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La ley 1480 de 2011 “Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones”, contiene una norma que otorga la posibilidad de entregar el cobro coactivo de entidades públicas a particulares, mediante contrato. Tal norma resulta ser inconstitucional, porque eso equivale a un “vaciamiento de competencias” estatales.

La norma es esta:

“ARTÍCULO 66, L. 1480 de 2011. APODERADOS ESPECIALES. De Conformidad con el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, facúltese a la autoridad competente para contratar apoderados que realicen el cobro coactivo, caso en el cual los honorarios serán del 10% del monto recaudado por el apoderado, honorarios que estarán a cargo y serán pagados por el Tesoro Nacional.””

La norma a que se refiere el artículo anterior es esta:

“Artículo 112, Ley 6 de 1992.—Facultad de cobro coactivo para las entidades nacionales. De conformidad con los artículos 68 y 79 del Código Contencioso Administrativo, las entidades públicas del orden nacional tales como ministerios, departamentos administrativos, organismos adscritos y vinculados, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Registraduría Nacional del Estado Civil, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivos los créditos exigibles a favor de las mencionadas entidades y de la Nación. Para este efecto la respectiva autoridad competente, otorgará poderes a funcionarios abogados de cada entidad o podrá contratar apoderados especiales que sean abogados titulados.” (he resaltado)

Según COMUNICADO No. 15 Abril 17 y 18 de 2013 de la Corte Constitucional, se decidió lo siguiente:

“Declarar la INEXEQUIBILIDAD del artículo 66 de la Ley 1480 de 2011 y de la expresión “o podrá contratar apoderados especiales que sean abogados titulados” del artículo 112 de la Ley 6ª de 1992.”

La razón en corto es que una norma de este tipo supone la entrega de todas las competencias estatales a particulares, lo que está expresamente prohibido por la Constitución. Se lee en el comunicado de prensa (cito):

“La Corte determinó, que más allá de que se considere las actividades propias de cobro coactivo como de naturaleza administrativa o jurisdiccional -pues al respecto existen diversas posiciones doctrinales- lo cierto es que otorgar a los particulares la facultad de adelantar el cobro coactivo en su integridad, implica un vaciamiento de competencias de las entidades estatales, incompatible con el artículo 2º de la Constitución. A su juicio, esto obliga a limitar el alcance de las disposiciones legales que facultan a las entidades a ejercer la cobranza mediante apoderados externos, entendiendo que su intervención a la instrumentación y proyección de documentos, pero que no puede comprender la fase decisoria.”

Según el comunicado, eso atenta contra la cuarta limitación a la entrega de funciones a particulares:  no puede vaciar de contenido las atribuciones de la autoridad pública. Es decir, tal como está planteada la norma, la entidad pierde competencia para cobro coactivo en la hipótesis de contratación de terceros para todo el trámite. Eso es lo inconstitucional.