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La temeridad en acción de tutela suele considerarse confinada a la causal del art. 38 del D. 2591/05, pero resulta que existen más posibilidades. Además, y esto es otra demostración de la regla de que la sola literalidad de la norma no basta, la temeridad requiere de mala fe e incluso en caso de repetición de acciones, puede que el juez deba fallar de fondo.

Consta en el artículo mencionado:

“ARTICULO 38, D. 2591/91. ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.”

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.”

Se trata básicamente de presentar más de una acción de tutela.

Ha sostenido la jurisprudencia constitucional:

“En múltiples ocasiones, esta Corporación ha establecido que se configura la temeridad respecto de un asunto puesto en conocimiento del juez de tutela, cuando se reúnen los siguientes requisitos: (i) identidad de partes,(ii)identidad de hechos, (iii) identidad de pretensiones; y (iv) ausencia de justificación frente al ejercicio de la nueva acción de tutela.” (Sentencia T-596/15, Corte Const.)

Se requiere mala fe, además de esos requisitos, según se sostiene en esa misma sentencia:

“3.3. Recientemente, en la sentencia SU-055 de 2015, la Corte reiteró que la temeridad se configura únicamente si el actor ha obrado con mala fe, deslealtad procesal o si su actuación infringe el deber de moralidad procesal, lo cual puede ocurrir cuando se compruebe debidamente alguna de las siguientes causales:
 
“[…] (i) envuelva una actuación amañada, reservando para cada acción aquellos argumentos o pruebas que convaliden sus pretensiones; (ii) denote el propósito desleal de “obtener la satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable”; (iii) deje al descubierto el "abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción”; o finalmente (iv) se pretenda a través de personas inescrupulosas asaltar la “buena fe de los administradores de justicia”.  Es precisamente en la realización de estos comportamientos, en que -a juicio de este Tribunal- se está en presencia de un actuar temerario”. 
 
En ese sentido, puede decirse que la duplicidad de acciones de tutela semejantes no debe entonces dar lugar a la imposición de sanciones por temeridad, cuando no ha logrado demostrarse que al actor lo hubiese movido la mala fe o la deslealtad procesal”(misma sentencia)

Ocurre que legalmente en derecho procesal la temeridad puede configurarse en otras hipótesis, lo que aplica a la acción de tutela. Se lee en otra sentencia:

“Igualmente, ha previsto la jurisprudencia constitucional que la figura de la temeridad, deber ser entendida armónicamente con lo previsto en los artículos 72 a 74 del Código de Procedimiento Civil, en tanto allí se consagran causales adicionales de temeridad o de mala fe y se establece la forma de imponer las sanciones pertinentes, tanto a las partes como a los apoderados y poderdantes”  (Sentencia T-310/08, Corte Const.)

Eso significa que, por ejemplo, la mala fe en la interposición de la acción de tutela es causal de declaratoria de temeridad. Así se afirma en la jurisprudencia:

“De conformidad con reiterada jurisprudencia de esta Corporación, un actor o su representante legal incurre en conducta temeraria cuando se presentan las siguientes circunstancias: (i) Que se presenten varias acciones de tutela por los mismos hechos y para solicitar la protección del mismo derecho en oportunidades diferentes, ya sea ante distintos jueces o ante el mismo juez; (ii) Que las tutelas sean presentadas por la misma persona o por su representante contra la misma entidad o entidades y (iii) Que la presentación reiterada de la acción de tutela se haga sin un motivo razonable, expresamente mencionado para justificar la nueva acción. Así, la Corte ha sancionado la actuación temeraria cuando la presentación de más de un amparo constitucional por los mismos hechos y con igual pretensión i) envuelve una actuación “torticera”; ii) denote el propósito desleal “de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa”, iii) deje al descubierto un abuso deliberado del derecho de acción, o iv) asalte “la buena fe de los administradores de justicia.”” (Sentencia T-213/09)

La mala fe desde luego se ha reconocido en acciones de tutela (ver por ejemplo mi nota “Abuso y fraude en acción de tutela: el caso de exfuncionarios de TELECOM (I)). No obstante, la mala fe debe estimarse cuidadosamente. En la Sentencia T-312/06 de la Corte Const., un ciudadano presentó acción de tutela contra una empresa de gas, aunque la empresa le había respondido de fondo y el corte del servicio había obedecido a no pago por el usuario; sin embargo, como la respuesta al derecho de petición no se produjo en tiempo, el interesado interpuso acción de tutela. En primera instancia, se sancionó al tutelante por temeridad y se denegó la protección. Ante la Corte Constitucional pasó lo siguiente: aunque se ratificó la improcedencia de la acción de tutela, se retiró la multa por lo siguiente:

“El demandante sintió que sus derechos estaban conculcados por cuanto la respuesta dada por la empresa no satisfacía sus pretensiones, y si bien el derecho de petición invocado había sido resuelto de fondo lo que hacía la tutela improcedente, éste es un asunto que lo definiría el juez competente, pues es claro que en muchas ocasiones la solución dada no es concreta y no resuelve de fondo la petición presentada; precisamente ha sido la jurisprudencia constitucional, la encargada de verificar y de especificar, la responsabilidad de las autoridades públicas y privadas que ejercen funciones públicas, de actuar con diligencia para resolver las solicitudes que ante ellas se presentan, a fin de que éstas se resuelvan de manera clara, concreta precisa y congruente con lo solicitado.” (Sentencia T-312/06, Corte Const.)

Es decir, la Corte Constitucional consideró que no era temeridad presentar una tutela por las razones equivocadas.

Ahora, que haya que fallar de fondo incluso cuando la tutela es repetida, es algo que también ha reconocido la jurisprudencia.

“…si en el evento de existir identidad en las partes, las pretensiones y los hechos que dieron lugar a las demandas, el juez vislumbra que en la tutela sujeta a su estudio, la violación a los derechos del accionante se mantiene o se agrava por otras violaciones, deberá decidir de fondo. Así lo dispuso en sentencia T-919 de 2003, al señalar:
 
“Si bien el principal papel del juez de tutela es hacer efectivo el cumplimiento de los fallos de tutela, la Corte ha considerado que en los casos en que se presente una violación por un mismo concepto, cuando la violación se mantenga o se agrave por otra u otras violaciones, el afectado podrá optar por insistir en el cumplimiento ante el juez competente o acudir nuevamente a la acción de tutela.
 
Cuando en un proceso aparezca como factible la declaración de improcedencia en virtud de una posible identidad de partes, hechos y pretensiones, el juez tiene el deber de verificar que tal posibilidad en efecto se configure en el caso concreto y adicionalmente que no existe una causa razonable para hacer uso nuevamente de la acción, en el caso de que efectivamente se presente la identidad.”
 
En suma, una tutela no puede interponerse más de una vez con base en los mismos hechos, derechos y con las mismas partes sin que opere una causa expresa y razonablemente justificada, y basta con que uno solo de los presupuestos para que se configure la temeridad no se dé, para que el juez esté en la obligación de fallar el caso puesto a consideración, como garantía del acceso efectivo a la administración de justicia.” (Sentencia T-310/08, Corte Const.)

Como se ve, la temeridad en acción de tutela no es un asunto tan elemental como parece.