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Cuando una ley es presentada al Presidente de la República para su sanción y promulgación (arts. 165 a 168, C.P.; num. 9 y 10, art. 189,  C.P.), este tiene la posibilidad de abstenerse de imponer la firma y devolver el proyecto al Congreso por razones de constitucionalidad o de conveniencia. Vale la pena entenderlas. Las objeciones no están reservadas para el Ejecutivo central, sino también pueden plantearse en el nivel territorial (numeral 9, art. 305, Constitución Política en el caso de Gobernadores; numeral 6, art. 315 C.P., en el caso de alcaldes).

Las objeciones por constitucionalidad tienen que ver con presuntas infracciones del texto del proyecto a la Constitución Política, mientras que las objeciones por conveniencia tienen que ver con problemas de tipo operativo o político, entre otros, que en parecer del Gobierno ocasione la norma. Respecto de las primeras objeciones se pronuncia la Corte Constitucional (num. 8, art. 241, C.P.), mas no sobre las segundas, tal como consta desde la temprana jurisprudencia constitucional:

“El juez constitucional, en su calidad de guardián supremo de la Constitución, no juzga la conveniencia de las normas demandadas sino su compatibilidad o incompatibilidad con ese ordenamiento, por tanto, razones como las invocadas en esta oportunidad, no son de recibo en juicios de esta índole” (Sentencia C-778 de 2001, Corte Const.; reiterada por ejemplo en la Sentencia C-490/11)

En esa ocasión, el Procurador afirmó dentro de un proceso de constitucionalidad, la inconveniencia de una norma por un vacío legal que creaba.

“No comparte la Corte el argumento del Procurador, quien sostiene que al derogar el artículo 96 de la ley 617 de 2000, materia de acusación, los artículos 96 y 106 del decreto 1421 de 1993, se crea un vacío legal que amerita la declaración de inexequibilidad de tal precepto, por que los empleos de Personero y Contralor quedaron sin regulación legal respecto de aspectos de vital importancia.
 
El control constitucional es un juicio abstracto y objetivo mediante el cual se confrontan las normas demandadas frente al ordenamiento superior, para determinar si éstas se ajustan o no a sus mandatos. Si las normas constitucionales han sido respetadas los preceptos legales acusados serán declarados exequibles, pero si se han infringido lo que procede es la declaratoria de inexequibilidad, que implica la exclusión del ordenamiento positivo. Entonces, lo que determina que una disposición legal, que ha sido debidamente acusada ante esta Corporación, permanezca o no en el ordenamiento positivo es su adecuación o no al Estatuto Supremo.
 
El juez constitucional, en su calidad de guardián supremo de la Constitución, no juzga la conveniencia de las normas demandadas sino su compatibilidad o incompatibilidad con ese ordenamiento, por tanto, razones como las invocadas en esta oportunidad, no son de recibo en juicios de esta índole.” (Sentencia C-778 de 2001, Corte Const.)

Para que pueda estudiarse una objeción de constitucionalidad, se tiene lo siguiente:

“Para que la Corte pueda abordar un examen de fondo de las objeciones de inconstitucionalidad es necesario examinar previamente dos cuestiones: (i) si el Gobierno formuló objeciones de manera oportuna y (ii) si el Congreso efectivamente las desestimó e insistió en la aprobación del proyecto.”  (Sentencia C-939 de 2010, Corte Const.)

Un caso de objeción por constitucionalidad, en la cual se declararon fundadas, se presenta en la Sentencia C-640/12 de la Corte Constitucional. Allí, se analizaron las objeciones a un proyecto de ley sobre retén social para grupos vulnerables. En la sentencia se resume la objeción así:

“En el escrito mediante el cual el Gobierno Nacional sustenta las objeciones presentadas en contra de lo previsto en los literales a), d) y e) del artículo 1 y del artículo 2 del Proyecto de Ley número 54 de 2010 Senado, 170 de 2010 Cámara, “por la cual se implementa el retén social, que garantiza la estabilidad laboral a grupos vulnerables y se dictan otras disposiciones”, expresa que dicho contenido vulnera los artículos 13, 40 y 125 de la Constitución porque introducen un privilegio injustificado a favor de ciertos servidores públicos que implica su acceso automático a la carrera administrativa sin tener en cuenta el principio constitucionalidad del mérito que se predica como un criterio objetivo para determinar el acceso al servicio público, en los términos del artículo 125 Superior.” (citado en la sentencia)

Luego de diferentes análisis, la sentencia señala:

