La excepción de inconstitucionalidad no es precedente sino solamente lo es la declaratoria específica de la Corte Constitucional

El precedente es crítico en nuestra jurisprudencia (ver “El precedente en el derecho colombiano” u “Obiter dicta en las sentencias de la Corte Constitucional”). Hay una pregunta interesante: ¿son precedente las decisiones sobre excepción de constitucionalidad proferidas por ente distinto a la Corte Constitucional?

El caso se presentó recientemente cuando, con ocasión del estudio de una demanda de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional se ocupó del estudio de una sentencia del Consejo de Estado, en la cual se inaplicó precisamente la norma demandada.

Lo primero que debe rescatarse es el pronunciamiento general sobre excepción de inconstitucionalidad:

“La excepción de inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad por vía de excepción, se fundamenta en la actualidad en el artículo 4º de la Constitución, que establece que  “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales…”. Esta norma hace que nuestro sistema de control de constitucionalidad sea calificado por la doctrina como un sistema mixto ya que combina un control concentrado en cabeza de la Corte Constitucional y un control difuso de constitucionalidad en donde cualquier autoridad puede dejar de aplicar la ley u otra norma jurídica por ser contraria a la Constitución. De otra parte hay que tener en cuenta que el control por vía de excepción lo puede realizar cualquier juez, autoridad administrativa e incluso particulares que tengan que aplicar una norma jurídica en un caso concreto. Este tipo de control se  realiza a solicitud de parte en un proceso judicial o ex officio por parte de la autoridad o el particular al momento de aplicar una  norma jurídica que encuentre contraria a la Constitución. En este caso se debe subrayar que la norma legal o reglamentaria que haya sido exceptuada por inconstitucional no desaparece del sistema jurídico y continúa siendo válida ya que los efectos del control por vía de excepción son inter partes, solo se aplican para el caso concreto y no anulan en forma definitiva la norma que se considera contraria a la Constitución. Por este hecho una norma que haya sido exceptuada por cualquier autoridad judicial, administrativa o por un particular cuando tenga que aplicar una norma, puede ser demandada ante la Corte Constitucional que ejercerá el control de constitucionalidad y decidirá en forma definitiva, de manera abstracta, general y con efectos erga omnes si la norma exceptuada es constitucional o no. Teniendo en cuenta lo anterior, considera la Corte que las excepciones de inconstitucionalidad que profieren las autoridades judiciales, administrativas o los particulares cuando tengan que aplicar una ley, no elimina la posibilidad que tiene la corporación de realizar el control de constitucionalidad de determinado precepto.” (Sentencia C-122/11, Corte Const.)

En otras palabras, en caso de aplicación de excepción de inconstitucionalidad la última palabra la tiene la Corte Constitucional.

En la sentencia acabada de citar, se estudiaba la inconstitucionalidad del  parágrafo del artículo 40 de la Ley 5 de 1992, y la parte actora citó a su favor una sentencia del Consejo de Estado de 2009, en la cual, al estudiar esa norma, se escribió lo siguiente:

“Al estudiar las normas, para efectos de la excepción, la Sala destaca que el artículo 112 superior en su último inciso dispone que la participación de las minorías en las mesas directivas de las corporaciones de elección popular se reglamentará íntegramente mediante ley estatutaria, para cuya aprobación, modificación o derogación se requiere, según las voces del artículo 153 ibídem, la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de la República, aprobación dentro de una  legislatura y se someta a la revisión previa de la Corte Constitucional, quien dictaminará sobre la exequibilidad del proyecto, requisitos que no cumple la Ley 5 de 1992 que es ley orgánica, por lo que sus mandatos referentes a la participación de los partidos y movimientos políticos minoritarios en las mesas directivas de las cámaras y sus comisiones constitucionales permanentes y comisiones legales, son incompatibles con el inciso final del artículo 112 de la Constitución Política. Como el mandato del constituyente es expreso y claro en el sentido de que el legislador en una ley estatutaria regulará íntegramente la materia del artículo 112 de la Constitución Política, debe obrarse de  acuerdo con el artículo 27 del Código Civil que señala que: “cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu…”.  Teniendo en cuenta que el legislador mediante una ley orgánica reguló esta materia que por mandato del constituyente es reserva íntegramente de ley estatutaria, esta Sala de acuerdo con su reiterada jurisprudencia, considera procedente aplicar la excepción de inconstitucionalidad  en el sentido de inaplicar el parágrafo del artículo 40 de la Ley 5 de 1992. De las consideraciones anteriores se desprende que la norma de nuestro ordenamiento a la que debió sujetarse el acto acusado es el artículo 112 de la Constitución Política, modificado por el artículo 5° del Acto Legislativo 1 de 2003.” (citado de  la Sentencia Radicación numero: 11001-03-28-000-2008-00024-00, 28 de agosto de 2009, Sección Quinta)

En la Sentencia C-122/11, Corte Const., respecto de este pronunciamiento, se advirtió:

