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Mediante esta teoría, se tiene que una acción ejercida ante la jurisdicción contencioso administrativa, debe reconocerse por sus motivos y finalidades, y no por la denominación que de la misma haga el demandante.

Esa teoría explica porqué no es procedente demandar un acto en simple nulidad, cuando lo que realmente se pretende es restablecer un derecho particular. Imagine que usted pretende demandar la separación del servicio de un funcionario, bajo la acción general de nulidad (la denominada nulidad simple) que puede ejercerse en cualquier tiempo. Pues bien, como evidentemente la declaratoria de tal nulidad llevaría a que la persona separada del servicio volviera a su empleo, es claro que lo procedente era una nulidad y restablecimiento del derecho, que debe adelantarse en cuatro meses. Esta es una de las hipótesis posibles.

Veamos un caso de aplicación de la teoría de los motivos y las finalidades en un auto de 1987 del Consejo de Estado:

“Es jurisprudencia de esta Corporación que una acción de las contempladas en el Código Contencioso Administrativo es tal, no por el nombre con que se lo llame sino porque sus pretensiones corresponden realmente a las características que la tipifiquen;

En el evento sub lite se observa que no obstante expresarse que se ejerce la acción de nulidad, lo que se persigue es que se remueva la representación de la Nación en la persona de las abogadas designadas por el Procurador Delegado en lo Civil, porque a juicio de las actoras su presencia conduce a que se les desconozca el derecho de defensa, en vista de la gran ascendencia que la Procuraduría General de la Nación tiene sobre los jueces y de ahí que impetre la nulidad de las actuaciones de ellas en los respectivos procesos de pertenencia;

Sin entrar el Despacho a pronunciarse sobre la apreciación anterior, para éste es incuestionable que la separación de las abogadas de dichos procesos, produciría automáticamente un restablecimiento del derecho a favor de las demandantes, que consistiría en eliminar el obstáculo que a juicio de ellas significa tal intervención, y esencialmente, en suprimir la representación de la Nación con lo cual también se eliminaría la oposición procesal que aquella conlleva al ejercer el derecho de su defensa. Obsérvese por ejemplo que dichas delegadas en uno y otro proceso han contestado la demanda, propuesto excepciones y formulado demanda de reconvención contra las demandantes (fls. 8 a 12, 18 a 25, 34 a 40, 42 a 47, 115, 121 a 128);

De lo anterior surgen las siguientes consecuencias: En tratándose de una acción resarcitoria particular, el plazo que existe para ejercerse es de 4 meses "contados a partir de su publicación, comunicación, notificación o ejecución del acto" (art. 136, inciso 2º del C. C A.).

En el evento sub lite está demostrado que la notificación de la Resolución número 005 se surtió presuntamente, a términos del artículo 48 del Código Contencioso Administrativo, el 16 de agosto de 1984 en que el doctor Vélez Gallego, apoderado de Leonilde Castellanos viuda de Méndez, descorrió el traslado de las excepciones propuestas por la señora Delegada de la Procuraduría en lo Civil ante el Juez 9º (fls. 38 a 40 y 40 vto. y 26 a 37). Luego para la fecha en que se presentó la demanda ante esta jurisdicción, esto es, el 1º de marzo de 1985 (fl. 59 vto. ), la acción de restablecimiento del derecho estaba caducada.

Del mismo modo, la funcionaría de la Procuraduría en el proceso de Carmen Angarita de Pérez contestó la demanda promovida por su apoderado, doctor Vélez Gallego, el 6 de septiembre de 1984 (fls. 12 a 14 y 14 vto.) y mediante auto de 18 de septiembre de 1984 del Juez Trece Civil del Circuito aquella fue reconocida como "Delegada de la Procuraduría en lo Civil". Es decir que el referido apoderado desde la fecha de esa providencia tuvo conocimiento por notificación presunta (art. 48 citado) de la intervención judicial de dicha funcionaría en él proceso civil y desde entonces contaba con el plazo cuatrimestral para ejercer la acción resarcitoria particular. Que para la fecha en que hizo uso de ella estaba sobradamente caducada.” (CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, Consejero ponente: SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Bogotá, D. E., dos (2) de febrero (02) de mil novecientos ochenta y siete. (1987), Radicación número: 12, Actor: LEONILDE CASTELLANOS VDA. DE MENDEZ Y CARMEN ANGARITA DE PEREZ)

Veamos un caso reciente. Tiene que ver con la aplicación del inciso final del art. 84 del actual Código Contencioso Administrativo, relacionado con la posibilidad de demanda en nulidad simple de un acto particular, en concreto uno de certificación y registro; sin esa previsión  normativa, dichos actos no serían demandables sino por la vía de nulidad y restablecimiento (ver auto de 12 de mayo de 2011, Radicación número: 23001-23-31-000-2010-00194-01, del Consejo de Estado). De no existir tal previsión en la ley, sería imposible una demanda de tal tipo, precisamente porque la consecuencia sería el restablecimiento de un derecho.

Para lo que tiene que ver con esta teoría en el nuevo Código Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), sugiero leer el artículo El Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1.437 de 2.011) del dr. Juan Carlos Expósito Vélez.