Seleccionar página

La tesis quedó planteada desde el debate a causa del TLC (ocasión en la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió su trámite, decisión revertida por el Consejo de Estado). Ahora en el 2011 se reitera con ocasión de un tratado de navegación aérea, demandado en acción popular.

El caso tuvo que ver con el control aéreo que ejerce Panamá en el área de San Andrés, por virtud de un tratado internacional. Los accionantes alegaban afectación del patrimonio público, pero ocurre que ni el Estado colombiano presta servicio allí ni se trata de un asunto de desidia colombiana, sino sencillamente de la aplicación de un tratado, que no puede debatirse en acción popular. Se trata de la Radicación número: 88001-23-31-000-2005-00011-01(AP) de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

“Se previó un control jurisdiccional de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben, función que en cumplimiento del artículo 241, numeral 10, de la Constitución Política, está en cabeza de la Corte Constitucional, quien debe ejercerla dentro de los seis días siguientes a la sanción de la Ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá efectuar la respectiva ratificación o el canje de notas; en caso contrario, no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el Presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva. Esta Corporación en diversas oportunidades ha indicado que, en atención a la forma en que está regulado a nivel constitucional y legal el trámite de los tratados internacionales y en consideración a los controles jurídicos y políticos que existen para verificar su conveniencia y constitucionalidad, no hay lugar a que por vía de la acción popular se cuestione su eventual incidencia en el desconocimiento de derechos colectivos. En razón a lo anterior, se precisa que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no tiene competencia para adoptar decisiones en relación con las determinaciones que se han implementado en el ámbito internacional, específicamente, en lo estipulado en el Tratado de Chicago de 1944, aprobado por la Ley 12 de 23 de octubre de 1947, pues la decisión allí acatada fue competencia exclusiva y excluyente del Presidente de la República por ser el encargado de dirigir las relaciones diplomáticas y de celebrar los tratados o convenios internacionales. De lo expuesto, queda claro que el juez en la acción popular no está facultado para modificar los acuerdos celebrados en el Tratado de Chicago, de tal manera que, no le es factible, en caso de que considerara vulnerados los derechos colectivos invocados, ordenar que sea Colombia la que suministre los servicios aeronáuticos en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Islas, para las aeronaves que sobrevuelen a más de 19.000 pies de altura, pues la pretensión del servicio le fue otorgada en virtud de las soberanía estatal a los Estados Unidos y con posterioridad a la República de Panamá.” (citado de la sentencia)