Seleccionar página

La Corte Suprema de Justicia, sala de casación civil, se ha ocupado de un caso en el cual se han discutido los alcances del correo electrónico como prueba, a la luz de la Ley 527 de 1999.

El proceso tuvo que ver con un debate sobre la existencia o no de sociedad marital de hecho, y la consideración de unos correos electrónicos. Se trata de la sentencia Expediente No.11001 3110 005 2004 01074 01 de 16 de Diciembre de 2010. Un problema probatorio es el alcance que debía darse, por ejemplo, a un correo electrónico con el cual, el exesposo del lado femenino de la relación, anunciaba a la nueva pareja que las presuntas intenciones de la mujer era beneficiarse económicamente, lo cual originaría la presencia de causa ilícita en la relación de pareja. Dicho correo electrónico no fue aceptado como prueba por los jueces de instancia, no solamente por no cumplir con los requisitos de la L. 527/99, sino por las pruebas que mostrarían que la relación marital existió y tenía toda la solidez del caso (lo que significa que el contenido de ese e-mail, no era creíble). Esta reflexión lleva a la Corte Suprema a distinguir entre veracidad y autenticidad.

“Por supuesto que la autenticidad y la veracidad son atributos distintos de la prueba documental, pues hacen referencia a aspectos disímiles. La primera concierne con la certeza que debe tener el juzgador respecto de la persona a quien se le atribuye la autoría del documento, certidumbre que alcanzará en la medida que se encuentre en alguna de las hipótesis específicamente previstas por el ordenamiento (artículos 252 y 276 del Código de Procedimiento Civil, entre otros). Establecida la autenticidad del documento, podrá el juzgador avanzar en su estimación con miras a establecer su vigor probatorio, particularmente su credibilidad, empeño que deberá abordar de la mano de las reglas de la sana crítica.

Puede acontecer, entonces, respecto de la apreciación de los documentos, que el fallador, en un examen ajustado a Derecho, delanteramente los desestime en cuanto advierta que carecen de autenticidad, esto es que, conforme a las reglas probatorias que gobiernan la materia, no pudo establecerse con certeza la identidad de su autor. Puede igualmente suceder que a pesar de haber fijado con certidumbre dicha autoría, les niegue poder persuasivo en la medida en que al supeditarlos al examen conjunto de las demás pruebas aportadas al proceso, así como al someterlos al escrutinio de las reglas de la experiencia, el sentido común, la lógica y la ciencia, infiera que no son creíbles, es decir, que carecen de eficacia demostrativa de los hechos o representaciones que contiene.” (citado de la sentencia)

Este era exactamente uno de los puntos de la casación: que los jueces de instancia no habían admitido la autenticidad del mensaje, debiendo hacerlo; en esto el casacionista incurrió en error, porque debió demostrar que sí era veraz, o sea que su contenido era cierto, lo cual ni siquiera intentó. De todas maneras es claro que la autenticidad sí se debatió:

“4. De todas maneras, al margen de la señalada deficiencia técnica se tiene, por un lado, que ciertamente el correo electrónico al que hace referencia el cargo formulado, carece de autenticidad, amén de que no aparece fijada a él la firma digital de su autor; y por otro, que el juzgador cognoscente del asunto agotó las facultades conferidas para establecer su autenticidad, pues convocó a la persona a quien se le imputaba su autoría -José Fernando Cerón Quintero, ex cónyuge de la actora- a reconocer el mismo (folios 484 a 489 del C.1), sin que éste hubiese aceptado ser su creador. No obstante, el resultado de esa diligencia, el demandado se abstuvo de tramitar el respectivo incidente de autenticidad.” (citado de la sentencia)

Eso le restó cualquier vigor probatorio al presunto correo, dado que no había certeza de su autor.

“Que las cosas son de ese modo es cuestión que se ofrece como incontrastable en cuanto se examinan las reglas que gobiernan la materia. En efecto, por un lado, el inciso primero del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, prescribe que “es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado”; esto es que, conforme a la reseñada norma, la autenticidad es un requisito que concierne con la certidumbre que debe abrigar el juzgador respecto del autor del mismo. Seguidamente, reseña el aludido precepto las hipótesis en las que puede colegirse tal circunstancia. Por otro, el artículo 279 Ibídem, refiriéndose a los documentos privados, prescribe que cuando éstos son auténticos, tienen el mismo valor que los públicos (cuya autenticidad presume el artículo 252 ejusdem), entre quienes los suscribieron o crearon y sus causahabientes, como frente a terceros. En cambio, cuando éstos no son auténticos, carecen de cualquier vigor demostrativo, pues como lo precisa la norma, a lo sumo, tendrán el carácter de prueba sumaria, en cuyo caso, además de precaria, su fuerza probatoria es eminentemente transitoria.” (citado de la sentencia)

Luego de esta reflexión, procede la Corte Suprema a ocuparse de la Ley 527 de 1999, lo que permite ocuparse del documento electrónico en general.

