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¿Cómo se cuenta la prescripción de la facultad disciplinaria? Veamos un caso relativamente reciente.

Se trata de un caso llegado al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero ponente: VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILAsentencia de 12 de Mayo de 2001, radicado 25000-23-25-000-2002-09487-01(0532-10), aunque los hechos ocurrieron bajo la Ley 200 de 1995 “por la cual se adopta el Código Disciplinario Único”. La cuenta debe tener en cuenta lo siguiente:

“Para determinar si en este caso operó o no la prescripción, resulta necesaria la referencia al artículo 34 de la Ley 200 de 1995 -aplicable al caso de autos-, según el cual, la acción disciplinaria prescribe en cinco (5) años así: si se trata de una falta instantánea el término se cuenta desde el día en el que la misma se consumó, mientras que si la conducta investigada es de carácter permanente o continuado, el cómputo se debe efectuar desde la realización del último acto.“ (citado de la sentencia)

Ocurre que se había sancionado a un Contralor General de la República por el periodo 1994 a 1998, por lo compra realizada por el Comité de Contratación Directa de un bien inmueble para una seccional de la contraloría. La Oficina Jurídica había dado el visto bueno a la compra. En 1997, un anónimo denunció que el precio de compra era muy superior al real. Luego de varias situaciones, en el 2001 la Procuraduría formuló cargos en contra del demandante y expidiendo la sanción. Según las cuentas de la parte demandante, como en 1996 se suscribió la oferta de compraventa, para la época de la sanción ya había operado la prescripción en su favor. La sanción se produjo por la presunta omisión en obtener un avalúo serio del predio, conforme estaba ordenado en el incumplió el deber contenido en el artículo 15 del Decreto 855 de 1994.

En primera instancia se dio razón al demandante, habiendo contado el plazo de cinco años desde la firma de la oferta, hasta el momento de notificación de la decisión, lo que superaba el plazo.

La Procuraduría apeló la decisión. Llegada al Consejo de Estado, este afirma en la sentencia:

“Ahora bien. En el caso que nos ocupa, el Tribunal de instancia consideró que la acción disciplinaria seguida en contra del demandante prescribió, en tanto que la omisión que se le endilgó tuvo lugar el 13 de diciembre de 1996 -cuando se firmó la promesa de venta-, y para el 14 de enero de 2002, aún no se le había notificado al actor del acto administrativo mediante el cual el Viceprocurador General de la Nación resolvió el recurso de reposición que aquél interpuso en contra de la providencia sancionatoria.”  (citado de la sentencia)

Por tanto, había que determinar el momento a partir del cual corría la prescripción, y el momento en que esta se consumaba.

“Para la Sala resulta claro que fue la infracción al deber contenido en el citado artículo 15 del Decreto 855 de 1995, la que dio lugar a la falta disciplinaria, por lo que se debe establecer el momento hasta el cual el demandante podía solicitar los avalúos, pues superado el límite temporal, la omisión quedaría consumada y al no poderse subsanar, sería irremediable.” (citado de la sentencia)

Ese momento, según la sentencia del Consejo de Estado, era no la promesa, sino la suscripción del contrato de compraventa, momento en el cual ya quedaba todo consumado.

“Es por ello que es a partir de que se perfeccionó la venta que debe iniciarse el cómputo de los 5 años de prescripción de la acción disciplinaria. En efecto, en ese momento la entidad pública quedó obligada -como comprador- a pagar el precio del bien en las condiciones pactadas y, después de consumada la venta, el disciplinado no tenía forma alguna de subsanar la falla que cometió.” (citado de la sentencia)

Así, como la escritura es del 21 de febrero de 1997, el plazo terminaba el 21 de febrero de 2002 (así se afirma en la sentencia), cinco años después. ¿Cuándo se notificó la sanción? A voces de lo afirmado por el mismo demandante, el 5 de febrero de 2002, o sea que no hay manera de que la acción disciplinaria hubiera prescrito. Eso si no se cuenta desde la inscripción de la escritura en Instrumentos Públicos, cosa que sucedió el 21 de marzo de 1997.

Este fallo tiene otro elemento interesante: la imposibilidad de trasladas la responsabilidad a otras instancias de la entidad.

“En todo caso, está más que acreditado el cargo que se le formuló al actor "de no solicitar los avalúos", pues no se demostró que los hubiese pedido como era su deber, dado que al ser el Representante Legal de la Contraloría General, debía obrar conforme al principio de responsabilidad de la dirección y manejo de la contratación estatal, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, que establece que la responsabilidad del jefe o representante legal de la entidad, no puede ser trasladada por éste a las juntas, consejos directivos, corporaciones, comités asesores, ni a organismos de control y vigilancia. Adicionalmente, en los términos del parágrafo del artículo 12 de la Ley 489 de 1998, “en todo caso relacionado con la contratación, el acto de la firma expresamente delegada, no exime de la responsabilidad civil y penal al agente principal”. (citado de la sentencia)