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En la  Sentencia T-1002/10, la Corte Constitucional se ocupó de un caso que permite entender el sentido de la acción de tutela como medida preventiva, y aclaró que se requiere un riesgo de lesión inminente, no un temor. Se requería la prueba de algo más.

La siguiente frase de la sentencia describe la situación:

“Nadie puede reclamar del Estado una protección especial frente a un riesgo, ya que éste es inherente a la existencia humana y a la vida en sociedad.” (citado de la sentencia T-1002 de 2010, Corte Const.)

Reconoce, sí, que

“…ya que la frontera entre el riesgo potencial y una amenaza cierta es muchas veces difusa” (citado de la sentencia T-1002 de 2010, Corte Const.)

De ello trata precisamente la sentencia.

Tiene que ver con un conocido edificio de 25 pisos de la rama judicial, para quienes ejercen el derecho, en el centro de Bogotá (Carrera 10 N° 14-33). Para algunos, dicho edificio es un peligro para quienes trabajan allí y para los abogados y ciudadanos que deben visitarlo.

Todo comenzó con una acción de tutela de 2008, en la cual unos ciudadanos, basados en los más de 60 años del edificio y la ausencia de cumplimiento de normas de sismorresistencia, solicitaron cierre de actividades allí, traslado de oficinas y evaluación del estado del edificio. En una inspección judicial, no se hallaron daños estructurales, aunque sí insuficiencias debido a la antiguedad de la construcción (falta de aspersores de agua, por ejemplo), aunque había señales de fisuras en algunos elementos no estructurales. En lo funcional (ingreso, permanencia y salida de personas) se observaron problemas de circulación y otras situaciones relacionadas con planes de evacuación, etc.. Los bomberos anexaron un informe señalando que el edificio no estaba preparado para una emergencia por incendio.

En primera instancia se concede la acción de tutela. En lo estructural, señala que no hay pruebas suficientes para indicar que la estructura no está comprometida. Todas las verificaciones fueron visuales. Se ordena el traslado de oficinas y la realización de los estudios y obras necesarios para actualizar la edificación, entre otras cosas. Para ello se dieron seis meses de plazo. En segunda instancia, este plazo se redujo a dos meses.

Consta en el expediente que el edificio no tenía el propósito original de tener juzgados, y que soportaba un peso importante por la cantidad de visitantes y de archivos de papel.

Un estudio de una firma de ingeniería, señaló el edificio podía soportar las cargas a que estaba sometido, pero que requería de una segunda escalera y una rehabilitación para adecuarse a las modernas reglas antisísmicas, a más de cambiar materiales obsoletos.

Para abordar el caso, esto es, la revisión de las sentencias de instancia, la Corte Constitucional primero revisa la normatividad en materia de riesgos funcionales y estructurales. Luego entra a revisar el tema del riesgo y la amenaza a los derechos.

“4.6 Como ya se estableció por esta Sala en la Sentencia T – 339 de 2010de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua, el riesgo es la “contingencia o proximidad de un daño”, y la contingencia es la “posibilidad de que algo suceda o no suceda” o “cosa que puede suceder o no suceder”. Por su parte, la amenaza es la “acción de amenazar”, y a su vez, amenazar significa “dar indicios de estar inminente algo malo o desagradable”. En esta medida el riesgo es siempre algo abstracto y no produce consecuencias concretas, mientras que la amenaza supone la existencia de señales o manifestaciones que hagan suponer que algo malo va a suceder de manera certera e inminente. En otras palabras, la amenaza supone la existencia de signos objetivos que muestran la inminencia de la agravación del daño, mientras que el riesgo está ligado a la noción de probabilidad y de eventualidad de aquel.” (citado de la sentencia)

Este punto es central, pues la acción de tutela tiene que ver con este.

Advierte la Corte Constitucional que los riesgos en abstracto no son materia de medidas, puesto que no hay nada concreto, mientras que con la amenaza ya la violación de derechos ha comenzado.