“No es posible entonces, por la sola circunstancia de haber desempeñado en provisionalidad un cargo de carrera administrativa, crear un privilegio que le permite a los empleados públicos nombrados en provisionalidad permanecer en sus empleos de manera indefinida, disfrutando de las prerrogativas de los funcionarios de carrera que no le son reconocidas a otros empleados y ciudadanos que aspiran a vincularse con la administración pública. Mientras éstos deben someterse a un proceso de selección público y abierto, aquellos gozan indefinidamente de estabilidad en el cargo sustraídos de la obligación de demostrar su mérito.” (citado en la sentencia)

Pasemos ahora a las objeciones por conveniencia, no sin antes advertir que en general no es materia de estudio de constitucionalidad el análisis de conveniencia o inconveniencia, no lo son de recibo en materia de objeciones a proyectos de ley ni tampoco en acciones de inconstitucionalidad. Veamos:

“El demandante pretende que se declare la inconstitucionalidad de la norma acusada basado en el beneficio o utilidad de la existencia que ésta puede traer, desconociendo que a esta Corporación solo le incumben valoraciones relacionadas con la norma superior y son ajenas a ella apreciaciones fundadas en las sospechas o conjeturas relacionadas con los provechos o las ventajas de la norma en cuestión. Así la Corte se inhibirá respecto  de los cargos que se basan en ejemplos y ocurrencias reales o imaginarias relacionadas con la utilidad o conveniencia en la que se aplicó o será aplicada la norma demandada.” (Sentencia C-1059/08, Corte Const.)

Para entender mejor lo que es una objeción por conveniencia de un proyecto de ley, que al no tener control constitucional quedan a decisión del Congreso cuando le es devuelto el proyecto de ley, veamos un caso reciente.  El Gobierno planteó al Congreso objeciones por razones de inconveniencia frente a una norma relacionada con el sector de telecomunicaciones, en un proyecto de ley relacionado con Armero (proyecto de ley 130 de 2011 Cámara, 247 de 2012 Senado), en la medida en que creaba afectaba el trabajo en marcha del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones:

“El Gobierno Nacional también se permite objetar por razones de inconveniencia el artículo 15 del proyecto de ley.

La norma establece una obligación compartida entre los Ministerios de Educación, Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Tecnologías de la Información y la Comunicación, relativa al fortalecimiento de los procesos pertinentes al conocimiento del riesgo desde una mirada integral, que contribuya a su comprensión como producto del desequilibrio en las relaciones
humanas y la naturaleza.

No obstante, este tema ha sido desarrollado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1341 de 2009. En cumplimiento de esta previsión se expidió el Decreto 1967 del 2012 por el cual se reglamenta el artículo 82 de la Ley 1523 de 2012, mediante el cual se fijan las obligaciones de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones relacionadas con el acceso de las redes e infraestructura en casos de desastres naturales.

En este sentido, se entiende que el tema viene siendo liderado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y que resulta inconveniente que se asigne la responsabilidad a otros ministerios.” (Diario Oficial 48.702, Martes 12 de Febrero de 2013)

Ahora bien, la inconveniencia puede tener que ver con asuntos jurídicos. Así se manifestó por ejemplo en una ocasión en que se planteó por el gobierno un problema por atentar contra una unificación dentro del sistema normativo colombiano:

“El ejecutivo alerta que la disposición es inconveniente porque es “contraria a la finalidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud”, ya que desconoce la unificación del “régimen de los distintos entes pagadores de pensiones y prestadores de servicios de salud” y las pautas que sustentan el esquema de aseguramiento dentro del régimen contributivo contenidas, entre otras, en el artículo 203 y el literal a) del artículo 157 de la Ley 100 de 1993.  Advierte que la norma terminaría por volver excepcional la regla general y previene que es contraria a la doctrina de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, “referida a la necesidad de un ‘sistema único de seguridad social en salud’”.  En este contexto cita varios apartes de las sentencias C-1435 de 2000 y C-033 de 1999, y enseguida concluye lo siguiente: “De prosperar iniciativas como la contemplada en el proyecto de ley en estudio se estaría contribuyendo a la proliferación de regímenes especiales, que desvirtúan y desconfiguran la filosofía y el espíritu del legislador al crear el Sistema de General de Seguridad Social en Salud consagrado en la Ley 100 de 1993”” (Sentencia C-939 de 2010, Corte Const.)

La Corte Constitucional, conforme lo que se ha visto con anterioridad, no se pronunció sobre esa objeción.

“…en lo que se refiere a la objeción formulada en relación con el desconocimiento de la unificación de las diferentes prestaciones adscritas al Sistema General de Seguridad Social, la Corte no se pronunciará sobre ella teniendo en cuenta que se trata de una censura por inconveniencia y no por inconstitucionalidad” (Sentencia C-939 de 2010, Corte Const.)