Vía de hecho cuando un juez aplica norma derogada

¿Qué pasa cuando un juez o jueza deciden un caso con base en una norma derogada? Evidentemente, hay una violación al debido proceso, y es uno de los casos excepcionales en que siempre se ha considerado la existencia de vía de hecho que permite la acción de tutela contra providencias judiciales.

Veamos primero un caso de 1999, para comprobar que la línea jurisprudencial se ha mantenido respecto a este problema. Lo que ocurrió fue lo siguiente:

"El actor Carlos Torres Uscategui, actuando en su calidad de gerente y representante legal de la sociedad Almacenes Generales de Depósito ALMAVIVA S.A., Sucursal Cartagena, interpuso tutela contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral de Cartagena, dentro del proceso seguido por el señor Eduardo Espinosa Cardona, contra la sociedad Almacenes Generales de Depósito ALMAVIVA S.A. Considera el tutelante que se violaron los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la justicia y a la libre empresa. Señala el actor que el señor espinosa Cardona laboró para ALMAVIVA S.A. desde el 16 de marzo de 1981 hasta el 20 de enero de 1995, y fue despedido sin justa causa , obteniendo el pago de la correspondiente indemnización. Sin embargo, en febrero de 1995, el señor Espinosa Cardona inició proceso laboral de única instancia contra ALMAVIVA S.A., pretendiendo su reintegro al cargo que ocupaba y la cancelación de los salarios dejados de percibir. De acuerdo con las fechas de iniciación y terminación de la relación laboral, se comprobó que el señor Espinosa Cardona no tenía 10 años de servicios, lo cual, de conformidad con la ley 50 de 1991, no le permitía solicitar el reintegro a su cargo. Sin embargo, el Juzgado Cuarto Laboral de Cartagena, desconociendo tanto los hechos como las normas legales ordenó el reintegró del señor Espinosa Cardona a ALMAVIVA S.A., ocupando el mismo cargo y ordenando a su vez el pago de los salarios dejados de percibir. Ante tal situación, afirma la demandante, la actuación cumplida por el Juzgado aquí tutelado se convierte en una vía de hecho." (Sentencia T-376/99, Corte Const.)

Presentada la acción de tutela, la sentencia en efecto fue dejada sin efecto:

"Mediante sentencia del veinte de enero de 1999, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena tuteló los derechos fundamentales de la sociedad Almacenes Generales de Depósito ALMAVIVA S.A., Sucursal Cartagena. Por lo tanto, declaró sin valor la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena en el proceso seguido por el señor Eduardo Espinosa Cardona contra ALMAVIVA S.A. Consideró el Tribunal que la decisión en cuestión carece de fundamento objetivo, más aún, cuando la misma juez en dicho proceso laboral, admite haber incurrido en un error al aplicar una norma que no correspondía al caso. Mediante prueba solicitada por esta Corporación en auto del 20 de abril del presente año, a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, se comprobó que el señor Eduardo Espinosa Cardona fue notificado en debida forma, de lo resuelto por dicho Tribunal en la presente acción de tutela." (citado de la misma providencia)

Asumido el conocimiento de esta acción de tutela por la Corte Constitucional, advierte rápidamente:

"La actuación judicial que se controvierte en el presente caso, se produjo con base en la aplicación de una norma laboral derogada, es decir, se incurrió, de acuerdo con los presupuestos señalados en la jurisprudencia, en un defecto procedimental, en la medida en que la actuación se surtió al margen del procedimiento legal establecido. La jurisprudencia ha precisado, que cuando el juez aplica una norma derogada , incurre en vía de hecho por la violación no solo del debido proceso, sino también al principio de legalidad, que rige la actuación de los administradores de justicia. Se procederá así a confirmar la sentencia de instancia, en tanto siguió los lineamientos de la jurisprudencia de esta Corporación." (citado del mismo fallo, resaltado fuera de texto)

Esta tesis se ha reiterado a lo largo del tiempo. Veamos un caso de 2008. Un juez civil interpretó una norma, asumiendo una vigencia distinta a la real.

"El apoderado “de la persona jurídica sin ánimo de lucro Edificio Tívoli Nicolás de Federman – Propiedad Horizontal”, pidió amparo frente a la decisión proferida por el Juzgado 50 Civil Municipal de Bogotá, dentro del proceso ejecutivo iniciado contra el propietario y los tenedores del apartamento 404 de dicho inmueble, buscando el pago de cuotas adeudadas por concepto de administración.

En la demanda se argumentó que en el curso del proceso “se propusieron excepciones”, las cuales se declararon “no probadas”, pese a lo cual se determinó “que las cuotas comprometidas entre el primero de enero del año 1999 y el mes de mayo de 2001 no podían ser ejecutadas con fundamento en la Ley 675 de 2001, sino con la Ley 182 de 1948, 16 de 1985 y 428 de 1998, porque la ley no es retroactiva”. " (Sentencia T-1080/08, Corte Const.)

El problema es que esa Ley 675 contenía una norma de orden procesal que debía ser aplicada inmediatamente, lo que suponía un error en la norma por parte del juzgador.

Cuando la Corte Constitucional aborda el estudio de la providencia, reconoce que:

"… la tutela no se orienta a reabrir el debate sobre las pretensiones en conflicto, a partir de nuevas pruebas, apreciaciones diferentes de las acopiadas o interpretaciones discordantes; su objeto está únicamente en determinar si la providencia judicial atacada ha desbordado groseramente el marco constitucional dentro del cual ha debido producirse y vulnera derechos fundamentales en cabeza del afectado, que éste estuvo en imposibilidad total de conjurar dentro de la respectiva actuación judicial." (Sentencia T-1080/08, Corte Const.)

Recuerda luego la excepcionalidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

"Entre los varios factores que pueden engendrar la vía de hecho, resalta la aplicación de una norma derogada, de donde emergen conculcaciones contra el principio de legalidad y, correlativamente, contra el debido proceso , que rigen la actuación de los administradores de justicia, quienes, de tal manera, provocan la violación de garantías constitucionales de magnitud fundamental.

Cuando lo anterior ocurre manifiestamente, el juez de tutela puede intervenir en el procedimiento cumplido en el trámite ordinario y revisar los pronunciamientos, respetando siempre el principio de subsidiariedad que rige esta acción, realzando la prevalencia del derecho sustancial y sin demeritar la desconcentración, autonomía e independencia de los jueces, en procura de amparar los derechos constitucionales fundamentales de las personas que puedan resultar injusta y gravemente afectadas por una actuación judicial." (misma sentencia)

Así, confirma la decisión adoptada por el juzgador de tutela.

"En la decisión de segunda instancia se argumentó que “todo el problema jurídico se reduce a un conflicto de leyes en el tiempo, como bien lo apunta el propio juzgador impugnante, sólo que no repara en que el artículo 48 de la Ley 675 de 2001, es una norma procesal, por tanto de aplicación inmediata según lo establece el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, lo que significa que a partir de su vigencia prevalece sobre las anteriores y hace imperio en todos los juicios iniciados con posterioridad”.

Se coligió así que con la inadvertencia de la derogatoria el Juzgado Municipal había errado al definir el proceso ejecutivo y, bajo los parámetros normativos a que está obligada la jurisdicción constitucional, mediante razonadas apreciaciones legales y probatorias, fue removida la providencia que, en efecto, produjo el quebrantamiento del principio de legalidad y del debido proceso." (misma sentencia)

En efecto, la sentencia en entredicho fue dejada sin efecto, ordenándose que se dictara una nueva sentencia teniendo en cuenta la normatividad que sí estaba vigente.

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