“2.6 La Corte encuentra que teniendo en cuenta el artículo 241 de la C.P.[125], la instancia última de control de constitucionalidad de las leyes en Colombia es la Corte Constitucional, de tal manera que las excepciones de constitucionalidad pueden ser acogidas o no por ésta Corporación[126], no configura un precedente vinculante y tiene preeminencia sobre los fallos particulares que se hayan dado por vía de excepción[127]. Esta preeminencia de la jurisdicción constitucional sobre las decisiones particulares y concretas que se establecen a través de la excepción de constitucionalidad se justifica teniendo en cuenta que el control de constitucionalidad tiene efectos erga omnes y se realiza de forma general y abstracta. De igual forma se subraya que los efectos del fallo de constitucionalidad hacen tránsito a cosa juzgada y determinan en forma definitiva la continuidad o no de la norma dentro del sistema jurídico, efecto que da coherencia y seguridad jurídica al sistema jurídico colombiano.

2.7 Teniendo en cuenta lo anterior la interpretación que de la Corte en el control de constitucionalidad del parágrafo 40 de la Ley 5ª de 1992 sobre la participación de las minorías en las mesas directivas de las Comisiones  constitucionales y legales de las Cámaras, prima sobre el control que se haya realizado por vía de excepción y será definitivo en la determinación de la constitucionalidad de la norma.“ (citado de la Sentencia C-122/11, Corte Const.)

No es precedente frente a la jurisprudencia constitucional, sino que se circunscribe al caso concreto. Parece, por tanto, que no es precedente no solamente frente a la Corte Constitucional, sino ante cualquiera.

La Corte Constitucional advierte que al interior del Consejo de Estado se han dado diversas interpretaciones. Pasa a examinar los antecedentes de la norma, y concluye:

“3.1.22 En conclusión, encuentra la Corte que la interpretación histórica realizada por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la excepción de inconstitucionalidad de 28 de agosto de 2009, no es acertada, ya que en los debates citados se hacía referencia a la redacción del primer inciso del artículo 112 y no a lo concerniente a la participación de los partidos y movimientos minoritarios en las mesas directivas de los cuerpos colegiados. En efecto, una vez analizados los debates en la constituyente se puede concluir sin lugar a dudas que siempre se dio un tratamiento separado a los derechos de los partidos y movimientos que no participaran en el gobierno – no se les llamó en esta primera redacción partidos de oposición – y a la participación de los partidos minoritarios en las mesas directivas del inciso segundo. Finalmente el inciso tercero referente a que una ley estatutaria regularía íntegramente la materia, se aprobó independiente de los incisos anteriores.” (citado de la Sentencia C-122/11, Corte Const.)

Luego realiza diversos ejercicios hermenéuticos, y remata diciendo:

“4.9 Por esta serie de razones no encuentra la Corte que sea inconstitucional por violación de la reserva de Ley Estatutaria el parágrafo del artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso – Ley 5ª de 1992 – ya que lo que se está regulando es la elección de las directivas de las Comisiones Constitucionales y Legales, que es una labor propia del Congreso para su funcionamiento y dirección. En todo caso, es claro que en las mesas directivas de las comisiones constitucionales y las comisiones legales del Congreso consideradas en su conjunto, tendrán derecho a participar, de acuerdo con su representación, los partidos y movimientos políticos minoritarios con personería jurídica, incluidos los de oposición. Este es el sentido del inciso segundo del artículo 112 de la Constitución, precepto que no se desconoce por el parágrafo del artículo 40 demandado. “ (citado de la Sentencia C-122/11, Corte Const.)

Por tanto, la norma es declarada exequible.

Hay que advertir que en la Radicación numero: 11001-03-28-000-2008-00024-00, 28 de agosto de 2009, Sección Quinta, Consejo de Estado, se había fallado lo siguiente:

“Primero. Declárese la nulidad de la elección de los senadores Manuel Ramiro Velásquez Arroyave como Presidente y Jairo Clopatofsky Ghisays. como Vicepresidente, de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República para el período 2008 – 2009, realizada el 22 de julio de 2008.

Segundo. Como quiera que para la fecha de expedición del presente fallo, ya ha culminado el período para el cual fueron elegidos los senadores Manuel Ramiro Velásquez Arroyave como Presidente y de Jairo Clopatofsky Ghisays como Vicepresidente, no se decreta la elección de una nueva mesa directiva de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, como fue solicitado por los demandantes.” (citado de la Sentencia Radicación numero: 11001-03-28-000-2008-00024-00, 28 de agosto de 2009, Sección Quinta)

Sería un ejercicio interesante reflexionar sobre qué hubiera pasado si la nulidad decretada por el Consejo de Estado hubiera tenido algún efecto práctico, como haber interrumpido el período de ese presidente y el vicepresidente de la Comisión Segunda Constitucional en el período en cuestión. Como el Consejo de Estado se equivocó, ¿habría podido ejercerse alguna acción? Es un ejercicio que queda para el lector.

Comments are closed.