los ciudadanos pero no puede convertirse en una barrera para impedir el control intra o interorgánico, jurídico y político, de las decisiones y actuaciones públicas de que da cuenta la información reservada.

• La reserva legal sólo puede operar sobre la información que compromete derechos fundamentales o bienes de relevancia constitucional pero no sobre todo el proceso público dentro del cual dicha información se inserta. Esta regla es aplicable sobre todo cuando se trata de información en procesos judiciales, en ese sentido en un caso de violencia contra menores, por ejemplo, solo es reservado el nombre del menor o los datos que permitan su identificación, pero no el resto de la información que reposa en el proceso, pues resultaría desproporcionado reservar una información cuyo secreto no protege ningún bien o derecho constitucional .

• Existe una obligación estatal de producir información sobre su gestión necesaria para permitir el control ciudadano, al igual que de mantener la información disponible y en buen estado para que pueda ser consultada. Durante el periodo amparado por la reserva la información debe ser adecuadamente custodiada de forma tal que resulte posible su posterior publicidad. La pérdida o deterioro de los documentos en los que reposa esta información puede dar lugar a graves sanciones disciplinarias e incluso penales y por ello las entidades que custodian la información así como los organismos de control deben asegurarse que dicha información se encuentre adecuadamente protegida .

El principal cuerpo normativo que regula este derecho es la Ley 57 de 1985. A pesar de su carácter preconstitucional la Corte ha considerado “constitucionalmente admisible” el procedimiento de acceso a información fijado por esta ley, por lo tanto tales reglas deben ser tenidas en cuenta por el juez constitucional a la hora de definir si en un determinado caso existe vulneración del derecho fundamental bajo estudio " (Sentencia T-691/10 de la Corte Constitucional)

Al ocuparse del caso concreto, lo primero que advierte la Corte Constitucional es que los jueces de conocimiento trataron el problema como de violación al derecho de petición, el cual no ha sido violado pues se ha respondido de fondo, aunque sin resolver el problema de los ciudadanos. Y agrega:

"Sin embargo, de la respuesta recibida por esta entidad y por los diversos juzgados civiles municipales de Zipaquirá queda claro que ninguna dependencia estatal cuenta con la información requerida por las accionantes." (citado de la misma sentencia)

Se tiene entonces lo siguiente:

"Sin embargo, de la respuesta recibida por esta entidad y por los diversos juzgados civiles municipales de Zipaquirá queda claro que ninguna dependencia estatal cuenta con la información requerida por las accionantes." (misma fuente)

Ello provoca la violación del derecho de acceso a la justicia. La Corte Constitucional examina el art. 88 del D. 1778 de 1954 -cayendo en el error de creer que está vigente- y advierte que no es solución porque de todas maneras depende de la orden del juez competente, totalmente desconocido en este caso. Se ve entonces que se está violando también el derecho a la propiedad, reconocido como fundamental desde la sentenciaC-595 de 1999, y llama la atención sobre lo siguiente:

"Cabe recordar que según el numeral 3 del artículo 1521 del Código Civil hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello, en esa medida al estar registrados dos embargos sobre el bien inmueble objeto de la sucesión éste no es susceptible de enajenación." (Sentencia T-691/10 de la Corte Constitucional)

Todo lo anterior explica el carácter instrumental del derecho a la información.

En el caso en concreto, si bien deben reconocerse derechos de terceros (quienes embargaron), también es cierto que luego de cincuenta años hay a la vista una carga desproporcionada para los accionantes. Ello por lo siguiente, según se declara luego de traer a cuento la sentencia C-189 de 2006:

"…en este caso concreto la restricción a la enajenación tiene fundamento en una disposición legal que persigue fines a todas luces constitucionalmente legítimos, pero el mantenimiento de la limitación de la disposición se perpetua por la carencia de archivos judiciales y no en función de la protección de los derechos del acreedor, que es uno de los propósitos al cual apunta el artículo 1521 del Código Civil." (Sentencia T-691/10 de la Corte Constitucional)

No queda más remedio que ordenar la cancelación de los embargos, para remediar la situación.

"Por lo tanto ante la imposibilidad de recabar la información requerida, que en este caso sería la medida idónea para subsanar la afectación del derecho de acceso a la información se requiere proferir una orden dirigida a remediar a vulneración de los restantes derechos fundamentales en juego. Considera esta Sala de Revisión que corresponde por lo tanto ordenar al Registrador de Instrumentos Públicos de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Sur de Bogotá D. C. la cancelación de la Anotación 3 “Fecha 03-05-1956 Radicación: 2008-452545. Oficio 46 del 10-04-1956 Juzgado Municipal de Zipaquirá. Especificación No.0427. Embargo Ejecutivo con acción personal construcción (medida cautelar) de Rodríguez María a Federico Páez” y de la Anotación 4 “Fecha 06-08-1959 Radicación: 2008-452545. Oficio 311 del 13-07-1959 Juzgado Municipal de Zipaquirá. Especificación No.0427. Embargo Ejecutivo con acción personal terreno (medida cautelar) de Rodríguez María a Federico Páez” inscritas en el folio de matrícula inmobiliaria No.50S-40519772 correspondiente al inmueble ubicado en la carrera 16 sur 327-25 Sur de Bogotá D. C." (citado de la sentencia)

Es una medida valiente, puesto que la situación de los accionantes no podía quedar sin solución. Podría criticarse el hecho de presuntamente desconocer derechos de terceros (quienes embargaron o sus descentes, si los hay), pero insisto en la necesidad de decidir de fondo.