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Una acción de tutela puede resultar improcedente, si los tutelantes crean incertidumbre respecto a las responsabilidades respecto del posible derecho fundamental en juego. Ello puede desplazar el debate desde el marco constitucional, al legal. Es el caso de unas personas que crearon un riesgo en su vivienda, debido a construcción de ampliación por fuera de las reglas aplicables, si bien alegaban inestabilidad del terreno.

El caso: unas personas compran una vivienda, y luego la amplían más allá de lo permitido, luego la vivienda tiene problemas graves en la estructura y amenaza no solamente a quienes la habiten, sino a los vecinos.  Los tutelantes alegaron que el problema estructural de la casa no se debía a la ampliación, sino al terreno. Se trata de la sentencia T-549/11 de la Corte Constitucional.

La casa se construyó en una urbanización desarrollada por un ente privado, usando subsidio de vivienda para la compra. Los tutelantes demandaron al municipio y a la Secretaría de Planeación, además de a la constructora.

“10.- El Municipio de Bello solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la referencia.

Indicó que si bien es cierto que el inmueble fue comprado con “derecho a modificación”, en la cláusula novena del contrato de promesa de compraventa firmado por los peticionarios se estipuló que “cualquier reforma a efectuar en la vivienda deberá ser autorizada por escrito por el Residente de la obra y debe ceñirse estrictamente a los planos aprobados por la Curaduría Urbana de Bello y al Reglamento de Copropiedad de la urbanización”.

En el asunto de la referencia, “el inmueble fue ampliado, sin embargo en la documentación adjunta a la acción de tutela no se encuentra licencia de ampliación o reconocimiento de obra expedida por una curaduría urbana de nuestra ciudad” y “en caso de no contar con ellos es ella [se refiere a los peticionarios] quien debe asumir las consecuencias de la posible inobservancia de las disposiciones urbanísticas nacionales y municipales (…)” (folio 85, cuaderno 1).” (citado de la sentencia)

La constructora advirtió que la casa había sido ampliada por fuera de las reglas aplicables:

“Manifestó la casa vendida a los accionantes podía ampliarse “en dos pisos, y la señora construye cuatro pisos, cuatro balcones” (folio 101, cuaderno 1). Informó que “para realizar la reforma en la vivienda (…) la Sra. Luz Myriam Restrepo Betancur, no se puso en contacto ni con la Constructora ni con las autoridades pertinentes. Y más grave aún hizo caso omiso a las recomendaciones entregadas con respecto a la estructura, poniendo en peligro la estabilidad de su vivienda y la de su vecino”.

Relató que el 14 de octubre de 2008, “se realizó inspección ocular, por parte de nuestros asesores estructurales, se concluyó que evidentemente la vivienda presenta agrietamientos, pero no debido al terreno; ni a la retracción de losas, sino a la ampliación desmedida realizada por la propietaria, tanto en altura como en el sentido horizontal hacia la zona verde común, situación que se le explicó verbalmente a la propietaria” (folios 97 y 98, cuaderno 1). “

Adicionalmente señaló que ninguna otra casa de la urbanización tenía los mismos problemas de la de la parte tutelante, y que los conceptos sobre presuntas fallas del terreno fueron presentados por personas que no estaban calificadas.

Se demandó a una de las socias propietarias de la constructora, la cual alegó ajenidad a la relación contractual y además la existencia de mecanismos alternativos.

En primera instancia, se ordenó

““al Municipio de Bello-Secretaría de Planeación Municipal, a la Constructora Campo Amalia S.A. y a la Sociedad Conhogar S.A. para que de manera solidaria reubiquen dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles siguientes a la notificación de este fallo, a los accionantes, a un lugar de habitación que preste las condiciones y garantías de la que debía gozar la casa de su propiedad, hasta tanto la autoridad competente (Jurisdicción Civil), dirima el conflicto existente entre las partes; para lo cual los demandantes deberán acudir a la Justicia Ordinaria Civil dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de este fallo (…)” (folio 344, cuaderno 1).” (citado de la sentencia)

En segunda instancia, se revocó la decisión, por falta de diligencia de los tutelantes en iniciar las acciones judiciales ordinarias y por el hecho de su responsabilidad en la creación del riesgo, al proceder a la ampliación irregular de la vivienda. En esta etapa expertos advirtieron sobre el riesgo que significaba esa casa, visto que su ruina podía provocar la caída de otras propiedades. En todo caso, y esa fue una de las motivaciones de la impugnación de la sentencia, las personas ya no habitaban esa vivienda.

