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El Encarcelamiento para Protección del Pública (Imprisonment for Public Protectio IPP) es una figura legal en Inglaterra y Gales mediante la cual, hasta 2012 y desde 2003,  una sentencia podía resultar indeterminada en aquellos casos en los cuales una persona se consideraba un peligro público más allá del término de la sentencia inicial una vez terminada esta. Es una pena severa, pero no parece una buena idea, como pasa con todas las penas severas.

Esta figura parece ser deseable para personas especialmente peligrosas, pero, ¿qué tan difícil es una injusticia, dado que una sentencia de meses puede convertirse en una de años? De esto trata la nota de la BBC “El prisionero que ha pasado 10 años en la cárcel por una sentencia de 10 meses”. Es el caso de James Ward, cuya sentencia inicial era de 10 meses, y ya lleva diez años. Aunque esa clase de sentencias se abolió en 2012, quienes fueron destinatarios de la misma no pueden salir de la cárcel si no es por decisión de una junta que analiza si esas personas ya no representan un peligro social. Ward, por ejemplo, ha causado varios problemas en prisión (ver “Ken Clarke: ‘absurd’ that defunct prison scheme still keeps people in jail”).

Las penas severas no son automáticamente soluciones para problemas sociales ni tampoco son sinónimo de razonabilidad, por cuanto su aplicación pasa por jueces que pueden equivocarse. ¿Cree que la pena de muerte es solución de algo? Eso es olvidar a quienes la aplican, porque como instrumento no existe garantía alguna de su efectividad social, su justeza o que matar “humanamente” no es nada fácil. Repito: la severidad judicial no es sinónimo de justicia (estudie el caso de que trata la película “Kids for cash”).

Introducida con la Criminal Justice Act de 2003, la IPP es tema de fuerte debate dada la extensión con que se aplicó, es decir, muchas personas más de las imaginadas terminaron siendo destinatarias de la misma. La Cámara de los Comunes produjo un briefing (Number 06086, 7 August 2015) titulado “Sentences of Imprisonment for Public Protection”, que invito a leer.

El IPP no es un tema exótico, en mi parecer, dado que es una situación análoga a todas aquellas en las cuales una figura pensada para una excepción, corre el riesgo de ser aplicada en forma más general o irresponsable. Todo bajo la justificación de la severidad en la aplicación de la ley como “necesaria” para una sociedad mejor. De hecho, es lo que algunos autores sostienen que está ocurriendo en las legislaciones modernas, donde cada día es más fácil ir a la cárcel (ver el libro “Go Directly to Jail: The Criminalization of Almost Everything” de  Gene Healy, por ejemplo).

Para un análisis de la figura del IPP, ver “A Political Theory of Imprisonment for Public Protection” de Peter Ramsay, de la Universidad de Oxford, o “Indeterminate Imprisonment for Public Protection and the Impact of the 2008 Reforms” de Rona Epstein y Barry Mitchell.