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Muchas personas creen que otorgar un poder es suficiente para que puedan desatenderse de los procesos que inician o que les son iniciados. Pero eso no es así: la titularidad del asunto sigue en  cabeza del poderdante.

Para empezar, el derecho de defensa es irrenunciable.

(…) cuando una de las partes, o de los intervinientes involucrados en un proceso judicial, dispone que determinado profesional del derecho habrá de representarlo en la litis no traslada al elegido la titularidad de su derecho de defensa, de por si inalienable e irrenunciable, sino que, simplemente lo autoriza para ejercer tal derecho a su nombre. Es evidente, en consecuencia, que el poderdante puede vigilar la actuación de su representante y proceder a revocar el poder si aquella, por técnica que parezca, no concuerda con sus expectativas. Queda claro que el derecho de defensa es un derecho subjetivo fundamental, como tal inalienable e irrenunciable, previsto en la Constitución Política como una garantía constitucional y que la defensa en juicio es una de sus manifestaciones más importantes, de ahí que no pueda entenderse que tal garantía se satisface y concluye con la designación de un profesional del derecho para ser representado en juicio.” (Sentencia C-383/05, Corte Constitucional, resaltado fuera de texto)

Ello ya se había dicho en anterior jurisprudencia, en donde además se advirtió que existen facultades que puede ejercer un poderdante.

Cuando una de las partes, o de los intervinientes involucrados en un proceso judicial, dispone que determinado profesional del derecho habrá de representarlo en la litis no traslada al elegido la titularidad de su derecho de defensa, de por si inalienable e irrenunciable, sino que, simplemente lo autoriza para ejercer tal derecho a su nombre. Es evidente, en consecuencia, que el poderdante puede vigilar la actuación de su representante y proceder a revocar el poder si aquella, por técnica que parezca, no concuerda con sus expectativas. “ (Sentencia C-1178/01, Corte Const.)

Esto último se reiteró en el 2008:

“El poderdante que estime que el apoderado no está actuando diligentemente o está abusando de sus derechos procesales, puede revocarle el poder conferido, designar un nuevo apoderado o sustituto; puede solicitar la nulidad del proceso, si la negligencia o mala fe del abogado conduce a que se configure alguna de las causales de nulidad contempladas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, o invocar el amparo, si el resultado de la dejación acarrea una actuación judicial violatoria de los derechos fundamentales, con arreglo a lo dispuesto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. El sujeto de la relación sustancial no queda desprotegido, frente a eventuales abusos de los derechos procesales que sean imputables exclusiva o principalmente a su apoderado.” (Sentencia C-1186/08, Corte Const.)

Recuérdese finalmente que un apoderado es distinto a la parte. Ningún abogado se confunde con la parte, a menos claro que coincidan las dos naturalezas, y ello se predica incluso, al igual que lo dicho hasta aquí, a los funcionarios públicos:

Las partes en ese proceso eran los demandantes y la Nación. Son ellas, en consecuencia, quienes tienen legitimación para actuar en el proceso y para impugnar las providencias judiciales. No puede confundirse en ningún caso, a la parte con el apoderado que actúa simplemente como su representante en virtud del mandato a él conferido. Por ello, cuando se adopta por el juzgador una decisión y se impugna, no es el apoderado quien jurídicamente combate la providencia, sino la parte que el representa. El agravio que la providencia irroga, no lo es al mandatario, sino a sus mandantes. De ahí, que son ellos los que tienen interés jurídico para el ejercicio del derecho de impugnación. De tal manera que en virtud de ese agravio surge el interés y en consecuencia la legitimación para recurrir. Desde luego, para litigar en causa propia o ajena, salvo las excepciones legales, se requiere que la actuación se realice por intermedio de abogado. Pero una cosa es el mandatario judicial y otra el mandante.” (Sentencia T-563/04, Corte Const.)

Todo lo anterior, por supuesto, no significa que si el apoderado engañe al poderdante en condiciones tales que este no pueda actuar adecuadamente para la defensa de sus intereses, el poderdante deba aguantarse las consecuencias. Esto no tiene que ver con esta nota.