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Los servicios personales de comunicaciones PCS comenzaron en Colombia con un plan denominado “Pioneros”, con el cual pretendió captar un buen número de usuarios. Y lo consiguió, pero con el éxito saturaron sus redes y las de otros operadores de telecomunicaciones. Vea una noticia de El Tiempo en 2004. Ello supuso que Colombia Móvil modificara las condiciones de desarrollo del plan Pioneros, aunque no las condiciones contractuales. Con el tiempo, la marca OLA desapareció y pasó a usarse la de TIGO. Las fallas ocurridas durante el inicio de la operación bajo la marca OLA fue objeto de una acción de grupo surtida ante la jurisdicción civil. 

La parte demandada fue Colombia Móvil, concesionaria para telefonía móvil bajo la Ley 555 de 2000. El proceso no tuvo éxito para los demandantes. El proceso, que terminó en casación, es el siguiente:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL, ARIEL SALAZAR RAMÍREZ, Magistrado Ponente, SC11337-2015, Radicación nº 11001-31-03-041-2004-00059-01, Aprobado en sesión de dos de junio de 2015, 27  de agosto de 2015

Los demandantes sostenían que Colombia Móvil había abusado de sus propias capacidades técnicas, lo que devino en un mal servicio a sus usuarios, motivo del cual devendría la responsabilidad civil. En primera instancia, las pretensiones fueron rechazadas puesto que las condiciones contractuales comprendían el escenario que se presentó, es decir, que la situación de las fallas presentadas estaban previstas en los contratos con los usuarios; por otra parte, se sostuvo que no hubo prueba de perjuicios.

En segunda instancia, se consideró también el hecho de ser una red de reciente instalación, por lo cual también podrían explicarse las fallas. Por otra parte, el Ministerio de Comunicaciones no había sancionado al operador. Sostuvo el Tribunal de instancia:

“A partir del acervo probatorio, el Tribunal consideró que los actores no demostraron los elementos constitutivos de la responsabilidad civil, especialmente el daño que recibieron en concreto los integrantes del grupo, “dado que si bien los recortes de periódicos y los testimonios dan cuenta de fallas en el servicio, no prueban que esas falencias hubieren afectado específicamente a cada uno de los miembros del grupo, ni en qué consistió el perjuicio recibido. Como en cualquier proceso en el que se debata la responsabilidad, se tiene que probar que la compañía accionada no atendió cabalmente las prestaciones a las que se obligó en los contratos suscritos específicamente con los accionantes, no de una manera generalizada, y que dicho incumplimiento les generó un daño preciso, ya que como se dijo esta acción es eminentemente indemnizatoria y por lo tanto la parte actora debe acreditar no sólo la existencia de una relación contractual, sino en concreto la causación de unos perjuicios derivados del hecho dañoso, puntos sobre los cuales observa la Sala insuficiencia demostrativa porque no hay en el proceso ninguna prueba –ya sea testimonial, documental o pericial– que precise ninguno de estos aspectos.” [Folio 144]” (citado de la sentencia)

El pleito se llevó a casación, donde se sostuvo error de hecho (por indebida apreciación probatoria o por falta de apreciación alguna), argumento que no fue demostrado por el casacionista. Sobre ello, entre otras cosas, advirtió la Corte Suprema de Justicia:

“…cualquier razonamiento dirigido a volver a examinar la situación fáctica, por mostrar el recurrente una simple divergencia frente a la voluntad crítica del fallador, resultará estéril si no se deja al descubierto la magnitud y trascendencia del error que se produjo en la valoración de todos los elementos de prueba en los que se sustentó la decisión.” (citado de la sentencia)

En casación fue mencionada la presunta falta de apreciación en segunda instancia de una queja de uno de los demandantes, pero al no haber sido este punto planteado en segunda instancia, fue desechado. Advierte aquí la Corte Suprema:

“…es preciso memorar que el eje central de la decisión recurrida fue la falta de demostración de los elementos que estructuran la responsabilidad contractual, específicamente el incumplimiento del convenio y el daño producido a los demandantes, por lo que la argumentación encaminada a desvirtuar tal conclusión tiene que limitarse a ese mismo contexto. Por ello, resulta inane traer al ámbito de la casación un tópico que no fue ni tuvo la virtualidad de ser el fundamento del fallo acusado.” (citado de la sentencia)

Una de las pruebas traídas a cuento fueron las noticias de prensa sobre los fallos en la red de Colombia Móvil, lo que no se consideró relevante más allá de corresponder a una situación común en redes que inician operación, de manera que no se consideraron tales notas como prueba suficiente para los fines perseguidos.

“Esta misma conclusión extrajo el Tribunal del interrogatorio absuelto por el representante legal de la demandada, quien no negó que ante el éxito logrado por la empresa en el mercado, la capacidad de la red fue superada por el número de usuarios que adquirieron el servicio. Esa circunstancia fue corroborada por los testigos Germán Piñeros Cortés y Raúl Ernesto Perilla Forero, quienes reconocieron que hubo algunos inconvenientes normales en el lanzamiento de la red. Sin embargo, de estas declaraciones no puede inferirse que hubo incumplimiento contractual, porque como lo concluyó la investigación realizada por el Ministerio de Comunicaciones, no se sobrepasaron los estándares establecidos para una situación regular de lanzamiento de una nueva red.” (citado de la sentencia)

La sentencia entonces no fue casada.