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Ya se han reportado muchas muertes mediante suicidio por causa del acoso escolar o bullying, que incluye conductas de ciberacoso (para un buen site sobre el tema clic aquí)

En Colombia, en noviembre de 2011, se produjo una sentencia de tutela relacionada con matoneo escolar, conducta que por desgracia es más bien común.

 

“Es improbable que las escuelas estén completamente libres de todo comportamiento abusivo. La frecuencia del abuso entre niños es asombrosa. El cálculo de la frecuencia del abuso entre niños fluctúa entre un 10% de niños que reportaron haber sido víctimas de actos graves de abuso o intimidación por parte de otros niños, hasta un 75% de niños que reportaron haber sido abusados o intimidados por lo menos una vez durante el año escolar. Los investigadores han llegado a la conclusión, basándose en estas estadísticas, de que por lo menos el 25% de todos los niños serán víctimas de niños abusivos en algún momento durante sus años escolares, y que muchos de estos niños faltan a la escuela un número importante de días cada año debido al temor de ser víctimas de niños abusivos.” (“LOS NIÑOS ABUSIVOS Y SUS VÍCTIMAS: INFORMACIÓN PARA LOS PADRES”)

La sentencia que nos ocupa es la T-905 de 2011, Corte Constitucional. El caso tiene que ver con una niña con acné, y las burlas y agresiones de que era objeto. Ante la falta de acción por parte del colegio, los padres acudieron en acción de tutela, básicamente por lo siguiente, según se resume en la sentencia:

“Aclaran que interponen la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, ya que los hechos descritos han generado “graves perturbaciones en sus comportamientos y en su autoestima que nos ha llevado a tener proporcionarle (sic) ayuda profesional, a través de un psicólogo”.

Solicitan la protección de los derechos a la vida, la salud y la dignidad humana y, como consecuencia, se inicie una investigación en contra de los directivos del colegio, se ordene la aplicación estricta del manual de convivencia y se ordene la suscripción de un compromiso por parte de los padres de familia de los menores agresores.” (citado de la sentencia)

Durante el trámite de la acción de tutela, hubo una reunión con el colegio y padres de familia de los jóvenes involucrados. Alguno de estos incluso manifestó que la situación era normal en esa edad. En primera instancia, se negó la acción de tutela, bajo el supuesto de que ya se habían tomado las medidas del caso por el colegio.

La estudiante lamentablemente se retiró del colegio.

Llegado el asunto a la Corte Constitucional, esta procedió a pedir concepto a muchas autoridades y universidades. El Ministerio de Educación Nacional inclusó señaló la existencia de políticas tecnológicas sobre ciberacoso, manifestando por ejemplo la existencia del sitio www.tus10comportamientosdigitales.com/, a la fecha fuera del aire (según consulta del 9 de mayo de 2012).

En el mismo lapso, el colegio de la menor se manifestó de esta manera:

“El rector del ITI reiteró los pasos adoptados para atender los reclamos de los padres de la niña K y agregó que el 24 de junio la mamá de ella presentó escrito en el que cancela su matrícula escolar. Al respecto, señaló: “El señor rector pide a la madre de familia reconsidere la decisión pues la institución adquirió el compromiso de continuar con el proceso formativo y de reparación para contra restar (sic) los actos de violencia, para proteger a la estudiante K y para asesorar a los padres de familia. La señora F no aceptó la recomendación dada y por el contrario solicitó Vo Bo de rectoría para legalizar el retiro”. Indicó que con los demás estudiantes “se ha continuado el proceso formativo y de seguimiento para que hechos como estos no se presenten. En la institución se han presentado tres casos más los cuales se han solucionado en forma satisfactoria”; anunció que hará las modificaciones al manual de convivencia para que el “matoneo” aparezca como una falta explícita y explicó que en la actualidad cuentan con el apoyo de la Universidad Nacional de Manizales para atender estos casos. Por último allegó el trabajo de investigación adelantado por Magda Liliana Buitrago Sánchez, denominado: “Matoneo virtual un virus peligroso” (folios 188 a 201 del AZ de pruebas en sede de revisión).(citado de la sentencia)

Cuando aborda el fondo del asunto, lo primero a que se refiere la Corte Constitucional es que se trata de un hecho superado.

“…la Sala concluye que en el presente caso opera el fenómeno de la carencia actual de objeto, debido a que la razón por la cual se presentó la acción (el acoso escolar) ha desaparecido y no se detectan requerimientos que justifiquen la protección de los derechos de la menor (necesidad de asegurar que no sea hostigada por sus compañeros y que sea restaurada por los mismos y la comunidad que la rodeaba). Más aún, esta figura se presenta en este caso bajo la forma de un daño consumado en la medida en que la ausencia de una protección efectiva tanto por parte del juez de instancia como por los demandados, obligó a que K abandonara su colegio y reiniciara sus estudios en otra institución.” (citado de la sentencia)

Pero advierte:

