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Una autoridad no puede rechazar un trámite iniciado conforme formulario proporcionado por ella misma, so pretexto de falta de requisitos. Mucho menos si el requisito echado de menos no es de rango legal, o si el mismo puede deducirse de otros documentos que obran en el expediente. Adicionalmente a lo anterior, la entidad debe el expediente debidamente organizado.

El caso fue una acción de tutela intentada contra la Superintendencia de Industria y Comercio, luego de que esta entidad inadmitiera una demanda introducida al amparo  de la función jurisdiccional de que fue revestida por la Ley 446 de 1998 (Título IV, Capítulo 2, Art. 145 y s.). Se trata del Radicado No. 25000-23-15-000-2010-03711-01(AC) de la Subsección A de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

El caso, que de paso es útil para aclarar cómo es el trámite de una queja por protección al consumidor en el caso de garantía ante la SIC, fue así: una ciudadana compró un vehículo nuevo, el cual presentó problemas; acudió ante la SIC para hacer valer la garantía, logrando fallo favorable. La empresa demandada apeló y el expediente se remitió al Tribunal Superior de Bogotá, el cual se consideró incompetente y devolvió el asunto a la SIC, la cual a su vez lo remitió al Juez 32 Civil Piloto de Oralidad de Bogotá, quien declaró la nulidad de todo lo actuado. La SIC emitió, varios años después de iniciado el trámite, nuevo fallo ordenando la reposición del vehículo por uno nuevo. Inconforme con la decisión por no contemplar todas las pretensiones, la demandante apeló ante el Juzgado 32 Civil Piloto de Oralidad, quien volvió a declarar la nulidad de todo lo actuado. Retomado el conocimiento del asunto, la SIC decidió inadmitir la demanda por falta de un requisito (el trámite comenzó en 2006). Entonces la demandante interpone acción de tutela, puesto que nunca se le dijo que el requisito estaba pendiente y los actos de las Superintendencias en ejercicio de facultades jurisdiccionales no tienen .

Incoada la acción de tutela, es declarada improcedente en primera instancia, y pasa en impugnación al Consejo de Estado, que empieza por señalar:

“A voces del artículo 148 de la Ley 446 de 1998, los actos que dicten las Superintendencias en uso de estas facultades jurisdiccionales no tendrán acción o recurso alguno ante las autoridades judiciales. Esa disposición fue declarada exequible condicionalmente por la Corte Constitucional, bajo el entendido de que contra estas procede la acción de tutela, o bien las acciones contencioso administrativas, en el evento en que la Autoridad Administrativa actúe excediendo sus competencias jurisdiccionales” (citado de la sentencia)

El Consejo de Estado solicita el expediente y, ante el evidente desorden del mismo, advierte:

“No pasa por alto la Sala el estado físico de las diligencias contenidas en el expediente que se solicitó a la Delegada de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde los diferentes cuadernos no informan actuaciones ordenadas y cronológicamente lógicas, que permitan un adecuado entendimiento de lo que ha sucedido en el trámite, hecho que debe ser subsanado de manera inmediata, a fin de que el proceso se adelante ordenadamente y con entendimiento por parte del proyectista de cada una de las etapas surtidas, de manera que se observe minuciosa y efectivamente el procedimiento previsto para el efecto, y se eviten a toda costa nulidades procesales. En tal virtud, se ordenará a la Entidad accionada que organice el expediente 06-84803, de manera cronológica, ordenada y con una nueva foliatura; y que efectúe el trámite del proceso evitando a toda costa nulidades procesales.”  (citado de la sentencia)

Observa el Consejo de Estado que la nulidad dictada por el juez de conocimiento del recurso de apelación, ocurrió por lo siguiente:

“Según el cuaderno 2, correspondió el trámite al Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá D.C., donde surtió el procedimiento correspondiente y, finalmente, como se extrae del acta de la audiencia realizada el 18 de marzo de 2009, y que se allega también en disco compacto, el titular del despacho declaró la nulidad de todo lo actuado, en vista de que el procedimiento adelantado ante la SIC no surtió las etapas que dicta la ley, por tanto, concurría la causal de nulidad del numeral 4° del artículo 140 del C.P.C. de carácter insaneable (Fls. 34 y 33 C2).