En cuanto al caso en discusión, luego de determinar la parte pasiva, entra la Corte Constitucional a estudiar la situación de quienes trabajan o visitan el edificio. Reconoce que hay riesgos, pero se pregunta si ellos merecían las decisiones judiciales en revisión, sobretodo teniendo en cuenta que, según los diversos peritajes, no hay amenaza.

Recuerda la Corte Constitucional el principio de precaución (ver mi nota “Sentencia de la Corte Constitucional sobre “contaminación electromagnética” (el principio de precaución)”), que no significa que todo riesgo debe tenerse en cuenta, sino solamente el que representa una amenaza. Y advierte:

“5.2.12 Por tanto estima la Sala que la situación de derrumbamiento o colapso del edificio que actualmente es predicable no vulnera de manera inminente y certera los derechos a la vida y la integridad personal de los trabajadores y visitantes del edificio Hernando Morales Molina en caso de sismo u otra calamidad. Si bien es cierto las decisiones de instancia ordenaron la reubicación del edificio por la duda probatoria que existía en la amenaza de los derechos, en la actualidad por los estudios realizados, hay seguridad, de que el edificio no representa una  amenaza para los derechos fundamentales de los accionantes ni de los visitantes en caso de eventos telúricos de menor o mediana intensidad. Sin embargo, subraya la Sala que se hace necesario llevar a cabo las adecuaciones y rehabilitaciones recomendadas por Proyectos  y Diseños Ltda. para reforzar la estructura del edificio y así cumplir con las normas de sismo resistencia en caso de eventos sísmicos de gran intensidad en aplicación del principio de precaución.” (citado de la sentencia)

Con respecto al caso en discusión, la Corte Constitucional decidió dejar al Consejo Superior de la Judicatura tomar las decisiones que mejor considerara y hace recomendaciones teniendo en cuenta situaciones como la siguiente:

“5.2.17 Igualmente en lo que tiene que ver con los incendios, la Sala comprueba que aún existen falencias en materia de vulnerabilidad estructural. Los peritazgos, estudios y testimonios indican que por la altura del edificio se hace difícil controlar y apagar un incendio a partir del piso veinte (20) de la edificación y que hacen falta rociadores en los sótanos y sitios de atención al público para detección y control del fuego en caso de incendio. En atención a este punto se debe hacer referencia al incendio ocurrido el día 9 de agosto del presente año, que se generó por un corto circuito en el cuarto de máquinas de los ascensores. El incendio se pudo controlar pero se evidenció que existen fallas en materia de prevención y control de incendios que indican que se deben tomar medidas más rigurosas para evitar este tipo de sucesos que en edificaciones de gran altura se convierten en una verdadera calamidad.” (citado de la sentencia)

Por ello,

“…la Sala considera que se debe tutelar el derecho a la vida y la integridad personal de las personas que trabajan y visitan el edificio por carencias constatadas en la vulnerabilidad funcional y ordenar que se destine el presupuesto necesario para adecuar el edificio Hernando Morales Molina si la decisión de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura es de mantener los juzgados en este edificio.

5.2.20 En este sentido estima que se deben realizar los estudios y destinar el presupuesto necesario para que se adecue una escalera de salida adicional a la existente para la evacuación en caso de emergencia, que se revisen y mejoren los sistemas de control de incendios, especialmente de los pisos más altos, sótanos y lugares de gran afluencia de público, y que se amplíe la salida principal hacia la carrera 10ª para que en caso de emergencia se pueda abrir fácilmente. Del mismo modo se deben establecer fórmulas que evitan la acumulación de expedientes que aligere la carga muerta y permita prevenir la perdida de información en caso de alguna calamidad y rediseñar o actualizar las redes e instalaciones eléctricas del edificio.”

En otras palabras, la tutela se concede, pero de forma distinta a como se decidió en las instancias.

Hay que advertir que la Corte Constitucional se encuentra en un edificio independiente al del debate, de características muy distintas al edificio materia del debate.