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El derecho laboral es uno de esos campos donde suele aplicarse la ley como si fuera una fórmula matemática, siendo que la ley NUNCA se aplica de tal manera (ver mi nota “La ley no se aplica como una fórmula matemática”). Cuando se lee el art. 77 de la Ley 1116 de 2006 “Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones”, que habla de procesos de alimentos en curso, ¿qué pasa con los procesos que inician después de la apertura del proceso de insolvencia?

Algo de contexto de la ley:

“Con la Ley 1116 de 2006, nació el proceso de reorganización que pretende a través de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos." (“Causas de la insolvencia empresarial: Estudios Económicos y Financieros”, Revista de Supersociedades, Edición No. 4 Agosto – Octubre 2012, p. 28)

Veamos el artículo mencionado:

“Artículo 77, L. 1116/06. Procesos ejecutivos alimentarios en curso. En los procesos de insolvencia de las personas naturales comerciantes o que desarrollen una actividad empresarial, los procesos ejecutivos alimentarios continuarán su curso y no serán suspendidas ni levantadas las medidas cautelares decretadas y practicadas en ellos. No obstante, en caso de llegar a desembargarse bienes o de quedar un remanente del producto de los embargados o subastados, serán puestos a disposición del Juez que conoce del proceso de insolvencia.

No obstante lo anterior, en la calificación y graduación de créditos y derechos de voto deben ser relacionados todos los procesos alimentarios en curso contra el deudor.”

Como ese artículo trata de “Procesos ejecutivos alimentarios en curso”, una interpretación puede ser que no tiene nada que ver con procesos aquellos iniciados con posterioridad. Tal interpretación se presentó en la situación que pasamos a tratar desde la jurisprudencia. La sentencia de tutela es la siguiente: COnsejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero ponente: WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ, 11 de febrero de 2016, Radicación número: 25000-23-42-000-2015-00455-01(AC), Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Y OTRO.

Los hechos:

“El 29 de octubre de 2012 la señora XXX suscribió acta de conciliación por alimentos con el señor XXX, cuyas obligaciones incumplió aquel, por lo que, la actora instauró demanda ejecutiva de alimentos.

El 3 de octubre de 2013, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia decretó la apertura de un proceso ejecutivo de alimentos mediante Auto 630-000718.

El 20 de marzo de 2015 el Juzgado solicitó a la Superintendencia de Sociedades, quien adelantaba un proceso de liquidación judicial de la persona natural comerciante XXX, el embargo del 30% de un bien inmueble y un vehículo automotor.

El 10 de junio de 2015 la Superintendencia de Sociedades decretó la nulidad del proceso ejecutivo de familia promovido por la señora XXX y otros contra XXX, al considerar que se trataba de un proceso posterior a la declaratoria de insolvencia del señor Torrado. “ (citado de la sentencia)

La defensa de Supersociedades fue precisamente que se trataba de un proceso posterior al inicio del trámite liquidatorio. No se desconocieron las obligaciones alimentarias, sostuvo esa entidad, pues se incluyeron las cuotas, aunque no en prelación frente a los demás créditos.

En primera instancia la acción de tutela no se falló a favor de la parte accionante, la cual impugnó la sentencia.

Llegado el asunto al Consejo de Estado, lo primero que advierte, mientras examina la procedencia de acciones de tutela contra sentencias judiciales en general y en particular, es lo siguiente:

“En relación con el agotamiento de los medios de defensa judicial, se advierte que en principio la presente acción de tutela es improcedente, por cuanto el proceso de reorganización de la persona natural comerciante XXX, en la que se declaró la nulidad del proceso ejecutivo de alimentos que aquí se discute, se encuentra en trámite.

No obstante, teniendo en cuenta que se trata de la presunta vulneración de los derechos de los niños, los cuales se encuentran constitucionalmente protegidos y tienen prevalencia sobre los derechos de los demás, se entrará a estudiar de fondo la acción de la referencia. “ (citado de la sentencia)

Se pregunta entonces el Consejo de Estado:

“1. ¿La Superintendencia de Sociedades actuó contrario a derecho al declarar la nulidad de lo actuado dentro del proceso ejecutivo de alimentos?