Así las cosas, el expediente fue devuelto a la Superintendencia de Industria y Comercio – Delegada para la Protección al Consumidor, para que repusiera la actuación invalidada (Fls. 221 C1). La SIC por auto 333 de 30 de marzo de 2009, obedeció y cumplió la actuación del Juzgado mencionado, y remitió las diligencias al Grupo de Instrucción e Investigación de Protección al Consumidor, donde se inició nuevamente el trámite y se desarrolló la audiencia que manda el artículo 438 del C.P.C. y, según se desprende de actuaciones posteriores, se emitió una nueva decisión de fondo, favorable a los intereses de la actora, que fue apelada por las partes en contienda.” (citado de la sentencia)

La SIC remitió la nueva apelación a un juez de Medellín, quien remitió el asunto al juez 32 Civil del Circuito de Bogotá, donde

“constató en esa oportunidad, que nuevamente se presentaba una causal insaneable de nulidad en virtud de que la Superintendencia debió emitir un auto admitiendo el trámite a efecto de establecer las partes que actuarían, asimismo, definir el término legal para el ejercicio del derecho de defensa de la investigada, de manera que se surtieran las diferentes fases del proceso verbal sumario, actuaciones que no constató, lo que conllevó la declaratoria de nulidad de todo lo actuado, determinando que las pruebas conservarían la validez respectiva.” (citado de la sentencia)

Para entonces ya era el año 2010. Entonces el Superintendente para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC, sosteniendo que no se había cumplido lo previsto en el art. 75 C.d e P.C., de manera que ordenó subsanar la demanda, lo que no hizo la demandante alegando que s trataba de una denegación de justicia, visto que varios años después de iniciado el trámite apenas se le informaba hasta ahora de un requisito del que no tenía noticia. El Superintendente procedió entonces a inadmitir.

En este punto, el Consejo de Estado llama la atención sobre el hecho de que en el expediente obraba copia de demanda ordinaria exactamente entre las mismas partes y por la misma causa, y que incluso la parte demandada había alegado pleito pendiente.

“El Juzgado de conocimiento (17 Civil del Circuito de Medellín) desestimó la excepción bajo el entendido de que las pretensiones en ambos casos eran sustancialmente diferentes, en vista de que ante la SIC se verificaría la efectividad de la garantía, y ante la Jurisdicción Ordinaria, lo que atañe a la resolución del contrato de compraventa, la devolución del precio y la indemnización de daños y perjuicios (Fl. 7 y s. C4).

Apelada la decisión por la Sociedad demandada, el proceso fue enviado al Tribunal Superior de Medellín, Corporación que anuló todo lo actuado, dejando claro que independientemente de las pretensiones, la competencia a prevención es de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde debe tramitarse el proceso, por tanto, ordenó la remisión de las diligencias a esa Entidad (Fl. 56 a 62 C4).” (citado de la sentencia)

Llegada la hora del análisis de fondo, el Consejo de Estado, ejerciendo facultades propias del juez de tutela, asume conocimiento del auto que inadmite, a pesar de no ser censurado por la tutelante, y advierte que aborta el estudio integral del problema.

Comparado el formulario con el cual la actora inició el trámite con el art. 75 C. de P.C., el Consejo de Estado señala que la única diferencia es la mención de fundamentos de derecho, pero insiste en que la interesada llenó el formulario tal y como se lo presentó la SIC. Por otra parte, observa que la SIC exigía declaración expresa sobre el trámite debía ser jurisdiccional,  y advierte que no es un requisito previsto en la ley y que por tanto no es exigible.

“Lo anterior indica, que si en gracia de discusión, la queja que inicialmente presentó la actora, por demás en formato proporcionado por la accionada, no cumplía los requisitos que esta echa de menos, bien pudo haber tomado la demanda que reposa de folio 1 a 11 del cuaderno 4, como escrito de queja, para subsanar las falencias que eventualmente observara. Y en cuanto al requisito que según la entidad no se incluyó sobre la indicación de si la pretensión es de carácter jurisdiccional, no se halla que tal requisito constituya una exigencia legal, pues bien puede la Entidad deducirla a partir de la solicitud.

En ese orden, no tiene asidero alguno que luego de transcurrir más de 4 años de trámite con un sinnúmero de nulidades procesales, se haya optado por inadmitir y posteriormente, rechazar la demanda, por no reunir los requisitos legales.” (citado de la sentencia)

Agrega más adelante, que no es admisible que luego de más de cuatro años se indique a la interesada que su trámite no es idónea, cuando nunca se le previno de tal cosa.

Analizando la relación entre debido proceso y acceso a la administración de justicia, advierte:

“En sentido amplio, el concepto de debido proceso encierra a su vez la protección de ciertas garantías mínimas como el derecho de acceso a la administración de justicia con la presencia de un juez natural, se ha integrado entonces el derecho al acceso a la administración de justicia con el núcleo esencial del derecho al debido proceso, irrogándole el carácter de derecho fundamental de aplicación inmediata.” (citado de la sentencia)

Se procede por tanto a ordenar a la SIC adelantar el trámite, teniendo en cuenta que la queja y la demanda son una unidad integral, y además se ordena organizar el expediente.