“Volviendo al documento electrónico en general, es oportuno precisar que el papel y la tinta son reemplazados por un soporte material, que es la memoria de masa sobre la cual se graba el mismo, y los impulsos electromagnéticos que fijan su contenido. Igualmente, que la Ley 527 de 1999 lo asimiló, en cuanto a sus efectos jurídicos, al contenido en un escrito al prescribir que “no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza probatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos” (artículos 5º y 10, inc.2º), a la vez que lo admite como medio de prueba y remite su eficacia o fuerza probatoria a las disposiciones contenidas en el capítulo VIII del título XIII, sección 3ª del libro 2º del estatuto procesal civil (artículo 10, inc.1º), es decir, al régimen de la prueba por documentos; y supedita su valoración a las reglas de la sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente para la apreciación de los medios de persuasión (artículo 11), haciendo énfasis en que en esa labor debe tenerse en cuenta “la confiabilidad en la forma en que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente”.” (citado de la sentencia)

Recuerda la sentencia cómo, desde antes de la Ley 527 de 1999, ya existía el reconocimiento del valor probatorio de los documentos producidos usando la informática, y advierte:

“4.1.2 Para determinar la fuerza probatoria del mensaje de datos, el artículo 11 de la Ley 527, señala, como ya se pusiera de presente, que deben atenderse las reglas de la sana crítica, así como la confiabilidad que ofrezca la forma como se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad de la forma en que se hubiere conservado la integridad de la información, la forma como se identifique a su iniciador, y cualquier otro factor relevante.” (citado de la sentencia)

La integridad se refiere a que el mensaje de datos llegue sin modificaciones o alteraciones, a lo cual deben agregarse la rastreabilidad y la recuperabilidad, lo mismo que la conservación en el tiempo.

“4.1.3 Ahora, la autenticidad del mensaje de datos corre paralela con la confiabilidad del mismo, determinada por la seguridad de que esté dotado en cuanto a la forma como se hubiese generado y conservado la integridad de la información y, por supuesto, en la forma en que se identifique a su iniciador y la asociación de éste a su contenido. Como todo documento, la eficacia probatoria del electrónico dependerá, también, de su autenticidad, contándose con mecanismos tecnológicos que permiten identificar el autor del mismo y asociarlo con su contenido. En este aspecto cobra particular relevancia la firma electrónica, que es el género, y que puede comprender las firmas escaneadas, o los métodos biométricos (como el iris y las huellas digitales), y la firma digital -especie-, basada en la criptografía asimétrica.” (citado de la sentencia)

En materia de autenticidad, visto que no puede esperarse que un mensaje esté firmado a mano, sí puede serlo mediante otros medios que cumplan la misma finalidad.

“No obstante, dicha firma sólo producirá los efectos jurídicos de la manuscrita -equivalencia funcional- cuando cumpla determinados requisitos de seguridad y de fiabilidad, cuestiones que dependen del proceso técnico utilizado en su creación, siendo altamente seguro el basado en la criptografía asimétrica -arte de cifrar la información, mediante algoritmos de clave secreta-, porque garantiza la identificación del autor del mensaje, integridad y confidencialidad del mismo. Dicho sistema es el utilizado para la creación de la denominada firma digital, la que corresponde a “un signo numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación” (Ley 527 de 1999, art. 2º, literal C).

La firma digital, ciertamente, está compuesta por un juego de claves -una privada asociada a una pública-, y un certificado digital emitido por las entidades autorizadas para el efecto, habida cuenta que el suscriptor del documento lo firma mediante la introducción de una clave privada, la cual activa un algoritmo que encripta el mensaje -lo hace ininteligible- y lo envía junto con una copia del certificado digital del mismo por la red de comunicaciones; a su vez, el receptor del mismo para hacerlo comprensible tiene que activar el algoritmo criptográfico, mediante la introducción de la clave pública del firmante, y si ella está asociada a la primera se producirá la desencriptación.” (citado de la sentencia)

Pero, ¿qué pasa con los documentos sin firma digital? Entran en juego los mecanismos de cualquier prueba, entre otros el reconocimiento del presunto autor.

“En ese orden de ideas, el reconocimiento regulado por el artículo 269 del C. de P. Civil se impondrá como insoslayable respecto del mensaje de datos desprovisto de una firma digital, habida cuenta que se trata de un documento que no ha sido suscrito ni manuscrito por su autor y carece de un signo de individualidad que permita imputar autoría y, por ende, ejercer el derecho de contradicción a la persona que la parte que lo aporta señala como su creador.” (citado de la sentencia)

Por tanto, en el caso en debate, no quedó al juez de conocimiento nada pendiente por hacer, debiendo por el contrario el censor demostrar que dicho correo electrónico sí era auténtico.

“Es evidente que de persistir el demandado en la creencia de que ese correo realmente debía atribuirse al mencionado señor, debió emprender la demostración pertinente, sin que le sea dado aliviarse de sus cargas probatorias trasladándoselas al juez, pues, como es sabido, las facultades oficiosas de éste no fueron previstas para suplir la inactividad de las partes.” (citado de la sentencia)

Por ello la casación de la sentencia no prospera.