Avocado el asunto por la Corte Constitucional, comienza por advertir que, si bien parece a primera vista un asunto de la jurisdicción civil, el juez constitucional debe examinar si hay o no derechos fundamentales afectados, vista el “efecto de irradiación”.

“Esta postura interpretativa se apoya en el denominado “efecto de irradiación” y en la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, de conformidad con la cual el ordenamiento jurídico no está conformado por compartimentos estancos, algunos de los cuales escapan del influjo de las garantías y libertades constitucionales, pues éstas se difunden en todos los ámbitos del derecho, inclusive en espacios inicialmente considerados como coto reservado del derecho privado, como las relaciones contractuales. No se trata, entonces, que todo el derecho existente se disuelva en el derecho constitucional, que de esta suerte se convertiría en una especie de todo omnicomprensivo, sino que permite a los distintos ámbitos del derecho conservar su independencia y sus características propias; pero los derechos fundamentales actúan como un principio de interpretación de sus preceptos y por tanto se impone en ellos acuñándolos e influyéndolos, de esta manera estos ámbitos del derecho quedan iusfundamentalmente conformados.” (citado de la sentencia)

De allí se sigue que no basta la existencia de mecanismos alternativos, sino que estos deben ser idóneos. En el caso, la Corte Constitucional advierte que la orden de primera instancia no tenía sentido vista la ausencia de habitantes, de manera que el mecanismo judicial ordinario debió considerarse. Sobre la situación de riesgo y su posible provocación por los habitantes, la Corte Constitucional no asigna responsabilidades pero señala que es claro que, en cuanto los dueños de la vivienda pudieron incumplir el contrato, la situación pasa a ser de dominio de la jurisdicción ordinaria.

“14.- Advierte la Sala que, como lo reconocen los jueces de instancia y los demandados, el problema jurídico planteado por los peticionarios tiene su origen en la relación contractual trabada entre éstos y las empresas constructoras involucradas ya que, según el resumen de los antecedentes y el acervo probatorio, la causa del estado de ruina de la vivienda de la familia Restrepo podría deberse o al incumplimiento de las obligaciones contractuales de las empresas por haber construido en un lugar no apto para ello, o al incumplimiento de los deberes contractuales de los propietarios de la casa al haberle hecho modificaciones no recomendadas y sin licencia de construcción. Es por ello que, en principio, según la jurisprudencia constitucional reseñada, la tutela impetrada por los actores resultaría improcedente al carecer de relevancia constitucional por tratarse de asuntos de naturaleza legal.” (citado de la sentencia T-549/11 de la Corte Constitucional, resaltado fuera de texto)

Es decir, la situación dejaría de ser de nivel constitucional para descender al legal, si los tutelantes tienen que ver con la creación del riesgo por posible infracción de relación contractual. Sin embargo, eso no bastaría para desechar la acción de tutela, visto que, estando de por medio el derecho a la vivienda digna, este puede adquirir el caracter de fundamental en personas en vulnerabilidad. Señaló la Corte Constitucional en otro proceso, respecto a la iusfundamentalidad del derecho a la vivienda digna:

“Es palmario el quebrantamiento causado contra el derecho a la vivienda digna del demandante, fundamental en quien se encuentra en situación de gran vulnerabilidad, frente a cuyo sufrimiento y riesgo ni el Estado ni la sociedad pueden ser indiferentes por el principio general de solidaridad, ni insensibles ante una situación de desamparo y extrema necesidad, tal como ha sido señalado por esta Corte.” (Sentencia T-009/12, Corte Const.)

En el caso de la sentencia T-549/11 de la Corte Constitucional, consideró esta corporación que era preciso un debate probatorio que determinara responsabilidades o bien por el terreno o bien por las ampliaciones, debate cuyo lugar es la jurisdicción ordinaria.

Se confirma entonces la sentencia de segunda instancia, pero no olvida la Corte Constitucional la situación de riesgo de las viviendas afectadas por la ruina de la casa origen del debate, de manera que decide lo siguiente:

“Segundo.- ORDENAR al Municipio de Bello ejercer, respecto de la situación de riesgo de la Urbanización San Simón, todas las competencias que, en materia de prevención de desastres, le imponen la ley 715 de 2001, el Decreto Ley 919 de 1989, la Ley 388 de 1997 y cualquier otra que resulte aplicable.” (citado de la sentencia T-549/11 de la Corte Constitucional)