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Mediante la sentencia Sentencia T-464/11 la Corte Constitucional decidió acción de tutela de entidad estatal contra un tribunal administrativo, por presunta violación de derechos fundamentales al momento de dictar sentencia en un proceso en contra de dicha entidad en la que se le declaró responsable por no autorizar un programa universitario.

El asunto fue este: un ciudadano adelantó estudios de derecho en una universidad que no tenía autorizado el programa por el Ministerio de Educación Nacional. La universidad fue motivo de diferentes medidas administrativas, pero –buscando favorecer a quienes estudiaron allí- permitió a los estudiantes acceder a un examen de idoneidad, sin costo, del ICFES. Ante esos hechos

“…el 09 de febrero de 2004, el señor Silvio Ovidio Barahona Cabrera y su familia, a través de apoderado, presentaron acción de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior – ICFES y la Universidad Libre de Colombia, con el objetivo de definir la responsabilidad inferida de la “omisión de la función de vigilancia y control” frente al funcionamiento sin registro del programa de “Derecho y Ciencias Políticas y Sociales” por parte de la Universidad Libre de Colombia, sede Popayán.” (citado de la sentencia)

Las dos entidades oficiales fueron condenadas, y lo mismo ocurrió en segunda instancia, en la cual se incrementaron los perjuicios  a 100 salarios mínimos legales por perjuicios morales. El ICFES interpuso acción de tutela, buscando su desvinculación de la condena, con base en que no tenía nada que ver con una posible falencia de vigilancia, y que se limitó únicamente a realizar el examen ordenado por el Ministerio de Educación, y por otra parte alega que no se consideró prueba alguna ni motivación por los perjuicios morales. La tutela fue negada tanto por el juez de conocimiento, como por el que conoció la impugnación.

La Corte Constitucional recuerda primero las reglas de procedencia de la acción de tutela contra sentencias, trayendo a cuenta un aparte de la sentencia C-590 de 2005:

“25.  Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

“c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales  o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

“g.  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

“h.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado .

“i.  Violación directa de la Constitución.” (citado de la sentencia T-464 de 2011, en comento)

Luego analiza cada una de esas causales, para a continuación ocuparse de la teoría de la responsabilidad del Estado en caso de daño antijurídico.

“Así las cosas, en Colombia el daño estatal es una categoría jurídica que se configura con independencia de la licitud o de la ilicitud de la conducta. Ella solo está fundada en aquellos hechos lesivos o perjudiciales que el ciudadano no tiene la obligación jurídica de soportar o, como se afirmó al interior de la Asamblea Nacional Constituyente, este tipo de perjuicio “se basa en la posición jurídica de la víctima y no sobre la conducta del actor del daño” .  Esta fórmula conceptual ha sido incorporada en la jurisprudencia del Consejo de Estado, quien desde 1993 aplicó un “desplazamiento” de la causa de la antijuricidad hacia el daño mismo.  La sentencia C-333 de 1996 destacó este acontecimiento …“  (citado de la sentencia)

Al final de un extenso análisis, señala:

“Con lo expuesto se comprueba que dos de los ingredientes sobresalientes de la responsabilidad patrimonial del Estado, que además tienen relevancia constitucional, son: (i) la definición de un daño antijurídico, entendido como una carga que la persona no tenía la obligación de soportar, y (ii) la determinación de un modelo argumentativo que soporte la reparación integral de tal perjuicio” (citado de la sentencia)

Entonces pasa la Corte Constitucional a examinar el caso concreto planteado por el ICFES.

Respecto al defecto sustantivo, o sea presunto desconocimiento de la normatividad, la Corte Constitucional señala que no hay tal.

“En contraste con las censuras presentadas por el Icfes, esta Sala de Revisión encuentra que cada una de las instancias dentro del proceso de reparación directa se detuvo a analizar en qué tipo de acciones u omisiones había incurrido la entidad estatal en conexión con el daño antijurídico padecido por el señor Silvio Ovidio Barahona. En ninguna de las dos providencias se evidencia que la imputación efectuada al Icfes no tenga sustento o se base en criterios subjetivos y extrajurídicos; por el contrario, éstas se fundamentan, entre otros, en el Decreto 837 de 1994  y en algunos actos expedidos por funcionarios de esta entidad y del Ministerio de Educación, mientras estuvo intervenida la Universidad Libre. “ (citado de la Sentencia)

En cuanto al defecto fáctico, el ICFES alegaba insuficiencia probatoria de la existencia del daño, cosa que igualmente despachó negativamente la Corte, visto que el tutelante debió esperar varios años adicionales para recibir su título.

El ICFES igualmente alegó desconocimiento de precedente, visto que la estimación del pago no siguió –en su parecer- las reglas que debió atender. Este cargo, a diferencia de los anteriores, prosperó.

“El “prudente arbitrio” invocado por el Tribunal, sumado a los argumentos contenidos en el apartado anterior de esta providencia y al principio de autonomía judicial, impiden que la Sala censure la “desilusión moral de considerable magnitud”, calificada dentro del caso bajo estudio.  No obstante, la Sala no puede pasar por alto que ante tal valoración, no se haya justificado por qué el incremento de los perjuicios causados se estimó en el máximo que ha definido la jurisprudencia .  De hecho, la Sala echa de menos que a pesar de que explícitamente se consideró el daño ocasionado por la muerte de un ser querido, estimándolo como más intenso, no se haya justificado por qué la cuantificación de la frustración por no obtener el título de abogado por tres años iguala tal situación. 

Sin perjuicio del arbitrio citado, para cuantificar el daño el Tribunal se encontraba obligado a atender los parámetros establecidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado y los criterios adscritos a los conceptos de “reparación integral” y de “equidad” consignados en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998.  Como se advirtió, la amplitud de la citada disposición, no constituye carta abierta para que se definan cantidades dinerarias arbitrarias.  Por el contrario, es absolutamente necesario atender las particularidades del caso y definir, por lo menos, qué aspectos hacen equiparable el caso con la pérdida definitiva de un ser querido. En definitiva, la ausencia de argumentos que expliquen por qué a la acción de reparación directa invocada por el señor Barahona Cabrera le es aplicable el monto máximo del perjuicio moral, llevan a que la Sala considere tal determinación como arbitraria y, por tanto, vulneradora de los derechos a la igualdad y al debido proceso.” (citado de la sentencia T-464 de 2011, en comento)

Por tanto, se declara procedente la acción de tutela por este punto y se ordena una nueva sentencia sobre el mismo, vista la falta de motivación.