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El Consejo de Estado ha declarado la legalidad del Decreto 2853 de 2003 “por el cual se suprime la Administración Postal Nacional, Adpostal, y se ordena su liquidación”.

Se trata de la Sentencia Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00400-00 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del  Consejo de Estado. Se dijo entre otras cosas en esa providencia:

“Al respecto conviene empezar por tener en cuenta el carácter de la entidad objeto del decreto acusado, pudiéndose observar que en éste se identifica como empresa industrial y comercial del Estado a partir del Decreto 2124 de 1992 “Por el cual se reestructura la Administración Postal Nacional – ADPOSTAL”, expedido con fundamento en las facultades dadas al Presidente de la República en el artículo 20 transitorio de la Constitución Política. (…) Este último aspecto sirve para destacar que si bien ADPOSTAL era a la fecha del decreto acusado una empresa industrial y comercial del Estado que prestaba un servicio público, este servicio no era de ninguno de los servicios públicos domiciliarios regulados por la Ley 142 de 1994 (…) De esa forma aparece claramente que las empresas industriales y comerciales del Estado, contrario a lo sostenido por el actor, sí hacen parte o integran la Rama Ejecutiva del Poder Público a nivel nacional, y por lo mismo están en el ámbito de la facultad constitucional en comento del Presidente de la República, desarrollada y regulada por el artículo 52 de la Ley 489 de 1998, que al efecto es concordante con el artículo 38 precitado, por tratarse en este caso concreto de una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden nacional, esto es, la de suprimir u ordenar la liquidación de esa clase de empresas y de las entidades u organismos señalados en el pretranscrito artículo 38, por las causales previstas en aquella ley. 4.1.6. En ese orden, para la supresión y orden de liquidar ADPOSTAL no se requería facultad extraordinaria alguna, de modo que las otorgadas al Presidente de la República en el artículo 120 de la Ley 489 de 1998 no tuvieron ninguna incidencia ni relación con la decisión que en tal sentido adoptó el Gobierno Nacional mediante el decreto acusado, de allí que es totalmente irrelevante que las mismas se hubieran vencido o no al momento de la expedición de ese decreto. 4.1.7. Ahora bien, siendo una atribución constitucional propia, ella no puede ser enervada por disposiciones de rango legal o reglamentario, como son las del Decretos 2124 de 1992, mediante el cual se reestructuró ADPOSTAL en empresa industrial y comercial del Estado, según atrás se anotó, en ejercicio de las facultades que le otorgó el artículo 20 transitorio de la Constitución Política al Presidente de la República, las cuales, en la medida en que guarden relación directa con la existencia, estructura, naturaleza jurídica y funciones de una empresa industrial y comercial del Estado, resultan ser disposiciones al alcance de la facultad presidencial y por ende pueden ser afectadas en su vigencia por los actos que el Presidente de la República expida en ejercicio de la misma, de conformidad con la ley que la regula, como el decreto objeto de este proceso. Por ende, no es factible jurídicamente que se pueda predicar incompetencia por razones de la jerarquía normativa del referido Decreto 2124 de 1992, toda vez que el objeto o la materia de que se ocupa es susceptible de la facultad constitucional en comento, que frente a disposiciones de rango legal se encuentra sujeta a la “ley de autorización”, que en este caso es la Ley 489 de 1998, especialmente a su artículo 52, en concordancia con el 38 de la misma ley.” (citado de la sentencia)

Con respecto al despido de personal con ocasión de la supresión de ADPOSTAL se dijo:

“En cuanto al desconocimiento del procedimiento previsto en el capítulo IX del título II de la segunda parte del Código Sustantivo del Trabajo para el despido masivo de la Administración Postal Nacional –ADPOSTAL, baste decir que la normatividad de dicho capítulo (artículos 464 a 466 del C.S.del T.) no guardan relación con el asunto, puesto que la misma trata de cierres de empresas de servicios públicos que no dependen directa ni indirectamente del Estado y de empresas que no son de servicios públicos, y además de ello no se ocupan específicamente del tema de “despido masivo” a que alude el actor, sino a la necesaria intervención del Estado en los diferentes casos de que tratan los citados artículos, ya para otorgar permiso o autorizar la suspensión o paralización de labores en esas empresas, y velar por la continuidad de la prestación del servicio público respectivo. Ya está visto que el presente caso corresponde a una empresa de servicios públicos que dependía directamente del Estado, en tanto era una empresa industrial y comercial del Estado, por lo cual no se encuadra en la comentada normatividad del Código Sustantivo del Trabajo.” (citado de la sentencia)