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La mora judicial o administrativa no son fenómenos automáticamente reprochables. La jurisprudencia reconoce que puede ser ocasionada por fenómenos estructurales. En esto se han presentado arbitrariedades de todo tipo (ver mi nota “El estado de cosas inconstitucional e incidentes de desacato”). Veamos una providencia del Consejo de Estado que se refiere en general al problema.

Se trata del auto de 26 de enero de 2012, en el cual se resolvió en segunda instancia acción de tutela en contra de un juez, por presunta mora en el trámite de una acción de cumplimiento. Es la sentencia N° de Radicación: 15001-23-31-000-2011-00480-01 de la Sección Quinta, Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado.

El accionante sostenía que la demora del juez en adelantar una audiencia de pacto de cumplimiento dentro de una acción popular, violaba su derecho al debido proceso. Lo que no parecía reconocer el accionante, es que acciones populares por el mismo asunto se tramitaban en otros juzgados, de modo que el juez tenía la obligación legal de solicitar información del estado de esos procesos, visto que no se pueden adelantar dos o más acciones populares por lo mismo. Hay que advertir además que el accionante no ejerció recurso alguno contra las decisiones de solicitar las informaciones antes mencionadas.

Si bien es claro que la actuación del accionante no tiene mucho respaldo legal, lo interesante aquí es señalar lo manifestado por el Consejo de Estado al reflexionar respecto de la mora judicial:

“En reiteradas tesis jurisprudenciales se ha reconocido que la mora judicial es un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia en los términos de los artículos 29, 228 y 229 Superiores, en consonancia con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Precisando un poco más, se reconoce que no todos los casos de mora judicial provienen del incumplimiento injustificado y culposo de los funcionarios judiciales y que, en cambio, una buena parte de la misma es el resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos.

En efecto, el artículo 29 de la Constitución Política es claro al indicar que una de las garantías del derecho al debido proceso implica una actuación procesal pública “sin dilaciones injustificadas”. De allí que la mora no justificada es vulneratoria del debido proceso y puede ser amparada directamente por vía de tutela.

En el mismo sentido, esta Corporación ha señalado que en caso de comprobarse una dilación injustificada del proceso, la acción de tutela resulta procedente a fin de amparar el derecho al debido proceso y el acceso a la administración de justicia .” (citado de la sentencia)

Entonces: la mora injustificada es causal de tutela, pero hay mora justificada, y es aquí donde incluye la mora administrativa.

“De conformidad con la doctrina sentada jurisprudencialmente, la mora judicial o administrativa que configura vulneración del derecho fundamental al debido proceso se caracteriza por:  (i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente; (ii) que la mora desborde el concepto de plazo razonable que involucra: análisis sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y el análisis global de procedimiento y (iii) la falta de motivo o justificación  razonable en la demora.” (citado de la sentencia)

Insiste el Consejo de Estado en que

“…solo ante la existencia de un atraso exorbitante e injustificado por parte del operador judicial, sería procedente el estudio en sede de tutela.” (citado de la sentencia)

Aunque en primera instancia la tutela fue declarada improcedente por existencia de otros mecanismos, en segunda instancia lo es pero por ausencia de mora injustificada, pues examinado el expediente encontró el Consejo de Estado que el juez en cuestión había hecho todo lo de su cargo.