2. ¿La inclusión de la obligación de alimentos que ordenó la Superintendencia de Sociedades se ajusta a la Constitución Política?

En materia de prelación de créditos, recuerda la situación general en materia de derechos de los menores:

“El artículo 44 de la Constitución Política determinó los derechos fundamentales de los niños y dispuso que los mismos prevalecen sobre los demás. Por lo tanto, todas las leyes que se expidan deben atender a este mandato constitucional.

Precisamente en desarrollo del citado artículo la Corte Constitucional, en la sentencia C-092 de 2002, declaró la inexequibilidad de un aparte del numeral 5º del artículo 2495 del Código Civil que señalaba que los créditos por alimentos a favor de menores correspondía la quinta causa de los créditos de primera clase. “ (citado de la sentencia)

En cuanto a la declaratoria de nulidad del proceso ejecutivo por alimentos, el Consejo de Estado consideró la medida ajustada a derecho. En cuanto a la segunda pregunta, primero la situación era la siguiente:

“La Superintendencia de Sociedades en la decisión del 10 de junio de 2015 dispuso tener las cuotas posteriores al inicio del proceso como gastos de administración y los anteriores a la apertura como postergados de primera clase…”  (citado de la sentencia)

Los créditos postergados son aquellos que se pagan una vez se cancelen los demás créditos (artículo 69 de la Ley 1116 de 2006). Eso significa colocar los derechos de los menores por debajo de otros créditos, incluyendo los laborales. Los gastos de administración tienen prioridad inferior a mesadas pensionales y contribuciones parafiscales de origen laboral. Esto conforme el art. 71 de la L. 1116/06:

“Artículo 71, L. 1116/06. Obligaciones posteriores al inicio del proceso de insolvencia. Las obligaciones causadas con posterioridad a la fecha de inicio del proceso de insolvencia son gastos de administración y tendrán preferencia en su pago sobre aquellas objeto del acuerdo de reorganización o del proceso de liquidación judicial, según sea el caso, y podrá exigirse coactivamente su cobro, sin perjuicio de la prioridad que corresponde a mesadas pensionales y contribuciones parafiscales de origen laboral, causadas antes y después del inicio del proceso de liquidación judicial. Igualmente tendrán preferencia en su pago, inclusive sobre los gastos de administración, los créditos por concepto de facilidades de pago a que hace referencia el parágrafo del artículo 10 y el parágrafo 2° del artículo 34 de esta ley.”

Sobre este artículo sostuvo el Consejo de Estado:

“Sin embargo, esta disposición no puede aplicarse a los créditos por alimentos de los niños, ya que ello llevaría a concluir que las obligaciones de carácter laboral tienen supremacía frente a los derechos de aquellos y a desconocer el mandato constitucional de prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

De esta forma, las cuotas causadas con posterioridad a la liquidación judicial se pagarían después de las mesadas pensionales y contribuciones parafiscales de origen laboral, además, tendrían la misma calidad que otros gastos de administración.” (citado de la sentencia)

Por tanto, Supersociedades habría infringido el art. 44 Constitucional. Se produce entonces la siguiente decisión:

“En su lugar, se le ordenará a dicha entidad que dentro de las setenta y dos (72) siguientes a que se deje sin efectos el referido aparte del Auto, emita una nueva providencia en la que le informe al liquidador que los créditos de alimentos que deben ser reconocidos a los menores XXX y XXX, cuya representante legal es la señora XXX, deben ser pagados de forma preferente respecto de todos los demás créditos, inclusive de los gastos de administración y los de carácter laboral.

Igualmente, se ordenará a la Superintendencia de Sociedades que en el evento de que se hayan adelantado actuaciones posteriores que impliquen el desconocimiento de los derechos de los menores, las mismas se dejen sin efectos, con el fin de garantizar los alimentos de aquellos. “ (citado de la sentencia)

Otra nota relacionada: “La razonabilidad en la interpretación de la ley” .