De esta manera, con los ingredientes mencionados, la Sala puede evidenciar y asegurar que, en contraste con la postura infortunada adoptada por algunos padres de familia, los acontecimientos que tuvo que soportar K no son el producto de actos inocentes, propios de la edad, o circunstanciales, sobre los cuales no había que prestar atención. En sentido estricto, los hechos denunciados por los padres de la menor, aunque no pueden encuadrarse como conductas criminales u originadas en algún tipo de enfermedad -como fue mencionado por la Procuraduría General de la Nación- sí constituyen una forma de acoso u hostigamiento que debió ser prevenida, atendida y solucionada por la institución educativa y, si fuera del caso, por los demás sujetos y autoridades adscritas al esquema escolar y/o al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, de manera que se materializaran el conjunto de obligaciones previstas en los artículos 38 y siguientes de la Ley 1098 de 2006. “ (citado de la sentencia)

Y advierte un poco después que la actuación del colegio fue claramente insuficiente, y la decisión del juez de conocimiento fue el remate:

“Ahora bien, más allá de los pequeños detalles que definirían la existencia del hostigamiento, para la Sala es primordial juzgar, a diferencia del juez de instancia, que los instrumentos y la estrategia adoptada por el colegio para hacer frente al problema fueron insuficientes para garantizar la restauración de los derechos de la víctima y para acreditar que la experiencia sirviera para que los menores infractores identificaran y evitaran la multiplicación de ese tipo de conductas.

Por el contrario, la única estrategia aplicada por el colegio, aunque normativa, no fue suficiente ni apta para brindar posibilidades de arreglo al conflicto. De hecho esta Sala considera que el espacio generado por la institución escolar sólo sirvió para profundizar las diferencias, extenderlas a los padres de familia y –peor aún- para justificarlas. De tal evento solo se puede rescatar el reconocimiento tibio –casi forzoso- que se hizo de la falta y la adopción de una sanción conforme al manual de convivencia. Sin embargo, la definición de un acuerdo que lograra unir a los padres en contra de una causa común (la defensa y restauración de los garantías de cualquier estudiante) y que refrendara los derechos de K no fue posible a pesar del acompañamiento de una “psicoorientadora”.

La sentencia de instancia única sólo comprobó la adecuación formal del problema con el manual de convivencia. No comprendió que era necesario articular los derechos de todos los menores (víctima e infractores), y que ello podría requerir más que una reunión mancomunada, una sanción y unas actividades en el colegio con los demás estudiantes. En otras palabras: para concluir la inexistencia de la vulneración de derechos no era suficiente con comprobar que se habían aplicado los pasos establecidos en tal texto normativo, sino que era imprescindible verificar si éstos habían alcanzado su objetivo.

Al final, los hechos que se desplegaron como consecuencia de la negativa de protección de derechos declarada equivocadamente por el Juez Primero Civil Municipal comprueban que ello no fue así: ante la falta de garantías creíbles para la familia de la víctima se optó por abandonar el colegio para continuar el proceso educativo en otro lugar. Total, la moraleja que se desprende de este asunto, tanto para K como para cualquier estudiante que se llegue a encontrar en una situación semejante, es que una fórmula idónea para enfrentar el hostigamiento es desertar de la escuela.” (citado de la sentencia, el resaltado es mío)

Imposible estar en desacuerdo con esa conclusión: los matones ganaron.

Aunque se trata de un daño consumado, la Corte se ocupa de advertir que es preocupante la falta de definiciones frente al fenómeno del matoneo escolar, al tiempo que advierte que el manual de convivencia del colegio carecía de herramientas frente al mismo.

Por todo lo anterior, en la parte resolutivo declara que existió vulneración a los derechos de la menor, revocando la sentencia de primera instancia, y ordena la generación de una política contra el matoneo escolar, así:

PRIMERO.  Revocar la sentencia proferida por el Juzgado Primero Municipal, el 17 de junio de dos mil once (2011), que negó por improcedente la acción de tutela interpuesta por H y F, a favor de su hija K. En su lugar, declarar que existió vulneración de los derechos fundamentales de K a la dignidad y a la educación, y que en la actualidad se estructuró una carencia actual de objeto por daño consumado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.  Ordenar Ministerio de Educación Nacional que en el término de seis meses contados a partir de la notificación de la presente providencia, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, lidere la formulación de una política general que permita la prevención, la detección y la atención de las prácticas de hostigamiento, acoso o “matoneo escolar”, de manera que sea coherente con los programas que se adelantan en la actualidad, con las competencias de las entidades territoriales y que constituya una herramienta básica para la actualización de todos los manuales de convivencia.

La aplicación de tales instrumentos deberá tener como objetivo inmediato a las directivas, profesores, estudiantes y padres de familia del ITI. Conforme a lo dispuesto en este numeral, este establecimiento educativo tendrá un plazo no mayor a nueve meses para la modificación de su manual de convivencia, término durante el cual deberá definir y poner en marcha una estrategia provisional para reconocer la vulneración de derechos fundamentales en este caso y para implementar ejercicios de tolerancia y respeto.

TERCERO. Ordenar al Juzgado de Primera Instancia, que en cumplimiento de sus competencias vigile el cumplimiento de esta decisión, actividad dentro de la cual deberá salvaguardar la intimidad de los actores y los demandados, manteniendo la reserva sobre el expediente, sin perjuicio de adelantar con las autoridades referidas en los numerales anteriores, las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la presente sentencia.” (citado de la sentencia)